El fiscal general de Brasil acusó a la operación Lava Jato de espionaje ilegal. Grave denuncia contra la investigación dirigida por el exjuez Sergio Moro
30 de julio de 2020
Augusto Aras, procurador general nombrado por Bolsonaro. Imagen: AFP
El procurador general de Brasil, Augusto Aras, denunció a los fiscales de la operación Lava Jato por haber montado una red ilegal para investigar a 38 mil personas. Moro defendió la "transparencia" de la operación que dirigió como juez. En tanto el diputado del PT, Paulo Pimenta, pidió la creación de una comisión investigadora.
30 de julio de 2020
Augusto Aras, procurador general nombrado por Bolsonaro. Imagen: AFP
El procurador general de Brasil, Augusto Aras, denunció a los fiscales de la operación Lava Jato por haber montado una red ilegal para investigar a 38 mil personas. Moro defendió la "transparencia" de la operación que dirigió como juez. En tanto el diputado del PT, Paulo Pimenta, pidió la creación de una comisión investigadora.
Aras, que aseguró que la unidad de investigación cuenta con una "caja de secretos", es considerado un fiscal alineado al presidente Jair Bolsonaro, que llegó al poder con la lucha contra la corrupción como una de sus principales banderas. Las palabras del jefe de los fiscales confirman las sospechas de irregularidades cometidas por el equipo de investigadores que puso de rodillas a multinacionales brasileñas como Odebrecht y llevó a la cárcel a influyentes empresarios y políticos, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sergio Moro, un ex aliado de Bolsonaro que renunció al ministerio de Justicia en medio de graves acusaciones contra el presidente, defendió este miércoles la "transparencia" del Lava Jato, investigación que dirigió como juez. En tanto el diputado del PT, Paulo Pimenta, anunció que solicitará la instalación inmediata de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar los "graves hechos" revelados por Aras.
"No se puede imaginar que una unidad institucional tenga una caja de secretos, una institución de la república no se puede servir de la extorsión, de espiar, no puede valerse de ningún propósito no republicano", dijo Aras en una videoconferencia con abogados organizada por el sitio web Prerrogativas. El jurista repudió así el accionar de los fiscales que, desde Curitiba y al mando de Deltan Dallagnol, llevaron adelante desde marzo de 2014 la Operación Lava Jato, que entregó documentación secreta de forma ilegal, por ejemplo, al FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El mes pasado, Aras había ordenado que los responsables de la investigación, integrada por agentes del Ministerio Público y la Policía Federal, compartieran su base de datos con la Fiscalía, lo que no fue bien recibido por los responsables de la operación, que todavía investiga a decenas de políticos locales.
"Estamos hablando de la transparencia que intentamos promover", explicó el fiscal general, quien preciso que "todo el Ministerio Público Federal, en un sistema único", tiene archivos sobre casos de corrupción que ocupan "40 terabytes, mientras que la Lava Jato tiene 350 terabytes".
Según Aras, llegó la hora de "corregir los rumbos del lavajatismo", movimiento al que calificó de "punitivista", a la vez que defendió continuar la lucha contra la corrupción mediante otros métodos. "El lavajatismo pasará", aseguró el jefe de los fiscales.
La postura de Aras fue respaldada por el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, quien reforzó el pedido de la Fiscalía y lo justificó también en la necesidad de lograr una mayor transparencia en las investigaciones. El fiscal general fue nombrado por el presidente Jair Bolsonaro para ocupar el cargo, una decisión contraria a los deseos del exjuez Sergio Moro, quien fue ministro de Justicia hasta abril de este año.
La oposición y buena parte del mundo jurídico acusan de "lawfare" a los jueces Deltan Dallagnol y Sergio Moro, que, según filtraciones de conversaciones hechas por el portal The Intercept, dirigían las investigaciones hacia ciertos políticos, como el expresidente Lula da Silva, mientras protegían a otros como el expresidente Fernando Henrique Cardoso. En el caso de Lula, las revelaciones sobre maniobras fraudulentas de Moro y Dallagnol llegaron al Supremo Tribunal Federal, que desde hace un año tiene un pedido de nulidad del caso por animosidad del magistrado de primera instancia.
El diputado federal del PT, Paulo Pimenta, utilizó sus redes sociales para denunciar que la creación de una base de datos con información sobre 38 mil personas "a través de un sistema paralelo revela un Estado Policial dentro del país". Según Pimenta, la Cámara debería instalar inmediatamente una comisión investigadora del Lava Jato. El parlamentario también solicitó que se llame al Supremo Tribunal Federal junto con el Ministerio Público Federal para identificar y sancionar a los responsables.
Como era de esperarse, el primero en salir a responder a la fuerte denuncia institucional de Aras fue el exministro Moro. "Desconozco secretos ilícitos en el ámbito de la Lava Jato. Al contrario, la operación siempre fue transparente y sus decisiones fueron confirmadas por tribunales de segunda instancia y cortes superiores", indicó el exjuez en su cuenta de Twitter.
"No entiendo esa lógica de revisionismo, como si la Lava Jato no representase algo extremadamente positivo, como fue la gran victoria contra la impunidad de la gran corrupción", agregó más tarde.
Tras ganar las elecciones de 2018, Bolsonaro había nombrado como ministro de Justicia a Moro, quien renunció en abril denunciando que el mandatario intentaba ejercer presiones ilegales sobre la Policía Federal, hecho que permanece bajo investigación en la Fiscalía General.
Sergio Moro, un ex aliado de Bolsonaro que renunció al ministerio de Justicia en medio de graves acusaciones contra el presidente, defendió este miércoles la "transparencia" del Lava Jato, investigación que dirigió como juez. En tanto el diputado del PT, Paulo Pimenta, anunció que solicitará la instalación inmediata de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar los "graves hechos" revelados por Aras.
"No se puede imaginar que una unidad institucional tenga una caja de secretos, una institución de la república no se puede servir de la extorsión, de espiar, no puede valerse de ningún propósito no republicano", dijo Aras en una videoconferencia con abogados organizada por el sitio web Prerrogativas. El jurista repudió así el accionar de los fiscales que, desde Curitiba y al mando de Deltan Dallagnol, llevaron adelante desde marzo de 2014 la Operación Lava Jato, que entregó documentación secreta de forma ilegal, por ejemplo, al FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El mes pasado, Aras había ordenado que los responsables de la investigación, integrada por agentes del Ministerio Público y la Policía Federal, compartieran su base de datos con la Fiscalía, lo que no fue bien recibido por los responsables de la operación, que todavía investiga a decenas de políticos locales.
"Estamos hablando de la transparencia que intentamos promover", explicó el fiscal general, quien preciso que "todo el Ministerio Público Federal, en un sistema único", tiene archivos sobre casos de corrupción que ocupan "40 terabytes, mientras que la Lava Jato tiene 350 terabytes".
Según Aras, llegó la hora de "corregir los rumbos del lavajatismo", movimiento al que calificó de "punitivista", a la vez que defendió continuar la lucha contra la corrupción mediante otros métodos. "El lavajatismo pasará", aseguró el jefe de los fiscales.
La postura de Aras fue respaldada por el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, quien reforzó el pedido de la Fiscalía y lo justificó también en la necesidad de lograr una mayor transparencia en las investigaciones. El fiscal general fue nombrado por el presidente Jair Bolsonaro para ocupar el cargo, una decisión contraria a los deseos del exjuez Sergio Moro, quien fue ministro de Justicia hasta abril de este año.
La oposición y buena parte del mundo jurídico acusan de "lawfare" a los jueces Deltan Dallagnol y Sergio Moro, que, según filtraciones de conversaciones hechas por el portal The Intercept, dirigían las investigaciones hacia ciertos políticos, como el expresidente Lula da Silva, mientras protegían a otros como el expresidente Fernando Henrique Cardoso. En el caso de Lula, las revelaciones sobre maniobras fraudulentas de Moro y Dallagnol llegaron al Supremo Tribunal Federal, que desde hace un año tiene un pedido de nulidad del caso por animosidad del magistrado de primera instancia.
El diputado federal del PT, Paulo Pimenta, utilizó sus redes sociales para denunciar que la creación de una base de datos con información sobre 38 mil personas "a través de un sistema paralelo revela un Estado Policial dentro del país". Según Pimenta, la Cámara debería instalar inmediatamente una comisión investigadora del Lava Jato. El parlamentario también solicitó que se llame al Supremo Tribunal Federal junto con el Ministerio Público Federal para identificar y sancionar a los responsables.
Como era de esperarse, el primero en salir a responder a la fuerte denuncia institucional de Aras fue el exministro Moro. "Desconozco secretos ilícitos en el ámbito de la Lava Jato. Al contrario, la operación siempre fue transparente y sus decisiones fueron confirmadas por tribunales de segunda instancia y cortes superiores", indicó el exjuez en su cuenta de Twitter.
"No entiendo esa lógica de revisionismo, como si la Lava Jato no representase algo extremadamente positivo, como fue la gran victoria contra la impunidad de la gran corrupción", agregó más tarde.
Tras ganar las elecciones de 2018, Bolsonaro había nombrado como ministro de Justicia a Moro, quien renunció en abril denunciando que el mandatario intentaba ejercer presiones ilegales sobre la Policía Federal, hecho que permanece bajo investigación en la Fiscalía General.
