Atenas exime del alza del IVA a las islas más remotas y baja mínimamente el gasto militar
LUCÍA ABELLÁN Bruselas 10 JUL 2015
Un ciudadano exhibe una bandera europea en una manifestación en Atenas el pasado jueves. / ALEXANDROS VLACHOS (EFE)
La oferta europea que Grecia rechazó antes de convocar el referéndum y el último compromiso que el Gobierno de Alexis Tsipras envió anoche a las instituciones para lograr vía libre al tercer rescate se parecen como dos gotas de agua. Grecia acepta todas las condiciones europeas –es verdad que Bruselas diseñó su último plan teniendo en cuenta las demandas griegas-, con algunos añadidos en distintas direcciones. Algunos suponen una concesión adicional a la UE -pero no en recorte de gastos, sino con mayores subidas de impuestos y lucha contra la corrupción- y otros representan mejoras simbólicas para Grecia. Estas son las claves del texto que hoy analizan las instituciones europeas:
IVA. Atenas acepta la demanda europea de fijar un tipo ordinario del 23% (incluidos los restaurantes), otro reducido del 13% para comida, energía, hoteles y agua y uno superreducido del 6% para productos farmacéuticos, libros y teatro. Sobre la disputa de las islas griegas, que Bruselas quería alinear con los tipos generales y Grecia, mantener bajo tipos reducidos para reflejar las mayores dificultades de acceso a productos que tienen estos territorios, Tsipras ofrece una solución intermedia: se elimina el tipo reducido para las “de mayores ingresos y destinos turísticos más populares” y se mantiene “para las más remotas”. Las islas tienen ahora un tipo del 5% para hoteles y del 9% para restaurantes (en el resto del país esos dos capítulos están gravados con el 6,5% y el 13% respectivamente). Las novedades entrarán en vigor en octubre y a finales de 2016 se adoptarán medidas para compensar a los ciudadanos “con mayores necesidades”.
Otros impuestos. Si las medidas adoptadas en el plano fiscal no bastan para lograr los objetivos presupuestarios a los que se compromete, Grecia “considerará medidas compensatorias”. Esos ingresos adicionales vendrán de elevar los impuestos para las rentas de los alquileres (del 11% al 15% para ingresos inferiores a 12.000 euros y del 33% al 35% para los que superen esa cantidad). También subirá más el impuesto de sociedades. En una primera tanda, Atenas lo llevará del 26% al 28%. Si no basta para recaudar más, acepta situarlo en el 29%.
Pensiones. Este capítulo, uno de los más extensos y probablemente el más delicado de toda la negociación, queda en términos prácticamente idénticos a los de la última oferta comunitaria. Grecia “reconoce que el sistema de pensiones es insostenible y necesita reformas fundamentales”. Y por ello elevará la edad de jubilación a los 67 años (quienes tengan 40 años cotizados podrán jubilarse a los 62), un proceso que culminará en 2022. Además, se congelan las prestaciones contributivas hasta 2021 y se elevan las contribuciones que hacen los pensionistas al sistema sanitario del 4% al 6%.
La única medida que incluye Atenas para suavizar estos cambios va en línea con la carta que envió Tsipras a las instituciones aceptando el grueso de sus condiciones, pero ya fuera de plazo antes del fin del segundo rescate. Se trata de evitar que los pensionistas que cobran una subvención del Estado por tener unas prestaciones muy bajas pierdan esa ventaja de golpe. El Gobierno legislará “inmediatamente” para ir eliminándola progresivamente, pero empezará a hacerlo en marzo de 2016, solo para el 20% con mejor prestación dentro de este colectivo desfavorecido.
Gasto militar. Es el mayor desafío del documento. La UE pedía a Tsipras recortar su elevado gasto en defensa (2,4% del PIB, el más abultado del club comunitario). Las instituciones le pedían un recorte de 400 millones. En su carta del 30 de junio, Grecia ofreció esa cantidad, pero en 2017 (para el año próximo cifraba el ajuste en 200 millones). La cesión ahora es aun menor: 100 millones en 2016 y 200 el año siguiente, sin especificar qué ocurrirá en 2017. Más allá de que es una cuestión delicada para Grecia por su posición en el mapa, en este capítulo influye que el ministro de Defensa es el aliado de Tsipras en la coalición de Gobierno que mantiene con los nacionalistas conservadores de ANEL, que ha presionado para mantener el gasto militar.
Sector público. El documento no menciona recortes adicionales en este sector, muy adelgazado tras los años de crisis. Aun así, los niveles de gasto deberán ajustarse a los objetivos fiscales comprometidos y asegurar “una senda descendente en la masa salarial sobre el PIB hasta 2019”. Es decir, el peso del gasto en salarios de funcionarios sobre el PIB debe moderarse en los próximos tres años, algo que puede obligar a ajustes, especialmente si la economía no crece suficiente. Más allá de ese compromiso, Tsipras introduce una novedad respecto a documentos anteriores: la movilidad laboral de los empleados públicos, que se aplicará en el último trimestre del año. Grecia legislará también para reducir el atasco que sufren los tribunales administrativos.
Corrupción. Atajar el fraude y la corrupción es uno de los elementos más presentes en todos los capítulos, con mayor énfasis en este último documento. Atenas reforzará el control en las entidades públicas y dará a los ministerios competencias adicionales para hacerlo. Se hace especial referencia a los ayuntamientos “de elevado gasto” y a las entidades que dependen de ellos. Habrá una evaluación de dos sectores específicos castigados por la corrupción y muy sensibles para el ciudadano: el sistema sanitario y las obras públicas.
Para luchar contra la evasión fiscal, se propone un programa de denuncias para defraudadores, la compilación de datos sobre propiedad de activos y compras que realizan los ciudadanos griegos y el establecimiento de un registro de riqueza (propiedades y otros activos) a efectos de control. También se creará una base de datos para evitar la ingeniería fiscal entre empresas de un mismo grupo, una práctica que drena las arcas públicas en toda Europa.
Mercado de trabajo. Aquí figura otro de los guiños simbólicos que Tsipras hace a su electorado. Elimina las referencias a nuevas leyes para reformar los procedimientos de despido colectivo y se compromete a fijar un nuevo sistema de negociación colectiva (previsiblemente para revertir los recortes de estos años) en el último trimestre del año.
Privatizaciones. El Ejecutivo de Tsipras acepta todo lo propuesto por Bruselas (especialmente los aeropuertos regionales y los puertos). Con una excepción: frente al compromiso de privatizar del todo la compañía eléctrica, el Gobierno propone “un esquema alternativo en octubre de 2015” que desgaje la red eléctrica de la producción y la distribución de energía para mantenerla bajo el paraguas público.
