Por Aram Aharonian
19 mayo, 2017
19 mayo, 2017
En el gobierno argentino de Mauricio Macri, al menos tres de cada diez funcionarios que integran el gabinete nacional provienen del sector privado y en su mayoría alguna vez ocuparon un puesto de alta gerencia en ese sector, lo que se hace más incomprensible cuando se verifica que éstos ocupan el 60% de los cargos en la Secretaría de la Presidencia y del 50% en el ministerio de Energía, señala un informe del Observatorio de las Elites Argentinas de la Universidad Nacional de San Martín.Mauricio Macri, el multiempresario que hoy ocupa la Presidencia opera desde la administración nacional en contra de una estructura formal, salteando todas las normas, atrapadas éstas entre los tentáculos de su emporio económico y financiero. Correo, aerolíneas, blanqueo de capitales de origen desconocido, soterramiento ferroviario, construcción de autopistas, aumentos de peajes, energías renovables, cotización de compra de dólar futuro y hasta exposiciones pictóricas en España, son capítulos de decisiones oficiales que benefician al grupo empresario que lidera el mandatario.
La expresión puerta giratoria (revolving door en inglés) designa al movimiento de altos cargos entre el sector público y el privado -y viceversa-, en beneficio propio y en perjuicio del interés público.
El Estado siempre es administrado por un sector político partidario. El pensamiento liberal y sus gobiernos, tras sus banderas de libertad individual, recortan la intervención estatal, apoyados en la defensa de la propiedad privada y la economía de mercado, al que presentan como “regulador” de los procesos de producción, acumulación y distribución. En realidad, ocultan la condición de existencia del actual sistema económico: injusticia, inequidad, diferencia. Una sociedad en la que pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada. No es ni más ni menos que el más crudo capitalismo del “todo para mí” de usufructo y privilegios.
Además de la apuesta a beneficiar a los sectores especulativos del agro, la minería y las finanzas, desarrolló con velocidad de meteoro un sistema de apropiación de beneficios para las corporaciones que fueron invitadas a repartirse el aparato del Estado, convertido en un conjunto de gerencias, y una escribanía encargada de favorecer al emporio del Presidente y su familia, que multiplica la transferencia de los pobres a los ricos y del Estado a los privados desatada desde el 10 de diciembre de 2015.
La desigualdad social se incrementó de manera significativa en 2016 y la brecha entre el ingreso familiar promedio del diez por ciento de los hogares más pobres y el diez por ciento más rico llegó a 18,7 veces: al cuarto trimestre de 2016, el 10% más rico se quedó con el 31,5% de los ingresos mientras que el 10% más pobre retuvo sólo 1,7%.
Mientras la deuda externa en dólares y la fuga de capitales aumentó desde diciembre de 2015 a más del 15% del PIB, el gobierno habilitó a mediados de mayo de 2017 la cesión de soberanía jurídica en los tribunales de Nueva York y Londres para los próximos 20 mil millones de dólares en bonos que coloque. El masivo proceso de colocación de deuda externa en moneda extranjera emprendido por el gobierno de Macri desde que alcanzó un acuerdo con los fondos buitre (a los que abonó el total reclamado por éstos) no solo incrementa la vulnerabilidad de la economía local sino que la expone a las decisiones de cortes extranjeras donde se imponen los intereses de los acreedores.
Las elites políticas en Argentina son mucho más plebeyas que en otros países de América latina, ya que por las características del modelo industrial de sustitución de importaciones, había incorporado capas que no eran de los grandes apellidos ni de familias patricias, ni de las oligarquías del período 1880-1930, sino que era de capitalistas locales, socios secundarios de procesos de sectores exportadores tradicionales y de extranjerización y privatización de la economía nacional.
Las elites económicas argentinas habían incursionado en el Estado durante las dictaduras y en los años 1990 de reforma estructural neoliberal, pero en puestos de menor visibilidad que los de ahora.
No hay una correspondencia unívoca entre elite política y económica, entre clases altas y elite política como sí lo hay en Perú, Colombia, Chile, Brasil (un poco menos), en Bolivia y en Veneuela antes de los gobiernos de Evo Morales y Hugo Chávez, señala la socióloga Ana Castellani, directora del equipo investigador de la Universidad Nacional de San Martìn (Unsam).
En Argentina esta toma del poder público se fue construyendo desde 2008, desde el conflicto con el campo que puso en jaque al primer gobierno de Cristina Kirchner hasta el 2015, para ajustar las estructuras (incluso las de impunidad) para que un gobierno popular no volviera jamás. En 2013 se formó el foro de Convergencia Empresaria, con el objetivo común de articular políticamente la fragmentada clase dominante, a veces con intereses que colisionan, lo que bien se puede observar hoy en día.
No es un proyecto productivo y social integrador sino lo único que aglutina hoy a la elite económica argentina es la reforma laboral, ir a la baja del salario real en la Argentina, y trabaja para ello en el debilitamiento y la fragmentación del sindicalismo.
El escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que habilitó el beneficio del dos por uno para crímenes de lesa humanidad cometidos por represores de la dictadura cívico-militar, siembra la posible impunidad y protección legal a los responsables del daño económico y social que la matriz financiera y la deuda externa generaron y siguen generando.
Nuevamente son los cómplices civiles de la dictadura, desde el poder factual, favorecidos de aquel modelo económico para pocos, quienes presionan a los distintos poderes para reinstaurar las leyes de la impunidad. Las presiones de los oligopolios mediáticos para dar libertad a genocidas no es nueva y ya al comienzo del gobierno de Macri fue defendido en forma desembozada por el conservador diario La Nación (un editorial con el título No más Venganza que llevó a una movilización contra éste de los propios periodistas del diario).
Y la Corte Suprema de Justicia argentina parece entusiasmada en liberar genocidas y crear un marco jurídico donde no puedan ser responsabilizados, en un futuro, aquellos que se apropien de las finanzas públicas y depreden el país.
Porque cuando –por ejemplo- las cláusulas de los acuerdos de deuda externa se estudien saltarán los profundos vínculos entre el respaldo a los genocidas y las políticas de sumisión al capitalismo financiero, lo que provocan hoy vergüenza porque representa un retroceso en dos cuestiones en las que Argentina había sido por más de una década un país modelo.
El partido de la elite
No quedan dudas que Francia es uno de los países más importantes del planeta y el que mejor simboliza lo que se conoce como las tradiciones “humanistas” de la cultura occidental, lo que no le impidió sostener la crueldad del colonialismo. Si Argentina tiene a Macri, Francia no podía quedarse atrás y eligió a un Emmanuel Macron. A pesar de las contradicciones que separan a un país históricamente dominador e imperial de una sociedad que no llega a una independencia completa hay semejanzas que llaman la atención.
Ambos representan el auge de ideas neoconservadoras que defienden la libertad económica y la globalización. Macron, presentado como un “centrista” es –en realidad- parte integrante de la siniestra Banca Rothschild, creadores y principal expresión del sistema bancario mundial. En Europa también funciona la puerta giratoria.
En Argentina, fue en 2015 cuando se vio cómo constituía gobierno a nivel nacional un partido –Cambiemos- donde la elite económica tiene un peso específico y se juega por incorporarse y copar la función pública y los recursos del Estado. Así el área económica del gobierno se ve inundado (un 30% de los funcionarios totales) de personajes que vienen de ocupar puestos de jerarquía en el sector privado, en grandes empresas (en general trasnacionales), estudios o consultoras y personajes vinculados con la secta católica Opus Dei, como Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos y docente de la Universidad Austral (de esa secta).
Hay otros “opus” colocados con meridiana precisión en los ministerios de Desarrollo Social y Justicia, pero sobre todo en el poder judicial, garante del partido de la elite, y en los sectores de educación y salud, como el caso del médico mendocino Abel Albino, quien asocia la desnutrición con el deseo sexual.
En pocos días desembarcaron en el gabinete ministerial de Mauricio Macri ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas. Algunos de los flamantes funcionarios trabajaron en esas multinacionales hasta pocos días antes de asumir y otros fueron reclutados por “cazadores de talentos”, como Egon Zehnder y Stigol & Moore.
“Hay ministerios que están colonizados, como la Jefatura de Gabinete y especialmente Energía y Minería (el ministro Juan José Aranguren fue CEO de la trasnacional Shell) y Agroindustria y Producción: 114 de 364 funcionarios, de los cuales 60 venían de ocupar un alto puesto inmediatamente antes de asumir su función pública”, señala Castellani en entrevista con la revista Acción.
¿Cómo se articuló esto, con qué justificativo se incorporaron? Y aquí viene el problema de la puerta giratoria –tema recurrente en las investigaciones de ciencias sociales y políticas y que despuntó con la gran crisis capitalista de 2008- , o sea el flujo de personas que ocupan altos cargos en el sector público y privado, y la falta de transparencia y de una legislación que regule este tránsito y estos conflictos de intereses y de captura de decisión política.
Lo que dejó al descubierto la crisis de 2008 es la connivencia entre esta elite económica y los funcionarios, donde los que tenían que regular hicieron mutis por el foro. Es más, esta situación causó tal alarma que la Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE, integrado por los países más poderosos) redactó un documento con recomendaciones exhaustivas.
Las medidas sugeridas eran regular el tránsito por la función pública, que implican períodos de enfriamiento previos y posteriores a la entrada y salida del cargo público, códigos estrictos para regular la función pública y evitar conflictos de intereses, dádivas, sobornos o cualquier colusión público-privado, y el establecimiento de organismos de control, descentralizados del poder ejecutivo, con capacidad de sancionar los malos comportamientos.
En Argentina, en 2001 se modificó la Ley de Ética Pública que prohibía al funcionario público a ejercer un alto cargo privado un año antes y después, y hoy se esgrimen los mismos argumentos, de incorporar a los “mejores”. Hoy el entramado de regulación del tránsito por la función pública para todos los funcionarios es muy débil, “pero ahora el riesgo de captura de la decisión estatal y conflictos de intereses es mucho más salto por el perfil de estos funcionarios”, señala Castellani.
El largo camino del despojo
Los Macri construyeron su poder y multiplicaron su fortuna a partir de contrataciones del Estado iniciadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-70), cuando logró negocios ganaderos millonarios ligados a la exportación de carne con respaldo del Estado.
Carlos Villalba recuerda que con la destrucción económica del país, apoyada en el genocidio de la dictadura cívico militar encabezada por Videla y Martínez de Hoz, se convirtieron en abanderados de la “Patria Financiera”, lograron la estatización de sus deudas y las siete empresas que tenían en 1975 saltaron a cuarenta y seis. Como parte de la “Patria Contratista”, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, lograron contratos muy cuestionados; con Menem pasaron a disfrutar las mieles de las privatizaciones y la pesificación del duhaldismo volvió a tenerlos frente al mostrador de los que toman todo.
A partir de la última dictadura el grupo se consolidó, logró cambiar reglas de juego económicas y financieras, transitó con ganancias todos los gobiernos de la democracia y, finalmente, puso a su cuadro principal a manejar el Estado nacional con la lógica de su SOCMA, la Sociedad Macri que a lo largo de los años englobó, controló o estuvo vinculada a empresas que operan en diferentes segmentos de mercados nacionales, de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, como son los de minería, transmisión y generación de energía, servicios ambientales, GNC, concesiones viales, transporte aéreo, explotaciones agrícolas.
En poco más de un año de gestión presidencial, Mauricio Macri ya acumuló cinco imputaciones judiciales, que abarcan a su persona, su familia y a un sinnúmero de funcionarios del Poder Ejecutivo.
Está siendo investigado en distintos juzgados por cinco causas. Entre ellos, lavado de dinero y omisión maliciosa ante la aparición de los Papeles de Panamá; Ampliación por decreto y contra la letra de la Ley de Exteriorización de capitales del blanqueo de bienes a los familiares de funcionarios públicos; y firma de un memorando de entendimiento con Qatar, que preveía la creación de una estructura offshore, con acceso a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la previsional ANSES, con cláusulas presuntamente ilegales, como otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio al erario público.
Asimismo se tramitan juicios por intento de condonación de la deuda del Correo Argentino, una empresa de su grupo, estimada en 4.600 millones de dólares, y por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en la adjudicación de la explotación de rutas de la línea aérea Avianca, que en marzo del año pasado adquirió Macair Jet, propiedad del grupo Macri.
Causas todavía soterradas
Hasta el Miami Herald, portavoz de la ultraderecha estadounidense y los capitales anticastristas de La Florida, aseguró que “llegó a la presidencia de Argentina prometiendo limpiar la corrupción, pero ahora se encuentra atrapado en escándalos de su propia gestión”, con investigaciones de casos relacionados con “los grandes holdings empresariales de su familia”, por acusaciones que van “desde el tráfico de influencia hasta lavado de dinero” y “se han convertido en un dolor de cabeza para su partido de centroderecha de cara a las elecciones legislativas de octubre”.
Todavía no está en juicio el casos del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra con atraso de años y un costo de más de tres mil millones de dólares. La adjudicataria de la obra es IECSA, propiedad de los Macri y su primo Angelo Calcaterra, obra impregnada por sobornos pagados de unos 800 mil dólares pagados por la brasileña Odebrecht al titular de la Agencia Federal de Inteligencia y amigo del Presidente, Gustavo Arribas.
El banco austríaco Meinl, actor central del concurso del Correo, en el que ya está imputado el Presidente por el intento de condonación de la deuda de su grupo empresario, fue comprado por el emporio de las coimas. Sideco tiene una elevada suma de acciones prendadas por esa entidad, es decir que le debe una importante suma de dinero a la entidad financiera ahora propiedad de Odebrecht, que lo usó para estructurar el multimillonario pago de coimas a 40 empresas off shore.
Otras causas que avanzan hacia la imputación son las siguientes: el aumento en los peajes de las autopistas favorables a sus empresas, la política de dólar futuro beneficiosa para los funcionarios de su gabinete que definieron los valores, las irregularidades en las licitaciones para el uso de energías renovables, y el escándalo en la licitación para la compra de 50 autobuses eléctricos por parte del Ministerio de Medio Ambiente, ordenada por Macri para favorecer la relación con inversores chinos, que terminó en un cruce de sospechas incluso entre ministros del gabinete.
A 18 meses de su asunción, la lista de acusaciones contra Mauricio Macri ya es demasiado larga. El salto es de la corrupción a la apropiación integral del Estado por parte de un Grupo Económico.
La ruta del dinero
En Argentina, el terrorismo mediático acosó a la ex presidenta Cristina Kirchner y a su familia con decenas de denuncias de corrupción: inventaron historias de sótanos, cajas de seguridad y cuentas misteriosas, teatralizaron haciendo pozos en la Patagonia, pagaron a periodistas para que difundan esas denuncias, y hasta tuvieron la todopoderosa colaboración de Paul Singer para investigar cuentas offshore en paraísos fiscales y no encontraron nada en Panamá, ni en Delaware, ni en Suiza ni en las Seychelles, recuerda el periodista Luis Bruschtein.
Lo cierto es que esa campaña de desprestigio –un imaginario colectivo instalado en buena parte del mundo, el de la corrupción de Cristina Kirchner- instaló a Mauricio Macri en la presidencia. Mientras se buscaba infructuosamente indicios de una “ruta del dinero K” empezaron a surgir en paraísos fiscales sociedades y cuentas offshore de Macri y su familia. Al igual que en Brasil, el neoliberalismo usa las denuncias de corrupción para deponer o erosionar a los gobiernos heterodoxos y populares.
Pero una vez logrado su propósito, comenzaron a surgir evidencias concretas de su propia corrupción, con millones y millones de dólares en danza, que señalan a los referentes del neoliberalismo por delitos multimillonarios de evasión, lavado, coimas, sobornos o de intereses incompatibles con la función pública. Pero, claro, estas evidencias son minimizadas por las mismas corporaciones mediáticas –parte ineludible del poder fáctico del país- que amplificaron al máximo las denuncias contra el kirchnerismo.
En abril de 2016 el vocabulario de anglicismos se amplió entre los argentinos. De la catarata de documentos encriptados del estudio panameño Mossack Fonseca, dedicado básicamente a vender empresas fantasmas a millonarios pretendidamente anónimos, emergió la palabra “offshore. Y, además de conocer la palabreja, el país supo que su presidente integra la lista maldita, que Mauricio Macri forma parte del selecto grupo de cinco mandatarios en ejercicio, cuyos nombres figuran en la documentación del escándalo financiero mundial.
Los documentos encriptados de los llamados Panamá Papers, instalaron a Macri en el peor de los escenarios judiciales después de que él, su padre Franco y su tío Jorge Blanco Villegas estuviesen implicados en la causa por contrabando de autopartes hacia Uruguay que volvían “convertidas” en automóviles a la Argentina; un proceso finalmente sepultado por la Corte de Justicia del gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem.
La publicación de los “Panamá Papers”, instaló en la agenda del mundo entero el tema de la evasión impositiva, lavado de dinero y fuga de capitales, una de las causas estructurales de las recurrentes crisis económicas en los países de la región, un verdadero atentado contra las posibilidades de desarrollo de los países de la región. Ese procedimiento sistemático fluye a través de redes de servicios financieros offshore que funcionan alrededor del mundo y están vinculadas al poder político y al capital trasnacional. Esas estructuras buscan esconder información para evitar o, al menos, disminuir el pago de impuestos.
En la Argentina, el destape de las empresas off shore constituyó un golpe contra el discurso de “transparencia” y diferenciación de la gestión anterior pregonado por Cambiemos, además de mostrar la forma en que el sistema cuenta con mecanismos legales e ilegales para operar movimientos de multimillonarios provenientes del delito, el lavado, la evasión impositiva.
Los investigadores argentinos lograron sumar un importante número de sociedades offshore en las que está involucrada, de modo directo e indirecto, la familia Macri, es decir Franco, Mauricio, sus hermanos, tíos y primos: FlegTrading; Kagemusha; Macri Group Panamá S.A, luego Metro Consulting, Cap Loren Panamá S.A.( disuelta), Orion Alliance Corporation (Panamá, 2013), Atoll Services Group Inc, Pymore Ventures Holding S.A. Danae Alliance Company S.A., Aspent Portfolio S.A., Rockford Holding Group S.A.. Y en Brasil, Owners Do Brasil Participações Ltda, Itron do Brasil, Martex do Sul, Mega Consultoría Servicios e Participacoes.
La perinola de los representantes de los grupos económicos que manejan el gobierno argentino en beneficio de sus corporaciones, dejó al desnudo que la mayoría de los funcionarios y operadores del presidente Macri poseen sociedades o cuentas ultramarinas. Entre ellos el secretario general Fernando de Andreis, vinculado a través de su esposa, su suegro y sus cuñados, con sociedades offshore en guaridas fiscales y la firma offshore Parquemar Group, de Panamá; y el secretario Legal y Técnico de la Persidencia Pablo Clusellas: intermediario entre su estudio jurídico en Buenos Aires y Mossack Fonseca.
A ellos se suman el Intendente de Vicente López, presidente del Grupo Bapro y primo de Mauricio, Jorge Macri: figura como secretario de Latium Investments Inc. y es titular, junto a su esposa, de Artecity N204, ubicada en Florida, Estados Unidos; el secretario de Derechos Humanos y ex difrectivo de la asociación israelita DAIA, Claudio Avruj (director de la empresa Kalushy S.A., radicada en Panamá) y el operador judicial del actual mandatario y presidente del club Boca Junior, Daniel Angelici: figura como uno de los directores de Corbalan Services Inc, registrada en Panamá , además del intendente de Lanús, Néstor Grindetti (Panamá Mercier International).
En los últimos 50 años, los piratas y los bucaneros son los grandes empresarios locales, las empresas multinacionales y los bancos y ricos globales y el producto oculto son las múltiples formas modernas del dinero.
Según Jorge Gaggero, miembro del capítulo latinoamericano de la red TaxJustice, desde su constitución, los Macri usan estas facilidades offshore desde los orígenes de sus negocios y es sabido que en los 70 y los 80 -década de oro para la familia-, el destino preferido de los fondos evadidos y fugados del país era la banca del cantón italiano de Suiza, ubicada en Lugano.
El Grupo Macri tiene responsabilidades en la fuga de divisas, la principal herramienta que históricamente quitó excedentes del circuito económico argentino. En 1982 se benefició con el endeudamiento y estatización de la deuda de Sideco, Pluspetrol, Socma, Iecsa, Manliba y Dragados y Obras Portuarias y Rszya Producciones, empresas además, sospechadas de autopréstamos. En 1989 se conoció el cobro de sobreprecios al Estado en el servicio de recolección de basura de Manliba y estuvo involucrada en la estafa de Sevel por contrabando de autopartes, gracias a la que evadió 55 millones de pesos/dólares, en un caso por el que Mauricio Macri fue condenado y luego beneficiado por la corte menemista.
Las firmas Socma y Correo Argentino aparecen en los listados de fuga del 2001. Expertos e investigadores coinciden en que las empresas ficticias juegan un papel fundamental en la canalización de los flujos financieros ilícitos de la evasión fiscal corporativa, la corrupción gubernamental y la actividad criminal.
El gobierno de Macri –inmerso en una batahola de denuncias de evasión fiscal, fuga de capitales, sobornos y corrupción- ha cabalgado sobre un bien armado mediático mensaje “anticorrupción”. Una vieja canción del brasileño Chico Buarque hablaba con ironía y agudeza de una sociedad en descomposición moral y política que pondera la injusticia y el terror, donde se generaliza el uso de las falsedades, eufemismos y manipulaciones: Llama al ladrón, cantaba Chico.
(*) Periodista, comunicólogo, mágister en Integración, codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)
