Matías Caciabue y Paula Giménez
On Jun 22, 2024
En medio de un gobierno con escaso apoyo ciudadano y con una causa abierta a Dina Boluarte, la República de Perú volvió a ser parte de la agenda internacional este mes por la aprobación de un proyecto de ley que prevé prescribir los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002.
Mientras el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó esta semana sobre las consecuencias de ciertas iniciativas legislativas peruanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que se detenga el trámite legislativo, aprobado en primera votación el 6 de junio con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones en el parlamento peruano.
La disputa revela, una vez más, la profunda crisis del sistema político peruano. El fallido intento de instaurar un gobierno de signo progresista, con raíces populares, por parte de Pedro Castillo, mostró los límites de un diseño institucional con origen la dictadura fujimorista. En ese marco, el hastío de la población no ha hecho más qué incrementarse durante el último quinquenio.
Además de contribuir a malograr, aún más, el viciado sistema democrático peruano y producir una distorsión a nivel local respecto de los parámetros internacionales vigentes para la protección de los Derechos Humanos. Este proyecto de ley sólo se promueve para beneficiar al dictador Alberto Fujimori, quien entre 2007 y 2015 acumuló cinco condenas por usurpación de funciones, crímenes de lesa humanidad, peculado y espionaje, entre otras causas y pendientes.
En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional resolvió indultar al ex presidente, aún con la impugnación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En febrero de este año, Fujimori no sólo se paseó en público, sino que realizó sugestivas declaraciones sobre su retorno a la escena política en un canal de televisión en el que fue entrevistado. Ante la pregunta sobre la posibilidad de adelantar las elecciones en Perú, el dictador respondió: “No se justifica. El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos, Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”.
Además de contribuir a malograr, aún más, el viciado sistema democrático peruano y producir una distorsión a nivel local respecto de los parámetros internacionales vigentes para la protección de los Derechos Humanos. Este proyecto de ley sólo se promueve para beneficiar al dictador Alberto Fujimori, quien entre 2007 y 2015 acumuló cinco condenas por usurpación de funciones, crímenes de lesa humanidad, peculado y espionaje, entre otras causas y pendientes.
En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional resolvió indultar al ex presidente, aún con la impugnación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En febrero de este año, Fujimori no sólo se paseó en público, sino que realizó sugestivas declaraciones sobre su retorno a la escena política en un canal de televisión en el que fue entrevistado. Ante la pregunta sobre la posibilidad de adelantar las elecciones en Perú, el dictador respondió: “No se justifica. El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos, Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”.
No es la primera vez que Fujimori consigue un indulto ofreciendo apoyo político. El viciado juego parlamentario y judicial peruano, que echa también raíces en un sector de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, le ha permitido sostenerse como un actor de peso en la política peruana, y como el principal –no el único- exponente del neoliberalismo peruano. Ese marco le permitió, ya en 2017, acordar con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski un acuerdo similar, pero un escándalo público y una anulación de la Corte Suprema de Justicia en 2018, revirtió la situación.
El fujimorismo ofreció, desde 2023, el apoyo necesario para amortiguar la debilidad política de Boluarte en el parlamento peruano, luego de los fatídicos acontecimientos que terminaron con el apresamiento de Pedro Castillo. Boluarte, su vicepresidenta, fue encumbrada en un nuevo caso de ese conocido movimiento de traición programática y partidaria de la política latinoamericana. Además, ha contribuido a evitar mociones de censura y vacancia a la polémica mandataria –una Lenin Moreno peruana- a cambio de espacios de gobernabilidad en la administración pública.
En paralelo, el 10 de junio, el Poder Judicial dispuso ampliar por 14 meses la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión, en un caso fragrante de Lawfare. Por esos días, la Justicia definió también que Keiko Fujimori, quien ahora debe enfrentar un juicio sobre lavado de activos, podrá hacerlo en libertad, luego de rechazar una solicitud de prisión preventiva en su contra.
Mientras tanto, el fujimorismo intenta trasladar mayor poder al Congreso sobre el organismo judicial que forma a jueces y fiscales y que elige a los miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante una reforma judicial.
Boluarte en picada
El gobierno de Dina Boluarte enfrenta un panorama de desaprobación sin precedentes hacia la gestión de gobierno. Los últimos datos de encuestas revelan que cerca del 90% de la población desaprueba su forma de gobernar el país, aunque tampoco tiene un candidato de preferencia. Si se realizaran las elecciones, el descontento y la desconfianza hacia el sistema político-institucional serían los ganadores. Es decir, todo es un caldo de cultivo propicio para el retorno del fujimorismo al gobierno.
Esta desaprobación se ha visto fogoneada por una serie de escándalos y controversias que han marcado la presidencia de Boluarte. Uno de los casos más destacados es el denominado «Caso Rolex», en el que la Fiscalía ha ampliado la investigación para incluir al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por su presunta participación en un delito de cohecho pasivo impropio relacionado con la entrega de relojes de lujo y joyas.
Además, la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, ha generado una mayor agitación en la opinión pública, acusado de ser parte de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y al soborno para el nombramiento de prefectos y subprefectos, lo que ha puesto en entredicho la integridad de la administración de su hermana.
Los casos de corrupción se suman a la ya malograda imagen de Boluarte, también condenada internacionalmente por la cruenta represión que comandó luego de la destitución de Castillo, que dejó más de 60 muertos.
Esta desaprobación se ha visto fogoneada por una serie de escándalos y controversias que han marcado la presidencia de Boluarte. Uno de los casos más destacados es el denominado «Caso Rolex», en el que la Fiscalía ha ampliado la investigación para incluir al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por su presunta participación en un delito de cohecho pasivo impropio relacionado con la entrega de relojes de lujo y joyas.
Además, la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, ha generado una mayor agitación en la opinión pública, acusado de ser parte de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y al soborno para el nombramiento de prefectos y subprefectos, lo que ha puesto en entredicho la integridad de la administración de su hermana.
Los casos de corrupción se suman a la ya malograda imagen de Boluarte, también condenada internacionalmente por la cruenta represión que comandó luego de la destitución de Castillo, que dejó más de 60 muertos.
Pese a que a comienzos de abril los partidos políticos de derecha con mayoría en el Congreso brindaron su apoyo al gabinete nombrado por la presidenta, el trastabillado gobierno de facto deberá renovar sus ofertas si quiere conservar su espalda de cara a la elección de la mesa legislativa que preside el poder legislativo, a realizarse en julio. Para ello, los partidos deben votar entre sus miembros un presidente y 3 vicepresidentes.
Lo que allí suceda, sin embargo, poco cambiará el destino de las y los peruanos, que hace años descreen de esta institución fragmentada que se reproduce así misma a partir de alianzas y fracturas.
En este contexto, el llamado a nuevas elecciones gana fuerza entre la población. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), aproximadamente el 77% de los ciudadanos considera preferible adelantar los comicios antes del año 2026, lo que manifiesta la disconformidad de la sociedad peruana con el gobierno de Boluarte.
Luego de los sucesos de 2022, sólo han sido imputados veinte militares por la muerte de diez personas durante las protestas, que, de diciembre a marzo han dejado casi medio centenar de fallecidos. Mientras tanto, Pedro Castillo, quien deberá permanecer en la cárcel al menos hasta el 6 de agosto de 2025, ya ha manifestado a través de su abogado que tiene intenciones de postularse nuevamente a la Presidencia de la República.
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Esta semana Boluarte viajó a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping y también con empresarios en busca de inversiones que alivien el frente interno.
Las cifras oficiales de pobreza bordean el 28% mientras qué, según las estimaciones del Banco Mundial, alcanzan el 32,2% y la línea de vulnerabilidad supera el 39%. En este contexto, el pueblo peruano no ha abandonado las calles. Entre otros puntos se han manifestado en reclamo de mejores salarios docentes; en rechazo a la normativa peruana que incluye categorías relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual como parte de las clasificaciones de trastornos mentales y para exigir el reconocimiento de la identidad de las personas trans, entre otros puntos.
Pese al poder concentrado en el Congreso Nacional y la continuidad de la mandataria Dina Boluarte, las calles no han dejado de ser el epicentro que expresa la inconformidad de las organizaciones sindicales, sociales y populares. Sólo desde allí parece encontrarse un camino para romper la escandalosa corrupción que se despliega en el sistema institucional peruano, que incluye un show burlesco en los medios de comunicación hegemónicos.
En este contexto, en el que se desdibujan los límites de la visión republicana tradicional, el proyecto neoliberal avanza con la violencia y el saqueo que le caracterizan. Sin embargo, la crisis peruana tiene emergentes regionales y populares que hacen pensar que el triunfo electoral de Pedro Castillo no fue producto del azar. El Perú profundo, ese que se encuentra alejado del epicentro institucional limeño, tiene raíces muy fuertes y con capacidad de engendrar nuevas primaveras.
*Caciabue es licenciado en Ciencia Política . Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Las cifras oficiales de pobreza bordean el 28% mientras qué, según las estimaciones del Banco Mundial, alcanzan el 32,2% y la línea de vulnerabilidad supera el 39%. En este contexto, el pueblo peruano no ha abandonado las calles. Entre otros puntos se han manifestado en reclamo de mejores salarios docentes; en rechazo a la normativa peruana que incluye categorías relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual como parte de las clasificaciones de trastornos mentales y para exigir el reconocimiento de la identidad de las personas trans, entre otros puntos.
Pese al poder concentrado en el Congreso Nacional y la continuidad de la mandataria Dina Boluarte, las calles no han dejado de ser el epicentro que expresa la inconformidad de las organizaciones sindicales, sociales y populares. Sólo desde allí parece encontrarse un camino para romper la escandalosa corrupción que se despliega en el sistema institucional peruano, que incluye un show burlesco en los medios de comunicación hegemónicos.
En este contexto, en el que se desdibujan los límites de la visión republicana tradicional, el proyecto neoliberal avanza con la violencia y el saqueo que le caracterizan. Sin embargo, la crisis peruana tiene emergentes regionales y populares que hacen pensar que el triunfo electoral de Pedro Castillo no fue producto del azar. El Perú profundo, ese que se encuentra alejado del epicentro institucional limeño, tiene raíces muy fuertes y con capacidad de engendrar nuevas primaveras.
*Caciabue es licenciado en Ciencia Política . Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
