01 de marzo de 2018
El presidente brasileño Michel Temer, investigado por un supuesto soborno pagado a su partido político. Imagen: EFE
La fiscalía pidió que Temer sea incluido en una investigación sobre pagos ilícitos de Odebrecht al PMDB que ya alcanza al ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, y al secretario general del gobierno.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Duprema) de Brasil autorizó que se prorrogue por 60 días una investigación al presidente Michel Temer por un supuesto soborno. Además, la fiscal general, Raquel Dodge, le pidió al máximo tribunal que incluya al mandatario en una indagación sobre presuntos pagos ilícitos de la constructora Odebrecht.
El magistrado Luis Barroso, del STF, dio vía libre a la prórroga de la investigación, pedida días atrás por la Policía Federal y que tenía dictamen favorable de parte de Dodge. Esa indagación busca determinar si un decreto sancionado por Temer y que alteró la ley de puertos benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que lidera el propio jefe de Estado.
La apertura de esa investigación fue autorizada por el propio Barroso en septiembre de 2017 a petición del entonces fiscal general, Rodrigo Janot, quien también denunció a Temer en dos ocasiones el año pasado por otros asuntos relacionados con corrupción. Dichos casos fueron por obstrucción a la justicia y por participar en una organización criminal que llegó a recaudar 587 millones de reales (158 millones de dólares) en sobornos para el PMDB, según dijo el letrado.
Por otra parte, Dodge solicitó al STF que Temer sea incluido en una investigación sobre pagos ilícitos de Odebrecht al PMDB que ya alcanza al ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, y al secretario general del gobierno, Wellington Moreira Franco. En este caso, se trata de esclarecer si Odebrecht realizó pagos ilícitos a cambio de que la Secretaría de Aviación Civil, que entre 2013 y 2015 estuvo a cargo de Padilha y Moreira Franco, atendiera intereses de la empresa.
Dodge fundamentó su solicitud en la confesión del ex vicepresidente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Claudio Melo Filho, quien sostuvo que Temer, que entonces era vicepresidente de Brasil, participó de una comida en la que se discutieron los montos de esos pagos. Melo Filho dijo que fue en una cena en el Palácio do Jaburu (la residencia del vice-presidente de Brasil) en mayo de 2014 en la que se habría realizado la transferencia ilícita de 10 millones de reales al PMDB. Participaron de esa cena Padilha, Marcelo Odebrecht, el entonces CEO de la empresa constructora , Claudio Melo Filho y el entonces vicepresidente, Michel Temer, según informó el diario brasileño Globo.
Janot, el ex fiscal general, se había negado a incluir a Temer en esta causa porque la Constitución prohíbe procesar a un presidente por delitos supuestamente cometidos antes de iniciar su mandato, pero Dodge opinó que aunque no puede ser juzgado, sí puede ser investigado.
Odebrecht, de origen brasileño, es la empresa constructora más grande de América Latina y ha estado encargada de muchas obras de infraestructura en distintos países. La compañía constructora participó en varios contratos de obras públicas durante diferentes gobiernos en Brasil y en la dictadura militar del país. A principios de 2016, en el marco de la Operación Lava Jato, el juez Sergio Moro emitió órdenes judiciales en contra de varios ejecutivos de Odebrecht por supuestos delitos como corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado de dinero.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Duprema) de Brasil autorizó que se prorrogue por 60 días una investigación al presidente Michel Temer por un supuesto soborno. Además, la fiscal general, Raquel Dodge, le pidió al máximo tribunal que incluya al mandatario en una indagación sobre presuntos pagos ilícitos de la constructora Odebrecht.
El magistrado Luis Barroso, del STF, dio vía libre a la prórroga de la investigación, pedida días atrás por la Policía Federal y que tenía dictamen favorable de parte de Dodge. Esa indagación busca determinar si un decreto sancionado por Temer y que alteró la ley de puertos benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que lidera el propio jefe de Estado.
La apertura de esa investigación fue autorizada por el propio Barroso en septiembre de 2017 a petición del entonces fiscal general, Rodrigo Janot, quien también denunció a Temer en dos ocasiones el año pasado por otros asuntos relacionados con corrupción. Dichos casos fueron por obstrucción a la justicia y por participar en una organización criminal que llegó a recaudar 587 millones de reales (158 millones de dólares) en sobornos para el PMDB, según dijo el letrado.
Por otra parte, Dodge solicitó al STF que Temer sea incluido en una investigación sobre pagos ilícitos de Odebrecht al PMDB que ya alcanza al ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, y al secretario general del gobierno, Wellington Moreira Franco. En este caso, se trata de esclarecer si Odebrecht realizó pagos ilícitos a cambio de que la Secretaría de Aviación Civil, que entre 2013 y 2015 estuvo a cargo de Padilha y Moreira Franco, atendiera intereses de la empresa.
Dodge fundamentó su solicitud en la confesión del ex vicepresidente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Claudio Melo Filho, quien sostuvo que Temer, que entonces era vicepresidente de Brasil, participó de una comida en la que se discutieron los montos de esos pagos. Melo Filho dijo que fue en una cena en el Palácio do Jaburu (la residencia del vice-presidente de Brasil) en mayo de 2014 en la que se habría realizado la transferencia ilícita de 10 millones de reales al PMDB. Participaron de esa cena Padilha, Marcelo Odebrecht, el entonces CEO de la empresa constructora , Claudio Melo Filho y el entonces vicepresidente, Michel Temer, según informó el diario brasileño Globo.
Janot, el ex fiscal general, se había negado a incluir a Temer en esta causa porque la Constitución prohíbe procesar a un presidente por delitos supuestamente cometidos antes de iniciar su mandato, pero Dodge opinó que aunque no puede ser juzgado, sí puede ser investigado.
Odebrecht, de origen brasileño, es la empresa constructora más grande de América Latina y ha estado encargada de muchas obras de infraestructura en distintos países. La compañía constructora participó en varios contratos de obras públicas durante diferentes gobiernos en Brasil y en la dictadura militar del país. A principios de 2016, en el marco de la Operación Lava Jato, el juez Sergio Moro emitió órdenes judiciales en contra de varios ejecutivos de Odebrecht por supuestos delitos como corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado de dinero.
A su vez, a fines de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una investigación en la que se detalla que la constructora habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios del gobierno de 12 países: durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Las derivaciones judiciales de dicha investigación pusieron en aprietos a políticos y funcionarios pasados y presentes de distintos países latinoamericanos, especialmente en Perú, donde el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron detenidos por presunta corrupción vinculada a la constructora brasilera, y otro ex presidente, Alejando Toledo, se encuentra prófugo por el mismo motivo.
