Núñez: “Los impunes del ayer” son los que amenazan al fiscal Díaz
Por: Lucía Barrios
Nov 26, 2017
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La amenaza al fiscal de Corte Jorge Díaz por parte de un autoproclamado Grupo de Restauración Nacional vuelve a traer al debate las siguientes preguntas: ¿Cuál es el poder real que tiene determinado sector de los militares? ¿La Justicia es eficaz ante casos similares de amenazas como son el Comando Barneix o el robo en Humanidades?
Tanto Gerardo Núñez, diputado frenteamplista, Mirtha Guianze, ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, como Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, declararon a LA REPÚBLICA que estos hechos evidencian que existe un grupo “organizado”, “conservador” y “reaccionario”, que presiona políticamente para que la impunidad siga reproduciéndose. Además, señalaron que la Justicia es “un andamiaje institucional” que ayuda en ese sentido.
“Quienes amenazaron al fiscal Díaz seguramente sean los impunes del ayer y los que hoy se sienten con total crédito para realizar este tipo de advertencias. Hace poco pasó algo similar con el llamado Comando Barneix. Habrá que ver si esto tiene algún tipo de vinculación con ese episodio, pero lo cierto es que todavía hay sectores muy conservadores y reaccionarios que lamentablemente intentan poner freno a cada avance en materia de verdad y justicia”, afirmó Núñez.
“Sin dudas que esta amenaza parte de un grupo organizado. No tenemos la menor duda de dónde proviene esto: son los coletazos o el resabio que quedó agazapado de la dictadura cívica militar. Estos movimientos que aparentemente son cívicos, están unidos ideológicamente con lo que fue la dictadura”, expresó Patiño.
Por su parte, Guianze consideró que este hecho “no es un asunto aislado”, sino que se vincula con otros episodios que han sucedido y que pueden volver a suceder: el robo del GIAF, algunos comunicados y las declaraciones de los militares. “Como no tienen investigado lo del Comando Barneix, ni tampoco otras cosas, la amenaza a Díaz es la frutilla de la torta.
Aparentemente estos hechos no han tenido ningún eco en las autoridades. Por tanto, lo medular es preguntarse si vamos a dejar que estas personas se manejen en la impunidad. No se ha dado la importancia que esto tiene como síntoma de que hay personas que lo organizan, que pueden amenazar impunemente y hacer declaraciones públicas en términos que no son acordes con la democracia”.
“La reproducción cultural de la impunidad”
Según Núñez, la impunidad que se vive en Uruguay se produce porque “hay un sector que tiene mucho poder y que puede influir”. “Creo que la salida de la dictadura y la conquista de la democracia fue una lucha que dio nuestro pueblo, pero los mandos militares generaron un plan de reiterada ordenada y dejaron en los principales eslabones institucionales de nuestro país gente funcional a la reproducción cultural de la impunidad.
Cuando hablo de eslabones institucionales, me refiero a que dejaron gente tanto en el ámbito de la Justicia, de los espacios masivos de comunicación y en el político en general. Por tanto, hay mucha gente que jugó y juega funcionalmente para favorecer de la impunidad”.
Consideró que esa reproducción cultural de la impunidad tiene que ver con el último fallo de la Suprema Corte de la Justicia, quien dictaminó que los delitos de lesa humanidad eran prescriptibles. “No se puede explicar desde el Derecho que una resolución de la Suprema Corte desobedezca la normativa internacional que Uruguay se suscribe. Por tanto, debido a que la impunidad tiene su andamiaje en el plano jurídico, lamentablemente se protege a los violadores de los derechos humanos”.
Explicó que el “andamiaje institucional” que construyeron los militares tiene que ver con el espionaje que realizaron en democracia y es por esta razón que “han trabajado detenidamente en conocer cómo se venía moviendo la izquierda y los movimientos sociales. No es casualidad que los principales partidos de izquierda que fueron perseguidos durante la dictadura, hayan sido los principales focos de atención por la inteligencia militar durante la democracia”.
Por último, mencionó que el robo del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) y el Comando Barneix es parte de la “reproducción cultural de la impunidad”. “Obviamente detrás de esto seguramente haya sectores conservadores y muy reaccionarios que promovieron la dictadura cívico militar y que ahora, frente a pequeños avances o intentos de profundizar en materia de justicia buscan el boicot permanente para garantizar la impunidad”.
“No se ha investigado absolutamente nada”
Guianze afirmó que la amenaza al fiscal es la representación de varios hechos que han venido ocurriendo en los últimos años. “No se ha investigado absolutamente nada sobre el Comando Barneix, la investigación ha sido indiferente ante este asunto. Incluso, cuando hablé con el funcionario encargado de investigar este tema y le pregunté si no iban a relacionarlo con el archivo Castiglioni, me dijo que no sabía quién era Castiglioni y que no tenía idea.
A mí me llamó la atención que inteligencia no relacionara los asuntos entre sí, como lo que pasó en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF). Me dijo que no iban a relacionar nada. Entonces, si inteligencia no relaciona estos casos y no busca encontrar coincidencias, la investigación no tiene mucho futuro”.
Se probó que existió espionaje militar hasta el 2003
En los últimos meses, dos militares han admitido la existencia de inteligencia militar sobre los partidos políticos luego de 1985 hasta el 2003 ante la comisión investigadora que analiza este tema en Diputados. Cabe mencionar que el capitán de navío retirado Jorge Saravia reconoció haber participado en la recolección de información sobre personas, partidos políticos u organizaciones. Posteriormente, describió los hechos ocurridos como algo “normal”, lo cual, a su forma de ver, no está mal visto.
Con respecto a la posibilidad de que el espionaje militar siga ocurriendo en democracia, el diputado Gerardo Núñez afirmó que no tiene elementos para decir que esto sigue pasando, pero se permite dudar.
“Por lo que se conoce hasta el momento, evidentemente este espionaje se desarrolló de manera sostenida en el tiempo, sistematizada y planificada. No creemos que haya sido meramente un ejercicio automatizado, sino que respondió a directrices de carácter operativo de la inteligencia militar. Esta información tenía una finalidad; no se destinan tantos recursos solo para tener un archivo guardado, sin utilizar”, agregó.
Cabe mencionar que el funcionamiento de la comisión se extendió ya que estaba estipulado que terminara su trabajo en diciembre pero se votó por unanimidad que se extendiera hasta el 30 de junio del año próximo, lo que haría posible -según Núñez- investigar sobre si existe o existió, a partir del 2003, espionaje militar contra partidos políticos y organizaciones sociales.
“No sentí protección por parte del Estado”
“Hasta ahora, con respecto a la investigación del Comando Barneix, no siento que se haya actuado de forma adecuada. Incluso el servicio de inteligencia actuó laxamente. Solo una persona se encargó del caso. Por tanto, no sentí que la investigación se hiciera seriamente ni tampoco sentí protección de parte del Estado”, declaró Mirtha Guianze.
Cabe mencionar que el Comando Barneix fue un mensaje que se emitió en febrero de este año, en el que se amenazaba de muerte a 13 personalidades relacionadas con los derechos humanos, entre las que estuvieron mencionados Guianze y Díaz. Además, en el mensaje se decía que por cada nuevo procesamiento iban a haber tres personas asesinadas de la lista.
“Son investigaciones frustradas”
“Con respecto al caso del robo de Humanidades, no se sabe en qué estado se está. Los expedientes están en presumario, no se tiene información y creo que no ha pasado absolutamente más nada. Por tanto, son investigaciones frustradas”, declaró Mirtha Guianze. Cabe recordar que este caso consistió en un hurto que ocurrió en la sede del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), donde se buscaban restos de desaparecidos en dictadura.
Se estableció que él o los delincuentes conocían la clave de la alarma o que de alguna forma pudieron neutralizar los sensores de la misma. En la oportunidad, los actores del hecho dejaron un mapa de Montevideo donde se señalaba la residencia de las 9 personas que llevaban adelante la investigación
En la misma sintonía, Nilo Patiño señaló que en este caso “no se ha avanzado nada” y que no han existido noticias por parte del Ministerio del Interior. “Creemos que ni siquiera tienen pistas concretas”.
Ante esta situación, LA REPÚBLICA intentó contactarse con la jueza encargada del caso, quien es Silvia Urioste. Sin embargo, no se logró entrevistar a la magistrada y en su lugar la escribana Lema afirmó lo siguiente: “El caso está a estudio porque los que se quedaron con la parte del código viejo son todos jueces nuevos. La doctora Urioste recién asumió el 30 de octubre y todavía está tomando conocimiento de los expedientes que hay en este juzgado. Vuelvo a repetir, la causa está en estudio, por lo que no hay fecha como para dar más declaraciones. El expediente se está tramitando acá”.
Patiño: “Muchos están molestos por la reforma de la Caja Militar”
“La amenaza al fiscal Díaz no es un hecho aislado. No debemos olvidar que hay muchos que están molestos por la reforma de la Caja Militar. Además, no tengo ninguna duda de que hay un sector de los militares que tiene poder políticamente y por eso influyen en los partidos. Vuelvo a repetir, el mejor ejemplo es la Caja Militar, que ha significado la conservación del poder para un sector de los militares que ha estado agazapado”, declaró a LA REPÚBLICA Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Según sus palabras, estos grupos que amenazan a distintas autoridades tienen un propósito político determinado: intimidar políticamente. “Independientemente que sean las mismas personas, hay una relación, una identificación ideológica con el Comando Barneix. El problema es que significa el comienzo de algo: hay un sector que está molesto. Esto yo lo relaciono con la reforma Caja Militar. Ha habido declaraciones de todo tipo de amenazas desde la tribuna y fuera de ella”.
Consideró que el problema principal que existe es que el poder político, quien “mira para el costado”. “Para nosotros estamos ante un problema que ha quedado pendiente desde la dictadura y que se ha resuelto mal, porque se le teme en definitiva a los militares y no sabemos exactamente por qué. Lo real en medidas concretas es que desde el Ejecutivo se le ha permitido al propio comandante en jefe que le mienta en la cara al presidente. Cuando envió los datos de dónde estaba María Claudia, la madre de Macarena Gelman, no pasó nada. Nosotros no entendemos como se deja mentir así y manipular sin que no existan consecuencias”.
En términos generales, sostuvo que la amenaza al fiscal “es una perla más de un largo collar de impunidad”. “El caldo de cultivo de esto es que no existe la Justicia, por lo que florecen este tipo de agravios, que hoy en día ya son moneda común. Lo triste es que empieza a ser una cuestión de costumbre amenazar e intimidar”.
“Estos vientos que soplan ahora parten de una cosa que viene de muy atrás: nunca se resolvió depurar a las fuerzas represivas. La dictadura terminó pero lo que no finalizó es la formación de los militares. Se saben que los militares que están hoy no son los que estaban en plena dictadura, pero en cuanto a la formación no tenemos garantías y nadie ha demostrado lo contrario. Es más, hace pocos días hablaban del enemigo, ¿de qué enemigo hablan?”, agregó.
La amenaza al fiscal de Corte Jorge Díaz por parte de un autoproclamado Grupo de Restauración Nacional vuelve a traer al debate las siguientes preguntas: ¿Cuál es el poder real que tiene determinado sector de los militares? ¿La Justicia es eficaz ante casos similares de amenazas como son el Comando Barneix o el robo en Humanidades?
Tanto Gerardo Núñez, diputado frenteamplista, Mirtha Guianze, ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, como Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, declararon a LA REPÚBLICA que estos hechos evidencian que existe un grupo “organizado”, “conservador” y “reaccionario”, que presiona políticamente para que la impunidad siga reproduciéndose. Además, señalaron que la Justicia es “un andamiaje institucional” que ayuda en ese sentido.
“Quienes amenazaron al fiscal Díaz seguramente sean los impunes del ayer y los que hoy se sienten con total crédito para realizar este tipo de advertencias. Hace poco pasó algo similar con el llamado Comando Barneix. Habrá que ver si esto tiene algún tipo de vinculación con ese episodio, pero lo cierto es que todavía hay sectores muy conservadores y reaccionarios que lamentablemente intentan poner freno a cada avance en materia de verdad y justicia”, afirmó Núñez.
“Sin dudas que esta amenaza parte de un grupo organizado. No tenemos la menor duda de dónde proviene esto: son los coletazos o el resabio que quedó agazapado de la dictadura cívica militar. Estos movimientos que aparentemente son cívicos, están unidos ideológicamente con lo que fue la dictadura”, expresó Patiño.
Por su parte, Guianze consideró que este hecho “no es un asunto aislado”, sino que se vincula con otros episodios que han sucedido y que pueden volver a suceder: el robo del GIAF, algunos comunicados y las declaraciones de los militares. “Como no tienen investigado lo del Comando Barneix, ni tampoco otras cosas, la amenaza a Díaz es la frutilla de la torta.
Aparentemente estos hechos no han tenido ningún eco en las autoridades. Por tanto, lo medular es preguntarse si vamos a dejar que estas personas se manejen en la impunidad. No se ha dado la importancia que esto tiene como síntoma de que hay personas que lo organizan, que pueden amenazar impunemente y hacer declaraciones públicas en términos que no son acordes con la democracia”.
“La reproducción cultural de la impunidad”
Según Núñez, la impunidad que se vive en Uruguay se produce porque “hay un sector que tiene mucho poder y que puede influir”. “Creo que la salida de la dictadura y la conquista de la democracia fue una lucha que dio nuestro pueblo, pero los mandos militares generaron un plan de reiterada ordenada y dejaron en los principales eslabones institucionales de nuestro país gente funcional a la reproducción cultural de la impunidad.
Cuando hablo de eslabones institucionales, me refiero a que dejaron gente tanto en el ámbito de la Justicia, de los espacios masivos de comunicación y en el político en general. Por tanto, hay mucha gente que jugó y juega funcionalmente para favorecer de la impunidad”.
Consideró que esa reproducción cultural de la impunidad tiene que ver con el último fallo de la Suprema Corte de la Justicia, quien dictaminó que los delitos de lesa humanidad eran prescriptibles. “No se puede explicar desde el Derecho que una resolución de la Suprema Corte desobedezca la normativa internacional que Uruguay se suscribe. Por tanto, debido a que la impunidad tiene su andamiaje en el plano jurídico, lamentablemente se protege a los violadores de los derechos humanos”.
Explicó que el “andamiaje institucional” que construyeron los militares tiene que ver con el espionaje que realizaron en democracia y es por esta razón que “han trabajado detenidamente en conocer cómo se venía moviendo la izquierda y los movimientos sociales. No es casualidad que los principales partidos de izquierda que fueron perseguidos durante la dictadura, hayan sido los principales focos de atención por la inteligencia militar durante la democracia”.
Por último, mencionó que el robo del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) y el Comando Barneix es parte de la “reproducción cultural de la impunidad”. “Obviamente detrás de esto seguramente haya sectores conservadores y muy reaccionarios que promovieron la dictadura cívico militar y que ahora, frente a pequeños avances o intentos de profundizar en materia de justicia buscan el boicot permanente para garantizar la impunidad”.
“No se ha investigado absolutamente nada”
Guianze afirmó que la amenaza al fiscal es la representación de varios hechos que han venido ocurriendo en los últimos años. “No se ha investigado absolutamente nada sobre el Comando Barneix, la investigación ha sido indiferente ante este asunto. Incluso, cuando hablé con el funcionario encargado de investigar este tema y le pregunté si no iban a relacionarlo con el archivo Castiglioni, me dijo que no sabía quién era Castiglioni y que no tenía idea.
A mí me llamó la atención que inteligencia no relacionara los asuntos entre sí, como lo que pasó en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF). Me dijo que no iban a relacionar nada. Entonces, si inteligencia no relaciona estos casos y no busca encontrar coincidencias, la investigación no tiene mucho futuro”.
Se probó que existió espionaje militar hasta el 2003
En los últimos meses, dos militares han admitido la existencia de inteligencia militar sobre los partidos políticos luego de 1985 hasta el 2003 ante la comisión investigadora que analiza este tema en Diputados. Cabe mencionar que el capitán de navío retirado Jorge Saravia reconoció haber participado en la recolección de información sobre personas, partidos políticos u organizaciones. Posteriormente, describió los hechos ocurridos como algo “normal”, lo cual, a su forma de ver, no está mal visto.
Con respecto a la posibilidad de que el espionaje militar siga ocurriendo en democracia, el diputado Gerardo Núñez afirmó que no tiene elementos para decir que esto sigue pasando, pero se permite dudar.
“Por lo que se conoce hasta el momento, evidentemente este espionaje se desarrolló de manera sostenida en el tiempo, sistematizada y planificada. No creemos que haya sido meramente un ejercicio automatizado, sino que respondió a directrices de carácter operativo de la inteligencia militar. Esta información tenía una finalidad; no se destinan tantos recursos solo para tener un archivo guardado, sin utilizar”, agregó.
Cabe mencionar que el funcionamiento de la comisión se extendió ya que estaba estipulado que terminara su trabajo en diciembre pero se votó por unanimidad que se extendiera hasta el 30 de junio del año próximo, lo que haría posible -según Núñez- investigar sobre si existe o existió, a partir del 2003, espionaje militar contra partidos políticos y organizaciones sociales.
“No sentí protección por parte del Estado”
“Hasta ahora, con respecto a la investigación del Comando Barneix, no siento que se haya actuado de forma adecuada. Incluso el servicio de inteligencia actuó laxamente. Solo una persona se encargó del caso. Por tanto, no sentí que la investigación se hiciera seriamente ni tampoco sentí protección de parte del Estado”, declaró Mirtha Guianze.
Cabe mencionar que el Comando Barneix fue un mensaje que se emitió en febrero de este año, en el que se amenazaba de muerte a 13 personalidades relacionadas con los derechos humanos, entre las que estuvieron mencionados Guianze y Díaz. Además, en el mensaje se decía que por cada nuevo procesamiento iban a haber tres personas asesinadas de la lista.
“Son investigaciones frustradas”
“Con respecto al caso del robo de Humanidades, no se sabe en qué estado se está. Los expedientes están en presumario, no se tiene información y creo que no ha pasado absolutamente más nada. Por tanto, son investigaciones frustradas”, declaró Mirtha Guianze. Cabe recordar que este caso consistió en un hurto que ocurrió en la sede del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), donde se buscaban restos de desaparecidos en dictadura.
Se estableció que él o los delincuentes conocían la clave de la alarma o que de alguna forma pudieron neutralizar los sensores de la misma. En la oportunidad, los actores del hecho dejaron un mapa de Montevideo donde se señalaba la residencia de las 9 personas que llevaban adelante la investigación
En la misma sintonía, Nilo Patiño señaló que en este caso “no se ha avanzado nada” y que no han existido noticias por parte del Ministerio del Interior. “Creemos que ni siquiera tienen pistas concretas”.
Ante esta situación, LA REPÚBLICA intentó contactarse con la jueza encargada del caso, quien es Silvia Urioste. Sin embargo, no se logró entrevistar a la magistrada y en su lugar la escribana Lema afirmó lo siguiente: “El caso está a estudio porque los que se quedaron con la parte del código viejo son todos jueces nuevos. La doctora Urioste recién asumió el 30 de octubre y todavía está tomando conocimiento de los expedientes que hay en este juzgado. Vuelvo a repetir, la causa está en estudio, por lo que no hay fecha como para dar más declaraciones. El expediente se está tramitando acá”.
Patiño: “Muchos están molestos por la reforma de la Caja Militar”
“La amenaza al fiscal Díaz no es un hecho aislado. No debemos olvidar que hay muchos que están molestos por la reforma de la Caja Militar. Además, no tengo ninguna duda de que hay un sector de los militares que tiene poder políticamente y por eso influyen en los partidos. Vuelvo a repetir, el mejor ejemplo es la Caja Militar, que ha significado la conservación del poder para un sector de los militares que ha estado agazapado”, declaró a LA REPÚBLICA Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Según sus palabras, estos grupos que amenazan a distintas autoridades tienen un propósito político determinado: intimidar políticamente. “Independientemente que sean las mismas personas, hay una relación, una identificación ideológica con el Comando Barneix. El problema es que significa el comienzo de algo: hay un sector que está molesto. Esto yo lo relaciono con la reforma Caja Militar. Ha habido declaraciones de todo tipo de amenazas desde la tribuna y fuera de ella”.
Consideró que el problema principal que existe es que el poder político, quien “mira para el costado”. “Para nosotros estamos ante un problema que ha quedado pendiente desde la dictadura y que se ha resuelto mal, porque se le teme en definitiva a los militares y no sabemos exactamente por qué. Lo real en medidas concretas es que desde el Ejecutivo se le ha permitido al propio comandante en jefe que le mienta en la cara al presidente. Cuando envió los datos de dónde estaba María Claudia, la madre de Macarena Gelman, no pasó nada. Nosotros no entendemos como se deja mentir así y manipular sin que no existan consecuencias”.
En términos generales, sostuvo que la amenaza al fiscal “es una perla más de un largo collar de impunidad”. “El caldo de cultivo de esto es que no existe la Justicia, por lo que florecen este tipo de agravios, que hoy en día ya son moneda común. Lo triste es que empieza a ser una cuestión de costumbre amenazar e intimidar”.
“Estos vientos que soplan ahora parten de una cosa que viene de muy atrás: nunca se resolvió depurar a las fuerzas represivas. La dictadura terminó pero lo que no finalizó es la formación de los militares. Se saben que los militares que están hoy no son los que estaban en plena dictadura, pero en cuanto a la formación no tenemos garantías y nadie ha demostrado lo contrario. Es más, hace pocos días hablaban del enemigo, ¿de qué enemigo hablan?”, agregó.
