Los Macri vaciaron Correo Argentino
Por ARI LIJALAD |
29 de Abril de 2017
En 2016 los Macri se dedicaron a vaciar Correo Argentino S.A mientras evitaban pagar la deuda que tenían con el Estado y lograban la condonación de más de 70.000 mil millones de pesos. La fiscal Gabriela Boquin demuestra en un nuevo dictamen cómo La Famiglia, con complicidad judicial, derivó fondos del Correo a otras de sus empresas: Socma y Sideco. Alquileres ficticios, sueldos irreales, fiestas de fin de año son algunas de las maniobras del vaciamiento.
En 2016 los Macri se dedicaron a vaciar Correo Argentino S.A mientras evitaban pagar la deuda que tenían con el Estado y lograban la condonación de más de 70.000 mil millones de pesos. La fiscal Gabriela Boquin demuestra en un nuevo dictamen cómo La Famiglia, con complicidad judicial, derivó fondos del Correo a otras de sus empresas: Socma y Sideco. Alquileres ficticios, sueldos irreales, fiestas de fin de año son algunas de las maniobras del vaciamiento.
En un nuevo dictamen la fiscal Gabriela Boquin detalla todas la maniobras de vaciamiento de Correo Argentino, que en lugar de mantener sus fondos para el eventual pago de sus deudas una vez que concluyera su concurso de acreedores, se dedicó a transferir dinero a otras empresas de la familia Macri. Lo que se desprende del minucioso escrito de Boquin es que Correo Argentino hizo negocios con otras empresas del Grupo Macri que eran sus controlantes y no obtuvo ningún beneficio más que vaciarse.
Vaciar gracias a la jueza
En el 2003, el juez Eduardo Favier Dubois dispuso el bloqueo de cuentas de Correo Argentino en Lehman Brothers y el BNP Paribas. En 2004 esos fondos fueron embargados. Sin embargo, en 2006 la Cámara Comercial le reintregró a los Macri buena parte de los fondos, que quisieron reinvertir en bonos del Estado Nacional, algo que finalmente no concretaron y lo que hicieron fue armar un plazo fijo en el Banco Ciudad. Para 2012, esa cuenta tenía más de 52 millones de pesos. Tras varios intentos de utilizar esos fondos o reinvertirlos a mejores tasas, para 2016 seguían en el Banco Ciudad Sucursal Tribunales, con un saldo de 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. En ese marco, Correo Argentino pidió que se transfiriera parte de estos montos y de los intereses que ganaran a una cuenta suya en el Banco Francés. En 2015, los Macri insistieron en retirar fondos del concurso de acreedores porque un proyecto en el que supuestamente se embarcaron, la fabricación del auto Chery, “no devengó dividendos”. Es decir, los Macri querían retirar fondos porque habían destinado el dinero de Correo Argentino para una compañía automotriz que para diciembre de 2015 no les dio ganancias.
Pero fue en 2016 cuando, gracias a la complicidad de la jueza Marta Cirulli, lograron avanzar con el vaciamiento de Correo Argentino. Según consta en el dictamen de la fiscal Boquin, el 14 de marzo la jueza ordenó que les transfirieran el 50 por ciento del producido por sus depósitos, que les pagaran algunos gastos y autorizó a Correo Argentino a recibir títulos de parte del Ministerio de Trabajo por una deuda que este organismo tenía con ellos. En números, el 19 de mayo se les transfirieron a los Macri 821.265 pesos; el 24 de junio 161.591 dólares; el 15 de noviembre 397.804 pesos; el 7 de diciembre 426.853 pesos y 23.622 dólares. En total, en 2016, los Macri sacaron de los fondos de Correo Argentino 1.645.923 pesos y 185.213 dólares.
“La mayoría de los fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO)”, sostiene la fiscal Boquin. Es decir, durante 2016 vaciaron Correo Argentino y llenaron las otras empresas de la familia Macri. En el medio, orquestaban la maniobra para que el Estado les condonara 70.163 millones de pesos de deuda, acuerdo rechazado también por la fiscal Boquin.
Durante 2016 vaciaron Correo Argentino y llenaron las otras empresas de la familia Macri. En el medio, orquestaban la maniobra para que el Estado les condonara 70.163 millones de pesos de deuda, acuerdo rechazado también por la fiscal Boquin.
En 2017 quisieron repetir la operatoria de retiros de dinero de Correo Argentino pero la fiscal Boquín intervino gracias a la avaricia de los personeros de los Macri: el 10 de abril la jueza de primera instancia Cirulli, que siempre les autorizó a retirar fondos de la empresa, les denegó a un pedido de retiro por 422.973 pesos y 12.290 dólares. Los Macri, en lugar de esperar, apelaron esta decisión y así le llegó el expediente a la fiscal Boquín.
La fiscal es clara: no sólo considera que no se tienen que liberar nuevos fondos para los Macri, sino que todos los retiros que les autorizó la jueza Cirulli durante 2016 fueron “improcedentes e injustificados”. La fiscal sostiene que esto “atentó contra el orden público concursal, perjudica a los acreedores (entre ellos al Estado) y tiene un fundamento sólo aparente”.
Para la fiscal Boquín, existió una “innecesaria autorización de retiro de fondos conferida atento a que la concursada tendría activos disponibles”. En criollo: pedían plata aunque tenían. Boquin detalla que hubo “numerosas mentas mensuales de títulos que fueron convertidos en efectivo entre los meses de agosto de 2010 y marzo de 2016 (…) Estas ventas arrojarían un total de activo líquido de $27.864.563,63 de agosto de 2010 a marzo de 2016”. Líquido significa que el dinero estaba disponible para ser utilizado en cualquier gasto que tuvieran que afrontar.Los Macri pidieron dinero para gastos de fines de 2013 a fines de 2014, o sea, en un período donde contaban con dinero.
El motivo de la jueza para no permitirles un nuevo retiro eran los movimientos en la causa. Cuando lo pidieron, estaba cerca la primera audiencia tras el escándalo por la condonación del 98,82 por ciento de la deuda que el Estado había aceptado, audiencia que finalmente se suspendió gracias a una maniobra de Correo Argentino pocas horas antes de su inicio. En su apelación, Correo Argentino le mintió a la jueza. Dijo que necesitaban esos fondos porque todos los plazos de la causa estaban suspendidos por 120 días. Esto no es cierto. Existe el pedido de suspensión, pero ni la fiscal Boquín ni las juezas María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini sentaron su posición. En este nuevo dictamen, Boquín pide que se sancione al abogado de Correo Argentino “por intentar confundir al juzgado de primera instancia con una afirmación mentirosa”.
En su apelación, Correo Argentino le mintió a la jueza. Dijo que necesitaban esos fondos porque todos los plazos de la causa estaban suspendidos por 120 días. Esto no es cierto. Existe el pedido de suspensión, pero ni la fiscal Boquín ni las juezas María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini sentaron su posición.
Desde Correo Argentino quisieron apurar a la fiscal Boquin para que dictamine sobre este pedido de retiro de fondos. Ayer mismo se lo solicitaron a las juezas Gómez Alonso y Ballerini. La fiscal les contesta en su escrito que “la celeridad que intenta imponer la concursada (Correo Argentino) a este trámite no es la misma que le imprimió e imprime al concurso preventivo que lleva 16 años de trámite”.
Para qué querían la plata
Según Correo Argentino, necesitaban retirar fondos del concurso para pagos de alquileres a Sideco Argentina SA por 144.000 pesos mensuales, sueldos y cargas sociales de personal por 61.834 pesos mensuales, gastos contables e informáticos por 113.000 pesos y honorarios de abogados por 65.000 pesos. La fiscal Boquin aclara que esos gastos supuestamente se hicieron en diciembre de 2014 pero su justificación recién llegó en diciembre de 2015, un año más tarde. Según los Macri, por las demoras en esta causa se les habían agotado los recursos para afrontar esos gastos y por eso necesitaban sacar dinero de los fondos del concurso, resguardados para el pago a acreedores. Lo que la fiscal Boquin notó, en cada gasto, fue lo siguiente.
En cuanto a los alquileres, era lo más obvio: era un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana, que es su controlante. O sea, una empresa le pagaba alquiler a su propio dueño. Un truco usual para mover dinero dentro de un mismo grupo económico según convenga. El precio pactado eran 18.000 dólares mensuales. Correo Argentino dijo que necesitaba 144.000 pesos y la fiscal encontró que había facturas “por sumas superiores a ese importe”. Una de ellas incluso de 308.768 pesos, más del doble. La fiscal muestra además que ese contrato no estaba autorizado, que la única beneficiaria era la controlante de Correo Argentino y que era una suma exorbitante y no se adecuaba “al reducido nivel de actividad” de Correo Argentino. Las oficinas que supuestamente Correo Argentino le alquilaba a Sideco Americana estaban en Avenida Libertador 498: el mismo domicilio de otras empresas de la familia Macri, como Socma Americana y MacAir Jet. En concreto: los Macri pasaban dinero de su empresa en concurso de acreedores a otra de sus empresas, por un alquiler a todas luces injustificable. Para el momento que firmó ese contrato, Correo Argentino tenía 3 empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. Conclusión: no necesitaba una oficina y menos aún de ese valor.
Las oficinas que supuestamente Correo Argentino le alquilaba a Sideco Americana estaban en Avenida Libertador 498: el mismo domicilio de otras empresas de la familia Macri, como Socma Americana y MacAir Jet. En concreto: los Macri pasaban dinero de su empresa en concurso de acreedores a otra de sus empresas, por un alquiler a todas luces injustificable.
Los gastos para sueldos de personal y honorarios de directores, que Correo Argentino estimaba en 61.834 pesos mensules, también fueron analizados por Boquin. En principio, encontró que los gastos en ese rubro fueron muy superiores: “el importe correspondiente a sueldos y cargas sociales alcanzó el doble de lo denunciado en junio de 2015 y el séxtuplo en junio de 2016”, detalló la fiscal. Estos sueldos eran solamente de tres personas. Una, Antonio Álvarez, de 80 años, jubilado, que trabajó en la Fundación Fiat entre 1970 y 1971, en Iveco de 1981 al 2000 y en Correo Argentino desde el 2004. En lo que va de 2017, le figura impaga la contribución patronal a su obra social. Dos, Marcela Liliana Conti, una contadora de 58 años que trabajó de 1993 a 1997 en la Empresa Nacional de Correos y Telegrafos. Además de este vínculo con Correo Argentino, la contadora Conti figura en los directorios de varias empresas, en incluso reemplazó en 2010 a Edgardo Próspero Poyard, una persona de máxima confianza de la familia Macri, en el directorio de Sociedad Operadora de Emergencia SA. Conti también es síndico titular de Comunicaciones Dinámicas SA. Tres, Eduardo Diego Lamaison, de 41 años, también integró el directorio de Sociedad Operadora de Emergencia, empresa que conducía Carlo Luigi Capelli. La fiscal Boquin informa que Lamaison “es administrator tesorero de Socma Americana SA, de Sideco Americana SA desde agosto de 2011 y síndico suplente de Comunicaciones Dinámicas SA, empresa de la que Correo Argentino SA es accionista”.
La fiscal Boquin remarca que los Macri también pidieron dinero para pagar honorarios de 5 directores de la empresa, por lo que tendrían más directores que empleados para manejar una empresa sin actividad. Pese a ello, encontró enormes gastos en honorarios de directores, mucho más de lo que informó Correo Argentino. La fiscal también encontró gastos extraños, como por ejemplo el pago de la obra social de Raúl Casa, que dejó de ser director en 2011, “al cual se abonan llamativos conceptos, como ser subsidio por maternidad”. También encontraron un gran gasto para una fiesta de fin de año en 2012. Entre directores y empleados serían 8 personas, pero figuran gastos por 15.000 pesos para el festejo y otros 15.000 pesos por “conducción, animación, magia con canciones de la fiesta de fin de año”.
La fiscal Boquin remarca que los Macri también pidieron dinero para pagar honorarios de 5 directores de la empresa, por lo que tendrían más directores que empleados para manejar una empresa sin actividad.
La fiscal Boquin desarma dos fundamentos de la jueza Cirulli para liberar fondos a los Macri. Uno era la “conservación de la empresa” y otro el “mantenimiento de las fuentes de trabajo”. La fiscal revela que “estamos frente a una sociedad que aparte de encontrarse en el Regsitro de Entidades Inactivas de la IGJ no tiene actividad y que sus escasos empleados resulta dudoso que le sean propios”. Detalla además la sistemática reducción de personal en Correo Argentino.
“Un emprendimiento, sin actividad concreta, con sólo tres empleados no puede justificar el nivel de gastos denunciado y menos aún una locación de oficinas en los pisos de su controlante al precio que fuera abonado”, concluye Boquin. En definitiva, la sospecha es que los Macri abultaron los montos para seguir vaciando la empresa en beneficio de sus otras firmas.
El Chery
Otra parte del vaciamiento de Correo Argentino es la compra de acciones de Neficor, supuestamente para un proyecto automotriz. El 28 de septiembre de 2007, Correo Argentino le compró a Socma Americana esas acciones. “Como se verá -advierte la fiscal Boquin- de los términos del contrato es posible concluir que se afectaron fondos para el ingreso de Correo Argentino al referido proyecto y que el único beneficiado por la operatoria sería, si Correo Argentino quebrara, Socma Americana SA”. Para este negocio armaron una sociedad anónima en Uruguay, Chery Mercosur SA, cuyo capital lo tenían Wuhu Bondo Trade Co (51%) y Neficor (49%), otra sociedad uruguaya constituida en marzo de 2007. También armaron una subsidiaria en Argentina, Chery Socma Argentina SA. Socma le vendió a Correo Argentino el 25 por ciento de Neficor, la empresa uruguaya. El valor de estas acciones fueron 2.100.000 dólares. De este monto, 1.160.625 cancelaba un crédito que Correo Argentino tenía con Socma Americana y 939.375 dólares tenían que depositarse en una cuenta corrientes de Socma Americana en el Citibank. Para la fiscal, una de las transferencias de dinero por estas acciones “implicaría un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma Americana SA”. En el contrato entre Correo Argentino y Socma establecieron que si la primera quebraba las acciones que había comprado de Neficor se podrían vender por fuera del proceso concursal. O sea: Socma se aseguraba de quedarse con las acciones si Correo Argentino quebraba, luego de venderle las acciones a Correo Argentino.
“Correo Argentino actuó en exclusivo beneficio de Socma Americana SA”, concluye Boquin.
Perder el tiempo
Si hay algo que caracteriza el expediente de la deuda de Correo Argentino, o sea, de la familia Macri, son sus demoras. La fiscal Boquin resume el desarrollo de este expediente: “si bien es cierto que existió un tiempo prolongado, atípico excesivo y anormal en la tramitación del proceso (…) el principal responsable de esas demoras fue la propia deudora que realizó planteos extemporáneos sobre situaciones precluidas y juzgadas, reeditanto períodos diversos de exclusividad con la complacencia de las sindicaturas actuantes y la venia de la jueza de primera instancia”.
Boquin, en su nuevo dictamen, hizo un minucioso estudio de todos los expedientes vinculados al concurso de acreedores de Correo Argentino para dilucidar los pormenores de esta causa y los motivos y responsables de su prolongación en el tiempo. La fecha de inicio es el 19 de septiembre de 2001, cuando Correo Argentino presentó su concurso preventivo. “Casi 16 años después no fue homologado un acuerdo pero tampoco decretada su quiebra”, adelanta Boquín, antes de describir en detalle el devenir del expediente. El 16 de diciembre de 2003 el juez Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino, pero en enero de 2004 el fallo fue revocado y empezaron una serie de idas y vueltas cuyo único resultado fue demorar la resolución de este concurso y que los Macri no pagaran sus deudas.
“Un proceso estéril, sin resultado, prolongado contra legem omitiendo principios tales como igualdad ante la ley (al concederse plazos extraordinarios extraños a otros justiciables), debido proceso, cosa juzgada y preclusión procesal”, sintetiza Boquin.
La fiscal Boquin hace un detallado estudio de todas las prórrogas, suspensiones de plazos, audiencias, reaperturas de períodos de exclusividad y demás artilugios legales para demorar esta causa. Muestra como Correo Argentino pidió diez veces que se atrasen los tiempos, mientras que el Estado solicitó seis prórrogas para contestar valuaciones de los créditos o las propuestas de pago de los Macri. La fiscal destaca que, en algunas oportunidades, el Estado acompañó las maniobras de Correo Argentino que ralentizaron la causa. Por ejemplo, cuando el 14 de julio de 2006 pidió una reapertura del pedido de exclusividad de 60 días y el Estado la acompañó.
“En suma –concluye Boquin– la concursada (Correo Argentino) gozó de un plazo por demás de extenso para obtener la conformidad de su acreedor mayoritario (el Estado), inusual en cualquier trámite concursal y contralegem. El proceso del concurso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero de irregularidades, muchas de ellas se realizaron violentando el orden público concursal, retrotrayendo el proceso a etapas iniciales precluidas”.
Actualmente, la causa por la deuda de Correo está en un momento de tensión. Quien tenía que asumir la defensa del Estado era el procurador del Tesoro Carlos Balbín, que fue apartado justo cuando había finalizado una auditoría crítica del desempeño del Gobierno de Macri en este expediente. Una vez que la Procuración del Tesoro nombre un representante, la fiscal Boquin debe opinar sobre el pedido de suspensión por 120 días de los plazos del proceso y recién ahí definirán las juezas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini. Por lo pronto, excepto la fiscal Boquin, todos cooperan con la doble estrategia de los Macri: no pagar y que el tema no enlode el año electoral.
@arilijalad
Pagina/12
Vaciar gracias a la jueza
En el 2003, el juez Eduardo Favier Dubois dispuso el bloqueo de cuentas de Correo Argentino en Lehman Brothers y el BNP Paribas. En 2004 esos fondos fueron embargados. Sin embargo, en 2006 la Cámara Comercial le reintregró a los Macri buena parte de los fondos, que quisieron reinvertir en bonos del Estado Nacional, algo que finalmente no concretaron y lo que hicieron fue armar un plazo fijo en el Banco Ciudad. Para 2012, esa cuenta tenía más de 52 millones de pesos. Tras varios intentos de utilizar esos fondos o reinvertirlos a mejores tasas, para 2016 seguían en el Banco Ciudad Sucursal Tribunales, con un saldo de 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. En ese marco, Correo Argentino pidió que se transfiriera parte de estos montos y de los intereses que ganaran a una cuenta suya en el Banco Francés. En 2015, los Macri insistieron en retirar fondos del concurso de acreedores porque un proyecto en el que supuestamente se embarcaron, la fabricación del auto Chery, “no devengó dividendos”. Es decir, los Macri querían retirar fondos porque habían destinado el dinero de Correo Argentino para una compañía automotriz que para diciembre de 2015 no les dio ganancias.
Pero fue en 2016 cuando, gracias a la complicidad de la jueza Marta Cirulli, lograron avanzar con el vaciamiento de Correo Argentino. Según consta en el dictamen de la fiscal Boquin, el 14 de marzo la jueza ordenó que les transfirieran el 50 por ciento del producido por sus depósitos, que les pagaran algunos gastos y autorizó a Correo Argentino a recibir títulos de parte del Ministerio de Trabajo por una deuda que este organismo tenía con ellos. En números, el 19 de mayo se les transfirieron a los Macri 821.265 pesos; el 24 de junio 161.591 dólares; el 15 de noviembre 397.804 pesos; el 7 de diciembre 426.853 pesos y 23.622 dólares. En total, en 2016, los Macri sacaron de los fondos de Correo Argentino 1.645.923 pesos y 185.213 dólares.
“La mayoría de los fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO)”, sostiene la fiscal Boquin. Es decir, durante 2016 vaciaron Correo Argentino y llenaron las otras empresas de la familia Macri. En el medio, orquestaban la maniobra para que el Estado les condonara 70.163 millones de pesos de deuda, acuerdo rechazado también por la fiscal Boquin.
Durante 2016 vaciaron Correo Argentino y llenaron las otras empresas de la familia Macri. En el medio, orquestaban la maniobra para que el Estado les condonara 70.163 millones de pesos de deuda, acuerdo rechazado también por la fiscal Boquin.
En 2017 quisieron repetir la operatoria de retiros de dinero de Correo Argentino pero la fiscal Boquín intervino gracias a la avaricia de los personeros de los Macri: el 10 de abril la jueza de primera instancia Cirulli, que siempre les autorizó a retirar fondos de la empresa, les denegó a un pedido de retiro por 422.973 pesos y 12.290 dólares. Los Macri, en lugar de esperar, apelaron esta decisión y así le llegó el expediente a la fiscal Boquín.
La fiscal es clara: no sólo considera que no se tienen que liberar nuevos fondos para los Macri, sino que todos los retiros que les autorizó la jueza Cirulli durante 2016 fueron “improcedentes e injustificados”. La fiscal sostiene que esto “atentó contra el orden público concursal, perjudica a los acreedores (entre ellos al Estado) y tiene un fundamento sólo aparente”.
Para la fiscal Boquín, existió una “innecesaria autorización de retiro de fondos conferida atento a que la concursada tendría activos disponibles”. En criollo: pedían plata aunque tenían. Boquin detalla que hubo “numerosas mentas mensuales de títulos que fueron convertidos en efectivo entre los meses de agosto de 2010 y marzo de 2016 (…) Estas ventas arrojarían un total de activo líquido de $27.864.563,63 de agosto de 2010 a marzo de 2016”. Líquido significa que el dinero estaba disponible para ser utilizado en cualquier gasto que tuvieran que afrontar.Los Macri pidieron dinero para gastos de fines de 2013 a fines de 2014, o sea, en un período donde contaban con dinero.
El motivo de la jueza para no permitirles un nuevo retiro eran los movimientos en la causa. Cuando lo pidieron, estaba cerca la primera audiencia tras el escándalo por la condonación del 98,82 por ciento de la deuda que el Estado había aceptado, audiencia que finalmente se suspendió gracias a una maniobra de Correo Argentino pocas horas antes de su inicio. En su apelación, Correo Argentino le mintió a la jueza. Dijo que necesitaban esos fondos porque todos los plazos de la causa estaban suspendidos por 120 días. Esto no es cierto. Existe el pedido de suspensión, pero ni la fiscal Boquín ni las juezas María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini sentaron su posición. En este nuevo dictamen, Boquín pide que se sancione al abogado de Correo Argentino “por intentar confundir al juzgado de primera instancia con una afirmación mentirosa”.
En su apelación, Correo Argentino le mintió a la jueza. Dijo que necesitaban esos fondos porque todos los plazos de la causa estaban suspendidos por 120 días. Esto no es cierto. Existe el pedido de suspensión, pero ni la fiscal Boquín ni las juezas María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini sentaron su posición.
Desde Correo Argentino quisieron apurar a la fiscal Boquin para que dictamine sobre este pedido de retiro de fondos. Ayer mismo se lo solicitaron a las juezas Gómez Alonso y Ballerini. La fiscal les contesta en su escrito que “la celeridad que intenta imponer la concursada (Correo Argentino) a este trámite no es la misma que le imprimió e imprime al concurso preventivo que lleva 16 años de trámite”.
Para qué querían la plata
Según Correo Argentino, necesitaban retirar fondos del concurso para pagos de alquileres a Sideco Argentina SA por 144.000 pesos mensuales, sueldos y cargas sociales de personal por 61.834 pesos mensuales, gastos contables e informáticos por 113.000 pesos y honorarios de abogados por 65.000 pesos. La fiscal Boquin aclara que esos gastos supuestamente se hicieron en diciembre de 2014 pero su justificación recién llegó en diciembre de 2015, un año más tarde. Según los Macri, por las demoras en esta causa se les habían agotado los recursos para afrontar esos gastos y por eso necesitaban sacar dinero de los fondos del concurso, resguardados para el pago a acreedores. Lo que la fiscal Boquin notó, en cada gasto, fue lo siguiente.
En cuanto a los alquileres, era lo más obvio: era un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana, que es su controlante. O sea, una empresa le pagaba alquiler a su propio dueño. Un truco usual para mover dinero dentro de un mismo grupo económico según convenga. El precio pactado eran 18.000 dólares mensuales. Correo Argentino dijo que necesitaba 144.000 pesos y la fiscal encontró que había facturas “por sumas superiores a ese importe”. Una de ellas incluso de 308.768 pesos, más del doble. La fiscal muestra además que ese contrato no estaba autorizado, que la única beneficiaria era la controlante de Correo Argentino y que era una suma exorbitante y no se adecuaba “al reducido nivel de actividad” de Correo Argentino. Las oficinas que supuestamente Correo Argentino le alquilaba a Sideco Americana estaban en Avenida Libertador 498: el mismo domicilio de otras empresas de la familia Macri, como Socma Americana y MacAir Jet. En concreto: los Macri pasaban dinero de su empresa en concurso de acreedores a otra de sus empresas, por un alquiler a todas luces injustificable. Para el momento que firmó ese contrato, Correo Argentino tenía 3 empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. Conclusión: no necesitaba una oficina y menos aún de ese valor.
Las oficinas que supuestamente Correo Argentino le alquilaba a Sideco Americana estaban en Avenida Libertador 498: el mismo domicilio de otras empresas de la familia Macri, como Socma Americana y MacAir Jet. En concreto: los Macri pasaban dinero de su empresa en concurso de acreedores a otra de sus empresas, por un alquiler a todas luces injustificable.
Los gastos para sueldos de personal y honorarios de directores, que Correo Argentino estimaba en 61.834 pesos mensules, también fueron analizados por Boquin. En principio, encontró que los gastos en ese rubro fueron muy superiores: “el importe correspondiente a sueldos y cargas sociales alcanzó el doble de lo denunciado en junio de 2015 y el séxtuplo en junio de 2016”, detalló la fiscal. Estos sueldos eran solamente de tres personas. Una, Antonio Álvarez, de 80 años, jubilado, que trabajó en la Fundación Fiat entre 1970 y 1971, en Iveco de 1981 al 2000 y en Correo Argentino desde el 2004. En lo que va de 2017, le figura impaga la contribución patronal a su obra social. Dos, Marcela Liliana Conti, una contadora de 58 años que trabajó de 1993 a 1997 en la Empresa Nacional de Correos y Telegrafos. Además de este vínculo con Correo Argentino, la contadora Conti figura en los directorios de varias empresas, en incluso reemplazó en 2010 a Edgardo Próspero Poyard, una persona de máxima confianza de la familia Macri, en el directorio de Sociedad Operadora de Emergencia SA. Conti también es síndico titular de Comunicaciones Dinámicas SA. Tres, Eduardo Diego Lamaison, de 41 años, también integró el directorio de Sociedad Operadora de Emergencia, empresa que conducía Carlo Luigi Capelli. La fiscal Boquin informa que Lamaison “es administrator tesorero de Socma Americana SA, de Sideco Americana SA desde agosto de 2011 y síndico suplente de Comunicaciones Dinámicas SA, empresa de la que Correo Argentino SA es accionista”.
La fiscal Boquin remarca que los Macri también pidieron dinero para pagar honorarios de 5 directores de la empresa, por lo que tendrían más directores que empleados para manejar una empresa sin actividad. Pese a ello, encontró enormes gastos en honorarios de directores, mucho más de lo que informó Correo Argentino. La fiscal también encontró gastos extraños, como por ejemplo el pago de la obra social de Raúl Casa, que dejó de ser director en 2011, “al cual se abonan llamativos conceptos, como ser subsidio por maternidad”. También encontraron un gran gasto para una fiesta de fin de año en 2012. Entre directores y empleados serían 8 personas, pero figuran gastos por 15.000 pesos para el festejo y otros 15.000 pesos por “conducción, animación, magia con canciones de la fiesta de fin de año”.
La fiscal Boquin remarca que los Macri también pidieron dinero para pagar honorarios de 5 directores de la empresa, por lo que tendrían más directores que empleados para manejar una empresa sin actividad.
La fiscal Boquin desarma dos fundamentos de la jueza Cirulli para liberar fondos a los Macri. Uno era la “conservación de la empresa” y otro el “mantenimiento de las fuentes de trabajo”. La fiscal revela que “estamos frente a una sociedad que aparte de encontrarse en el Regsitro de Entidades Inactivas de la IGJ no tiene actividad y que sus escasos empleados resulta dudoso que le sean propios”. Detalla además la sistemática reducción de personal en Correo Argentino.
“Un emprendimiento, sin actividad concreta, con sólo tres empleados no puede justificar el nivel de gastos denunciado y menos aún una locación de oficinas en los pisos de su controlante al precio que fuera abonado”, concluye Boquin. En definitiva, la sospecha es que los Macri abultaron los montos para seguir vaciando la empresa en beneficio de sus otras firmas.
El Chery
Otra parte del vaciamiento de Correo Argentino es la compra de acciones de Neficor, supuestamente para un proyecto automotriz. El 28 de septiembre de 2007, Correo Argentino le compró a Socma Americana esas acciones. “Como se verá -advierte la fiscal Boquin- de los términos del contrato es posible concluir que se afectaron fondos para el ingreso de Correo Argentino al referido proyecto y que el único beneficiado por la operatoria sería, si Correo Argentino quebrara, Socma Americana SA”. Para este negocio armaron una sociedad anónima en Uruguay, Chery Mercosur SA, cuyo capital lo tenían Wuhu Bondo Trade Co (51%) y Neficor (49%), otra sociedad uruguaya constituida en marzo de 2007. También armaron una subsidiaria en Argentina, Chery Socma Argentina SA. Socma le vendió a Correo Argentino el 25 por ciento de Neficor, la empresa uruguaya. El valor de estas acciones fueron 2.100.000 dólares. De este monto, 1.160.625 cancelaba un crédito que Correo Argentino tenía con Socma Americana y 939.375 dólares tenían que depositarse en una cuenta corrientes de Socma Americana en el Citibank. Para la fiscal, una de las transferencias de dinero por estas acciones “implicaría un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma Americana SA”. En el contrato entre Correo Argentino y Socma establecieron que si la primera quebraba las acciones que había comprado de Neficor se podrían vender por fuera del proceso concursal. O sea: Socma se aseguraba de quedarse con las acciones si Correo Argentino quebraba, luego de venderle las acciones a Correo Argentino.
“Correo Argentino actuó en exclusivo beneficio de Socma Americana SA”, concluye Boquin.
Perder el tiempo
Si hay algo que caracteriza el expediente de la deuda de Correo Argentino, o sea, de la familia Macri, son sus demoras. La fiscal Boquin resume el desarrollo de este expediente: “si bien es cierto que existió un tiempo prolongado, atípico excesivo y anormal en la tramitación del proceso (…) el principal responsable de esas demoras fue la propia deudora que realizó planteos extemporáneos sobre situaciones precluidas y juzgadas, reeditanto períodos diversos de exclusividad con la complacencia de las sindicaturas actuantes y la venia de la jueza de primera instancia”.
Boquin, en su nuevo dictamen, hizo un minucioso estudio de todos los expedientes vinculados al concurso de acreedores de Correo Argentino para dilucidar los pormenores de esta causa y los motivos y responsables de su prolongación en el tiempo. La fecha de inicio es el 19 de septiembre de 2001, cuando Correo Argentino presentó su concurso preventivo. “Casi 16 años después no fue homologado un acuerdo pero tampoco decretada su quiebra”, adelanta Boquín, antes de describir en detalle el devenir del expediente. El 16 de diciembre de 2003 el juez Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino, pero en enero de 2004 el fallo fue revocado y empezaron una serie de idas y vueltas cuyo único resultado fue demorar la resolución de este concurso y que los Macri no pagaran sus deudas.
“Un proceso estéril, sin resultado, prolongado contra legem omitiendo principios tales como igualdad ante la ley (al concederse plazos extraordinarios extraños a otros justiciables), debido proceso, cosa juzgada y preclusión procesal”, sintetiza Boquin.
La fiscal Boquin hace un detallado estudio de todas las prórrogas, suspensiones de plazos, audiencias, reaperturas de períodos de exclusividad y demás artilugios legales para demorar esta causa. Muestra como Correo Argentino pidió diez veces que se atrasen los tiempos, mientras que el Estado solicitó seis prórrogas para contestar valuaciones de los créditos o las propuestas de pago de los Macri. La fiscal destaca que, en algunas oportunidades, el Estado acompañó las maniobras de Correo Argentino que ralentizaron la causa. Por ejemplo, cuando el 14 de julio de 2006 pidió una reapertura del pedido de exclusividad de 60 días y el Estado la acompañó.
“En suma –concluye Boquin– la concursada (Correo Argentino) gozó de un plazo por demás de extenso para obtener la conformidad de su acreedor mayoritario (el Estado), inusual en cualquier trámite concursal y contralegem. El proceso del concurso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero de irregularidades, muchas de ellas se realizaron violentando el orden público concursal, retrotrayendo el proceso a etapas iniciales precluidas”.
Actualmente, la causa por la deuda de Correo está en un momento de tensión. Quien tenía que asumir la defensa del Estado era el procurador del Tesoro Carlos Balbín, que fue apartado justo cuando había finalizado una auditoría crítica del desempeño del Gobierno de Macri en este expediente. Una vez que la Procuración del Tesoro nombre un representante, la fiscal Boquin debe opinar sobre el pedido de suspensión por 120 días de los plazos del proceso y recién ahí definirán las juezas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini. Por lo pronto, excepto la fiscal Boquin, todos cooperan con la doble estrategia de los Macri: no pagar y que el tema no enlode el año electoral.
@arilijalad
Pagina/12
