Los pactos fiscales agresivos se extienden a 24 países de la UE
Solo Eslovaquia, Croacia, Letonia y Chipre, que suman el 1% del PIB europeo, carecen de acuerdos con multinacionales
LUCÍA ABELLÁN Bruselas
Fachada de la sede de Amazon en Luxemburgo. / AFP
Los marcos fiscales agresivos que permiten a las grandes empresas eludir casi por completo la tributación están generalizados en la Unión Europea. Tan solo Chipre, Letonia, Eslovaquia y Croacia carecen de estos acuerdos preferenciales (tax rulings en inglés) por los que las autoridades de los países europeos dan el visto bueno a la ingeniería fiscal de las grandes compañías. Son datos de la Comisión Europea que anticipan las dificultades que enfrentará el Ejecutivo comunitario para intentar cerrar estas rendijas fiscales por las que se cuelan cada año miles de millones de euros.
El escándalo de Luxemburgo, que ha revelado pactos a la carta para que al menos 340 multinacionales tributen por una media del 2% de sus beneficios, es apenas la punta del iceberg de un problema más amplio. Prácticamente todos los países permiten exprimir al máximo esos esquemas para intentar arañar una parte mínima de la tributación de las grandes firmas, que trasladan artificialmente el beneficio allí donde la situación es más favorable, no donde se genera la actividad económica.
La inexistencia de trajes a medida para multinacionales en esos cuatro Estados resulta, además, anecdótica. Juntos suman el 1,1% del PIB europeo y en general compensan la falta de planificación para el impuesto de sociedades con grandes ventajas para la tributación del capital, con Chipre como máximo exponente de prácticas cercanas al paraíso fiscal.
Al calor de estas revelaciones, Bruselas intenta revitalizar una directiva para hacer más homogénea la forma de gravar a las empresas por sus beneficios, de forma que tengan menos incentivos para huir a territorios como Luxemburgo e Irlanda, que acogen la mayor parte de las sedes fiscales europeas de grandes compañías. La iniciativa se concretará "tan pronto como sea posible", asegura un portavoz de la Comisión.
Esa misma idea fue lanzada en 2011 y lleva estancada desde entonces, pero Bruselas confía en que el momento político sea ahora más propicio. Frente al primer intento, que ponía sobre la mesa un marco voluntario, la Comisión aspira ahora a crear uno obligatorio para que resulte eficaz, aunque los detalles tendrá que ofrecerlos en breve el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
Además de acercar las bases imponibles del impuesto de sociedades —el tipo quedaría en manos de cada Estado—, el proyecto incluye un plan para que los países intercambien automáticamente información sobre los acuerdos preferenciales con empresas, de modo que cada país pueda saber lo que el resto ofrece a las compañías. La medida encontrará probablemente la oposición de muchos Estados, celosos de compartir su trastienda fiscal.
