GUERREROS UNIDOS, VINCULADO A LAS DESAPARICIONES
Los Guerreros Unidos, el grupo acusado de atacar junto a policías corruptos a los 43 estudiantes desaparecidos en México, es un minicártel que está sembrando el terror entre la población con secuestros y extorsiones.
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Tropas federales siguen tras la pista de los 43 estudiantes desaparecidos. Foto: Reuters
MÉXICO DFAFP Y EL PAÍS DE MADRID
jue oct 9 2014
"Son básicamente sicarios de entre 16 y 25 años, remanentes de otros grandes cárteles, que mantienen sus armas y conocen el modus operandi" del crimen organizado, explica Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En vísperas de la Navidad de 2009, miembros de la Marina mexicana entraron en casa de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y en la refriega el capo murió acribillado por fuerzas especiales. Era el número uno del cártel de los Beltrán.
A su muerte empezó la lucha intestina por el poder. De ahí salió la facción Guerreros Unidos —liderada por Mario El Sapo Guapo Casarrubias, arrestado en primavera—, que se hizo fuerte en el Estado de Guerrero y al que se acusa de la matanza de la ciudad de Iguala.
El chucky.
Sin embargo, el gobierno de Guerrero atribuye el liderazgo actual del grupo a un criminal del que solo se conoce el apodo de El Chucky.
Este cabecilla es quien presuntamente ordenó la captura y asesinato de al menos 17 de los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre, después de ser baleados por sicarios de Guerreros Unidos y policías de Iguala.
Guerreros Unidos es un ejemplo de la tipología de un nuevo crimen organizado en auge en México y de sus causas. Al desmembramiento de cárteles hegemónicos por la presión del aparato federal, le sucede una disgregación del monopolio del crimen. Aparecen, entonces, grupos menos potentes pero dañinos, explica el especialista en seguridad Alejandro Hope.
No tienen la capacidad para el narcotráfico internacional de los grandes carteles y, por lo tanto, combinan el negocio de la droga con actividades "predadoras" del territorio: extorsión, secuestro e infiltración en municipios y policías locales; un esquema delictivo que asfixia a la gente común que vive en sus zonas.
Extorsión.
En Iguala, en los últimos tiempos, la extorsión se había agudizado como nunca, cuenta un reportero local que pide anonimato. "Últimamente, el cobro de piso era espantoso. Le cobraban a todos los negocios, desde los de joyería, porque está en un entorno minero, hasta los comercios chiquitos", relata.
En cuanto a su grado de penetración institucional en Iguala, la masacre de los estudiantes da una respuesta contundente. A esta banda se le atribuye gran capacidad de corromper a los poderes locales.
"Se ha destacado por su violencia y por sus claros vínculos con autoridades estatales y municipales", explica Javier Monroy, de la ONG Taller para el Desarrollo Comunitario en Guerrero.
Este poder de infiltración entre autoridades locales es uno de los motivos que el gobierno federal mexicano observa para el avance territorial que ha logrado el cártel, sumado a los golpes que las fuerzas de seguridad han dado a Los Rojos, la organización con la que se disputaban el control de Guerrero.
"Antes era una banda que no nos significaba un mayor problema, una banda muy reducida en territorio", señaló el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en el encuentro con medios.
La vinculación del cártel con las autoridades locales "forma parte de su modus operandi, les sirve para tener protección sin ser molestados", resumió Manaut.
El Estado de Guerrero, controlado por los Beltrán de una manera más o menos homogénea hasta 2009, es escenario de batallas por el territorio entre Guerreros Unidos y otros grupos, fundamentalmente Los Rojos y la Familia Michocana.
Aumenta la presión internacional
IGUALA. México enfrenta una creciente presión internacional para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes que se esfumaron hace más de diez días después de ser atacados por policías y narcotraficantes en la convulsionada ciudad sureña de Iguala.
Estados Unidos y la OEA se unieron a los reclamos para que México encuentre a los 43 jóvenes, algunos de los cuales se teme hayan sido asesinados y estén enterrados en una fosa común hallada el pasado fin de semana.
Es un "crimen preocupante que demanda una investigación completa y transparente", dijo la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se dijo "consternado" por un crimen que "enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas".
La ONU urgió a México a una búsqueda "efectiva" de los jóvenes, desaparecidos desde que la noche del 26 de septiembre fueron atacados por policías de Iguala y miembros del cartel Guerreros Unidos.
"Las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México", indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch. AFP y ANSA
"Son básicamente sicarios de entre 16 y 25 años, remanentes de otros grandes cárteles, que mantienen sus armas y conocen el modus operandi" del crimen organizado, explica Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En vísperas de la Navidad de 2009, miembros de la Marina mexicana entraron en casa de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y en la refriega el capo murió acribillado por fuerzas especiales. Era el número uno del cártel de los Beltrán.
A su muerte empezó la lucha intestina por el poder. De ahí salió la facción Guerreros Unidos —liderada por Mario El Sapo Guapo Casarrubias, arrestado en primavera—, que se hizo fuerte en el Estado de Guerrero y al que se acusa de la matanza de la ciudad de Iguala.
El chucky.
Sin embargo, el gobierno de Guerrero atribuye el liderazgo actual del grupo a un criminal del que solo se conoce el apodo de El Chucky.
Este cabecilla es quien presuntamente ordenó la captura y asesinato de al menos 17 de los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre, después de ser baleados por sicarios de Guerreros Unidos y policías de Iguala.
Guerreros Unidos es un ejemplo de la tipología de un nuevo crimen organizado en auge en México y de sus causas. Al desmembramiento de cárteles hegemónicos por la presión del aparato federal, le sucede una disgregación del monopolio del crimen. Aparecen, entonces, grupos menos potentes pero dañinos, explica el especialista en seguridad Alejandro Hope.
No tienen la capacidad para el narcotráfico internacional de los grandes carteles y, por lo tanto, combinan el negocio de la droga con actividades "predadoras" del territorio: extorsión, secuestro e infiltración en municipios y policías locales; un esquema delictivo que asfixia a la gente común que vive en sus zonas.
Extorsión.
En Iguala, en los últimos tiempos, la extorsión se había agudizado como nunca, cuenta un reportero local que pide anonimato. "Últimamente, el cobro de piso era espantoso. Le cobraban a todos los negocios, desde los de joyería, porque está en un entorno minero, hasta los comercios chiquitos", relata.
En cuanto a su grado de penetración institucional en Iguala, la masacre de los estudiantes da una respuesta contundente. A esta banda se le atribuye gran capacidad de corromper a los poderes locales.
"Se ha destacado por su violencia y por sus claros vínculos con autoridades estatales y municipales", explica Javier Monroy, de la ONG Taller para el Desarrollo Comunitario en Guerrero.
Este poder de infiltración entre autoridades locales es uno de los motivos que el gobierno federal mexicano observa para el avance territorial que ha logrado el cártel, sumado a los golpes que las fuerzas de seguridad han dado a Los Rojos, la organización con la que se disputaban el control de Guerrero.
"Antes era una banda que no nos significaba un mayor problema, una banda muy reducida en territorio", señaló el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en el encuentro con medios.
La vinculación del cártel con las autoridades locales "forma parte de su modus operandi, les sirve para tener protección sin ser molestados", resumió Manaut.
El Estado de Guerrero, controlado por los Beltrán de una manera más o menos homogénea hasta 2009, es escenario de batallas por el territorio entre Guerreros Unidos y otros grupos, fundamentalmente Los Rojos y la Familia Michocana.
Aumenta la presión internacional
IGUALA. México enfrenta una creciente presión internacional para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes que se esfumaron hace más de diez días después de ser atacados por policías y narcotraficantes en la convulsionada ciudad sureña de Iguala.
Estados Unidos y la OEA se unieron a los reclamos para que México encuentre a los 43 jóvenes, algunos de los cuales se teme hayan sido asesinados y estén enterrados en una fosa común hallada el pasado fin de semana.
Es un "crimen preocupante que demanda una investigación completa y transparente", dijo la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se dijo "consternado" por un crimen que "enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas".
La ONU urgió a México a una búsqueda "efectiva" de los jóvenes, desaparecidos desde que la noche del 26 de septiembre fueron atacados por policías de Iguala y miembros del cartel Guerreros Unidos.
"Las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México", indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch. AFP y ANSA
