Por Esteban Guida *
Imagen: Leandro Teysseire
La discusión respecto a la cantidad de pobres que hay en la Argentina ya tiene una respuesta oficial, la que si bien aporta cifras escalofriantes, no cambia el desafío que traía la sociedad desde que se abandonó la decisión de distribuir equitativamente la renta nacional entre capital y trabajo. Sin embargo, cuando en su momento se le preguntó al presidente Mauricio Macri respecto a cuáles serían en concreto las medidas para reducir la pobreza en Argentina, la respuesta no fue concluyente, dejando traslucir cierta subestimación de la inteligencia y la capacidad de razonamiento de los argentinos sobre los asuntos que realmente importan.
Con el Presupuesto de la Administración Pública Nacional 2017 los Índice de Pobreza e Indigencia se puede observar con gran asombro y preocupación la falta de claridad que tiene el gobierno para explicar y fundamentar su propuesta de acción política orientada a cumplir con los objetivos de su gestión y mantener apego a sus promesas de campaña.
Más allá de la retórica, vale preguntarse cuál es el mecanismo por el cual el gobierno piensa que se logrará reducir la pobreza. En el Presupuesto 2017 hay algunas indicaciones concretas: se afirma que “las políticas presupuestarias para el Ejercicio 2017 referidas a la política social, seguirán siendo la prioridad del Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar hacia “Pobreza Cero”. Para esto, se seguirá extendiendo la asistencia del Estado y ampliando el alcance de sus políticas sociales. Las mismas se ven concretadas, tanto a través de subsidios directos como asignaciones familiares, pensiones no contributivas, becas y otras asistencias, como por intermedio de subsidios indirectos, especialmente en materia de transporte, energía y gas, que se traducen en menores tarifas para los usuarios”.
No caben dudas respecto a la necesidad de que el presupuesto contemple la asistencia a los sectores más vulnerables, principalmente a los niños y a los ancianos; sin embargo, la promesa de campaña era que la pobreza se enfrentaría sin ajustes, sin despidos y mediante la promoción de una economía que genera trabajo, que promueva las PyMEs y aliente el mercado interno, todos aspectos sacrificados por el gobierno en aras de una aparente estabilidad monetaria, condescendiente en primera instancia con los grupos económicos concentrados y los empresarios del establishment internacional.
El gobierno ha afirmado que su apuesta para lograr un crecimiento económico es la inversión extranjera. Pero cada día que pasa, afloran las dudas sobre la llegada de grandes inversiones, y en vista del perfil de las que se especula podrían arribar, no está claro cuál sería el impacto sobre el empleo, y si será suficiente para mejorar la situación respecto a los niveles de pobreza.
Por este motivo, el gobierno ha concentrado toda su creatividad en un ambicioso plan de obras públicas tendiente a dinamizar la economía y generar empleo, el que si bien puede estar contratado por las empresas privadas que hacen las obras, no deja de provenir del impulso estatal que dependerá con exclusividad de las fuentes de financiamiento del sector público.
Las contradicciones se presentan nuevamente entre los dichos y los hechos. Si la economía no repunta lo suficiente, el abuso del financiamiento externo conducirá nuevamente al estrangulamiento externo que históricamente afectó la estructura de precios relativos de la economía, provocando, tarde o temprano, serios desequilibrios e inestabilidad institucional.
Aunque algunos han afirmado que este presupuesto “es muy realista”, las dudas acerca de la sostenibilidad del actual esquema económico son cada vez mayores. La experiencia histórica refleja que no hay crecimiento con desarrollo social dependiendo de los intereses de los grandes grupos económicos que, como es sabido, aprovechan las prebendas internas para obtener ganancias extraordinarias y fugarlas al exterior.
Las dudas acerca de la falta de criterio y habilidad política por parte del gobierno a la hora de plantear un esquema económico justo y equilibrado, condiciona a los empresarios internacionales a la hora de decidir invertir en Argentina, puesto que la razón indica que se pueden garantizar condiciones altamente ventajosas para unos pocos durante un tiempo, pero no se puede perjudicar a las grandes mayorías todo el tiempo.
La incoherencia radica entre los objetivos de empleo y pobreza cero, y la regresividad de las medidas adoptadas por el gobierno, entre las que se destaca la renuncia a sostener un mercado interno dinámico como medida contracíclica, en el marco de una posición externa débil y sin perspectivas de cambio. Frente a esta cuestión central de la dinámica económica nacional el gobierno no ofrece explicaciones, y elude con palabras trilladas la argumentación de los motivos por los cuáles, un modelo que históricamente ha generado desigualdad, pobreza y exclusión, ahora debería producir el efecto contrario.
Ya no hay margen para encubrir las consecuencias de las acciones presente por errores del pasado. Está claro que a esta situación se llega por un modelo que excluye y descarta personas, al mismo tiempo que facilita la concentración de la riqueza. La gravedad de los hechos actuales es que, muy lejos de revertir la situación, las medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos están agravando la situación, al recurrir con mayor dogmatismo a la filosofía y recetas que han hecho de la pobreza un flagelo estructural.
* fundacion@pueblosdelsur.org
www.pueblosdelsur.org
Más allá de la retórica, vale preguntarse cuál es el mecanismo por el cual el gobierno piensa que se logrará reducir la pobreza. En el Presupuesto 2017 hay algunas indicaciones concretas: se afirma que “las políticas presupuestarias para el Ejercicio 2017 referidas a la política social, seguirán siendo la prioridad del Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar hacia “Pobreza Cero”. Para esto, se seguirá extendiendo la asistencia del Estado y ampliando el alcance de sus políticas sociales. Las mismas se ven concretadas, tanto a través de subsidios directos como asignaciones familiares, pensiones no contributivas, becas y otras asistencias, como por intermedio de subsidios indirectos, especialmente en materia de transporte, energía y gas, que se traducen en menores tarifas para los usuarios”.
No caben dudas respecto a la necesidad de que el presupuesto contemple la asistencia a los sectores más vulnerables, principalmente a los niños y a los ancianos; sin embargo, la promesa de campaña era que la pobreza se enfrentaría sin ajustes, sin despidos y mediante la promoción de una economía que genera trabajo, que promueva las PyMEs y aliente el mercado interno, todos aspectos sacrificados por el gobierno en aras de una aparente estabilidad monetaria, condescendiente en primera instancia con los grupos económicos concentrados y los empresarios del establishment internacional.
El gobierno ha afirmado que su apuesta para lograr un crecimiento económico es la inversión extranjera. Pero cada día que pasa, afloran las dudas sobre la llegada de grandes inversiones, y en vista del perfil de las que se especula podrían arribar, no está claro cuál sería el impacto sobre el empleo, y si será suficiente para mejorar la situación respecto a los niveles de pobreza.
Por este motivo, el gobierno ha concentrado toda su creatividad en un ambicioso plan de obras públicas tendiente a dinamizar la economía y generar empleo, el que si bien puede estar contratado por las empresas privadas que hacen las obras, no deja de provenir del impulso estatal que dependerá con exclusividad de las fuentes de financiamiento del sector público.
Las contradicciones se presentan nuevamente entre los dichos y los hechos. Si la economía no repunta lo suficiente, el abuso del financiamiento externo conducirá nuevamente al estrangulamiento externo que históricamente afectó la estructura de precios relativos de la economía, provocando, tarde o temprano, serios desequilibrios e inestabilidad institucional.
Aunque algunos han afirmado que este presupuesto “es muy realista”, las dudas acerca de la sostenibilidad del actual esquema económico son cada vez mayores. La experiencia histórica refleja que no hay crecimiento con desarrollo social dependiendo de los intereses de los grandes grupos económicos que, como es sabido, aprovechan las prebendas internas para obtener ganancias extraordinarias y fugarlas al exterior.
Las dudas acerca de la falta de criterio y habilidad política por parte del gobierno a la hora de plantear un esquema económico justo y equilibrado, condiciona a los empresarios internacionales a la hora de decidir invertir en Argentina, puesto que la razón indica que se pueden garantizar condiciones altamente ventajosas para unos pocos durante un tiempo, pero no se puede perjudicar a las grandes mayorías todo el tiempo.
La incoherencia radica entre los objetivos de empleo y pobreza cero, y la regresividad de las medidas adoptadas por el gobierno, entre las que se destaca la renuncia a sostener un mercado interno dinámico como medida contracíclica, en el marco de una posición externa débil y sin perspectivas de cambio. Frente a esta cuestión central de la dinámica económica nacional el gobierno no ofrece explicaciones, y elude con palabras trilladas la argumentación de los motivos por los cuáles, un modelo que históricamente ha generado desigualdad, pobreza y exclusión, ahora debería producir el efecto contrario.
Ya no hay margen para encubrir las consecuencias de las acciones presente por errores del pasado. Está claro que a esta situación se llega por un modelo que excluye y descarta personas, al mismo tiempo que facilita la concentración de la riqueza. La gravedad de los hechos actuales es que, muy lejos de revertir la situación, las medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos están agravando la situación, al recurrir con mayor dogmatismo a la filosofía y recetas que han hecho de la pobreza un flagelo estructural.
* fundacion@pueblosdelsur.org
www.pueblosdelsur.org
