Pedro Brieger
La divulgación de los llamados "Panamá Papers" por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su siglas en inglés) ha provocado turbulencias en más de un gobierno aunque todavía no se ha tenido acceso a las totalidad de los documentos.En América Latina, por ahora, la persona de más alto rango mencionada es el presidente argentino Mauricio Macri y los nombres divulgados plantean conexiones de todo tipo con representantes gubernamentales y personas de enorme poder financiero y político.
No caben dudas de que aparecen en la trama de los "Panamá Papers" personajes poderosos del mundo de las finanzas, las grandes empresas y bancos que tienen el conocimiento y apoyo jurídico para evadir impuestos, además de conexiones internacionales para sacar dinero de sus respectivos países. Cuesta creer que entre los millones de documentos aparezca algún campesino que cultiva quínoa en el altiplano de Bolivia, un obrero metalúrgico de San Pablo en Brasil, un sindicalista del cobre en Chile o un pescador de atún en las costas del Ecuador.
Lo que está en juego con la revelación de los documentos excede largamente lo que puede significar la creación de una empresa en algún paraíso fiscal. Nadie mejor para aclararlo que John Doe, que así dice llamarse la persona que filtró los documentos al diario alemán Süddeutsche Zeitung y al ICIJ. Doe, en la carta donde explica sus motivaciones para la filtración dice claramente que de lo que se trata es de "corporaciones multinacionales que roban billones de la recaudación de impuestos".
No caben dudas de que aparecen en la trama de los "Panamá Papers" personajes poderosos del mundo de las finanzas, las grandes empresas y bancos que tienen el conocimiento y apoyo jurídico para evadir impuestos, además de conexiones internacionales para sacar dinero de sus respectivos países. Cuesta creer que entre los millones de documentos aparezca algún campesino que cultiva quínoa en el altiplano de Bolivia, un obrero metalúrgico de San Pablo en Brasil, un sindicalista del cobre en Chile o un pescador de atún en las costas del Ecuador.
Lo que está en juego con la revelación de los documentos excede largamente lo que puede significar la creación de una empresa en algún paraíso fiscal. Nadie mejor para aclararlo que John Doe, que así dice llamarse la persona que filtró los documentos al diario alemán Süddeutsche Zeitung y al ICIJ. Doe, en la carta donde explica sus motivaciones para la filtración dice claramente que de lo que se trata es de "corporaciones multinacionales que roban billones de la recaudación de impuestos".
Doe señala que los gobiernos a través de sus brazos ejecutivos, legislativos y judiciales fracasaron en tomar el toro por las astas en lo que se refiere a los paraísos fiscales que proliferaron en todo el planeta. Más aún, Doe señala que las decisiones que se tomaron tenían como objetivo proteger a los más ricos mientras ponían la lupa en los ciudadanos pertenecientes a las capas medias y bajas. Doe también acusa a grandes consorcios mediáticos de ser cómplices de estas coberturas por su falta de interés en revisar los documentos. Se podría agregar que hay otro motivo: varios grupos mediáticos forman parte de las tramas para evadir impuestos, colocar presidentes afines a su intereses económicos, o derrocar los gobiernos que intentan limitar su poder.
El caso del Ecuador tal vez sirva para ilustrar la compleja trama que John Doe denuncia en su carta. Desde la revelación de los "Panamá Papers" no sólo se ha puesto sobre el tapete la vinculación de individuos y empresas con el bufete Mossack Fonseca al que aluden los documentos, sino también a aquellos que Doe denuncia en su carta respecto de la evasión impositiva de los sectores históricamente más poderosos.
La democratización de la información en manos de ICIJ no atañe solamente a los periodistas ávidos por tener el acceso exclusivo a ciertos documentos y regodearse ante sus colegas, sino que afecta a los Estados que tienen serias dificultades para controlar el flujo de capitales que salen de un país y cuyo objetivo es el de evadir impuestos. Los datos oficiales suministrados por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) muestran que prácticamente todos los grupos económicos del país utilizan los servicios de consultoras panameñas y de las Islas Caimán, Islas Vírgenes, Barbados, y otros territorios del Caribe considerados como paraísos fiscales. Según datos suministrados hasta ahora por ICIJ, Mossack Fonseca opera con intermediarios en todo el mundo y Ecuador figura en cuarto lugar en América Latina -después de Panamá, Guatemala y Brasil- y noveno a escala mundial en el uso de intermediarios para sus transacciones.
Si el tema de la evasión fiscal es grave de por sí, en momentos complicados como después del terremoto que afectó al Ecuador el 16 de abril cobra otra dimensión porque el país está necesitado de fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas y allí es cuando la transparencia de la información se hace aún más necesaria.
Por los datos que la ICIJ ha liberado hasta ahora parecería ser que se conoce apenas la punta de un gigantesco iceberg que esconde numerosos secretos, y muchos de ellos al margen de la ley. Por eso suena casi como una broma de mal gusto cuando muchos de los que tienen empresas en los paraísos fiscales dicen que son empresas inactivas, como si fuera un deporte abrir empresas en paraísos fiscales para luego no usarlas.
El caso del Ecuador tal vez sirva para ilustrar la compleja trama que John Doe denuncia en su carta. Desde la revelación de los "Panamá Papers" no sólo se ha puesto sobre el tapete la vinculación de individuos y empresas con el bufete Mossack Fonseca al que aluden los documentos, sino también a aquellos que Doe denuncia en su carta respecto de la evasión impositiva de los sectores históricamente más poderosos.
La democratización de la información en manos de ICIJ no atañe solamente a los periodistas ávidos por tener el acceso exclusivo a ciertos documentos y regodearse ante sus colegas, sino que afecta a los Estados que tienen serias dificultades para controlar el flujo de capitales que salen de un país y cuyo objetivo es el de evadir impuestos. Los datos oficiales suministrados por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) muestran que prácticamente todos los grupos económicos del país utilizan los servicios de consultoras panameñas y de las Islas Caimán, Islas Vírgenes, Barbados, y otros territorios del Caribe considerados como paraísos fiscales. Según datos suministrados hasta ahora por ICIJ, Mossack Fonseca opera con intermediarios en todo el mundo y Ecuador figura en cuarto lugar en América Latina -después de Panamá, Guatemala y Brasil- y noveno a escala mundial en el uso de intermediarios para sus transacciones.
Si el tema de la evasión fiscal es grave de por sí, en momentos complicados como después del terremoto que afectó al Ecuador el 16 de abril cobra otra dimensión porque el país está necesitado de fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas y allí es cuando la transparencia de la información se hace aún más necesaria.
Por los datos que la ICIJ ha liberado hasta ahora parecería ser que se conoce apenas la punta de un gigantesco iceberg que esconde numerosos secretos, y muchos de ellos al margen de la ley. Por eso suena casi como una broma de mal gusto cuando muchos de los que tienen empresas en los paraísos fiscales dicen que son empresas inactivas, como si fuera un deporte abrir empresas en paraísos fiscales para luego no usarlas.
Aunque pueda parecer simplista no deja de ser menos cierto que la evasión fiscal de los más poderosos incide directamente sobre las capas medias y bajas que ante los reclamos de mejoras en su nivel de vida les suelen responder que "no hay recursos". Claro, no hay porque -al decir de John Doe- los que más tienen se roban millones evadiendo el pago de sus impuestos
