La novela de la manipulación de la inflación
El Gobierno de Milei lleva más de un año con cifras no representativas de costo de vida
Por Leandro Renou
26 de febrero de 2025
Imagen: NA
Los informes reservados y reuniones del FMI sobre la metodología actualizada de IPC que la Casa Rosada se niega a aplicar. La historia de la funcionaria técnica despedida y la intervención directa del Ejecutivo en el INDEC.
Atras de la desinflación que logró el Gobierno -con una tendencia a la baja que podría cortarse en febrero-, se esconde un culebrón de ocultamiento de cifras e insostenibles demoras en la aplicación de nuevas mediciones que confliguran un manejo polémico y poco ético del Ejecutivo de Javier Milei sobre la estadística de Precios al Consumidor. Hace unas semanas, se instaló un debate profundo sobre el tema al conocerse la cifra del 2,2 de inflación de enero, casi un punto menor al IPC de CABA, que mide correctamente con una canasta del 2018 (INDEC lo hace con una del 2004) y ponderando más Servicios que Bienes, al revés del organismo oficial. Incluso salieron gremios de la CGT y la CTA a advertir que "la inflación es un dibujo" y varias consultoras privadas empezaron a medir, en paralelo a sus estudios, con base 2018.
La trastienda política de cómo Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, manejan los designios del INDEC, dejó evidencias muy concretas, funcionarios que tabicaron la salida de nuevos indicadores, el curioso despido de la encargada de hacer el nuevo IPC y hasta informes y reuniones con el Fondo Monetario Internacional en los que el organismo ya le pedía al Gobierno, apenas asumido, cambiar la metodología de medición de inflación para no trastocar otros indicadores, que es lo que hoy empieza a pasar con pobreza, PBI e índice de salarios. En una coincidencia propia del destino, en el último encuentro con el FMI, fue de la partida Graciela Bevacqua, la directora de INDEC que fue desplazada por la intervención de Guillermo Moreno al organismo estadístico.
Este último dato amerita iniciar la historia política de cómo se manipula el índice desde el capítulo final. Es que en ese evento se ven casi todos los actores intervinientes y los caídos en desgracia por pelear por la aplicación de los nuevos indicadores. Entre el 27 de noviembre del 2023 y el 1 de diciembre, ya con Milei presidente, el INDEC realizó una jornada de intercambio con el FMI para el cambio de base del IPC. El representante del organismo fue Brian Graf, que abrió el evento junto a Marco Lavagna, presidente del ente, y Pedro Ignacio Lines, un ex CEMA que ejerce como director técnico del organismo y brazo político de la Rosada en ese lugar. También fueron de la partida Bevacqua, en modo asesora; la directora nacional de Estadísticas de Precios, Analía Calero; la directora de Índices de Precios de Consumo, Georgina Giglio, y la coordinadora del IPC, Marcela Almeida, que también había sido desplazada con Moreno.
La primera misión del FMI
Esa primera misión del organismo internacional la solicitó el propio Lines, pero cuando llegó el FMI todo cambió: el Fondo confirmó que los trabajos que se venían haciendo con la mueva metodología del IPC eran correctos y pidió aplicarla en abril del 2024. Lo único que pidió es que se use la Encuesta de Hogares con evolución de precios. Cuando Lines (que peleaba por usar datos de cuentas nacionales) se dio cuenta que, con ese cambio, la inflación daría más alta, arrancó la novela y los hostigamientos a los funcionarios técnicos que habían hecho la metodología. En paralelo, el propio Lavagna había dado el ok de avanzar en el cambio "si el FMI confirma que está bien".
Aquí un dato muy relevante: Brian Graf, el funcionario del FMI que participó de esas reuniones y avaló el IPC Nacional del INDEC con la nueva fórmula que el Gobierno de Milei oculta, es el mismo que avaló, años antes, el IPC CABA. Es decir, el "INDEC" de la Capital Federal aceptó y aplicó la metodología nueva que el INDEC nacional niega aplicar, en este último caso por pedido político de la Casa Rosada. ¿Por el Gobierno de Milei decidió no mostrar el nuevo IPC? La respuesta es sencilla: porque cambiar la metodología significaría reconocer 18 puntos más de inflación del 2024, lo extra de este 2025 y, sobre todo, que la inflación de los últimos dos años del Gobierno anterior (con precios de la energía efectivamente pisados) fue bastante menor que lo reportado por el IPC, aún teniendo valores récord que a la gestión Fernández le terminaron haciendo perder la elección.
Antes de irse de aquella primera visita al INDEC, Graf, del FMI, dejó no sólo el pedido de cambiar la canasta del 2004, sino modificar los ponderadores (que pese más Servicios y Tarifas porque en los gastos familiares eso es hoy más importante) y hasta usar tablets en lugar de formularios en papel para salir a la calle a encuestar precios.
Los informes reservados y reuniones del FMI sobre la metodología actualizada de IPC que la Casa Rosada se niega a aplicar. La historia de la funcionaria técnica despedida y la intervención directa del Ejecutivo en el INDEC.
Atras de la desinflación que logró el Gobierno -con una tendencia a la baja que podría cortarse en febrero-, se esconde un culebrón de ocultamiento de cifras e insostenibles demoras en la aplicación de nuevas mediciones que confliguran un manejo polémico y poco ético del Ejecutivo de Javier Milei sobre la estadística de Precios al Consumidor. Hace unas semanas, se instaló un debate profundo sobre el tema al conocerse la cifra del 2,2 de inflación de enero, casi un punto menor al IPC de CABA, que mide correctamente con una canasta del 2018 (INDEC lo hace con una del 2004) y ponderando más Servicios que Bienes, al revés del organismo oficial. Incluso salieron gremios de la CGT y la CTA a advertir que "la inflación es un dibujo" y varias consultoras privadas empezaron a medir, en paralelo a sus estudios, con base 2018.
La trastienda política de cómo Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, manejan los designios del INDEC, dejó evidencias muy concretas, funcionarios que tabicaron la salida de nuevos indicadores, el curioso despido de la encargada de hacer el nuevo IPC y hasta informes y reuniones con el Fondo Monetario Internacional en los que el organismo ya le pedía al Gobierno, apenas asumido, cambiar la metodología de medición de inflación para no trastocar otros indicadores, que es lo que hoy empieza a pasar con pobreza, PBI e índice de salarios. En una coincidencia propia del destino, en el último encuentro con el FMI, fue de la partida Graciela Bevacqua, la directora de INDEC que fue desplazada por la intervención de Guillermo Moreno al organismo estadístico.
Este último dato amerita iniciar la historia política de cómo se manipula el índice desde el capítulo final. Es que en ese evento se ven casi todos los actores intervinientes y los caídos en desgracia por pelear por la aplicación de los nuevos indicadores. Entre el 27 de noviembre del 2023 y el 1 de diciembre, ya con Milei presidente, el INDEC realizó una jornada de intercambio con el FMI para el cambio de base del IPC. El representante del organismo fue Brian Graf, que abrió el evento junto a Marco Lavagna, presidente del ente, y Pedro Ignacio Lines, un ex CEMA que ejerce como director técnico del organismo y brazo político de la Rosada en ese lugar. También fueron de la partida Bevacqua, en modo asesora; la directora nacional de Estadísticas de Precios, Analía Calero; la directora de Índices de Precios de Consumo, Georgina Giglio, y la coordinadora del IPC, Marcela Almeida, que también había sido desplazada con Moreno.
La primera misión del FMI
Esa primera misión del organismo internacional la solicitó el propio Lines, pero cuando llegó el FMI todo cambió: el Fondo confirmó que los trabajos que se venían haciendo con la mueva metodología del IPC eran correctos y pidió aplicarla en abril del 2024. Lo único que pidió es que se use la Encuesta de Hogares con evolución de precios. Cuando Lines (que peleaba por usar datos de cuentas nacionales) se dio cuenta que, con ese cambio, la inflación daría más alta, arrancó la novela y los hostigamientos a los funcionarios técnicos que habían hecho la metodología. En paralelo, el propio Lavagna había dado el ok de avanzar en el cambio "si el FMI confirma que está bien".
Aquí un dato muy relevante: Brian Graf, el funcionario del FMI que participó de esas reuniones y avaló el IPC Nacional del INDEC con la nueva fórmula que el Gobierno de Milei oculta, es el mismo que avaló, años antes, el IPC CABA. Es decir, el "INDEC" de la Capital Federal aceptó y aplicó la metodología nueva que el INDEC nacional niega aplicar, en este último caso por pedido político de la Casa Rosada. ¿Por el Gobierno de Milei decidió no mostrar el nuevo IPC? La respuesta es sencilla: porque cambiar la metodología significaría reconocer 18 puntos más de inflación del 2024, lo extra de este 2025 y, sobre todo, que la inflación de los últimos dos años del Gobierno anterior (con precios de la energía efectivamente pisados) fue bastante menor que lo reportado por el IPC, aún teniendo valores récord que a la gestión Fernández le terminaron haciendo perder la elección.
Antes de irse de aquella primera visita al INDEC, Graf, del FMI, dejó no sólo el pedido de cambiar la canasta del 2004, sino modificar los ponderadores (que pese más Servicios y Tarifas porque en los gastos familiares eso es hoy más importante) y hasta usar tablets en lugar de formularios en papel para salir a la calle a encuestar precios.
Persecución y despidos
Con el FMI ya retirado, los técnicos de INDEC se pusieron a trabajar contra reloj para armar el nuevo IPC. En paralelo, según cuentan quienes conocen el paño, los jefes del organismo, pero sobre todo Lines, admitían las presiones recibidas de la Casa Rosada para no sacar el indicador actualizado y buscaban "ganar tiempo" para que no entrara el tema en agenda. Las indicaciones a Lines venían, directamente, del Ministerio de Economía que conduce Caputo.
El tiempo pasó y, en octubre del 2024, el FMI volvió a la Argentina a reunirse con funcionarios del INDEC. Esas reuniones constan en las actas de ingresos del ente y hasta en reportes del FMI. El enviado de los de Kristalina Georgieva fue, otra vez, Graf, que se sorprendió al ver que en menos de 8 meses se había conseguido hacer la fórmula nueva y hasta implementar las tablets en las encuestas de calle. "Lo hicieron en tiempo récord", admitió el funcionario de Fondo.
Tras esa visita, el FMI hace un segundo informe asegurando que se habían cumplido todos loos procesos y que "recomendamos" que el nuevo IPC se anuncie en noviembre, en referencia a ese mes del 2024, para ser aprolicado en enero del 2025. Naturalmente, esto no ocurrió y el INDEC arrancó el 2025 midiendo igual de mal que en el 2024.
Todo esto se dió, además, días después de que el INDEC decidiera despedir a Analía Calero, la encargada del IPC y quien más había trabajado en la nueva fórmula. Nadie pudo explicarle por qué salió del cargo en medio del debate entre la Rosada y el INDEC por el IPC. Aún hoy en el organismo niegan dar detalles. Lo paradójico de esta historia es que Calero ya había sido corrida del INDEC en la razzia de Guillermo Moreno, en la que habían caído, también, Alameida y Bevacqua. Las tres volvieron durante el gobierno de Macri y las últimas dos son asesoras del organismo estadístico.
A las puertas de un escándalo político
Lavagna, que venía en INDEC desde la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y, vale aclarar, ya trabajaba en aquel entonces en la fórmula para mejorar el IPC, quedó en el medio de tensiones que pueden derivar en un problema político para el Gobierno.
Los que lo frecuentan afirman que cree que debe aplicarse la nueva metodología "ya mismo". De hecho, fue él mismo quien meses atrás salió a dar una entrevista radial en esa línea, justo cuando se empezaba a cuestionar la metodología del INDEC. El asunto es que no para el titular del INDEC sólo un tema de IPC: incluso está sin aplicar la nueva metodología que corrige el rezago de 5 meses que tiene el indicador de salarios privados no registrados, que fue lo que más impulsó el último indicadior. A eso hay que sumarle que, ante ese faltante, también hay un IPC mal medido, por lo cual está muy afectada la comparación precios/poder de compra del salario.
En ese contexto, la mejor muestra de la disconformidad de Lavagna con la gestión es lo que hizo a fin del año pasado: al momento de dar el penúltimo IPC, habilitó una calculadora para que cualquier ciudadano pueda ingresar sus gastos y sacar su propio costo de vida. Dejando así en evidencia que, incluso para el titular de INDEC, la muestra no es representativa.
Dato de de color, que pinta la escena: en los pasillos de INDEC se rumorea que, como en la era Moreno, el Gobierno usa indicadores más fieles para calcular el resto de las variables de ejecución de gestión y política económica. Lo cual es natural a sabiendas de las distorsiones que supone no actualizar fórmulas.
Sin el aval del Senado, Milei apeló al decretazo para nombrar a dos jueces en la Corte
Designó a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo
Busca encapsular con un nuevo escándalo la crisis que se generó con el Criptogate que lo tiene como principal acusado de una estafa millonaria. Juristas y organismos de DDHH advierten que es una maniobra inconstitucional.
Por Luciana Bertoia
.
Lavagna, que venía en INDEC desde la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y, vale aclarar, ya trabajaba en aquel entonces en la fórmula para mejorar el IPC, quedó en el medio de tensiones que pueden derivar en un problema político para el Gobierno.
Los que lo frecuentan afirman que cree que debe aplicarse la nueva metodología "ya mismo". De hecho, fue él mismo quien meses atrás salió a dar una entrevista radial en esa línea, justo cuando se empezaba a cuestionar la metodología del INDEC. El asunto es que no para el titular del INDEC sólo un tema de IPC: incluso está sin aplicar la nueva metodología que corrige el rezago de 5 meses que tiene el indicador de salarios privados no registrados, que fue lo que más impulsó el último indicadior. A eso hay que sumarle que, ante ese faltante, también hay un IPC mal medido, por lo cual está muy afectada la comparación precios/poder de compra del salario.
En ese contexto, la mejor muestra de la disconformidad de Lavagna con la gestión es lo que hizo a fin del año pasado: al momento de dar el penúltimo IPC, habilitó una calculadora para que cualquier ciudadano pueda ingresar sus gastos y sacar su propio costo de vida. Dejando así en evidencia que, incluso para el titular de INDEC, la muestra no es representativa.
Dato de de color, que pinta la escena: en los pasillos de INDEC se rumorea que, como en la era Moreno, el Gobierno usa indicadores más fieles para calcular el resto de las variables de ejecución de gestión y política económica. Lo cual es natural a sabiendas de las distorsiones que supone no actualizar fórmulas.
Sin el aval del Senado, Milei apeló al decretazo para nombrar a dos jueces en la Corte
Designó a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo
Busca encapsular con un nuevo escándalo la crisis que se generó con el Criptogate que lo tiene como principal acusado de una estafa millonaria. Juristas y organismos de DDHH advierten que es una maniobra inconstitucional.
Por Luciana Bertoia
. Imagen: NA
Javier Milei está dispuesto a hacer lo que Mauricio Macri no pudo. Nombrar a dos jueces “en comisión” en la Corte Suprema, como el líder del PRO quiso hacer con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, está dentro de las hazañas que el libertario pretende anotar en su haber. Cuando todavía crepitan las brasas del criptogate que lo tiene como máximo acusado de una estafa millonaria, el Presidente anunció que firmó un decreto para nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como los nuevos integrantes del máximo tribunal. En la Casa Rosada no desechan la idea de conseguir en algún momento del año el aval del Senado.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión de inconstitucional. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, dijo a Página/12 que no descartan acudir, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, a los tribunales. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por su lado, sostuvo que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta porque es una designación que no cumple con los requisitos de la Constitución. El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) Ricardo Gil Lavedra lo calificó como un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial.
Desde temprano, se había instalado la versión de que Milei iba a firmar un decreto para completar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema desde que se jubilaron Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). La confirmación llegó a las 17.16 a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.
“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros”, escribieron desde la Casa Rosada –desconociendo que la Corte ya funcionó con tres integrantes cuando Carlos Fayt decidió retirarse en diciembre de 2015.
La administración de La Libertad Avanza (LLA) se ampara en el que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El mismo atajo ya había sido sugerido por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a Macri en los primeros días de su gobierno para evitarse el trámite en el Senado.
El otro argumento que invoca el Gobierno es que el Senado se mantuvo en silencio después de que la Casa Rosada cumplimentara todos los pasos para conseguir el aval de la Cámara alta desde que el 20 de marzo postuló a Lijo y García Mansilla, quienes fueron a defender sus pliegos en agosto a la comisión de Acuerdos.
Solo Lijo tenía las firmas necesarias para llevar el dictamen al recinto. Si bien estaba prevista una sesión para el viernes pasado –durante el período de extraordinarias–, el oficialismo terminó suspendiéndola porque no reunía los dos tercios. Mientras tanto, afilaba el lápiz para redactar el decreto. “En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”, dijeron desde el Gobierno como si el Congreso no fuera un poder político.
Con grandilocuencia, desde la Oficina del Presidente, advirtieron que “el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia” e informaron que continuarán con el trámite legislativo para intentar que ambos juristas consigan el aval del Senado.
Esa alternativa se encuentra con un escollo. Para ser nombrado juez de la Corte se necesitan dos tercios del Senado. UxP tiene 34 de los 72 senadores, lo que implica que puede bloquear cualquier designación. El 26 de noviembre pasado, los integrantes del interbloque que preside José Mayans hicieron saber que habían asumido un compromiso público de “impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado en comisión” porque lo consideraban manifiestamente inconstitucional y “una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal”.
La decisión fue refrendada este martes a través de un comunicado en el que la bancada denunció que “una vez más el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”. En la interpretación de UxP, la Constitución cuando habla de “empleos” que pueden ser cubiertos durante el receso del Congreso se refiere a los diplomáticos y militares que también requieren el acuerdo del Senado.
Los perfiles
El 28 de agosto pasado, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP) le preguntó a García Mansilla si él hubiese aceptado una designación en comisión como Rosatti y Rosenkrantz.
–Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque, más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones– se atajó el candidato.
Sin embargo, Milei lo puso en la misma situación. De 54 años y nacido en Bariloche, García Mansilla es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Se graduó como abogado en la Universidad del Salvador. Hizo una maestría en Georgetown con una tesis sobre la crisis de separación de poderes en la Argentina. Bien podría usar su designación para la Corte como un caso de estudio. En varias ocasiones, se pronunció en contra del hiperpresidencialismo y afirmó que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) –a los que su promotor en la Corte es afecto– destruyeron la separación de poderes.
Al momento de impugnarlo, el CELS marcó que se oponía al fallo FAL porque entendía que las mujeres aún habiendo sido violadas, si no sufren algún tipo de discapacidad mental, no tienen derecho al aborto. También le cuestionaron su desdén por las audiencias públicas en la Corte, a las que consideró “populismo judicial”.
Lijo, de 56 años y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un nacido y criado en Comodoro Py. Se forjó una carrera en la Cámara Federal porteña bajo el ala de Luisa “Piru” Riva Aramayo, una de las primeras jefas políticas de los tribunales de Retiro. Concursó y consiguió en 2004 que Néstor Kirchner lo designara al frente del Juzgado Federal 4.
Lijo hizo trascender que pretende tomarse licencia de su juzgado. No quiere renunciar y perder su cargo si en un año no consigue el aval del Senado para permanecer en la Corte. El pedido de licencia debe pasar primero por la Cámara Federal porteña –donde decían que aún no habían recibido pedido alguno– y luego por el máximo tribunal. Si los supremos no le habilitaran la licencia extraordinaria, Lijo podría declinar su nombramiento para la Corte.
La intención de máxima de Milei es que el próximo sábado 1 de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso, estén Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, García Mansilla y Lijo sentados cerca de él. Una Corte sin lugar para las mujeres y con mucho espacio para las luchas intestinas. Habrá que ver si dan los tiempos porque Rosatti tendría que tomarles juramento a los recién llegados. “Silencio total”, contestó una fuente del cuarto piso del Palacio de Justicia.
Javier Milei está dispuesto a hacer lo que Mauricio Macri no pudo. Nombrar a dos jueces “en comisión” en la Corte Suprema, como el líder del PRO quiso hacer con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, está dentro de las hazañas que el libertario pretende anotar en su haber. Cuando todavía crepitan las brasas del criptogate que lo tiene como máximo acusado de una estafa millonaria, el Presidente anunció que firmó un decreto para nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como los nuevos integrantes del máximo tribunal. En la Casa Rosada no desechan la idea de conseguir en algún momento del año el aval del Senado.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión de inconstitucional. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, dijo a Página/12 que no descartan acudir, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, a los tribunales. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por su lado, sostuvo que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta porque es una designación que no cumple con los requisitos de la Constitución. El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) Ricardo Gil Lavedra lo calificó como un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial.
Desde temprano, se había instalado la versión de que Milei iba a firmar un decreto para completar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema desde que se jubilaron Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). La confirmación llegó a las 17.16 a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.
“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros”, escribieron desde la Casa Rosada –desconociendo que la Corte ya funcionó con tres integrantes cuando Carlos Fayt decidió retirarse en diciembre de 2015.
La administración de La Libertad Avanza (LLA) se ampara en el que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El mismo atajo ya había sido sugerido por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a Macri en los primeros días de su gobierno para evitarse el trámite en el Senado.
El otro argumento que invoca el Gobierno es que el Senado se mantuvo en silencio después de que la Casa Rosada cumplimentara todos los pasos para conseguir el aval de la Cámara alta desde que el 20 de marzo postuló a Lijo y García Mansilla, quienes fueron a defender sus pliegos en agosto a la comisión de Acuerdos.
Solo Lijo tenía las firmas necesarias para llevar el dictamen al recinto. Si bien estaba prevista una sesión para el viernes pasado –durante el período de extraordinarias–, el oficialismo terminó suspendiéndola porque no reunía los dos tercios. Mientras tanto, afilaba el lápiz para redactar el decreto. “En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”, dijeron desde el Gobierno como si el Congreso no fuera un poder político.
Con grandilocuencia, desde la Oficina del Presidente, advirtieron que “el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia” e informaron que continuarán con el trámite legislativo para intentar que ambos juristas consigan el aval del Senado.
Esa alternativa se encuentra con un escollo. Para ser nombrado juez de la Corte se necesitan dos tercios del Senado. UxP tiene 34 de los 72 senadores, lo que implica que puede bloquear cualquier designación. El 26 de noviembre pasado, los integrantes del interbloque que preside José Mayans hicieron saber que habían asumido un compromiso público de “impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado en comisión” porque lo consideraban manifiestamente inconstitucional y “una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal”.
La decisión fue refrendada este martes a través de un comunicado en el que la bancada denunció que “una vez más el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”. En la interpretación de UxP, la Constitución cuando habla de “empleos” que pueden ser cubiertos durante el receso del Congreso se refiere a los diplomáticos y militares que también requieren el acuerdo del Senado.
Los perfiles
El 28 de agosto pasado, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP) le preguntó a García Mansilla si él hubiese aceptado una designación en comisión como Rosatti y Rosenkrantz.
–Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque, más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones– se atajó el candidato.
Sin embargo, Milei lo puso en la misma situación. De 54 años y nacido en Bariloche, García Mansilla es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Se graduó como abogado en la Universidad del Salvador. Hizo una maestría en Georgetown con una tesis sobre la crisis de separación de poderes en la Argentina. Bien podría usar su designación para la Corte como un caso de estudio. En varias ocasiones, se pronunció en contra del hiperpresidencialismo y afirmó que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) –a los que su promotor en la Corte es afecto– destruyeron la separación de poderes.
Al momento de impugnarlo, el CELS marcó que se oponía al fallo FAL porque entendía que las mujeres aún habiendo sido violadas, si no sufren algún tipo de discapacidad mental, no tienen derecho al aborto. También le cuestionaron su desdén por las audiencias públicas en la Corte, a las que consideró “populismo judicial”.
Lijo, de 56 años y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un nacido y criado en Comodoro Py. Se forjó una carrera en la Cámara Federal porteña bajo el ala de Luisa “Piru” Riva Aramayo, una de las primeras jefas políticas de los tribunales de Retiro. Concursó y consiguió en 2004 que Néstor Kirchner lo designara al frente del Juzgado Federal 4.
Lijo hizo trascender que pretende tomarse licencia de su juzgado. No quiere renunciar y perder su cargo si en un año no consigue el aval del Senado para permanecer en la Corte. El pedido de licencia debe pasar primero por la Cámara Federal porteña –donde decían que aún no habían recibido pedido alguno– y luego por el máximo tribunal. Si los supremos no le habilitaran la licencia extraordinaria, Lijo podría declinar su nombramiento para la Corte.
La intención de máxima de Milei es que el próximo sábado 1 de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso, estén Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, García Mansilla y Lijo sentados cerca de él. Una Corte sin lugar para las mujeres y con mucho espacio para las luchas intestinas. Habrá que ver si dan los tiempos porque Rosatti tendría que tomarles juramento a los recién llegados. “Silencio total”, contestó una fuente del cuarto piso del Palacio de Justicia.
Las reacciones
“Entendemos que la designación es inconstitucional. La Constitución no habilita al Presidente a decidir unilateralmente cómo conformar la Corte Suprema”, sostiene Paula Litvachky, del CELS. “El Presidente pretende que el Senado haga un análisis objetivo de las nominaciones, cuando el diseño constitucional dice que esto no es así. Es un planteo falaz. El Senado debe prestar un acuerdo político. El gobierno pretende hacer una demostración de fuerza y dejarle una función raquítica al Senado. Una vez más vemos, como con los DNU, que la administración pretende gobernar a través de hechos consumados”, añade.
Para Gil Domínguez, la Constitución habilitaría a designar en comisión solo ante circunstancias extraordinarias: si la Corte se quedara sin integrantes o con uno o dos miembros –lo que haría imposible dictar fallos, ya que se debe conformar mayoría de tres votos–, si se produjera una vacante durante el receso del Senado y si existieran casos urgentes para ser resueltos. Nada de esto se ve en estas circunstancias.
“Los argumentos que se dan son absolutamente inatendibles”, opina, por su parte, Gil Lavedra. “No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República, tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el presidente les dio la oportunidad, y como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto”, destaca.
“Entendemos que la designación es inconstitucional. La Constitución no habilita al Presidente a decidir unilateralmente cómo conformar la Corte Suprema”, sostiene Paula Litvachky, del CELS. “El Presidente pretende que el Senado haga un análisis objetivo de las nominaciones, cuando el diseño constitucional dice que esto no es así. Es un planteo falaz. El Senado debe prestar un acuerdo político. El gobierno pretende hacer una demostración de fuerza y dejarle una función raquítica al Senado. Una vez más vemos, como con los DNU, que la administración pretende gobernar a través de hechos consumados”, añade.
Para Gil Domínguez, la Constitución habilitaría a designar en comisión solo ante circunstancias extraordinarias: si la Corte se quedara sin integrantes o con uno o dos miembros –lo que haría imposible dictar fallos, ya que se debe conformar mayoría de tres votos–, si se produjera una vacante durante el receso del Senado y si existieran casos urgentes para ser resueltos. Nada de esto se ve en estas circunstancias.
“Los argumentos que se dan son absolutamente inatendibles”, opina, por su parte, Gil Lavedra. “No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República, tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el presidente les dio la oportunidad, y como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto”, destaca.
