por Miguel Badillo
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)
DE MAYO DE 2017
Bla, bla, bla. Promesas, discursos y mentiras oficiales se vuelven a escuchar sobre la cacareada libertad de expresión que no existe en nuestro país si de periodismo se trata. En menos de 5 meses han asesinado a siete periodistas –entre otras muchas más agresiones y violaciones–, entonces, ¿cómo pueden decir los funcionarios que el gobierno defiende esa libertad y además la garantiza?
La libertad de expresión consiste no sólo en creer o decir que la permiten, pues ésta es un derecho constitucional, sino en demostrar que el gobierno instrumenta mecanismos legales, judiciales y laborales necesarios para que se pueda ejercer plenamente y los periodistas tengan seguridad en su trabajo diario.
En los 4 años y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto, 36 periodistas han sido asesinados, muchos más desaparecidos, secuestrados, levantados, golpeados, amenazados, demandados, espiados y vejados en sus derechos laborales y humanos, pero en la Presidencia de la República apenas consideran que van a tomar algunas medidas para disminuir la violencia en contra de los comunicadores. ¿Quién puede creer que en año y medio que les resta harán lo que no hicieron en los primeros 4 años?
La corrupción, impunidad y complicidad convierten al gobierno federal en el principal responsable de estos crímenes. No vengan ahora a decirnos que sólo es culpa de la delincuencia organizada y que los sicarios son los únicos responsables y, por tanto, son ellos, y nadie más, quienes pagarán por las agresiones en contra de los colegas de medios de comunicación.
Es esa corrupción y complicidad de los gobernantes las que dan impunidad a políticos y a miembros del crimen organizado para cometer todo tipo de crímenes contra la libertad de expresión, mientras que ministerios públicos y jueces garantizan la libertad a quienes cometen esos delitos.
En 4 años y medio el gobierno peñista no ha hecho nada para respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, proteger a los periodistas y prevenir las agresiones, mucho menos sancionar a quienes cometen los crímenes contra la prensa. ¿Por qué creer entonces que en lo que resta del sexenio hará el trabajo que no pudo o no quiso hacer hasta ahora?
O nos cuidamos los periodistas o nadie va a hacerlo por nosotros. Aunque la verdad, por más protocolos de seguridad que apliquemos, el riesgo siempre estará al acecho.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, dice que está “conmocionado” por lo sucedido a Javier Valdez; sin embargo, este impartidor de “justicia” nada hace para frenar la corrupción de sus jueces y magistrados corruptos que se venden al mejor postor y dejan indefensos a los periodistas en tribunales.
La inútil FEADLE
En una reunión con un fiscal de la Procuraduría General de la República responsable de la protección de periodistas, me confió que al tomar el cargo de la llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se dio cuenta de que ésta no servía para nada por varias razones: carecía de un presupuesto suficiente para contratar equipo y personal; no había voluntad política de Los Pinos y, aunque se había creado desde hacía varios años, no existían expedientes ni archivos que permitieran continuar o darle seguimiento a las investigaciones por agresiones a periodistas.
Reconocía que esa Fiscalía era una farsa, porque desde su creación en el gobierno del panista Felipe Calderón respondía sólo a un problema de imagen y percepción, para que la población creyera que había preocupación del gobierno por respetar la libertad de prensa y luchar contra la violencia que padece el gremio. La FEADLE también se creó para que los reporteros dejaran de molestar exigiendo justicia ante tantas agresiones. Ese fiscal tiene cargo en el gobierno.
Y si hablamos de agresiones contra periodistas, por razones obvias y justas la preocupación se centra en los asesinatos; sin embargo, la violencia se ha extendido a otras formas y modos de presionar a reporteros y medios de comunicación, principalmente a los independientes y críticos, pues los otros, los que viven alineados y responden obedientes a las llamadas del poder, para ellos no sólo no hay violencia porque no investigan ni critican, sino que son premiados al atascar sus páginas y espacios de publicidad gubernamental para enriquecer a sus dueños hasta la opulencia.
Son esas otras formas de presión que también asfixian a los periodistas que investigan al poder –sea del color que sea, como debe ser–, y cuyo resultado ahora lo conocemos como uno de los peores momentos de descrédito social que la prensa haya tenido en su historia, pues por lo menos antes el control gubernamental sobre los medios era abierto y claro, pero ahora utilizan la publicidad oficial –para premiar a sus aduladores– y las complicidades de criminales y empresarios, para amenazar, intimidar y demandar a periodistas críticos.
Pero la Fiscalía no es el único elefante blanco. También lo es el Mecanismo de Protección a Periodistas, en donde burócratas sin experiencia alguna hacen las “evaluaciones” de los riesgos de los reporteros, cuando tienen un total desconocimiento del ejercicio periodístico.
Ahora, el “presidente del silencio” dispuso de tres medidas presupuestales que, dijo, servirán para reducir el riesgo y dar protección a los periodistas, cuando lo que falta es voluntad política para acabar con la corrupción y complicidad de los funcionarios con el crimen organizado y castigar a todos los responsables de las agresiones en contra de los comunicadores. Fin de la impunidad es lo que necesitamos, señor presidente.
Puntos suspensivos… Las mujeres priístas reaccionaron con razón a las declaraciones del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, quien al calor de un discurso electoral dijo que “les vamos a dar puro chile a las lideresas del PRI [Partido Revolucionario Institucional]”. Esto de inmediato provocó respuestas y denuncias de las priístas ante autoridades electorales, a quienes exigen sancionar a Anaya por violencia de género, calumnias y discriminación. Qué opinaron estas mismas mujeres priístas cuando su líder máximo, Enrique Peña Nieto, declaró hace varios meses que “no hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque los agarramos”.
Miguel Badillo
Fuente
Contralínea (México)
La libertad de expresión consiste no sólo en creer o decir que la permiten, pues ésta es un derecho constitucional, sino en demostrar que el gobierno instrumenta mecanismos legales, judiciales y laborales necesarios para que se pueda ejercer plenamente y los periodistas tengan seguridad en su trabajo diario.
En los 4 años y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto, 36 periodistas han sido asesinados, muchos más desaparecidos, secuestrados, levantados, golpeados, amenazados, demandados, espiados y vejados en sus derechos laborales y humanos, pero en la Presidencia de la República apenas consideran que van a tomar algunas medidas para disminuir la violencia en contra de los comunicadores. ¿Quién puede creer que en año y medio que les resta harán lo que no hicieron en los primeros 4 años?
La corrupción, impunidad y complicidad convierten al gobierno federal en el principal responsable de estos crímenes. No vengan ahora a decirnos que sólo es culpa de la delincuencia organizada y que los sicarios son los únicos responsables y, por tanto, son ellos, y nadie más, quienes pagarán por las agresiones en contra de los colegas de medios de comunicación.
Es esa corrupción y complicidad de los gobernantes las que dan impunidad a políticos y a miembros del crimen organizado para cometer todo tipo de crímenes contra la libertad de expresión, mientras que ministerios públicos y jueces garantizan la libertad a quienes cometen esos delitos.
En 4 años y medio el gobierno peñista no ha hecho nada para respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, proteger a los periodistas y prevenir las agresiones, mucho menos sancionar a quienes cometen los crímenes contra la prensa. ¿Por qué creer entonces que en lo que resta del sexenio hará el trabajo que no pudo o no quiso hacer hasta ahora?
O nos cuidamos los periodistas o nadie va a hacerlo por nosotros. Aunque la verdad, por más protocolos de seguridad que apliquemos, el riesgo siempre estará al acecho.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, dice que está “conmocionado” por lo sucedido a Javier Valdez; sin embargo, este impartidor de “justicia” nada hace para frenar la corrupción de sus jueces y magistrados corruptos que se venden al mejor postor y dejan indefensos a los periodistas en tribunales.
La inútil FEADLE
En una reunión con un fiscal de la Procuraduría General de la República responsable de la protección de periodistas, me confió que al tomar el cargo de la llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se dio cuenta de que ésta no servía para nada por varias razones: carecía de un presupuesto suficiente para contratar equipo y personal; no había voluntad política de Los Pinos y, aunque se había creado desde hacía varios años, no existían expedientes ni archivos que permitieran continuar o darle seguimiento a las investigaciones por agresiones a periodistas.
Reconocía que esa Fiscalía era una farsa, porque desde su creación en el gobierno del panista Felipe Calderón respondía sólo a un problema de imagen y percepción, para que la población creyera que había preocupación del gobierno por respetar la libertad de prensa y luchar contra la violencia que padece el gremio. La FEADLE también se creó para que los reporteros dejaran de molestar exigiendo justicia ante tantas agresiones. Ese fiscal tiene cargo en el gobierno.
Y si hablamos de agresiones contra periodistas, por razones obvias y justas la preocupación se centra en los asesinatos; sin embargo, la violencia se ha extendido a otras formas y modos de presionar a reporteros y medios de comunicación, principalmente a los independientes y críticos, pues los otros, los que viven alineados y responden obedientes a las llamadas del poder, para ellos no sólo no hay violencia porque no investigan ni critican, sino que son premiados al atascar sus páginas y espacios de publicidad gubernamental para enriquecer a sus dueños hasta la opulencia.
Son esas otras formas de presión que también asfixian a los periodistas que investigan al poder –sea del color que sea, como debe ser–, y cuyo resultado ahora lo conocemos como uno de los peores momentos de descrédito social que la prensa haya tenido en su historia, pues por lo menos antes el control gubernamental sobre los medios era abierto y claro, pero ahora utilizan la publicidad oficial –para premiar a sus aduladores– y las complicidades de criminales y empresarios, para amenazar, intimidar y demandar a periodistas críticos.
Pero la Fiscalía no es el único elefante blanco. También lo es el Mecanismo de Protección a Periodistas, en donde burócratas sin experiencia alguna hacen las “evaluaciones” de los riesgos de los reporteros, cuando tienen un total desconocimiento del ejercicio periodístico.
Ahora, el “presidente del silencio” dispuso de tres medidas presupuestales que, dijo, servirán para reducir el riesgo y dar protección a los periodistas, cuando lo que falta es voluntad política para acabar con la corrupción y complicidad de los funcionarios con el crimen organizado y castigar a todos los responsables de las agresiones en contra de los comunicadores. Fin de la impunidad es lo que necesitamos, señor presidente.
Puntos suspensivos… Las mujeres priístas reaccionaron con razón a las declaraciones del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, quien al calor de un discurso electoral dijo que “les vamos a dar puro chile a las lideresas del PRI [Partido Revolucionario Institucional]”. Esto de inmediato provocó respuestas y denuncias de las priístas ante autoridades electorales, a quienes exigen sancionar a Anaya por violencia de género, calumnias y discriminación. Qué opinaron estas mismas mujeres priístas cuando su líder máximo, Enrique Peña Nieto, declaró hace varios meses que “no hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque los agarramos”.
Miguel Badillo
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Contralínea (México)
