Las sospechas de larga data sobre la corrupción en el fútbol internacional explotaron tras el arresto de varios dirigentes en Suiza. Ahora se empieza a conocer cómo funcionaba una trama corrupta, que hacía de cada torneo una oportunidad para hacerse ricos a espaldas de los aficionados.
Los derechos de la Copa América 2016 sumaron coimas a nueve federaciones. Foto: AFP
LUIS PRATS 13 dic 2015
Yo no firmo", anunció el entonces presidente de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Leoz, aquel 23 de enero de 1991, sorprendiendo al resto de los participantes en la reunión en Asunción. De un lado estaban las autoridades del fútbol sudamericano; del otro, los representantes de la empresa Traffic, empezando por su titular, el brasileño José Hawilla. Sobre la mesa, el contrato de comercialización de los derechos de la Copa América.
Leoz pidió una entrevista privada a Hawilla. Veinticuatro años más tarde, se sabe lo que se habló allí. "Usted va a ganar mucho dinero gracias a este contrato y no es justo que yo no obtenga nada", le dijo el dirigente al empresario. Y le reclamó una coima para firmar. Hawilla aceptó pagar y Leoz firmó el contrato. El pago, de un monto de seis cifras en dólares estadounidenses, fue realizado en una cuenta que Leoz indicó.
La escena fue reconstruida por la Justicia de Estados Unidos en la acusación formal presentada el 25 de noviembre pasado ante una corte de Nueva York contra 27 dirigentes y empresarios vinculados al deporte de las tres Américas. Además, hay otras seis demandas individuales. Los acusados formaron una "red de corrupción" por la cual recibieron "más de 200 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales" por parte de ejecutivos de televisión y marketing deportivo, indica el expediente.
En mayo pasado, la primera redada contra 11 miembros de la FIFA —entre ellos el uruguayo Eugenio Figueredo— en el lujoso hotel Baur au Lac, en Suiza, destapó de un tirón la "corrupción rampante" de la cúpula internacional del fútbol, según la definición utilizada por el Departamento de Justicia estadounidense. Desde entonces fueron noticia periódica los arrestos de dirigentes, los detalles de la investigación y el nervioso ajetreo en los despachos deportivos.
El terremoto originado por la investigación estadounidense sacudió hasta los cimientos la sede de la FIFA en Zurich y determinó la renuncia de su hasta hace poco todopoderoso presidente, el suizo Joseph Blatter, aunque curiosamente sigue en funciones hasta la elección de su sucesor.
Acusaciones.
El Departamento de Justicia estadounidense acusa a los dirigentes y empresarios de "extorsión, fraude electrónico y lavado de dinero, entre otros delitos, en relación con su participación en un plan de 24 años para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional".
"El mensaje debe ser claro para todos los individuos culpables que permanecen en las sombras, con la esperanza de evadir nuestra investigación: no nos ganarán por cansancio, no van a escapar a nuestra investigación", advirtió la fiscal general estadounidense, Loretta Lynch, al anunciar la presentación de la demanda "Estados Unidos de América contra Alfredo Hawit y otros".
El expediente de acusación de 240 páginas, firmado por Robert L. Capers, fiscal del distrito Este de Nueva York, contiene la descripción de los procedimientos utilizados por los dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para recibir coimas en relación con la comercialización de derechos de televisión de los torneos, los contratos de marketing y la elección de sedes mundialistas.
El documento judicial se lee como una historia de codicia: cada torneo de fútbol, cada decisión de las organizaciones deportivas, representó una oportunidad para que los dirigentes reclamaran dinero para aprobar los contratos. Los ejecutivos de las empresas Traffic, Full Play y T&T siempre aceptaron y pagaron, se aclara.
El Departamento de Justicia estadounidense acusa a los dirigentes y empresarios de "extorsión, fraude electrónico y lavado de dinero, entre otros delitos, en relación con su participación en un plan de 24 años para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional".
"El mensaje debe ser claro para todos los individuos culpables que permanecen en las sombras, con la esperanza de evadir nuestra investigación: no nos ganarán por cansancio, no van a escapar a nuestra investigación", advirtió la fiscal general estadounidense, Loretta Lynch, al anunciar la presentación de la demanda "Estados Unidos de América contra Alfredo Hawit y otros".
El expediente de acusación de 240 páginas, firmado por Robert L. Capers, fiscal del distrito Este de Nueva York, contiene la descripción de los procedimientos utilizados por los dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para recibir coimas en relación con la comercialización de derechos de televisión de los torneos, los contratos de marketing y la elección de sedes mundialistas.
El documento judicial se lee como una historia de codicia: cada torneo de fútbol, cada decisión de las organizaciones deportivas, representó una oportunidad para que los dirigentes reclamaran dinero para aprobar los contratos. Los ejecutivos de las empresas Traffic, Full Play y T&T siempre aceptaron y pagaron, se aclara.
El origen.
El expediente explica el origen de lo que llama "criminal schemes" (maniobras delictivas), que se remonta a comienzos de la década de 1990: "Desde 1987 y en las sucesivas ediciones de la Copa América hasta 2011, Traffic tuvo los derechos exclusivos internacionales para cada edición, a través de una serie de contratos con Conmebol.
Después del episodio de 1991, "hacia 1993 o 1995, el acusado Nicolás Leoz comenzó a solicitar pagos adicionales de sobornos periódicamente, cuando el torneo estaba por disputarse. Hawilla aceptó pagar esos sobornos. Leoz solicitó y obtuvo pagos por sobornos en cada edición de la Copa América hasta 2011. Los pagos se fueron incrementando con el tiempo y alcanzaron finalmente una suma de siete cifras", añade.
Los pagos se extendieron a otros dirigentes de Conmebol, como el venezolano Rafael Esquivel, el argentino Eduardo Deluca, el uruguayo Eugenio Figueredo y el boliviano Romer Osuna. Esquivel "solicitó en 2011 un millón de dólares en razón de las ganancias que Hawilla había obtenido por el torneo de 2007" en Venezuela, dice el documento, que agrega que "Hawilla realizó ese pago". Los otros mencionados recibieron pagos de "seis cifras" en dólares "durante el período en que fueron, respectivamente, secretario general, vicepresidente y tesorero de la Conmebol".
De la misma forma, Hawilla entregó "millones de dólares" a las asociaciones de fútbol de Argentina y Brasil si alineaban a sus mejores jugadores en la Copa América. En esos casos, los pagos iban al "co conspirador #1", el hoy fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, y al extitular de la CBF, Ricardo Teixeira.
"Los acusados y los co conspiradores entendían que los pagos eran algo incorrecto y por eso buscaron ocultar la naturaleza de los pagos realizados por Hawilla. En consecuencia, ellos utilizaron una serie de sofisticadas técnicas de lavado de dinero, incluyendo una cuenta numerada en un banco de Suiza y agentes de cambio e intermediarios de confianza, a los efectos de hacer aparecer los pagos de sobornos en una forma que oscurecía su verdadera fuente y naturaleza y promovía el esquema corrupto. José Hawilla confió en intermediarios, en particular José Margulies, para pagar las coimas a Nicolás Leoz en conexión con la Copa América. Margulies y su familia controlaban Margulies Intermediaries, usando cuentas a nombre de corporaciones off shore en instituciones financieras de Estados Unidos para hacer los pagos a los acusados de parte de José Hawilla", señala el expediente de acusación.
En 2010, el vínculo de Traffic con Conmebol cesó y los derechos fueron vendidos a la compañía Full Play, de Hugo y Mariano Jinkis.
El expediente explica el origen de lo que llama "criminal schemes" (maniobras delictivas), que se remonta a comienzos de la década de 1990: "Desde 1987 y en las sucesivas ediciones de la Copa América hasta 2011, Traffic tuvo los derechos exclusivos internacionales para cada edición, a través de una serie de contratos con Conmebol.
Después del episodio de 1991, "hacia 1993 o 1995, el acusado Nicolás Leoz comenzó a solicitar pagos adicionales de sobornos periódicamente, cuando el torneo estaba por disputarse. Hawilla aceptó pagar esos sobornos. Leoz solicitó y obtuvo pagos por sobornos en cada edición de la Copa América hasta 2011. Los pagos se fueron incrementando con el tiempo y alcanzaron finalmente una suma de siete cifras", añade.
Los pagos se extendieron a otros dirigentes de Conmebol, como el venezolano Rafael Esquivel, el argentino Eduardo Deluca, el uruguayo Eugenio Figueredo y el boliviano Romer Osuna. Esquivel "solicitó en 2011 un millón de dólares en razón de las ganancias que Hawilla había obtenido por el torneo de 2007" en Venezuela, dice el documento, que agrega que "Hawilla realizó ese pago". Los otros mencionados recibieron pagos de "seis cifras" en dólares "durante el período en que fueron, respectivamente, secretario general, vicepresidente y tesorero de la Conmebol".
De la misma forma, Hawilla entregó "millones de dólares" a las asociaciones de fútbol de Argentina y Brasil si alineaban a sus mejores jugadores en la Copa América. En esos casos, los pagos iban al "co conspirador #1", el hoy fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, y al extitular de la CBF, Ricardo Teixeira.
"Los acusados y los co conspiradores entendían que los pagos eran algo incorrecto y por eso buscaron ocultar la naturaleza de los pagos realizados por Hawilla. En consecuencia, ellos utilizaron una serie de sofisticadas técnicas de lavado de dinero, incluyendo una cuenta numerada en un banco de Suiza y agentes de cambio e intermediarios de confianza, a los efectos de hacer aparecer los pagos de sobornos en una forma que oscurecía su verdadera fuente y naturaleza y promovía el esquema corrupto. José Hawilla confió en intermediarios, en particular José Margulies, para pagar las coimas a Nicolás Leoz en conexión con la Copa América. Margulies y su familia controlaban Margulies Intermediaries, usando cuentas a nombre de corporaciones off shore en instituciones financieras de Estados Unidos para hacer los pagos a los acusados de parte de José Hawilla", señala el expediente de acusación.
En 2010, el vínculo de Traffic con Conmebol cesó y los derechos fueron vendidos a la compañía Full Play, de Hugo y Mariano Jinkis.
Libertadores.
Un similar esquema de corrupción giró alrededor de la Copa Libertadores de América, así como de otros certámenes de clubes de la Conmebol.
"Desde aproximadamente 1997, Zorana Danis, operando con ISM, una empresa de marketing deportivo con base en Nueva Jersey de su propiedad, fue la dueña exclusiva de los derechos mundiales de marketing de la Copa Libertadores. Como agente de marketing, Danis identificaba los potenciales auspiciantes y negociaba contratos para la comercialización de los derechos del torneo, incluyendo a grandes empresas internacionales basadas o con oficinas en EE.UU., todo a cambio del pago de comisiones", dice el documento.
"Aproximadamente en 2000, Leoz solicitó varias veces sobornos a Zorana Danis a cambio de su apoyo como presidente de Conmebol y miembro de su comité ejecutivo. Leoz indicó varias formas de hacer los pagos, incluyendo pagos directos a cuentas bancarias controladas por Leoz, a diversos fondos o por pagos extracontractuales a cuentas de Conmebol", se indica.
Danis también pagó 400.000 dólares anuales entre 2008 y 2012 a Deluca, utilizando entre otras vías "una cuenta a nombre de Fleetwod Properties SA en Uruguay".
A eso se sumaban las coimas pagadas por la empresas encargadas de la televisión. Desde 1999, los derechos de la Copa Libertadores pertenecían a la firma T&T Sports Marketing, también llamada Torneos. A cambio de su apoyo para T&T, el denominado "co conspirador #11" (un alto ejecutivo de la empresa, cuyo nombre figura bajo reserva en el expediente) "aceptó y pagó sumas anuales de 1 millón de dólares a Leoz y 600.00 anuales a Osuna, De Luca y Figueredo por espacio de aproximadamente 10 años". Los pagos a Figueredo se incrementaron a un millón anual hacia 2012 y hasta 2014.
Un similar esquema de corrupción giró alrededor de la Copa Libertadores de América, así como de otros certámenes de clubes de la Conmebol.
"Desde aproximadamente 1997, Zorana Danis, operando con ISM, una empresa de marketing deportivo con base en Nueva Jersey de su propiedad, fue la dueña exclusiva de los derechos mundiales de marketing de la Copa Libertadores. Como agente de marketing, Danis identificaba los potenciales auspiciantes y negociaba contratos para la comercialización de los derechos del torneo, incluyendo a grandes empresas internacionales basadas o con oficinas en EE.UU., todo a cambio del pago de comisiones", dice el documento.
"Aproximadamente en 2000, Leoz solicitó varias veces sobornos a Zorana Danis a cambio de su apoyo como presidente de Conmebol y miembro de su comité ejecutivo. Leoz indicó varias formas de hacer los pagos, incluyendo pagos directos a cuentas bancarias controladas por Leoz, a diversos fondos o por pagos extracontractuales a cuentas de Conmebol", se indica.
Danis también pagó 400.000 dólares anuales entre 2008 y 2012 a Deluca, utilizando entre otras vías "una cuenta a nombre de Fleetwod Properties SA en Uruguay".
A eso se sumaban las coimas pagadas por la empresas encargadas de la televisión. Desde 1999, los derechos de la Copa Libertadores pertenecían a la firma T&T Sports Marketing, también llamada Torneos. A cambio de su apoyo para T&T, el denominado "co conspirador #11" (un alto ejecutivo de la empresa, cuyo nombre figura bajo reserva en el expediente) "aceptó y pagó sumas anuales de 1 millón de dólares a Leoz y 600.00 anuales a Osuna, De Luca y Figueredo por espacio de aproximadamente 10 años". Los pagos a Figueredo se incrementaron a un millón anual hacia 2012 y hasta 2014.
Pedido.
Otros dirigentes quisieron sumarse a la maniobra delictiva: "Hacia 2009, un grupo de seis presidentes de los países tradicionalmente menos poderosos de la Conmebol formaron un bloque para obtener mayor control sobre las decisiones vinculadas a la gestión de la Conmebol y la venta de sus derechos comerciales, cuyas decisiones habían sido antes dominadas por los representantes de las potencias del fútbol, Argentina y Brasil", informa el documento.
El bloque fue liderado por Luis Chiriboga (Ecuador), Rafael Esquivel (Venezuela) y Luis Bedoya (Colombia). Los otros integrantes fueron Juan Ángel Napout (paraguayo, titular de Conmebol desde 2014), Manuel Burga (Perú) y Carlos Chávez (Bolivia). "Alrededor de 2009, los miembros del Grupo de los Seis comenzaron a reclamar recibir también el pago de sobornos anuales por dar su apoyo a T&T. (El ejecutivo de la empresa, Alejandro) Burzaco aceptó y comenzó a pagar sumas de seis cifras a estos seis desde 2010 y también desde 2012 a (el exdirigente chileno) Sergio Jadue", señala la acusación.
Otros dirigentes quisieron sumarse a la maniobra delictiva: "Hacia 2009, un grupo de seis presidentes de los países tradicionalmente menos poderosos de la Conmebol formaron un bloque para obtener mayor control sobre las decisiones vinculadas a la gestión de la Conmebol y la venta de sus derechos comerciales, cuyas decisiones habían sido antes dominadas por los representantes de las potencias del fútbol, Argentina y Brasil", informa el documento.
El bloque fue liderado por Luis Chiriboga (Ecuador), Rafael Esquivel (Venezuela) y Luis Bedoya (Colombia). Los otros integrantes fueron Juan Ángel Napout (paraguayo, titular de Conmebol desde 2014), Manuel Burga (Perú) y Carlos Chávez (Bolivia). "Alrededor de 2009, los miembros del Grupo de los Seis comenzaron a reclamar recibir también el pago de sobornos anuales por dar su apoyo a T&T. (El ejecutivo de la empresa, Alejandro) Burzaco aceptó y comenzó a pagar sumas de seis cifras a estos seis desde 2010 y también desde 2012 a (el exdirigente chileno) Sergio Jadue", señala la acusación.
Oportunidad.
El centenario de la Copa América, que se cumplirá en 2016, representó la oportunidad para celebrarlo con un gran torneo continental, pero para los dirigentes acusados en Estados Unidos significó también la posibilidad de obtener grandes sumas por sobornos.
Los derechos de este torneo fueron vendidos a una nueva empresa, Datisa, establecida formalmente el 21 de mayo de 2013 por Traffic, T&T y Full Play, cada una con un tercio de las acciones. Apenas cuatro días después Datisa obtuvo los derechos de las ediciones 2015, 2019 y 2023 de la Copa América, así como de la Copa América Centenario 2016.
Luego del anuncio de la Copa América Centenario, los titulares de Datisa —José Hawilla, Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis— se reunieron en el sur del estado de la Florida para discutir las formas del soborno. En determinado momento, Burzaco comentó: "Todos podemos salir heridos de esto. Vamos a ir presos" (página 149 del expediente).
El contrato total sumaba 317,5 millones de dólares, de acuerdo con este detalle: 75 millones por la edición 2015, 77,5 por la de 2016, 80 por la de 2019 y 85 por la de 2023.
Según el expediente de la Justicia estadounidense, Datisa acordó pagar "decenas de millones" de dólares en coimas a las autoridades de la Conmebol. Los pagos fueron de "siete cifras" al entonces presidente de Conmebol, Nicolás Leoz, así como a los titulares de nueve federaciones nacionales. Al secretario general le correspondió una suma de "seis cifras". Quienes recibieron coimas, indica el documento, fueron Manuel Burga, Carlos Chávez, Luis Chiriboga, Marco Polo Del Nero, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel, Nicolás Leoz, Ricardo Teixeira, José Luis Meiszner, José María Marín, Juan Ángel Napout, Luis Bedoya y el "co conspirador #1" (Julio Grondona).
"Entre junio y septiembre de 2013, José Hawilla y Traffic utilizaron instituciones financieras de Estados Unidos para hacer tres pagos, por un total de 11,667 millones de dólares, como contribución de Traffic a los otros accionistas de Datisa, que habían pagado y fueron responsables de pagar coimas a los dirigentes de Conmebol por la edición 2015 de la Copa América y la firma del contrato de 2013 sobre la Copa América. Los tres pagos fueron realizados desde cuentas de Traffic International al Delta National Bank & Trust Co. en Miami (Florida), y a través del Citibank y/o el JP Morgan Chase desde cuentas en Nueva York a cuentas en Zurich (Suiza), a nombre de Cross Trading (una filial de Full Play) y FPT Sports (una filial de Torneos), respectivamente", dice el expediente.
El centenario de la Copa América, que se cumplirá en 2016, representó la oportunidad para celebrarlo con un gran torneo continental, pero para los dirigentes acusados en Estados Unidos significó también la posibilidad de obtener grandes sumas por sobornos.
Los derechos de este torneo fueron vendidos a una nueva empresa, Datisa, establecida formalmente el 21 de mayo de 2013 por Traffic, T&T y Full Play, cada una con un tercio de las acciones. Apenas cuatro días después Datisa obtuvo los derechos de las ediciones 2015, 2019 y 2023 de la Copa América, así como de la Copa América Centenario 2016.
Luego del anuncio de la Copa América Centenario, los titulares de Datisa —José Hawilla, Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis— se reunieron en el sur del estado de la Florida para discutir las formas del soborno. En determinado momento, Burzaco comentó: "Todos podemos salir heridos de esto. Vamos a ir presos" (página 149 del expediente).
El contrato total sumaba 317,5 millones de dólares, de acuerdo con este detalle: 75 millones por la edición 2015, 77,5 por la de 2016, 80 por la de 2019 y 85 por la de 2023.
Según el expediente de la Justicia estadounidense, Datisa acordó pagar "decenas de millones" de dólares en coimas a las autoridades de la Conmebol. Los pagos fueron de "siete cifras" al entonces presidente de Conmebol, Nicolás Leoz, así como a los titulares de nueve federaciones nacionales. Al secretario general le correspondió una suma de "seis cifras". Quienes recibieron coimas, indica el documento, fueron Manuel Burga, Carlos Chávez, Luis Chiriboga, Marco Polo Del Nero, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel, Nicolás Leoz, Ricardo Teixeira, José Luis Meiszner, José María Marín, Juan Ángel Napout, Luis Bedoya y el "co conspirador #1" (Julio Grondona).
"Entre junio y septiembre de 2013, José Hawilla y Traffic utilizaron instituciones financieras de Estados Unidos para hacer tres pagos, por un total de 11,667 millones de dólares, como contribución de Traffic a los otros accionistas de Datisa, que habían pagado y fueron responsables de pagar coimas a los dirigentes de Conmebol por la edición 2015 de la Copa América y la firma del contrato de 2013 sobre la Copa América. Los tres pagos fueron realizados desde cuentas de Traffic International al Delta National Bank & Trust Co. en Miami (Florida), y a través del Citibank y/o el JP Morgan Chase desde cuentas en Nueva York a cuentas en Zurich (Suiza), a nombre de Cross Trading (una filial de Full Play) y FPT Sports (una filial de Torneos), respectivamente", dice el expediente.
Una redada en suiza destapó el FIFAgate en mayo.
Las sospechas sobre corrupción en las altas esferas del fútbol tienen muchos años, pero hasta 2015 no se habían traducido en acciones penales. Las investigaciones de algunos periodistas chocaban contra el poder de la FIFA. Los primeros casos concretos se conocieron en 2008 tras la quiebra de la compañía de marketing asociada ISL. La FIFA hizo actuar a un comité de ética interno, pero todos los involucrados siguieron en libertad y supuestamente sin problemas judiciales.
Sin embargo, el FBI y la Justicia de EE.UU. ya estaban tras la pista, pues el dinero surgido de sobornos y otros delitos pasó por el sistema financiero estadounidense, además de involucrar a empresas de ese país. Un personaje clave fue Carlos "Chuck" Blazer, expresidente de la Concacaf, que al verse implicado en delitos de evasión impositiva y lavado de activos aceptó colaborar con los investigadores. Además de confesar las actividades delictivas de sus colegas, aceptó facilitar escuchas. También se rastrearon cuentas y movimientos de dinero.
Con estos datos, la policía suiza, a solicitud de EE.UU., hizo su primera redada el 27 de mayo en el lujoso hotel Baur au Lac de Zurich, deteniendo a varios dirigentes. El FIFAgate acababa de estallar.
Las sospechas sobre corrupción en las altas esferas del fútbol tienen muchos años, pero hasta 2015 no se habían traducido en acciones penales. Las investigaciones de algunos periodistas chocaban contra el poder de la FIFA. Los primeros casos concretos se conocieron en 2008 tras la quiebra de la compañía de marketing asociada ISL. La FIFA hizo actuar a un comité de ética interno, pero todos los involucrados siguieron en libertad y supuestamente sin problemas judiciales.
Sin embargo, el FBI y la Justicia de EE.UU. ya estaban tras la pista, pues el dinero surgido de sobornos y otros delitos pasó por el sistema financiero estadounidense, además de involucrar a empresas de ese país. Un personaje clave fue Carlos "Chuck" Blazer, expresidente de la Concacaf, que al verse implicado en delitos de evasión impositiva y lavado de activos aceptó colaborar con los investigadores. Además de confesar las actividades delictivas de sus colegas, aceptó facilitar escuchas. También se rastrearon cuentas y movimientos de dinero.
Con estos datos, la policía suiza, a solicitud de EE.UU., hizo su primera redada el 27 de mayo en el lujoso hotel Baur au Lac de Zurich, deteniendo a varios dirigentes. El FIFAgate acababa de estallar.
