ARGENTINA.PIDIERON OTRA PRISION PERPETUA PARA MENENDEZ Y OTROS 33 REPRESORES
La patota de La Perla atrapada (1)
Junto al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, a Ernesto “Nabo” Barreiro, el torturador que se acuarteló y provocó el levantamiento de Semana Santa del 87, también le pidieron prisión perpetua al igual que a Héctor Pedro Vergez.
El 17 de mayo serán los alegatos de los defensores de los 45 imputados que siguen en proceso.
Desde Córdoba
En una vibrante audiencia a sala llena, el fiscal Facundo Trotta y su equipo integrado por los fiscales Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz solicitaron 34 penas de prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y otros 33 represores bajo su mando, entre los que sobresalen Ernesto “Nabo” Barreiro y Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”. De ser condenado en agosto, cuando el Tribunal Oral Federal Número 1 presidido por el juez Jaime Díaz Gavier dé su veredicto, el “Cachorro” Menéndez, también llamado “la Hiena” y ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, sumaría la perpetua número 12 a su colección de sentencias; entre las que también cuenta otras dos condenas por una veintena de años. Ayer, once de sus subordinados acusados en este juicio se hicieron acreedores a pedidos de penas entre 25 y 3 años de prisión.
En el caso de Ernesto “Nabo” Barreiro, quien también se hacía llamar “Hernández” o “Rubio” para encubrir sus delitos, este es el primer pedido de condena que obtiene por sus crímenes de lesa humanidad. El represor que participó en el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987 gozó de impunidad por casi cuatro décadas. A pedido del entonces presidente Néstor Kirchner, fue extraditado desde los Estados Unidos, donde estaba viviendo, para este juicio que comenzó el 4 de diciembre de 2012. A Menéndez y sus cómplices se los juzga por crímenes de lesa humanidad contra 716 víctimas entre los años 1975 y 1983.
La de ayer fue la audiencia 327 en un juicio que ya entró en su cuarto año. Mientras que en la sala no cabía un alfiler del lado del público, fueron muy pocos los imputados que estuvieron presentes en el petitorio de penas los fiscales. Uno de los pocos fue Vergez, quien se mantuvo en su banquillo hasta poco antes de que la fiscalía comenzara a pedir las condenas: entonces se levantó ostentosamente, caminó lento hasta su abogado defensor de oficio, le dijo unas palabras al oído y entró a una sala contigua donde todos sus cómplices ven lo que ocurre por un circuito cerrado de tevé.
Ante la mirada expectante de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres; la titular de Familiares de ex Presos Políticos, Emi Villares de D’Ambra; sobrevivientes y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado, los fiscales dieron un marco legal previo a la solicitud de las penas para Menéndez y los 44 represores que están siendo juzgados.
La fiscal Virginia Miguel Carmona le apuntó a los crímenes sexuales de lesa humanidad que se cometieron en los campos de concentración, y los enmarcó en la llamada “teoría del dominio del hecho”, del jurista alemán Claus Roxin según la cual los que ordenan los crímenes son “autores mediatos” de los que perpetre la mano ejecutora. Así, Menéndez también es responsable de las violaciones y abusos sexuales contra las mujeres y los hombres –en este juicio se conoció que los hubo y muchos– que padecieron el cautiverio en La Perla, el Campo de La Ribera, la D2 y el resto de los campos de tormento y muerte que existieron en Córdoba bajo su mando. La fiscal explicó que “el delito de tormento no expresa ninguna característica de índole sexual, así que es inapropiado encuadrarlo en esos tormentos. Son diferentes. Hacer lo contrario sería otra invisibilización de los delitos sexuales cometidos dentro de un campo de concentración. Las mujeres padecieron un plus de tortura dentro de los campos. Se las violentó dentro de una cultura patriarcal y machista. Así que otorgarle visibilidad constituye una reparación de nuestra historia presente. Algo que ya comenzó aquí en Córdoba, con el juicio de 2010 (en el cual se juzgó y condenó al dictador Rafael Videla y a Menéndez por el fusilamiento de 31 presos políticos en una cárcel estatal).
El fiscal Rafael Vehils Ruiz, llegado desde La Rioja para este juicio, hizo hincapié en la prisión efectiva de los eventuales condenados. Le pidió al Tribunal se ordenen nuevas pericias médicas para todos los reos: para los que están presos en el penal de Bouwer, y “los que estén en situación de prisión domiciliaria. Resulta imprescindible saber cuáles son las razones humanitarias por las que están en sus domicilios”. El fiscal señaló: “Las cárceles están llenas de presos con delitos que, en comparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los imputados; pueden ser bagatelas. Así que en caso de que los imputados se hayan mejorado, solicitamos de desde ya que se les envíe nuevamente a un establecimiento penal del Estado”. En esa dirección, Vehils Ruiz pidió “la inmediata detención de los imputados que todavía estén en libertad”. Tal el caso de Antonio Reginaldo Castro, un represor que por su sadismo fue llamado “el Gato Gómez” de Bell Ville, una localidad del sureste cordobés.
Al final del pedido de condenas, el fiscal Facundo Trotta, un hombre tan joven como elocuente en el desarrollo de sus alegatos, se despidió recordando a las víctimas y respondiendo una pregunta: “Cada una de las víctimas de esta causa, señores jueces, tenía proyectos de vida, sueños, metas (...). Todos esos proyectos, sueños y metas fueron literalmente destruidos. Arrasados por mentes perversas que desafían la imaginación. A pesar de haber transcurrido cuatro décadas, todos estos crímenes permanecen inconmovibles en la conciencia, la memoria y el corazón del pueblo argentino. No obstante, existe algún sector de la población, claramente minoritario, que califica la realización de estos procesos como venganza; postulan la concordia y reclaman el cese de estos juicios. Ellos dicen “¿hasta cuándo?”. Hasta cuándo estos juicios. A ellos les decimos hasta cuándo: hasta que no se determinen las responsabilidades de los cómplices civiles de la dictadura. Hasta que no quede una sola víctima sin recibir una respuesta de la Justicia. Hasta que no encontremos al nieto de Sonia Torres y a los demás nietos que las Abuelas siguen buscando, y hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos”.
La sala estalló en aplausos. Ya fuera del recinto, los fiscales recibieron los abrazos de agradecimiento de los sobrevivientes. El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 17 de mayo, cuando comiencen a alegar los defensores de los 45 imputados que siguen en proceso.
EMPIEZA EN TUCUMAN EL JUICIO POR EL OPERATIVO INDEPENDENCIA, EL ENSAYO DEL PLAN REPRESIVO PREVIO AL GOLPE
Un centro clandestino a cielo abierto(2)
El juicio que comienza mañana se ocupará de 270 víctimas obreros y estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán. El fiscal Camuña considera que por primera vez se pondrá en debate “el laboratorio” en el que ensayaron la represión.
Mañana empieza en Tucumán el juicio histórico por las víctimas del Operativo Independencia. El Juicio se llevará a cabo por un total de 270 víctimas obreros, militantes y estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Y serán juzgados 20 imputados, aunque otros 20 esperan una definición de la Cámara Federal de Tucumán para ver si serán alcanzados por este juicio. “La ocupación militar del suroeste de la provincia iniciada un año antes del golpe de Estado, fue por lejos el ensayo de un sistema represivo clandestino probado a mediana escala para extender el plan de exterminio en todo el país a partir del golpe de marzo de 1976”, señala en diálogo con Página/12 el fiscal federal Pablo Camuña a cargo de la investigación. Y dice que el debate pondrá en escena por primera vez de modo masivo ese escenario caracterizado, además, por una ocupación que transformó a pueblos enteros en un “campo clandestino a cielo abierto”. “Esa característica de ‘laboratorio’ en el campo me parece que es la centralidad de este debate que debe sumarse a otra de las características que no se repitió en ningún otro lugar del país y que fue la ocupación militar completa del suroeste, más allá del 24 de marzo, donde los militares se instalaron durante años, intervinieron en todas las relaciones sociales y alteraron profundamente la matriz que tenían los pobladores con efectos perdurables hasta ahora”.
Los organismos de derechos humanos del norte del país esperan el comienzo de este juicio desde hace años con víctimas de Tucumán y Santiago del Estero, pero también de Catamarca, Jujuy y Salta.
–Todos los juicios tienen una especificidad. ¿Cuál cree que es esta?
–Por primera vez Tucumán somete a juicio en forma masiva –porque hubo casos aislados en otros debates–, lo que pasó acá con el Operativo Independencia, un año antes del 24 de marzo de 1976. Creo que esa es la centralidad de esto. Donde hay una característica central que no se repitió en otro lugar con la ocupación militar del suroeste de la provincia que se extendió más allá del 24 de marzo y comienza en febrero del 75. Una de cada tres víctimas de Tucumán, fueron del Operativo Independencia.
–¿Qué quiere decir “ocupación del territorio”?
–Aquí se creó una ‘Zona de Operaciones’, así estaba establecido en los reglamentos militares y quedó rigurosamente previsto. Era el establecimiento de distintas Bases militares en la provincia, en este caso bajo el mando de la V Brigada. Eran bases tácticas encargadas de hacer un control sobre toda la población y de llevar adelante los hechos que son objeto de este juicio como la persecución y secuestro de personas que para ellos significaban algún tipo de peligro en función de sus planes estratégicos a largo plazo. Hay que recordar que llegaron más de 20 Unidades militares de todo el país y ocuparon el pedemonte y todo el suroeste del territorio de manera literal. Un fenómeno que no se dio en ningún otro lugar. En lugares tan emblemáticos como Santa Lucía y zonas de Famaillá la instalación de las bases militares significó una alteración completa en la sociabilidad de esos pueblos, todos relacionados por supuesto al azúcar. Los militares se instalaron durante años, intervinieron en todas las relaciones sociales y alteraron profundamente la matriz de los pobladores con efectos perdurables hasta ahora.
–¿Intervinieron en familias, escuelas, vida cotidiana?
–Las personas no podían circular sin un pase o autorización. Todos estaban censados. Eran sometidos permanentemente a allanamientos ilegales y requisas. Ocurría todo el tiempo, porque los militares estaban ahí. Toda ocupación militar por el control que implica, es un escenario y un riesgo latente de delitos. Hubo casos de matrimonios forzados, embarazos semiforzados por situaciones de dominio. En un debate declaró Fabiana Rousseaux que fue directora del Centro Ulloa y ella dijo que los pueblos completos había que pensarlos prácticamente como centros clandestinos a cielo abierto (ver aparte). Y el Tribunal ya dijo en otra causa con casos posteriores al 24 de marzo, que lo que pasó en estos pueblos fue una ‘experiencia totalitaria’ porque había quedado totalmente desdibujado el límite entre la esfera pública y la privada.
–Digamos que el Juicio va poder mostrar esta situación.
–Eso por un lado, y además que fue por lejos la primera prueba masiva del sistema de aniquilación y exterminio. De acá salieron por ensayo y error, algunos de los reglamos principales que estructuraron más tarde el exterminio: fue la prueba de un sistema represivo clandestino probado a mediana escala para extenderlo a todo el país, a partir de los decretos de noviembre del 75. Por supuesto que el modelo ya venía formateado por la Escuela Francesa, la Doctrina de Seguridad Nacional y tenía reglamentos en los 60 y 70. Pero ese formato general se probó y el campo fue Tucumán. Se ensayó, se alteró y modificó de acuerdo a lo que fue saliendo. Quien dijo esto, además, fue el propio (general de brigada a cargo del Operativo Independencia, Acdel) Vilas en su libro: dijo que primero ensayaron de una manera y que con el correr del tiempo mejoraron su forma de actuación. Así aparecieron los operativos de noche, los interrogatorios o las formas para que no puedan ser identificados quienes actuaban. La centralidad del aparato de inteligencia lo probaron acá.
–Mencionó a los trabajadores del azúcar. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué Tucumán?
–Ellos hablaban de la Compañía del Monte en el cerro tucumano. Pero paralelamente había un movimiento obrero azucarero sumamente organizado, con una amplia capacidad combativa y una universidad que era epicentro del pensamiento crítico del norte del país. La Universidad Nacional de Tucumán no sólo era el centro del norte argentino sino que influía en Bolivia y Perú desde donde venían estudiantes masivamente a formarse. Entonces, había un centro obrero muy desarrollado, muy combativo y muy organizado. Y un centro cultural amplísimo como era la universidad. Las víctimas del juicio representan estos espacios.
Los fiscales están pidiendo al Tribunal Oral Federal que detengan a los acusados antes del comienzo del debate, como sucedió allí en cada juicio. El TOF aún no respondió. Entre los acusados hay quienes tienen domiciliaria, detenidos y en libertad. Uno de los frentes de preocupación son las agrupaciones de familiares de los represores. Ellos entienden que este juicio les abre el escenario para legitimar la idea de la “guerra” dado que estaban activas las organizaciones del PRT-ERP; que hubo órdenes supuestamente legadas de un gobierno democrático y que aún no se había dado el golpe de 1976. Para la acusación, sin embargo, ni la época, ni el tipo de órdenes ni el tipo de víctimas son distintas al escenario de crímenes masivos de parte del Estado terrorista. “Este es un juicio penal”, dice Camuña. “Acá se prueba cada hecho en particular y el contexto en el que se produjo. Quienes sostienen otras posiciones tendrán que probarlo en los hechos. Creo que ese es un debate que debe tenerse al final de un Juicio porque son alegatos con las pruebas de producidas. Nosotros probamos cada caso, las personas, que las personas fueron sacadas en su mayoría de sus casas, a la noche, con vehículos no identificados, llevados a un CCD, torturados. Esta es la prueba y el juicio marcará la responsabilidad de cada uno de los imputados en este plan”.
