Odebrecht: allanamiento en Bs. As. precalienta acuerdo. Gobierno presiona por pacto difícil de homologar por la Justicia. Pericia de principal ejecutivo de la firma (en otra causa) reveló borrado de documentos del Soterramiento del tren Sarmiento. Inexplorada vía en los EE.UU.
POR GABRIEL MORINI.-
jueves 25 de Mayo de 2017
Allanamiento. El operativo ordenado por el juez Casanello fue en el piso 32 de las oficinas de Odebrecht ubicadas Alem 855 de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras el Gobierno intenta por sus medios presionar a Odebrecht para lograr un acuerdo que le permita tener acceso a la información de los sobornos pagados en el país por esa compañía, el juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer un allanamiento en las oficinas de la filial local de la constructora brasileña. Al mismo tiempo, dispuso el secreto de sumario en el expediente que instruye acerca de posibles irregularidades en torno a una obra licitada por AySA al consorcio encabezado por esa firma. No es el primero. Hace un año, su par Marcelo Martínez de Giorgi, había secuestrado la computadora personal de Mauricio Couri Ribeiro, el representante en Argentina del holding. La pericia realizada sobre la misma arrojó un resultado alarmante: 260 archivos que mencionaban las palabras "Soterramiento" y "Sarmiento" fueron eliminados de forma permanente del sistema de la máquina.Esa licitacion la obtuvieron junto a IECSA del primo de Macri.
Casanello dispuso un allanamiento en el piso 32 de la torre ubicada en Leandro N. Alem 855 de esta Ciudad. La búsqueda se centró en los contratos por la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas y la posible cartelización de las constructoras que se beneficiaron con esa licitación. Se llevaron información en papel y respaldos digitales. En paralelo, abogados de Odebrecht, del Ministerio de Justicia y de la Oficina Anticorrupción (OA) que preside Laura Alonso mantenían una reunión para apurar un acuerdo que, según la intención oficial, pretende abrir el grifo informativo sobre los u$s35 millones que se supone que la compañía pagó por coimas. Sin embargo, el único marco legal posible para un pacto válido judicialmente es el que encaró el fiscal Federico Delgado, quien intimó a la empresa para acogerse a los términos de la Ley del Arrepentido. El Gobierno presiona por la caída de contratos y licitaciones, precisamente lo que Odebrecht busca conservar a toda costa en sus ofrecimientos. La velocidad de la OA por cerrar un acuerdo contrastó con la lentitud de Cancillería en cursar los exhortos que la Justicia argentina envió a Brasil para cotejar la documentación clave del "Lava-Jato". Sin embargo, sería legalmente discutible que exista un intercambio que pueda luego ser homologado en la Justicia si no se apega al marco legal, como anticipó Ámbito Financiero. Tampoco está claro si el objetivo oficial es ser vehículo de la información que pueda aportar Odebrecht (que busca salvoconducto para sus directivos), o si la OA será filtro de los datos que termine por aportar la firma, si prospera la iniciativa. El 1 de junio está previsto que la información bajo secreto se libere en Brasil. Corre contra el plazo que fijó Delgado. Y contra el mantenimiento de los contratos, meta principal de la constructora que ofreció un resarcimiento "moral" al Estado.
Existe una vía inexplorada para esquivar la reticencia de Odebrecht, pero en la Justicia de los Estados Unidos. Allí, Marcelo Odebrecht mandamás del grupo- accedió a amplio acuerdo de "culpabilidad" con los tribunales de ese país a los que proveyó la información y reconoció pago de coimas. Pero también consintió (en dos cláusulas de ese acuerdo) que esos datos puedan llegar a ser compartidos con autoridades extranjeras en el marco de cooperación judicial entre países. Aún la Argentina no se presentó ante Estados Unidos para reclamar esa participación que podría saltar el cerco informativo en el que se mantienen 3 expedientes (más sus derivados) en los tribunales de Comodoro Py.
Uno de ellos se remonta al posible pago de sobornos por u$s80 mil exigidos en un correo electrónico de Manuel Vázquez, sindicado como testaferro del exsecretario de Transporte K, Ricardo Jaime a Couri Ribeiro. De la pericia de su notebook realizada por División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal se concluyó que eran irrecuperables 260 registros que contenían las palabras clave para identificar la principal obra de Odebrecht en el país, que es el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, aliada a IECSA, por entonces bajo el mando del primo del presidente Ángelo Calcaterra. Lo mismo que las que identificaban a las empresas "Klienfeld Services Ltd" o "Antigua Overseas", las pantallas utilizadas para canalizar fondos de posibles sobornos. Fueron borrados o se encuentran "irrecuperables", afirmaron los peritos sobre la imposibilidad de poder acceder a su contenido.
Allanamiento. El operativo ordenado por el juez Casanello fue en el piso 32 de las oficinas de Odebrecht ubicadas Alem 855 de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras el Gobierno intenta por sus medios presionar a Odebrecht para lograr un acuerdo que le permita tener acceso a la información de los sobornos pagados en el país por esa compañía, el juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer un allanamiento en las oficinas de la filial local de la constructora brasileña. Al mismo tiempo, dispuso el secreto de sumario en el expediente que instruye acerca de posibles irregularidades en torno a una obra licitada por AySA al consorcio encabezado por esa firma. No es el primero. Hace un año, su par Marcelo Martínez de Giorgi, había secuestrado la computadora personal de Mauricio Couri Ribeiro, el representante en Argentina del holding. La pericia realizada sobre la misma arrojó un resultado alarmante: 260 archivos que mencionaban las palabras "Soterramiento" y "Sarmiento" fueron eliminados de forma permanente del sistema de la máquina.Esa licitacion la obtuvieron junto a IECSA del primo de Macri.
Casanello dispuso un allanamiento en el piso 32 de la torre ubicada en Leandro N. Alem 855 de esta Ciudad. La búsqueda se centró en los contratos por la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas y la posible cartelización de las constructoras que se beneficiaron con esa licitación. Se llevaron información en papel y respaldos digitales. En paralelo, abogados de Odebrecht, del Ministerio de Justicia y de la Oficina Anticorrupción (OA) que preside Laura Alonso mantenían una reunión para apurar un acuerdo que, según la intención oficial, pretende abrir el grifo informativo sobre los u$s35 millones que se supone que la compañía pagó por coimas. Sin embargo, el único marco legal posible para un pacto válido judicialmente es el que encaró el fiscal Federico Delgado, quien intimó a la empresa para acogerse a los términos de la Ley del Arrepentido. El Gobierno presiona por la caída de contratos y licitaciones, precisamente lo que Odebrecht busca conservar a toda costa en sus ofrecimientos. La velocidad de la OA por cerrar un acuerdo contrastó con la lentitud de Cancillería en cursar los exhortos que la Justicia argentina envió a Brasil para cotejar la documentación clave del "Lava-Jato". Sin embargo, sería legalmente discutible que exista un intercambio que pueda luego ser homologado en la Justicia si no se apega al marco legal, como anticipó Ámbito Financiero. Tampoco está claro si el objetivo oficial es ser vehículo de la información que pueda aportar Odebrecht (que busca salvoconducto para sus directivos), o si la OA será filtro de los datos que termine por aportar la firma, si prospera la iniciativa. El 1 de junio está previsto que la información bajo secreto se libere en Brasil. Corre contra el plazo que fijó Delgado. Y contra el mantenimiento de los contratos, meta principal de la constructora que ofreció un resarcimiento "moral" al Estado.
Existe una vía inexplorada para esquivar la reticencia de Odebrecht, pero en la Justicia de los Estados Unidos. Allí, Marcelo Odebrecht mandamás del grupo- accedió a amplio acuerdo de "culpabilidad" con los tribunales de ese país a los que proveyó la información y reconoció pago de coimas. Pero también consintió (en dos cláusulas de ese acuerdo) que esos datos puedan llegar a ser compartidos con autoridades extranjeras en el marco de cooperación judicial entre países. Aún la Argentina no se presentó ante Estados Unidos para reclamar esa participación que podría saltar el cerco informativo en el que se mantienen 3 expedientes (más sus derivados) en los tribunales de Comodoro Py.
Uno de ellos se remonta al posible pago de sobornos por u$s80 mil exigidos en un correo electrónico de Manuel Vázquez, sindicado como testaferro del exsecretario de Transporte K, Ricardo Jaime a Couri Ribeiro. De la pericia de su notebook realizada por División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal se concluyó que eran irrecuperables 260 registros que contenían las palabras clave para identificar la principal obra de Odebrecht en el país, que es el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, aliada a IECSA, por entonces bajo el mando del primo del presidente Ángelo Calcaterra. Lo mismo que las que identificaban a las empresas "Klienfeld Services Ltd" o "Antigua Overseas", las pantallas utilizadas para canalizar fondos de posibles sobornos. Fueron borrados o se encuentran "irrecuperables", afirmaron los peritos sobre la imposibilidad de poder acceder a su contenido.
