Uruguay: advierten por los efectos de la "terapia de choque neoliberal" que aplica Lacalle Pou
18 Julio 2020
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, avanza con profundas reformas.
"En Uruguay, el gobierno de centroderecha desmantela el sistema que hizo que su respuesta a la pandemia fuera tan exitosa", afirma el portal International Politics and Society.
Un artículo publicado en International Politics and Society afirma que el presidente Luis Lacalle Pou “está avanzando con una agenda integral de reformas”. El articulo firmado por Sebastian Sperling asegura que “en medio de la crisis del Covid-19, las reformas del gobierno ahora amenazan con debilitar algunas de las cosas que distinguen al país en la región, y que en parte explican su éxito actual en el control de la pandemia”.
A continuación la nota completa:
La terapia de choque neoliberal de Uruguay
“Oasis’, “fenómeno”, “modelo”. El gobierno uruguayo está recibiendo mucho reconocimiento internacional y mucha aprobación puertas adentro por su exitosa tarea de controlar la pandemia de Covid-19 hasta el momento y con toda la razón: Uruguay reaccionó rápida y decisivamente, además de con buen juicio, sin implementar un aislamiento severo y confiando en la responsabilidad individual y el asesoramiento científico. El número de casos activos se ha mantenido constantemente bajo, mientras que las capacidades de testeo desarrolladas localmente son altas. Uruguay es, una vez más, una excepción positiva a la regla en América del Sur.
Sin embargo, el mundo le ha prestado menos atención al hecho de que el gobierno de centroderecha, que asumió el cargo poco antes de la emergencia de salud pública, al mismo tiempo está avanzando con una agenda integral de reformas. En una operación constitucionalmente controvertida, impulsó un enorme paquete de leyes a través de ambas cámaras del Parlamento haciendo uso de un procedimiento acelerado. Sin embargo, no proporciona ninguna respuesta, ni siquiera hace alusión a las dimensiones históricas de la recesión que generó la pandemia. Muchas medidas se oponen a lo que cabría esperar en respuesta a una crisis tan esencial. El único hilo conductor del paquete de reformas es la austeridad, la desregulación y la represión.
En lugar de implementar sólidos paquetes de estímulo económico, el gobierno se está apretando el cinturón. Ya había recortado los presupuestos anuales actuales de todos los ministerios un 15% en marzo, por decreto presidencial. En lugar de impulsar programas de inversión pública, ahora está presionando un límite de gasto por ley a través del parlamento además del freno a la deuda ya existente. Para estar seguro, con el apoyo de todos los partidos, estableció rápidamente un fondo para el coronavirus junto con beneficios temporales por desempleo y un esquema de préstamos favorable para las empresas. Sin embargo, en lugar de estimular la demanda interna, continúa sofocándola: en medio de la pandemia, impuso un aumento de alrededor del 10% a las tarifas de los servicios de electricidad, agua y teléfono y redujo el reembolso del IVA del 4% para los pagos con tarjeta, lo que afecta especialmente a las personas de bajos ingresos.
Neoliberalismo con represión
Al mismo tiempo en que los consejos salariales tripartitos llevan a cabo las negociaciones salariales, el gobierno está impulsando un acuerdo que se ubica muy por debajo de la inflación; en otras palabras, una reducción en los salarios reales. El gobierno rechaza un esquema temporal de ingresos básicos para la cuarta parte de los hogares que todavía dependen de ingresos precarios e informales, como lo exigen la oposición y los sindicatos. En cambio, pone en práctica en medidas de caridad como lo es la distribución de bolsas de alimentos. En el Ministerio de Desarrollo Social, la "reestructuración para mejorar la eficiencia" está obstaculizando el funcionamiento de los programas existentes en medio de la crisis, junto con los recortes presupuestarios. A finales de año, el gobierno debe presentar su primer presupuesto, luego veremos hasta dónde está preparado para seguir con la austeridad.
Su segundo objetivo es desmantelar las regulaciones que los gobiernos anteriores habían utilizado para proteger los intereses públicos contra los intereses del capital. La ley de inclusión financiera, que, entre otras cosas, obliga a los empleadores a pagar los salarios solo por transferencia bancaria y, por lo tanto, hace que la evasión fiscal sea más difícil, se está liquidando. El gobierno está restringiendo el derecho de huelga de los sindicatos, que está consagrado en la constitución. Y aunque finalmente está estableciendo un ministerio de medio ambiente en Uruguay, quiere abrir una gran parte de las áreas naturales protegidas del país para uso comercial. Además, con una nueva ley de medios, quiere restaurar algunos de los privilegios de las grandes corporaciones de medios, restringir los derechos públicos y eliminar los límites legales a la concentración de los medios.
En medio de la crisis del Covid-19, las reformas del gobierno ahora amenazan con debilitar algunas de las cosas que distinguen al país en la región, y que en parte explican su éxito actual en el control de la pandemia.
En tercer lugar, está acoplando esta agenda neoliberal con la represión. Entre otras cosas, el gobierno está endureciendo las leyes sobre delincuencia y extendiendo tanto los poderes de la policía como la impunidad para la autodefensa armada. El entusiasmo del gobierno, que no ha sido frenado ni siquiera por una pandemia, puede explicarse en parte por las lecciones aprendidas del fracaso de Mauricio Macri en Argentina: en lugar de un enfoque poco sistemático, prefiere la terapia de choque justo al comienzo de su mandato, desafiando la resistencia de los sindicatos y los movimientos sociales.
Además, no está claro cuánto tiempo más la coalición de cinco partidos puede continuar garantizando mayorías en el Parlamento. Se mantuvo unido sobre todo por un interés táctico compartido en sacar a la alianza de centro izquierda Frente Amplio de su cargo después de 15 años, así como por los esfuerzos integradores del presidente Luis Lacalle Pou. A diferencia de su predecesor, ha demostrado ser un administrador de crisis omnipresente, dinámico, accesible y empático. Reaccionó con "dolor y responsabilidad" ante la muerte de una persona sin hogar por el frío. Representa en persona la promesa electoral de la coalición de "estar listo" y, por lo tanto, oculta el caos que a veces reina en las filas detrás de él.
La derecha ganó hegemonía cultural
Incluso ocho meses después de la victoria electoral, numerosos puestos gubernamentales siguen vacantes. Además, existen grandes diferencias sobre el contenido dentro de la coalición y los intereses y estrategias a mediano plazo de las partes son muy divergentes. En particular, el movimiento populista de derecha militarista Cabildo Abierto está jugando su propio juego contra el establishment político. El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, líder del segundo partido de coalición más grande, el "Partido Colorado", renunció exasperado después de solo tres meses. En las negociaciones parlamentarias, la oposición pudo utilizar las grietas de la coalición para, al menos, negociar la eliminación de la privatización parcial de las empresas estatales del actual paquete de reformas.
En medio de la crisis del Covid-19, las reformas del gobierno ahora amenazan con debilitar algunas de las cosas que distinguen al país en la región, y que en parte explican su éxito actual en el control de la pandemia. Ningún país de la región es menos desigual, ningún país ha reducido tanto el sector informal y tiene un sistema de salud pública tan sólido. El estado de bienestar es sólido, los salarios reales son altos y la protección del empleo es buena gracias a los sindicatos fuertes y a los consejos salariales en funcionamiento. La infraestructura digital está bien desarrollada y la confianza en las instituciones, aunque está disminuyendo, es mayor que en los países vecinos. La deuda pública es relativamente alta, pero también lo son la calificación crediticia del país y las reservas estatales. En un informe reciente con el que busca atraer inversores internacionales, el propio gobierno destaca esto como una ventaja.
En casa, por otro lado, se cultiva la narrativa del "legado catastrófico" que supuestamente heredó. Y aquí yace parte de la explicación de cómo pudo ganar una elección en primer lugar y mantener un amplio apoyo: ha recuperado la hegemonía cultural. Desacreditó al gobierno anterior con referencias a menudo justificadas a quejas continuas, algunas de las cuales provenían de la izquierda, solo para ahora atacar con medidas de la derecha.
Sobre todo, el gobierno ha establecido con éxito la idea de que los intereses del capital y de la élite empresarial cuadran con el bien común. Así es también como se debe compartir la carga de la crisis: mientras que el gobierno redujo los ingresos más altos del sector público durante meses hasta en un 20% para financiar el fondo de la corona, y mientras que las medidas descritas anteriormente afectaron los ingresos más bajos, descarta categóricamente impuestos más altos para los que más ganan y las grandes empresas; después de todo, serán responsables de la recuperación esperada.
Contrariamente a toda la sabiduría neoliberal, el país había salido de la profunda crisis financiera y económica a principios del milenio a través de una política de inversión activa junto con políticas sociales y salariales progresivas y una expansión de los derechos civiles. El resultado fue la clasificación más alta de la región en muchos indicadores sociales, democráticos y económicos, junto con el período de crecimiento ininterrumpido más largo de su historia, que ahora está llegando a su fin en la recesión del Covid-19. Puede ser que se cumplan las esperanzas del gobierno de una recuperación económica en "forma de V", si la demanda internacional, de la que depende en gran medida, acompaña. Pero en el camino hacia la reducción de la desigualdad, que, a pesar de 15 años de gobierno progresista, todavía tiene un largo camino por recorrer, Uruguay ahora está realizando un cambio radical.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, avanza con profundas reformas.
"En Uruguay, el gobierno de centroderecha desmantela el sistema que hizo que su respuesta a la pandemia fuera tan exitosa", afirma el portal International Politics and Society.
Un artículo publicado en International Politics and Society afirma que el presidente Luis Lacalle Pou “está avanzando con una agenda integral de reformas”. El articulo firmado por Sebastian Sperling asegura que “en medio de la crisis del Covid-19, las reformas del gobierno ahora amenazan con debilitar algunas de las cosas que distinguen al país en la región, y que en parte explican su éxito actual en el control de la pandemia”.
A continuación la nota completa:
La terapia de choque neoliberal de Uruguay
“Oasis’, “fenómeno”, “modelo”. El gobierno uruguayo está recibiendo mucho reconocimiento internacional y mucha aprobación puertas adentro por su exitosa tarea de controlar la pandemia de Covid-19 hasta el momento y con toda la razón: Uruguay reaccionó rápida y decisivamente, además de con buen juicio, sin implementar un aislamiento severo y confiando en la responsabilidad individual y el asesoramiento científico. El número de casos activos se ha mantenido constantemente bajo, mientras que las capacidades de testeo desarrolladas localmente son altas. Uruguay es, una vez más, una excepción positiva a la regla en América del Sur.
Sin embargo, el mundo le ha prestado menos atención al hecho de que el gobierno de centroderecha, que asumió el cargo poco antes de la emergencia de salud pública, al mismo tiempo está avanzando con una agenda integral de reformas. En una operación constitucionalmente controvertida, impulsó un enorme paquete de leyes a través de ambas cámaras del Parlamento haciendo uso de un procedimiento acelerado. Sin embargo, no proporciona ninguna respuesta, ni siquiera hace alusión a las dimensiones históricas de la recesión que generó la pandemia. Muchas medidas se oponen a lo que cabría esperar en respuesta a una crisis tan esencial. El único hilo conductor del paquete de reformas es la austeridad, la desregulación y la represión.
En lugar de implementar sólidos paquetes de estímulo económico, el gobierno se está apretando el cinturón. Ya había recortado los presupuestos anuales actuales de todos los ministerios un 15% en marzo, por decreto presidencial. En lugar de impulsar programas de inversión pública, ahora está presionando un límite de gasto por ley a través del parlamento además del freno a la deuda ya existente. Para estar seguro, con el apoyo de todos los partidos, estableció rápidamente un fondo para el coronavirus junto con beneficios temporales por desempleo y un esquema de préstamos favorable para las empresas. Sin embargo, en lugar de estimular la demanda interna, continúa sofocándola: en medio de la pandemia, impuso un aumento de alrededor del 10% a las tarifas de los servicios de electricidad, agua y teléfono y redujo el reembolso del IVA del 4% para los pagos con tarjeta, lo que afecta especialmente a las personas de bajos ingresos.
Neoliberalismo con represión
Al mismo tiempo en que los consejos salariales tripartitos llevan a cabo las negociaciones salariales, el gobierno está impulsando un acuerdo que se ubica muy por debajo de la inflación; en otras palabras, una reducción en los salarios reales. El gobierno rechaza un esquema temporal de ingresos básicos para la cuarta parte de los hogares que todavía dependen de ingresos precarios e informales, como lo exigen la oposición y los sindicatos. En cambio, pone en práctica en medidas de caridad como lo es la distribución de bolsas de alimentos. En el Ministerio de Desarrollo Social, la "reestructuración para mejorar la eficiencia" está obstaculizando el funcionamiento de los programas existentes en medio de la crisis, junto con los recortes presupuestarios. A finales de año, el gobierno debe presentar su primer presupuesto, luego veremos hasta dónde está preparado para seguir con la austeridad.
Su segundo objetivo es desmantelar las regulaciones que los gobiernos anteriores habían utilizado para proteger los intereses públicos contra los intereses del capital. La ley de inclusión financiera, que, entre otras cosas, obliga a los empleadores a pagar los salarios solo por transferencia bancaria y, por lo tanto, hace que la evasión fiscal sea más difícil, se está liquidando. El gobierno está restringiendo el derecho de huelga de los sindicatos, que está consagrado en la constitución. Y aunque finalmente está estableciendo un ministerio de medio ambiente en Uruguay, quiere abrir una gran parte de las áreas naturales protegidas del país para uso comercial. Además, con una nueva ley de medios, quiere restaurar algunos de los privilegios de las grandes corporaciones de medios, restringir los derechos públicos y eliminar los límites legales a la concentración de los medios.
En medio de la crisis del Covid-19, las reformas del gobierno ahora amenazan con debilitar algunas de las cosas que distinguen al país en la región, y que en parte explican su éxito actual en el control de la pandemia.
En tercer lugar, está acoplando esta agenda neoliberal con la represión. Entre otras cosas, el gobierno está endureciendo las leyes sobre delincuencia y extendiendo tanto los poderes de la policía como la impunidad para la autodefensa armada. El entusiasmo del gobierno, que no ha sido frenado ni siquiera por una pandemia, puede explicarse en parte por las lecciones aprendidas del fracaso de Mauricio Macri en Argentina: en lugar de un enfoque poco sistemático, prefiere la terapia de choque justo al comienzo de su mandato, desafiando la resistencia de los sindicatos y los movimientos sociales.
Además, no está claro cuánto tiempo más la coalición de cinco partidos puede continuar garantizando mayorías en el Parlamento. Se mantuvo unido sobre todo por un interés táctico compartido en sacar a la alianza de centro izquierda Frente Amplio de su cargo después de 15 años, así como por los esfuerzos integradores del presidente Luis Lacalle Pou. A diferencia de su predecesor, ha demostrado ser un administrador de crisis omnipresente, dinámico, accesible y empático. Reaccionó con "dolor y responsabilidad" ante la muerte de una persona sin hogar por el frío. Representa en persona la promesa electoral de la coalición de "estar listo" y, por lo tanto, oculta el caos que a veces reina en las filas detrás de él.
La derecha ganó hegemonía cultural
Incluso ocho meses después de la victoria electoral, numerosos puestos gubernamentales siguen vacantes. Además, existen grandes diferencias sobre el contenido dentro de la coalición y los intereses y estrategias a mediano plazo de las partes son muy divergentes. En particular, el movimiento populista de derecha militarista Cabildo Abierto está jugando su propio juego contra el establishment político. El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, líder del segundo partido de coalición más grande, el "Partido Colorado", renunció exasperado después de solo tres meses. En las negociaciones parlamentarias, la oposición pudo utilizar las grietas de la coalición para, al menos, negociar la eliminación de la privatización parcial de las empresas estatales del actual paquete de reformas.
En medio de la crisis del Covid-19, las reformas del gobierno ahora amenazan con debilitar algunas de las cosas que distinguen al país en la región, y que en parte explican su éxito actual en el control de la pandemia. Ningún país de la región es menos desigual, ningún país ha reducido tanto el sector informal y tiene un sistema de salud pública tan sólido. El estado de bienestar es sólido, los salarios reales son altos y la protección del empleo es buena gracias a los sindicatos fuertes y a los consejos salariales en funcionamiento. La infraestructura digital está bien desarrollada y la confianza en las instituciones, aunque está disminuyendo, es mayor que en los países vecinos. La deuda pública es relativamente alta, pero también lo son la calificación crediticia del país y las reservas estatales. En un informe reciente con el que busca atraer inversores internacionales, el propio gobierno destaca esto como una ventaja.
En casa, por otro lado, se cultiva la narrativa del "legado catastrófico" que supuestamente heredó. Y aquí yace parte de la explicación de cómo pudo ganar una elección en primer lugar y mantener un amplio apoyo: ha recuperado la hegemonía cultural. Desacreditó al gobierno anterior con referencias a menudo justificadas a quejas continuas, algunas de las cuales provenían de la izquierda, solo para ahora atacar con medidas de la derecha.
Sobre todo, el gobierno ha establecido con éxito la idea de que los intereses del capital y de la élite empresarial cuadran con el bien común. Así es también como se debe compartir la carga de la crisis: mientras que el gobierno redujo los ingresos más altos del sector público durante meses hasta en un 20% para financiar el fondo de la corona, y mientras que las medidas descritas anteriormente afectaron los ingresos más bajos, descarta categóricamente impuestos más altos para los que más ganan y las grandes empresas; después de todo, serán responsables de la recuperación esperada.
Contrariamente a toda la sabiduría neoliberal, el país había salido de la profunda crisis financiera y económica a principios del milenio a través de una política de inversión activa junto con políticas sociales y salariales progresivas y una expansión de los derechos civiles. El resultado fue la clasificación más alta de la región en muchos indicadores sociales, democráticos y económicos, junto con el período de crecimiento ininterrumpido más largo de su historia, que ahora está llegando a su fin en la recesión del Covid-19. Puede ser que se cumplan las esperanzas del gobierno de una recuperación económica en "forma de V", si la demanda internacional, de la que depende en gran medida, acompaña. Pero en el camino hacia la reducción de la desigualdad, que, a pesar de 15 años de gobierno progresista, todavía tiene un largo camino por recorrer, Uruguay ahora está realizando un cambio radical.
