Bolivia: crisis sanitaria y lawfare
Por Fernanda Gil Lozano
09 de julio de 2020
Imagen: EFE
Todo comenzó luego de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado mes de octubre, donde quien debía ser veedor del proceso electoral resultó ser su principal saboteador y factor aglutinante de los grupos opositores: estamos hablando del lamentable papel que cumplió el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.
A todo esto se suma el polémico informe de la OEA que contribuyó a desencadenar el triste escenario que hoy vivimos: el presidente Evo Morales, acusado de fraude y con mandato vigente, fue invitado a renunciar por las Fuerzas Armadas en un contexto de violenta represión a manifestaciones populares y razzias a los propios políticos del MAS -y a sus familiares-. Posteriormente, en una Asamblea prácticamente desierta, la senadora opositora Jeanine Áñez fue ‘‘designada’’ presidenta interina, consumando el golpe de Estado pero prometiendo convocar a elecciones en el plazo de tres meses. La restauración conservadora y neoliberal quedó violentamente concretada.
Después de ocho meses de los referidos sucesos, como si fuera poco, la grave situación político-institucional del país también tiene su correlato en el sistema de salud. La región se encuentra ante una crisis sanitaria sin precedentes y el país hermano enfrenta los momentos más duros de la pandemia que azota al mundo, con más de 1.500 muertos y 24.000 contagiados.
Pesan sobre el gobierno de facto acusaciones de corrupción y sobreprecios en las compras de medicamentos y equipos de bioseguridad con recursos que deberían ser destinados a la lucha contra la pandemia (como en la compra de respiradores). Las deficientes medidas tomadas por este régimen en materia de políticas públicas de salud han provocado el colapso de la infraestructura sanitaria, generando saturación en los hospitales y hasta muertes en la vía pública. La respuesta ante esta emergencia ha sido el llamamiento al ayuno y a la oración.
La desidia en el manejo de la crisis sanitaria desnuda la faceta más brutal de los gobiernos neoliberales: su desprecio por el bienestar de las mayorías. O acaso, ¿quiénes tienen los peores índices de mortalidad en la región?
Por otro lado, como bien señalaron los doctores Eugenio Zaffaroni y Raúl Ferreira en columna publicada recientemente en este diario, siete exfuncionarios del gobierno del presidente Evo Morales se encuentran asilados en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz impedidos de salir, siendo armadas con posterioridad al asilo causas judiciales inverosímiles y negándoles todo derecho a defensa por parte del gobierno de facto, que abiertamente promueve su ‘‘caza’’.
Asimismo, el régimen de Áñez procura impedir a toda costa la participación del partido mayoritario en las elecciones presidenciales establecidas para comienzos del mes de septiembre. Mediante una demanda judicial iniciada el pasado 30 de junio se pretende inhabilitar al candidato presidencial del MAS-IPSP Luis Arce.
En este marco, la imputación por terrorismo de la Comisión de Fiscales de Bolivia a Evo Morales -sin pruebas suficientes y sin derecho a defensa- y su consecuente pedido de detención son estrategias más que esperables para desviar el foco de atención ante los malos manejos (sanitarios y político-institucionales) de un gobierno ilegítimo.
Estos intentos de proscripción alejan aún más a Bolivia del sendero democrático y debilitan seriamente la calidad institucional regional. Los aires del lawfare se respiran más fuertes que nunca.
Fernanda Gil Lozano es parlamentaria del Mercosur
09 de julio de 2020
Imagen: EFE
Todo comenzó luego de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado mes de octubre, donde quien debía ser veedor del proceso electoral resultó ser su principal saboteador y factor aglutinante de los grupos opositores: estamos hablando del lamentable papel que cumplió el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.
A todo esto se suma el polémico informe de la OEA que contribuyó a desencadenar el triste escenario que hoy vivimos: el presidente Evo Morales, acusado de fraude y con mandato vigente, fue invitado a renunciar por las Fuerzas Armadas en un contexto de violenta represión a manifestaciones populares y razzias a los propios políticos del MAS -y a sus familiares-. Posteriormente, en una Asamblea prácticamente desierta, la senadora opositora Jeanine Áñez fue ‘‘designada’’ presidenta interina, consumando el golpe de Estado pero prometiendo convocar a elecciones en el plazo de tres meses. La restauración conservadora y neoliberal quedó violentamente concretada.
Después de ocho meses de los referidos sucesos, como si fuera poco, la grave situación político-institucional del país también tiene su correlato en el sistema de salud. La región se encuentra ante una crisis sanitaria sin precedentes y el país hermano enfrenta los momentos más duros de la pandemia que azota al mundo, con más de 1.500 muertos y 24.000 contagiados.
Pesan sobre el gobierno de facto acusaciones de corrupción y sobreprecios en las compras de medicamentos y equipos de bioseguridad con recursos que deberían ser destinados a la lucha contra la pandemia (como en la compra de respiradores). Las deficientes medidas tomadas por este régimen en materia de políticas públicas de salud han provocado el colapso de la infraestructura sanitaria, generando saturación en los hospitales y hasta muertes en la vía pública. La respuesta ante esta emergencia ha sido el llamamiento al ayuno y a la oración.
La desidia en el manejo de la crisis sanitaria desnuda la faceta más brutal de los gobiernos neoliberales: su desprecio por el bienestar de las mayorías. O acaso, ¿quiénes tienen los peores índices de mortalidad en la región?
Por otro lado, como bien señalaron los doctores Eugenio Zaffaroni y Raúl Ferreira en columna publicada recientemente en este diario, siete exfuncionarios del gobierno del presidente Evo Morales se encuentran asilados en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz impedidos de salir, siendo armadas con posterioridad al asilo causas judiciales inverosímiles y negándoles todo derecho a defensa por parte del gobierno de facto, que abiertamente promueve su ‘‘caza’’.
Asimismo, el régimen de Áñez procura impedir a toda costa la participación del partido mayoritario en las elecciones presidenciales establecidas para comienzos del mes de septiembre. Mediante una demanda judicial iniciada el pasado 30 de junio se pretende inhabilitar al candidato presidencial del MAS-IPSP Luis Arce.
En este marco, la imputación por terrorismo de la Comisión de Fiscales de Bolivia a Evo Morales -sin pruebas suficientes y sin derecho a defensa- y su consecuente pedido de detención son estrategias más que esperables para desviar el foco de atención ante los malos manejos (sanitarios y político-institucionales) de un gobierno ilegítimo.
Estos intentos de proscripción alejan aún más a Bolivia del sendero democrático y debilitan seriamente la calidad institucional regional. Los aires del lawfare se respiran más fuertes que nunca.
Fernanda Gil Lozano es parlamentaria del Mercosur
