Chile: el pueblo como poder fáctico en el país más neoliberal del mundo
NODAL, 19 julio, 2020
Por Luciano Santander y Pedro Santander
NODAL, 19 julio, 2020
Más de una vez insistió ese gran líder de la izquierda española, Julio Anguita, en la necesidad y urgencia de que el pueblo se convierta en un “poder fáctico” y actúe como tal. Algo de eso está ocurriendo en Chile desde el estallido social de octubre de 2019.
Nueve meses después de ese levantamiento popular, en el país más neoliberal del mundo se encuentran bajo ataque dos pilares fundamentales que sostienen el modelo: la Constitución pinochetista y el sistema de AFP (Administradoras de Fondos de Pensión). Si alguien hubiera sostenido apenas en septiembre de 2019 que eso iba a ocurrir pronto la mayoría lo hubiéramos tenido por loco, loco lindo, pero loco al fin y al cabo.
Pero ha ocurrido, y el 25 de octubre de este año se plebiscitará la continuidad de la Constitución de Pinochet, promulgada en 1981, y este miércoles 22 de julio se votará en el Senado si los chilenos y chilenas podemos retirar el 10% de nuestros fondos de las AFP para enfrentar la dura crisis económica por la que atraviesa el país.
Ambos acontecimientos suceden durante el gobierno más neoliberal que ha tenido Chile desde la dictadura, encabezado por el multimillonario Sebastián Piñera, y aun a pesar de todos los inmensos e ingentes esfuerzos hechos por él y su gobierno por impedirlo. De nada han servido la bestial represión desatada desde octubre contra el pueblo movilizado, ni las gestiones, ofertones y lobbies para frenar lo que se viene. La presión popular se ha mostrado – hasta ahora- más fuerte; el pueblo está operando como poder fáctico.
Sólo así se entiende que el martes 14 de julio, un día antes que la Cámara de Diputados y Diputadas votara la posibilidad del retiro de fondos, se escuchara el caceroleo más intenso del que se tenga memoria desde los ‘ 80; y luego del caceroleo vinieron las barricadas, las protestas callejeras, las marchas nocturnas y los enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares. Recordemos que Chile se encuentra completamente militarizado desde marzo; bajo Estado de Emergencia Constitucional, toque de queda diario; generales de zona reemplazando a la autoridad civil en la administración de las principales ciudades, etc. Nada fue suficiente para frenar el reclamo popular por nuestro 10%.
Y se logró. La Cámara de Diputados aprobó con todos los votos de la oposición, más 13 del oficialismo el proyecto que se verá el miércoles 22 en el Senado y cuya aprobación se ve como muy probable. Esto significaría que de los US $ 200 mil millones que las AFP tienen acumulados (equivalente al 80% del PIB), entre US $15 a 18 mil millones podrían ser retirados por los afiliados en los próximos meses.
Se trata de un panorama imprevisto, sorprendente incluso para quienes llevan años luchando contra la desigualdad social en uno de los países más desiguales del mundo, donde hoy la derecha, a pesar de ser Gobierno, enfrenta su peor momento. No ha logrado ordenar sus filas y algunos de sus parlamentarios han apoyado esta iniciativa, han sido pocos, pero los necesarios para que este proyecto que requiere un quórum calificado del 60% de los votos siga su curso legislativo.
El efecto en cadena no se ha hecho esperar. La derecha chilena muestra por primera vez en décadas una división interna de importancia; varios diputados ya renunciaron a sus partidos, otros están en “reflexión”. Por otro lado, por primera vez en años se ve a la oposición – desde el Partido Comunista y el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana – actuando juntos, moviendo un eje históricamente conservador cada vez más hacia la izquierda. Estamos asistiendo a la mayor alteración del sistema de partidos de las últimas décadas. Ya en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2017 el sorprendente surgimiento del Frente Amplio significó una alteración en el panorama político. De pronto la elite se vio obligada a compartir parte del poder institucional con un externo al establishment que encontró un mecanismo institucional para disputar hegemonía.
Las fórmulas que en este panorama van adaptando los partidos políticos y sus parlamentarios no siempre son ideológicas o doctrinarias, sino que muchas veces meramente tácticas. La actual insubordinación de parlamentarios de derecha frente al Gobierno se puede interpretar como un distanciamiento de Piñera, quien se está posicionando como el peor presidente en la historia de nuestro país. Las bajas cifras de apoyo, las críticas de organizaciones internacionales frente al manejo de la pandemia, y las constantes protestas y presiones populares ante cualquier medida para enfrentar la crisis, han hecho repensar el incondicional apoyo al gobierno por parte de sus representantes en el Congreso.
Pero sin duda que ha sido la radicalización del pueblo organizado y movilizado lo que ha desencadenado este novedoso fenómeno. Hoy vemos cómo partidos que históricamente guardaron silencio o fueron partícipes del perfeccionamiento del modelo neoliberal en Chile – como el Partido Socialista y la Democracia Cristiana- están en las mismas filas que los partidos antineoliberales. Por la fuerza de lo hechos los partidos de la ex Concertación se ven hoy obligados a radicalizar sus posturas y enfrentarse a aquellas instituciones como las AFP o la Constitución que ellos mismos protegieron por 30 años, si quieren seguir existiendo.
Así las cosas, por primera vez desde el Golpe de Estado de 1973 se vislumbra una posibilidad cierta de alternancia política que desplace a los representantes neoliberalismo y defensores de la herencia pinochetista, gracias a la fuerza de una movilización social antineoliberal, al fin del consenso con el libre mercado y, sobre todo, por el incuestionable empoderamiento de las clases populares, atentas – sartén, olla y molotov en mano- a cómo se gobierna y se legisla.
Nueve meses después de ese levantamiento popular, en el país más neoliberal del mundo se encuentran bajo ataque dos pilares fundamentales que sostienen el modelo: la Constitución pinochetista y el sistema de AFP (Administradoras de Fondos de Pensión). Si alguien hubiera sostenido apenas en septiembre de 2019 que eso iba a ocurrir pronto la mayoría lo hubiéramos tenido por loco, loco lindo, pero loco al fin y al cabo.
Pero ha ocurrido, y el 25 de octubre de este año se plebiscitará la continuidad de la Constitución de Pinochet, promulgada en 1981, y este miércoles 22 de julio se votará en el Senado si los chilenos y chilenas podemos retirar el 10% de nuestros fondos de las AFP para enfrentar la dura crisis económica por la que atraviesa el país.
Ambos acontecimientos suceden durante el gobierno más neoliberal que ha tenido Chile desde la dictadura, encabezado por el multimillonario Sebastián Piñera, y aun a pesar de todos los inmensos e ingentes esfuerzos hechos por él y su gobierno por impedirlo. De nada han servido la bestial represión desatada desde octubre contra el pueblo movilizado, ni las gestiones, ofertones y lobbies para frenar lo que se viene. La presión popular se ha mostrado – hasta ahora- más fuerte; el pueblo está operando como poder fáctico.
Sólo así se entiende que el martes 14 de julio, un día antes que la Cámara de Diputados y Diputadas votara la posibilidad del retiro de fondos, se escuchara el caceroleo más intenso del que se tenga memoria desde los ‘ 80; y luego del caceroleo vinieron las barricadas, las protestas callejeras, las marchas nocturnas y los enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares. Recordemos que Chile se encuentra completamente militarizado desde marzo; bajo Estado de Emergencia Constitucional, toque de queda diario; generales de zona reemplazando a la autoridad civil en la administración de las principales ciudades, etc. Nada fue suficiente para frenar el reclamo popular por nuestro 10%.
Y se logró. La Cámara de Diputados aprobó con todos los votos de la oposición, más 13 del oficialismo el proyecto que se verá el miércoles 22 en el Senado y cuya aprobación se ve como muy probable. Esto significaría que de los US $ 200 mil millones que las AFP tienen acumulados (equivalente al 80% del PIB), entre US $15 a 18 mil millones podrían ser retirados por los afiliados en los próximos meses.
Se trata de un panorama imprevisto, sorprendente incluso para quienes llevan años luchando contra la desigualdad social en uno de los países más desiguales del mundo, donde hoy la derecha, a pesar de ser Gobierno, enfrenta su peor momento. No ha logrado ordenar sus filas y algunos de sus parlamentarios han apoyado esta iniciativa, han sido pocos, pero los necesarios para que este proyecto que requiere un quórum calificado del 60% de los votos siga su curso legislativo.
El efecto en cadena no se ha hecho esperar. La derecha chilena muestra por primera vez en décadas una división interna de importancia; varios diputados ya renunciaron a sus partidos, otros están en “reflexión”. Por otro lado, por primera vez en años se ve a la oposición – desde el Partido Comunista y el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana – actuando juntos, moviendo un eje históricamente conservador cada vez más hacia la izquierda. Estamos asistiendo a la mayor alteración del sistema de partidos de las últimas décadas. Ya en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2017 el sorprendente surgimiento del Frente Amplio significó una alteración en el panorama político. De pronto la elite se vio obligada a compartir parte del poder institucional con un externo al establishment que encontró un mecanismo institucional para disputar hegemonía.
Las fórmulas que en este panorama van adaptando los partidos políticos y sus parlamentarios no siempre son ideológicas o doctrinarias, sino que muchas veces meramente tácticas. La actual insubordinación de parlamentarios de derecha frente al Gobierno se puede interpretar como un distanciamiento de Piñera, quien se está posicionando como el peor presidente en la historia de nuestro país. Las bajas cifras de apoyo, las críticas de organizaciones internacionales frente al manejo de la pandemia, y las constantes protestas y presiones populares ante cualquier medida para enfrentar la crisis, han hecho repensar el incondicional apoyo al gobierno por parte de sus representantes en el Congreso.
Pero sin duda que ha sido la radicalización del pueblo organizado y movilizado lo que ha desencadenado este novedoso fenómeno. Hoy vemos cómo partidos que históricamente guardaron silencio o fueron partícipes del perfeccionamiento del modelo neoliberal en Chile – como el Partido Socialista y la Democracia Cristiana- están en las mismas filas que los partidos antineoliberales. Por la fuerza de lo hechos los partidos de la ex Concertación se ven hoy obligados a radicalizar sus posturas y enfrentarse a aquellas instituciones como las AFP o la Constitución que ellos mismos protegieron por 30 años, si quieren seguir existiendo.
Así las cosas, por primera vez desde el Golpe de Estado de 1973 se vislumbra una posibilidad cierta de alternancia política que desplace a los representantes neoliberalismo y defensores de la herencia pinochetista, gracias a la fuerza de una movilización social antineoliberal, al fin del consenso con el libre mercado y, sobre todo, por el incuestionable empoderamiento de las clases populares, atentas – sartén, olla y molotov en mano- a cómo se gobierna y se legisla.
