Por Rafael Cuevas Molina
11 septiembre, 2018
Los Estados Unidos acusaron de dictaduras totalitarias y gobiernos desestabilizadores de la región a Venezuela y Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la ONU. A Nicaragua, la embajadora Nikki Haley le vaticinó que va camino de convertirse en otra Venezuela y, acorde con la etapa actual de su estrategia desestabilizadora regional, que está a las puertas de un éxodo como el de Venezuela.
En este sentido, la señora Haley llega un poco tarde porque hace ya más de dos meses el gobierno costarricense viene estableciendo planes de contingencia para atender lo que en el país se cataloga de “avalancha de nicas”, la mayoría de ellos –dice- perseguidos políticos.
El estado de histeria que generó estos anuncios entre la población motivó una reacción xenofóbica en redes sociales que, al final, se expresó en una marcha xenofóbica en el centro dela capital del país, San José, en donde no solo se corearon consignas sino que además se agredió a algunos nicaragüenses.
Se trata, como en el caso de Venezuela, de una opinión pública exacerbada por una campaña internacional que magnifica los hechos y pretende generar un estado de cosas que propicie la intervención para poner las cosas en "orden".
Los nicaragüenses han migrado a Costa Rica desde hace décadas, al punto que las inciertas estadísticas registran, desde antes del mes de abril de este año, que posiblemente entre un 5% y un 10% de la población del país es de ese origen.
Después de los acontecimientos desencadenados a partir del 18 de abril en Nicaragua, los medios de comunicación empezaron a dar cuenta de las largas filas de nicaragüenses que se formaban en las oficinas de migración, y el gobierno informó que había acondicionado albergues para recibir a quienes migraban por razones políticas o por el “descalabro económico” en el que había caído el país vecino a raíz de las protestas pero, especialmente, por los bloqueos o tranques de carreteras.
Nadie parece querer escuchar, sin embargo, la voz autorizada de la directora de migración de Costa Rica, que en repetidas ocasiones ha dicho a los medios que, de todos esos que actualmente piden ser clasificados con refugiados, entre un 80% y un 90% son personas que ya se encontraban en el país, y que deseando regularizar su condición, se hacen pasar por emigrados con tintes políticos recientes.
Con Venezuela pasa otro tanto. Muchos de los nuevos emigrados hacia Colombia son colombianos que ya vivían en Venezuela, algunos desde hace muchos años, que se han naturalizado venezolanos, han tenido hijos y que ahora, ante las innegables condiciones económicas apremiantes, regresan a su país.
Ya se registran, además, repetidos casos de venezolanos que solicitan retornar a su país luego de haber caído en cuenta del engaño del que han sido objeto al ser discriminados y hasta agredidos físicamente en el extranjero.
En la agenda de agresión contra Venezuela y Nicaragua, la migración masiva que pone en riesgo la seguridad de los países vecinos, que amerita planes de contingencia internacionales que implican a la ONU y sus agencias y a la OEA, es el punto del día. Antes fueron las guarimbas o tranques, las condenas por violación de derechos humanos contra manifestantes “pacíficos” que, sin embargo, se paseaban a vista y paciencia con bombas molotov y morteros artesanales al hombro, o quemaban en la vía pública a sandinistas o a quienes parecían chavistas (por el color de su piel y su vestimenta humilde).
Aunque siempre hay títeres locales, generalmente de países vecinos, que se prestan a adicionar elementos al tinglado actual que pone el grito al cielo por las migraciones desde las “dictaduras totalitarias”, el que maneja todo tras bambalinas, como siempre, son los Estados Unidos. Así lo hizo con Guatemala en 1954, con Cuba en los años sesenta, con Honduras en 2009 y paremos de contar para no cansarnos.
Deberíamos de haber escarmentado.
Los Estados Unidos acusaron de dictaduras totalitarias y gobiernos desestabilizadores de la región a Venezuela y Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la ONU. A Nicaragua, la embajadora Nikki Haley le vaticinó que va camino de convertirse en otra Venezuela y, acorde con la etapa actual de su estrategia desestabilizadora regional, que está a las puertas de un éxodo como el de Venezuela.
En este sentido, la señora Haley llega un poco tarde porque hace ya más de dos meses el gobierno costarricense viene estableciendo planes de contingencia para atender lo que en el país se cataloga de “avalancha de nicas”, la mayoría de ellos –dice- perseguidos políticos.
El estado de histeria que generó estos anuncios entre la población motivó una reacción xenofóbica en redes sociales que, al final, se expresó en una marcha xenofóbica en el centro dela capital del país, San José, en donde no solo se corearon consignas sino que además se agredió a algunos nicaragüenses.
Se trata, como en el caso de Venezuela, de una opinión pública exacerbada por una campaña internacional que magnifica los hechos y pretende generar un estado de cosas que propicie la intervención para poner las cosas en "orden".
Los nicaragüenses han migrado a Costa Rica desde hace décadas, al punto que las inciertas estadísticas registran, desde antes del mes de abril de este año, que posiblemente entre un 5% y un 10% de la población del país es de ese origen.
Después de los acontecimientos desencadenados a partir del 18 de abril en Nicaragua, los medios de comunicación empezaron a dar cuenta de las largas filas de nicaragüenses que se formaban en las oficinas de migración, y el gobierno informó que había acondicionado albergues para recibir a quienes migraban por razones políticas o por el “descalabro económico” en el que había caído el país vecino a raíz de las protestas pero, especialmente, por los bloqueos o tranques de carreteras.
Nadie parece querer escuchar, sin embargo, la voz autorizada de la directora de migración de Costa Rica, que en repetidas ocasiones ha dicho a los medios que, de todos esos que actualmente piden ser clasificados con refugiados, entre un 80% y un 90% son personas que ya se encontraban en el país, y que deseando regularizar su condición, se hacen pasar por emigrados con tintes políticos recientes.
Con Venezuela pasa otro tanto. Muchos de los nuevos emigrados hacia Colombia son colombianos que ya vivían en Venezuela, algunos desde hace muchos años, que se han naturalizado venezolanos, han tenido hijos y que ahora, ante las innegables condiciones económicas apremiantes, regresan a su país.
Ya se registran, además, repetidos casos de venezolanos que solicitan retornar a su país luego de haber caído en cuenta del engaño del que han sido objeto al ser discriminados y hasta agredidos físicamente en el extranjero.
En la agenda de agresión contra Venezuela y Nicaragua, la migración masiva que pone en riesgo la seguridad de los países vecinos, que amerita planes de contingencia internacionales que implican a la ONU y sus agencias y a la OEA, es el punto del día. Antes fueron las guarimbas o tranques, las condenas por violación de derechos humanos contra manifestantes “pacíficos” que, sin embargo, se paseaban a vista y paciencia con bombas molotov y morteros artesanales al hombro, o quemaban en la vía pública a sandinistas o a quienes parecían chavistas (por el color de su piel y su vestimenta humilde).
Aunque siempre hay títeres locales, generalmente de países vecinos, que se prestan a adicionar elementos al tinglado actual que pone el grito al cielo por las migraciones desde las “dictaduras totalitarias”, el que maneja todo tras bambalinas, como siempre, son los Estados Unidos. Así lo hizo con Guatemala en 1954, con Cuba en los años sesenta, con Honduras en 2009 y paremos de contar para no cansarnos.
Deberíamos de haber escarmentado.
