En conferencia de prensa en este puerto, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iñaki Blanco Cabrera, informó que 28 cuerpos –todos calcinados– fueron exhumados de seis fosas localizadas en las faldas de un cerro en Pueblo Viejo, municipio de Iguala, y, aunque una y otra vez dijo que no podía adelantar que se tratara de los normalistas de Ayotzinapa, precisó que, según versiones de los detenidos por el caso, 17 estudiantes de esa normal rural fueron llevados hasta ahí, asesinados y quemados.
Blanco Cabrera narró que los cuerpos fueron colocados sobre ramas y troncos y rociados con una sustancia inflamable acelerante, que pudo ser diesel, gasolina o petróleo. Algunos están completos y otros fragmentados, y su muerte pudo ocurrir hace 15 días o dos meses, pero subrayó que serán los peritos quienes determinen la temporalidad del deceso.
El fiscal guerrerense manifestó que el director de seguridad pública municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, fue quien dio la instrucción de detener a los 17 estudiantes, y un sujeto apodado El Chucky, de la organización delincuencial Guerreros Unidos, ‘‘ordenó’’ a los policías ultimarlos.
Las pruebas de ADN que permitirán identificar los cuerpos –apuntó el funcionario– tardarán entre 15 días y dos meses, y en ellas participarán especialistas argentinos, a petición de estudiantes de Ayotzinapa.
El funcionario refirió que por estos hechos fueron detenidas adicionalmente cuatro personas a las que se liga con Guerreros Unidos, quienes señalaron que tras la persecución de los camiones en que se transportaban los normalistas en Iguala –la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre–, 17 fueron trasladados al paraje Cerro Viejo, al noroeste de la citada ciudad. Los nombres de los presuntos implicados son Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber.
Indicó que se desconoce el paradero del alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, así como el ex secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores Velázquez, por lo que se solicitó colaboración de fiscalías del país y de la Procuraduría General de la República (PGR) para localizarlos.
El fiscal resumió que se ha detenido a 26 probables responsables y se ha consignado a 29 integrantes de la mencionada organización delictiva; tres de las consignaciones han sido sin detenido, entre ellas las del ex secretario de seguridad pública municipal Felipe Flores. Recalcó que ‘‘debemos esperar las periciales de genética forense’’, y oficialmente 43 personas siguen desaparecidas, en referencia a los estudiantes. Anunció además que promoverá este lunes el juicio de procedencia contra el alcalde José Luis Abarca Velázquez para retirarle el fuero y pueda procederse a su detención.
Por otra parte, en el Semefo de Iguala miembros de organismos de derechos humanos cuestionaron la forma en que se están exhumando los cadáveres, porque no se está cumpliendo con los protocolos de ley: no se preserva el área, las fotos forenses no se hacen correctamente y tampoco las del lugar.
La fuente comentó que los cuerpos pasan mucho tiempo a la intemperie en bolsas de plástico, y de manera desordenada se les colocan números de identificación en cualquier parte, con lo que después será más difícil ubicarlos, además de que los vehículos en que los trasladan al Servicio Médico Forense de Iguala no tienen refrigeración.
La noche del sábado pasado ingresaron al forense nueve cuerpos y otros 19 este domingo en dos envíos, uno alrededor de las 15 horas y otro casi a las 18. La camioneta que traía los cadáveres fue introducida a las instalaciones para que los restos humanos no fueran fotografiados por los reporteros gráficos. Las otras camionetas y patrullas con policías ministeriales esperaban afuera; después de dejar los restos humanos, la camioneta del Semefo salía y de nuevo se iba acompañada del convoy a traer más cuerpos de Pueblo Viejo.
Trabajadores del Forense señalaron que no se encontraron casquillos cerca de las fosas y sólo en una de las víctimas era visible un disparo en el cráneo.
Por su parte, el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Juan López Villanueva consideró que con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, en Guerrero se cometió una falta muy grave. Destacó que el organismo considera a los normalistas desaparecidos ‘‘de manera forzada’’, porque, de acuerdo con testigos, policías municipales participaron en las desapariciones.
El visitador de la CNDH señaló que le ha manifestando al gobierno de Ángel Aguirre que el tratamiento mediático sea cuidadoso, que las familias se enteren primero de las conclusiones de la búsqueda, ‘‘y una observación adicional es que no se circunscriba a lo que se ha encontrado como hallazgo, sino que se dé prioridad a una búsqueda de personas vivas’’.
Nuevo bloqueo a la Autopista del Sol y protestas en Acapulco
Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México –que aglutina a todas las normales rurales del país–, acompañados por padres y madres de alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, bloquearon la Autopista del Sol México-Acapulco en demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
Durante esa acción anunciaron que este domingo venció el plazo para la presentación de sus compañeros y familiares desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Asimismo, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto la destitución del gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y la aprehensión y castigo del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, prófugo desde el pasado primero de octubre.
Uno de los dirigentes de la Normal de Ayotzinapa, Diego Genaro Meza, advirtió que a partir de hoy ‘‘vamos a hacer actividades más fuertes y no se dará a conocer el itinerario de las manifestaciones hasta que aparezcan con vida nuestros compañeros’’.
Durante el bloqueo, llevado a cabo de 11 a 13:30 de la mañana en la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, los jóvenes informaron que ‘‘los números de las patrullas municipales en las que se llevaron a nuestros compañeros son 17, 18, 20, 21, 22, y desde la que más atacaron a nuestros compañeros, la 302, que nos dicen están desaparecidas; no sabemos dónde las tiene el gobierno del estado’’.
Agregó: ‘‘Acudimos a buscar a nuestros compañeros al cuartel del Ejército, barandillas (del Ministerio Público), hospitales, y el Forense de Iguala, y no los encontramos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?’’
Durante el bloqueo a la vía México-Acapulco, unos 300 estudiantes detuvieron la marcha de una camioneta y cinco camiones que transportaban a integrantes del Ejército Mexicano y les impidieron el paso rumbo al puerto de Acapulco. A gritos, los jóvenes les reclamaron: ‘‘¿Por qué no nos ayudaron durante los ataques de los policías municipales? Con el narco se comportan como maricones (sic) y con el pueblo muy cabrones’’.
Tras 10 minutos de permanecer en el lugar, los soldados regresaron a sus cuarteles, pues los manifestantes comenzaron a empujar los vehículos.
Posteriormente, los contingentes de estudiantes y padres de familia se trasladaron a la caseta de cobro de Palo Blanco, en la misma autopista, donde permitieron el paso libre a cientos de automovilistas; esta acción se prolongó hasta las 16 horas. Allí, los jóvenes molestos lanzaron piedras contra dos patrullas de la Policía Federal, aunque no lograron impactarlas.
Unos 500 automovilistas quedaron varados durante varias horas en la caseta de La Venta, en la salida de la carretera a Acapulco, debido al bloqueo a la altura del Parador del Marqués.
Entrevistado durante la toma de la caseta de Palo Blanco, Mario César González, originario de Humantla, Tlaxcala, y padre de uno de los normalistas desaparecidos, dijo: ‘‘Ya no quiero hablar del hecho, pero me doy valor; ni aunque me dieran (el gobierno) 10 millones de pesos dejaría de luchar; mi hijo vale más. Vale mi corazón, vale mi sangre, vale mi vida’’.
Agregó: ‘‘Han pasado ocho días y yo sigo buscando a mi hijo. No sé cómo se enteró de la escuela (Ayotzinapa); quería ser hombre de bien, no delincuente. Quería que yo viviera mejor y hoy no aparece. Que Dios me lo bendiga y me lo haga llegar vivo’’.
Por separado, en Acapulco, unos 50 integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, además del representante legal de las viudas de Aguas Blancas, José Sánchez, pidieron el esclarecimiento de los hechos de Iguala.
Finalmente, el vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), Walter Emanuel Añorve, pidió que no se criminalice a los estudiantes y subrayó que si deciden protestar en Acapulco, ‘‘serán bienvenidos’’.
