Escasez de combustible, puertos y refinerías bloqueados y la amenaza de paralizar las centrales nucleares, responsables de la generación de la mayoría de la energía eléctrica del país, pautan las movilizaciones sindicales contra la reforma laboral impulsada por el gobierno "socialista".
PARÍS (Uypress) —
París/Archivo-Uypress
Francia se encuentra frente a una nueva jornada de movilizaciones y paros en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno socialista de François Hollande, y que en muchos aspectos está inspirada en la del gobierno conservador de Mariano Rajoy. Las diversas movilizaciones sindicales afectan la vida cotidiana de los ciudadanos: escasez de combustible en más de 4.000 estaciones de servicio, refinerías y puertos bloqueados y la amenaza de paralizar las centrales nucleares, principales abastecedoras de energía eléctrica del país
Desde el Gobierno se afirma que se trata e una minoría que pone en riesgo "de forma ilegal" la actividad productiva del país, y se anuncian medidas de "gran firmeza".
Se especula que más de un tercio de trenes no cubrirán sus destinos y se calcula que tampoco saldrán más del 15% de los vuelos previstos. El miércoles, se votó a favor de paros y huelgas en las 19 centrales nucleares del país, de las que depende el 75% de la producción eléctrica. Piquetes de trabajadores han bloqueado carreteras y puertos en Nantes, Rennes, Cherburgo, Brest o Le Havre. En París, cientos de camiones han provocado colas de decenas de kilómetros de coches en el periférico de la capital.
A mediodía, decenas de miles de personas han participado en manifestaciones por ciudades de todo el país. El líder de la CGT, Philippe Martinez, ha encabezado la de París. Su organización, la primera del país con más de 600.000 afiliados, asegura estar dispuesta a "bloquear Francia" para forzar que el Ejecutivo retire el proyecto de ley. "No queremos negociarlo, sino simplemente que se retire", agrega Jean-Claude Mailly, líder del tercer sindicato francés, Fuerza Obrera.
De acuerdo a lo que informa El País de Madrid, el Ejecutivo, que aprobó por decreto la reforma a su paso por la Cámara baja, tampoco está dispuesto a ceder. El miércoles, el jefe del grupo socialista gubernamental, Bruno Le Roux, declaró que estaba abierta la posibilidad de dialogar sobre el punto más polémico de la reforma: la primacía de los acuerdos de empresa sobre los del sector. De inmediato, le corrigió el primer ministro, Manuel Valls: "Ni retirada ni cesiones", afirmó el jefe del Ejecutivo. "La CGT no hace las leyes en Francia". Para el jefe del Gobierno, las resistencias a la reforma demuestran de nuevo que "este país se muere por sus conservadurismos", tanto a la izquierda como a la derecha.
La policía ha desbloqueado dos de las seis refinerías -hay ocho en Francia- que los sindicatos mantenían aisladas, así como 11 depósitos de combustible de los 92 existentes. El mayor riesgo para la actividad del país se centra ahora en las 19 centrales que, con sus 58 reactores, producen el 75% de la electricidad del país. Por iniciativa de la CGT, los empleados de la de Nogent-sur-Seine fueron los primeros en votar a favor de la huelga y de inmediato hicieron lo mismo el resto de centros.
La red de distribución no descarta potenciales cortes de suministro. En varios departamentos, los prefectos han limitado por decreto a 20 litros la venta de nafta por habitante y han prohibido rellenar garrafas o botellas en las estaciones de servicio. Por vez primera desde hace seis años, el Gobierno ha tenido que usar la reserva estratégica de combustibles, mientras tranquiliza a la población al afirmar que hay combustible para más de tres meses de consumo.
Para Valls, todo el caos lo genera "una minoría", la CGT, que ha perdido a raudales militantes en los últimos años -llegó a tener dos millones- debido a la crisis de credibilidad entre los trabajadores. Hasta el momento, los franceses apoyan las protestas: el 62%, según una encuesta difundida por la cadena RTL. "Respeto a esa organización y su historia, pero no la inaceptable radicalización", dijo Valls el miércoles Valls en el Parlamento.
La derecha, con su líder Nicolas Sarkozy a la cabeza, ha pedido que les retengan los sueldos a los trabajadores que bloquean centros de producción y que les lleven ante los jueces. La ley prevé penas de hasta cinco años de cárcel. El partido de Sarkozy, Los Republicanos, exige al Gobierno que emplea la fuerza para no permitir que haya ni una sola refinería bloqueada
París/Archivo-Uypress
Francia se encuentra frente a una nueva jornada de movilizaciones y paros en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno socialista de François Hollande, y que en muchos aspectos está inspirada en la del gobierno conservador de Mariano Rajoy. Las diversas movilizaciones sindicales afectan la vida cotidiana de los ciudadanos: escasez de combustible en más de 4.000 estaciones de servicio, refinerías y puertos bloqueados y la amenaza de paralizar las centrales nucleares, principales abastecedoras de energía eléctrica del país
Desde el Gobierno se afirma que se trata e una minoría que pone en riesgo "de forma ilegal" la actividad productiva del país, y se anuncian medidas de "gran firmeza".
Se especula que más de un tercio de trenes no cubrirán sus destinos y se calcula que tampoco saldrán más del 15% de los vuelos previstos. El miércoles, se votó a favor de paros y huelgas en las 19 centrales nucleares del país, de las que depende el 75% de la producción eléctrica. Piquetes de trabajadores han bloqueado carreteras y puertos en Nantes, Rennes, Cherburgo, Brest o Le Havre. En París, cientos de camiones han provocado colas de decenas de kilómetros de coches en el periférico de la capital.
A mediodía, decenas de miles de personas han participado en manifestaciones por ciudades de todo el país. El líder de la CGT, Philippe Martinez, ha encabezado la de París. Su organización, la primera del país con más de 600.000 afiliados, asegura estar dispuesta a "bloquear Francia" para forzar que el Ejecutivo retire el proyecto de ley. "No queremos negociarlo, sino simplemente que se retire", agrega Jean-Claude Mailly, líder del tercer sindicato francés, Fuerza Obrera.
De acuerdo a lo que informa El País de Madrid, el Ejecutivo, que aprobó por decreto la reforma a su paso por la Cámara baja, tampoco está dispuesto a ceder. El miércoles, el jefe del grupo socialista gubernamental, Bruno Le Roux, declaró que estaba abierta la posibilidad de dialogar sobre el punto más polémico de la reforma: la primacía de los acuerdos de empresa sobre los del sector. De inmediato, le corrigió el primer ministro, Manuel Valls: "Ni retirada ni cesiones", afirmó el jefe del Ejecutivo. "La CGT no hace las leyes en Francia". Para el jefe del Gobierno, las resistencias a la reforma demuestran de nuevo que "este país se muere por sus conservadurismos", tanto a la izquierda como a la derecha.
La policía ha desbloqueado dos de las seis refinerías -hay ocho en Francia- que los sindicatos mantenían aisladas, así como 11 depósitos de combustible de los 92 existentes. El mayor riesgo para la actividad del país se centra ahora en las 19 centrales que, con sus 58 reactores, producen el 75% de la electricidad del país. Por iniciativa de la CGT, los empleados de la de Nogent-sur-Seine fueron los primeros en votar a favor de la huelga y de inmediato hicieron lo mismo el resto de centros.
La red de distribución no descarta potenciales cortes de suministro. En varios departamentos, los prefectos han limitado por decreto a 20 litros la venta de nafta por habitante y han prohibido rellenar garrafas o botellas en las estaciones de servicio. Por vez primera desde hace seis años, el Gobierno ha tenido que usar la reserva estratégica de combustibles, mientras tranquiliza a la población al afirmar que hay combustible para más de tres meses de consumo.
Para Valls, todo el caos lo genera "una minoría", la CGT, que ha perdido a raudales militantes en los últimos años -llegó a tener dos millones- debido a la crisis de credibilidad entre los trabajadores. Hasta el momento, los franceses apoyan las protestas: el 62%, según una encuesta difundida por la cadena RTL. "Respeto a esa organización y su historia, pero no la inaceptable radicalización", dijo Valls el miércoles Valls en el Parlamento.
La derecha, con su líder Nicolas Sarkozy a la cabeza, ha pedido que les retengan los sueldos a los trabajadores que bloquean centros de producción y que les lleven ante los jueces. La ley prevé penas de hasta cinco años de cárcel. El partido de Sarkozy, Los Republicanos, exige al Gobierno que emplea la fuerza para no permitir que haya ni una sola refinería bloqueada
