Por Jeferson Miola
27 noviembre, 2017
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y [inclusive] de Uruguay anuncian la firma del Tratado de Libre Comercio del Mecpsur con la Unión Europea (UE) en el marco de la undécima Reunión Ministerial de la OMC, en la semana de 10 a 14 de diciembre, en Buenos Aires.
Si fuera firmado, este Tratado será equivalente a la sentencia de muerte del Mercosur, y traerá compromisos graves para las economías de los países del bloque, porque interdita las perspectivas de desarrollo económico autónomo y soberano y elimina las políticas tecnológicas e industriales de cada país e de este importante bloque regional:
– El Mercosur deberá reducir las tarifas de importación para productos fabricados por empresas europeas, cuyo desarrollo histórico permitió la actual producción de estas empresas en condiciones tecnológicas más avanzadas y con padrones de competitividad superiores a las empresas del Mercosur, cuyos países se encuentran en estadios atrasados de desarrollo (subdesarrollados).
– El impuesto para importar bienes, productos manufacturados y servicios de la UE deberá ser equiparado a la tarifa practica intra-Mercosur (una media del 4%) , que tiene preferencias tarifarias y estímulos a los intercambios intra-bloque, concebidas para estimular el desarrollo económico, tecnológico y la generación de empleos nacionales/regionales.
– La Unión Europea no amplía o actual mercado exportador para los commodities producidos en los países del Mercosur. Para proteger (correctamente) sus productores agropecuarios, los gobiernos de varios países europeos no están inclusive exigiendo la reducción, a través de este Tratado, de las actuales cuotas de importación de proteínas importadas del Mercosur;
– Con la apertura indiscriminada, se producirá una avalancha de importación de manufacturas europeas, como efecto de la desprotección aduanera de la industria nacional/regional;
– Ocurrirá la destrucción de las empresas del bloque, dado que aún no poseen capacidad competitiva frente a las empresas europeas (y estaodounidensess, chinas, japonesas, etc).
– Con la eliminación de las barreras tarifarias y aduaneras, las megatrasnacionales europeas podrán evaluar como más conveniente la exportacición de sus matrices en Europa (donde generarán los empleos hoy generados aquí) que mantener fábricas instaladas en las últimas décadas en los países del bloque para disputar el abastecimiento del mercado regional.
La consecuencia del Tratado, además del desempleo en escala subcontinental, será la desindustrialización acentuada y la condena de los países del Mercosur a la reprimarización productiva.
El Tratado Mercosur-UE permitirá, además, que cualquier otra potencia económica mundial –EEUU, China, Japón- pueda invocar la Cláusula de Nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para recibir el mismo trato obtenido por las empresas europeas, representando un proceso de colonización económica, comercial, tecnológica y cultural, aún mayor.
Los efectos del acuerdo para el Mercosur serán mucho peores que el proyecto orginal del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), aquella ambiciosa estrategia de anexión política, cultural y económica del hemisferio americano que Estados Unidos no consiguieron imponer.
El ALCA fue sepultada en 2005, en la também argentina ciudad de Mar del Plata, en la Cumbre de las Américas. En esa ocasión, Lula, Chávez, Kirchner y o próprio Tabaré Vásquez (que esta vez parece haber adherido al TLC con la UE) tuvieron destacado papel en la vitoria del No al ALCA, consigna que sintetizaba la voz del pueblo latinoamericano contra ese proyecto lanzado en 1994 por el gobierno del demócrata Bill Clinton y perseverantemente conducido por la administración república de George W. Bush.
El Tratado Mercosur-UE es mantenido, guardado en absoluto secreto por las cancillerías, agencias y ministerios económicos de los países del bloque sudamericano. Su contenido fue elaborado secretamente y decidido dentro de la más absoluta clandestinidad.
Es un acuerdo, por eso, que carga un notable déficit democrático. Dada la repercusión futura, de enorme impacto sobre la soberanía y la capacidad de desarrollo de cada país, este acuerdo no puede ser firmado sin el amplio conocimiento y el debate previo con las sociedades civiles y los parlamentos nacionales.
(*) Integrante del Instituto de Debates, Estudios e Alternativas (Idea) de Porto Alegre (Brasil), fue coordinador-ejecutivo del 5º Fóro Social Mundial y Director de la Secretaría Administrativa del Mercosur.
La OMC y el acuerdo TISA, que también se negocia en secreto –
Si fuera firmado, este Tratado será equivalente a la sentencia de muerte del Mercosur, y traerá compromisos graves para las economías de los países del bloque, porque interdita las perspectivas de desarrollo económico autónomo y soberano y elimina las políticas tecnológicas e industriales de cada país e de este importante bloque regional:
– El Mercosur deberá reducir las tarifas de importación para productos fabricados por empresas europeas, cuyo desarrollo histórico permitió la actual producción de estas empresas en condiciones tecnológicas más avanzadas y con padrones de competitividad superiores a las empresas del Mercosur, cuyos países se encuentran en estadios atrasados de desarrollo (subdesarrollados).
– El impuesto para importar bienes, productos manufacturados y servicios de la UE deberá ser equiparado a la tarifa practica intra-Mercosur (una media del 4%) , que tiene preferencias tarifarias y estímulos a los intercambios intra-bloque, concebidas para estimular el desarrollo económico, tecnológico y la generación de empleos nacionales/regionales.
– La Unión Europea no amplía o actual mercado exportador para los commodities producidos en los países del Mercosur. Para proteger (correctamente) sus productores agropecuarios, los gobiernos de varios países europeos no están inclusive exigiendo la reducción, a través de este Tratado, de las actuales cuotas de importación de proteínas importadas del Mercosur;
– Con la apertura indiscriminada, se producirá una avalancha de importación de manufacturas europeas, como efecto de la desprotección aduanera de la industria nacional/regional;
– Ocurrirá la destrucción de las empresas del bloque, dado que aún no poseen capacidad competitiva frente a las empresas europeas (y estaodounidensess, chinas, japonesas, etc).
– Con la eliminación de las barreras tarifarias y aduaneras, las megatrasnacionales europeas podrán evaluar como más conveniente la exportacición de sus matrices en Europa (donde generarán los empleos hoy generados aquí) que mantener fábricas instaladas en las últimas décadas en los países del bloque para disputar el abastecimiento del mercado regional.
La consecuencia del Tratado, además del desempleo en escala subcontinental, será la desindustrialización acentuada y la condena de los países del Mercosur a la reprimarización productiva.
El Tratado Mercosur-UE permitirá, además, que cualquier otra potencia económica mundial –EEUU, China, Japón- pueda invocar la Cláusula de Nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para recibir el mismo trato obtenido por las empresas europeas, representando un proceso de colonización económica, comercial, tecnológica y cultural, aún mayor.
Los efectos del acuerdo para el Mercosur serán mucho peores que el proyecto orginal del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), aquella ambiciosa estrategia de anexión política, cultural y económica del hemisferio americano que Estados Unidos no consiguieron imponer.
El ALCA fue sepultada en 2005, en la também argentina ciudad de Mar del Plata, en la Cumbre de las Américas. En esa ocasión, Lula, Chávez, Kirchner y o próprio Tabaré Vásquez (que esta vez parece haber adherido al TLC con la UE) tuvieron destacado papel en la vitoria del No al ALCA, consigna que sintetizaba la voz del pueblo latinoamericano contra ese proyecto lanzado en 1994 por el gobierno del demócrata Bill Clinton y perseverantemente conducido por la administración república de George W. Bush.
El Tratado Mercosur-UE es mantenido, guardado en absoluto secreto por las cancillerías, agencias y ministerios económicos de los países del bloque sudamericano. Su contenido fue elaborado secretamente y decidido dentro de la más absoluta clandestinidad.
Es un acuerdo, por eso, que carga un notable déficit democrático. Dada la repercusión futura, de enorme impacto sobre la soberanía y la capacidad de desarrollo de cada país, este acuerdo no puede ser firmado sin el amplio conocimiento y el debate previo con las sociedades civiles y los parlamentos nacionales.
(*) Integrante del Instituto de Debates, Estudios e Alternativas (Idea) de Porto Alegre (Brasil), fue coordinador-ejecutivo del 5º Fóro Social Mundial y Director de la Secretaría Administrativa del Mercosur.
La OMC y el acuerdo TISA, que también se negocia en secreto –
Por Pedro Rivera Ramos
27 noviembre, 2017
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Desde febrero del 2012, un puñado de casi medio centenar de naciones, entre ellas, Panamá, vienen negociando en el más absoluto de los secretos el llamado Acuerdo TISA (Trade in Services Agreement), que por las peligrosas implicaciones que para sectores fundamentales de la sociedad y la educación panameñas, parecen ya advertirse, debe ser incorporado cuanto antes en la agenda de discusión de todas las organizaciones populares, sociales, culturales y universitarias.
El TISA, solo por algunos de los aspectos y exigencias que de él se han podido conocer, es ya considerado como “el acuerdo de servicios más grande y secreto de la historia”. Este acuerdo refleja de manera elocuente los verdaderos alcances e impactos que la globalización neoliberal y sus instrumentos llamados falsamente de promoción y libre comercio, tienen sobre la soberanía nacional y sobre sectores claves de la economía, agricultura, administración de justicia, educación, agua, salud, ambiente, la privacidad personal, las telecomunicaciones, bancos y servicios financieros, entre otros.
Tal como está concebido, el TISA es una seria amenaza al sistema de educación pública panameña, principalmente a sus universidades. Desde allí se aboga no solo por una profundización de los procesos de privatización, de los servicios más esenciales de las universidades públicas, sino por aumentar en el sector de la educación, las concesiones y privilegios a los inversionistas privados y extranjeros. Ya en mayo del 2013 el entonces Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ricardo Quijano, señalaba: “el futuro Acuerdo en Comercio de Servicios que estaría por negociarse, no sólo pretende mejorar en gran medida algunas de las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, sino que vislumbra adicionar nuevas y mejoradas disciplinas en materias de servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios marítimos y logísticos, de alto interés para el sector privado panameño”.
Lo expresado pone en evidencia con una claridad impecable, que lo importante aquí es el lucro y no el interés público y la protección de los derechos de los consumidores. Más adelante confirmaba que TISA va más allá del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, al asegurar que abarcaría “potencialmente más disciplinas y sectores no contemplados en algunos de nuestros acuerdos bilaterales”.
Desde que el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), pasara a convertirse en enero de 1995 en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se inaugurara todo un período de entusiasmo y promoción, por la más completa y absoluta liberalización del comercio y los servicios a escala mundial –que dura– con algunos altibajos hasta la fecha; no se han cumplido las tan cacareadas promesas que sus apologistas aseguraron.
Hoy en nuestro mundo se profundiza con mayor intensidad la brecha y las desigualdades entre las naciones industrializadas y las que no lo son; un reducido y poderoso grupo de transnacionales controlan todos los sectores decisivos de la vida humana; mientras en el interior de nuestros países, aumentan las inequidades, los niveles de pobreza, las exclusiones y la injusta distribución de la riqueza.
Por eso consideramos que no existen explicaciones razonables ni sensatas, para justificar e insistir en acuerdos o tratativas liberalizadoras sobre el comercio y los servicios, que no representan beneficios significativos a las naciones pobres y mucho menos, al mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Las normativas aprobadas en la OMC, así como todos los tratados regionales o bilaterales que se negocian y se han negociado en el mundo, solo buscan crear las condiciones más favorables para el desarrollo de negocios de las grandes empresas y del gran capital foráneo.
Las negociaciones en el TISA, que pese a su hermético secretismo, muchas de sus propuestas más confidenciales se han venido develando gracias a Wikileaks y otras fuentes, aspiran a lograr una liberalización de todos los sectores y modos de suministro de servicios y obligar a los Estados a no reglamentar nada que haya sido previamente liberalizado. Aquí no hay espacio alguno para que los países decidan libremente, qué actividades y servicios estarían dispuestos a liberalizar, así como tampoco cuáles podrían ser sujetas de reglamentación en cada nación. De concluirse este acuerdo, TISA será un golpe directo a la democracia, al desarrollo y a los derechos humanos y laborales de los países participantes.
La próxima reunión ministerial de la OMC, que en su versión XI, tendrá lugar en Argentina del 10 al 13 de diciembre próximo, piensa momentáneamente descuidar, lo que con tanto celo representaban sus principales intereses desde su fundación (aranceles, subsidios, apertura de mercados no agrícolas), para ocuparse con mayor énfasis en un nuevo campo de disputas comerciales y políticas: el comercio electrónico, que tanta ambición despierta en el llamado grupo GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple).
Precisamente lo que parece será el centro de los debates en la Argentina –el comercio electrónico– es uno de los aspectos que en el TISA, más les interesa normar a las grandes corporaciones tecnológicas mundiales, bajo el argumento perverso de que es necesario flexibilizar las leyes y reglas sobre protección de los datos personales, ya que según ellas, representan obstáculos al libre comercio.
Desde que naciera la Internet allá por los años 90 hasta el presente, el comercio digitalizado ha venido adquiriendo una expansión tan impresionante, que ya casi no existe un solo sector de la economía o de la vida de las personas, que esté fuera de su alcance, impacto e influencia. Se calcula que miles de millones de dólares, son los ingresos estimados anualmente por las grandes megaempresas, que se nutren de la economía digital y cuyo crecimiento no parece encontrar límites. Desde allí también no solo se generan colosales ganancias, sino que se concentra un excesivo poder, a través de programas de vigilancia, de ciberespionaje y de guerras en el ciberespacio.
De modo que en Buenos Aires, algunos de los miembros más poderosos de la OMC que se darán cita allí, no buscarán ni permitirán que la OMC retome la discusión de la agenda del Programa de Doha sobre el Desarrollo, pospuesta desde el 2001; ni una modificación de las injusticias en el comercio agrícola; mucho menos pretenderán orientar el debate, hacia una verdadera transformación del sistema de comercio mundial vigente.
Lo que sí interesa en esta Cumbre a esos países y a los que se han dado en llamarse como “Los Auténticos Buenos Amigos de los Servicios” (ABAS), el mismo grupo que está detrás del perverso Acuerdo TISA, es el de conservar y apuntalar aún más el enfoque meramente mercantil de las actividades humanas y forzar una discusión y aprobación de normativas sobre la economía digitalizada, que beneficien principalmente a sus corporaciones que lucran en ese sector.
El TISA es por tanto, no solo un acuerdo que se negocia en secreto de la población de los países participantes y de espaldas a los demás miembros de la OMC, sino que con una agenda diseñada por las poderosas corporaciones de los servicios y las tecnologías, para las cuales nada de lo que se negocia es confidencial, va dirigido a endurecer los términos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de 1995.
Por eso es necesario que nuestro país siga el ejemplo del Uruguay y se retire formalmente de unas negociaciones, donde solo se buscan que prevalezcan a puertas cerradas, los intereses bursátiles y mercantiles de las transnacionales. No obstante, estamos convencidos que sin el concurso y las presiones del movimiento social y popular panameños, tal como sucedió en suelo uruguayo, esta demanda no será jamás alcanzada.
(*) Investigador.
Tiempo de Crisis
27 noviembre, 2017
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Desde febrero del 2012, un puñado de casi medio centenar de naciones, entre ellas, Panamá, vienen negociando en el más absoluto de los secretos el llamado Acuerdo TISA (Trade in Services Agreement), que por las peligrosas implicaciones que para sectores fundamentales de la sociedad y la educación panameñas, parecen ya advertirse, debe ser incorporado cuanto antes en la agenda de discusión de todas las organizaciones populares, sociales, culturales y universitarias.
El TISA, solo por algunos de los aspectos y exigencias que de él se han podido conocer, es ya considerado como “el acuerdo de servicios más grande y secreto de la historia”. Este acuerdo refleja de manera elocuente los verdaderos alcances e impactos que la globalización neoliberal y sus instrumentos llamados falsamente de promoción y libre comercio, tienen sobre la soberanía nacional y sobre sectores claves de la economía, agricultura, administración de justicia, educación, agua, salud, ambiente, la privacidad personal, las telecomunicaciones, bancos y servicios financieros, entre otros.
Tal como está concebido, el TISA es una seria amenaza al sistema de educación pública panameña, principalmente a sus universidades. Desde allí se aboga no solo por una profundización de los procesos de privatización, de los servicios más esenciales de las universidades públicas, sino por aumentar en el sector de la educación, las concesiones y privilegios a los inversionistas privados y extranjeros. Ya en mayo del 2013 el entonces Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ricardo Quijano, señalaba: “el futuro Acuerdo en Comercio de Servicios que estaría por negociarse, no sólo pretende mejorar en gran medida algunas de las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, sino que vislumbra adicionar nuevas y mejoradas disciplinas en materias de servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios marítimos y logísticos, de alto interés para el sector privado panameño”.
Lo expresado pone en evidencia con una claridad impecable, que lo importante aquí es el lucro y no el interés público y la protección de los derechos de los consumidores. Más adelante confirmaba que TISA va más allá del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, al asegurar que abarcaría “potencialmente más disciplinas y sectores no contemplados en algunos de nuestros acuerdos bilaterales”.
Desde que el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), pasara a convertirse en enero de 1995 en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se inaugurara todo un período de entusiasmo y promoción, por la más completa y absoluta liberalización del comercio y los servicios a escala mundial –que dura– con algunos altibajos hasta la fecha; no se han cumplido las tan cacareadas promesas que sus apologistas aseguraron.
Hoy en nuestro mundo se profundiza con mayor intensidad la brecha y las desigualdades entre las naciones industrializadas y las que no lo son; un reducido y poderoso grupo de transnacionales controlan todos los sectores decisivos de la vida humana; mientras en el interior de nuestros países, aumentan las inequidades, los niveles de pobreza, las exclusiones y la injusta distribución de la riqueza.
Por eso consideramos que no existen explicaciones razonables ni sensatas, para justificar e insistir en acuerdos o tratativas liberalizadoras sobre el comercio y los servicios, que no representan beneficios significativos a las naciones pobres y mucho menos, al mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Las normativas aprobadas en la OMC, así como todos los tratados regionales o bilaterales que se negocian y se han negociado en el mundo, solo buscan crear las condiciones más favorables para el desarrollo de negocios de las grandes empresas y del gran capital foráneo.
Las negociaciones en el TISA, que pese a su hermético secretismo, muchas de sus propuestas más confidenciales se han venido develando gracias a Wikileaks y otras fuentes, aspiran a lograr una liberalización de todos los sectores y modos de suministro de servicios y obligar a los Estados a no reglamentar nada que haya sido previamente liberalizado. Aquí no hay espacio alguno para que los países decidan libremente, qué actividades y servicios estarían dispuestos a liberalizar, así como tampoco cuáles podrían ser sujetas de reglamentación en cada nación. De concluirse este acuerdo, TISA será un golpe directo a la democracia, al desarrollo y a los derechos humanos y laborales de los países participantes.
La próxima reunión ministerial de la OMC, que en su versión XI, tendrá lugar en Argentina del 10 al 13 de diciembre próximo, piensa momentáneamente descuidar, lo que con tanto celo representaban sus principales intereses desde su fundación (aranceles, subsidios, apertura de mercados no agrícolas), para ocuparse con mayor énfasis en un nuevo campo de disputas comerciales y políticas: el comercio electrónico, que tanta ambición despierta en el llamado grupo GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple).
Precisamente lo que parece será el centro de los debates en la Argentina –el comercio electrónico– es uno de los aspectos que en el TISA, más les interesa normar a las grandes corporaciones tecnológicas mundiales, bajo el argumento perverso de que es necesario flexibilizar las leyes y reglas sobre protección de los datos personales, ya que según ellas, representan obstáculos al libre comercio.
Desde que naciera la Internet allá por los años 90 hasta el presente, el comercio digitalizado ha venido adquiriendo una expansión tan impresionante, que ya casi no existe un solo sector de la economía o de la vida de las personas, que esté fuera de su alcance, impacto e influencia. Se calcula que miles de millones de dólares, son los ingresos estimados anualmente por las grandes megaempresas, que se nutren de la economía digital y cuyo crecimiento no parece encontrar límites. Desde allí también no solo se generan colosales ganancias, sino que se concentra un excesivo poder, a través de programas de vigilancia, de ciberespionaje y de guerras en el ciberespacio.
De modo que en Buenos Aires, algunos de los miembros más poderosos de la OMC que se darán cita allí, no buscarán ni permitirán que la OMC retome la discusión de la agenda del Programa de Doha sobre el Desarrollo, pospuesta desde el 2001; ni una modificación de las injusticias en el comercio agrícola; mucho menos pretenderán orientar el debate, hacia una verdadera transformación del sistema de comercio mundial vigente.
Lo que sí interesa en esta Cumbre a esos países y a los que se han dado en llamarse como “Los Auténticos Buenos Amigos de los Servicios” (ABAS), el mismo grupo que está detrás del perverso Acuerdo TISA, es el de conservar y apuntalar aún más el enfoque meramente mercantil de las actividades humanas y forzar una discusión y aprobación de normativas sobre la economía digitalizada, que beneficien principalmente a sus corporaciones que lucran en ese sector.
El TISA es por tanto, no solo un acuerdo que se negocia en secreto de la población de los países participantes y de espaldas a los demás miembros de la OMC, sino que con una agenda diseñada por las poderosas corporaciones de los servicios y las tecnologías, para las cuales nada de lo que se negocia es confidencial, va dirigido a endurecer los términos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de 1995.
Por eso es necesario que nuestro país siga el ejemplo del Uruguay y se retire formalmente de unas negociaciones, donde solo se buscan que prevalezcan a puertas cerradas, los intereses bursátiles y mercantiles de las transnacionales. No obstante, estamos convencidos que sin el concurso y las presiones del movimiento social y popular panameños, tal como sucedió en suelo uruguayo, esta demanda no será jamás alcanzada.
(*) Investigador.
Tiempo de Crisis
