De Pollack a Caputo: deuda buitre llega a los u$s 10.000 millones
SE LO DIJO EL "SPECIAL MASTER" AL ENVIADO ARGENTINO. CON INTERESES Y PUNITORIOS LLEGARÍA ASÍ A LOS U$S 15.000 MILLONES.
Por: Carlos Burgueño
El “special master” Daniel Pollack quedó confirmado en su rol de mediador. Después de la reunión con Luis Caputo, aseguró que la deuda que reclaman los acreedores es de u$s 10.000 millones. Luis Caputo se trajo una confirmación preocupante de su primer encuentro del lunes pasado con Daniel Pollack en Nueva York: para el "special master" designado por Thomas Griesa, la deuda que la Argentina debe negociar con los fondos buitre alcanza a los u$s 10.000 millones "aproximadamente".Así se lo dejó claro el abogado norteamericano al enviado del Gobierno de Mauricio Macri, y, desde hoy, formalmente secretario de Finanzas; y así también lo transmitió el negociador oficialmente en el texto publicado ayer con la firma de Pollack. El hombre de Griesa mencionó en ese comunicado que, antes de Caputo, se encontró con los acreedores (bondholders para el mediador; nada de buitres o siquiera holdouts), y éstos le hicieron público ese reclamo, que luego Pollack avaló.
Si bien la reunión del lunes no era el momento para discutir el tema, el monto alarmó al enviado; tanto por la oportunidad para que se lo expusiera como por el voltaje del número. Si bien no hay cálculos desde el macrismo aceitados sobre la deuda, hasta último momento tanto Alfonso Prat Gay como Federico Sturzenegger estimaban que el nivel no debería haber llegado a los u$s 8.000 millones. Este número surgiría de sumar los u$s 1.330 millones originales que reclamaban NML Elliott, Aurelius y compañía, más la deuda pedida (y reconocida por el juez) de parte de los fondos buitre de segunda generación o "me too", los que no se deberían ubicar entre los u$s 5.000 y u$s 6.000 millones.
Sucede que si se tuviera en cuenta el dinero expuesto por Pollack, ese monto deberá ser tomado como la deuda total de partida sin haber ingresado en los canjes de 2005 y 2010, y cuyos reclamantes llegaron oficialmente ante el juzgado de Griesa para ser incluidos en el juicio contra la Argentina en todos los momentos del caso. A este monto tendrían que sumarse los intereses aplicados por Griesa, más las multas, punitorios y gastos por el juicio, los que deberían ser afrontados totalmente por la Argentina al haber perdido el pleito. Así, la deuda total alcanzaría, y quizá supere, los u$s 15.000 millones.
Desde el costado argentino se considera que todo es negociable y que no es el momento de protestar estimaciones; las que, además, no son oficiales, sino consideradas como el "reclamo" de los bondholders.
Lo importante para Caputo de lo que sucedió el lunes es dejarle claro a Pollack que el país rescata su misión y lo considera importante para lograr que se abran negociaciones con los acreedores. Una posición diametralmente opuesta a la que había tomado el Gobierno de Cristina de Kirchner ante Pollack, cuando luego de la negociación fallida de junio de 2014 en el bufete del "special master", consideró a través de Axel Kicillof que el "special master" habría mostrado demasiada parcialidad a favor de los fondos buitre y debía ser reemplazado por Griesa. Algo que obviamente nunca sucedió. La confirmación por parte de Macri de la función mediadora del norteamericano fue tomada como un gesto de buena fe por parte del abogado.
Tanto Caputo como Pollack ahora esperan la próxima audiencia ante Griesa con los fondos buitre para que los próximos movimientos comiencen a tomar forma. Será el 17 de diciembre cuando el juez cite a las partes para hablar de uno de los capítulos abiertos del "juicio del siglo", la declaración de ilegalidad de la emisión de u$s 1.550 millones del Bonar 24 en abril pasado. Será la primera audiencia fijada por el magistrado ya con Macri como presidente en funciones y responsable máximo de las negociaciones con los acreedores.
Si bien el evento tiene este tema como objetivo central, la idea es que Pollack le transmita al juez antes de la audiencia las noticias que le trajo Caputo sobre la nueva posición de la Argentina con el cambio de Gobierno y la muy posible reanudación oficial de las negociaciones entre las partes. Será luego decisión de Griesa si acepta en ese marco el pedido de reanudar el dialogo entre las partes en el bufete de Pollack, y, lo más importante para la Argentina, que el juez acepte considerar la aplicación de la cláusula "stay" desde el mismo inicio del diálogo con los holdouts.
Para Prat Gay esta decisión es fundamental. Si Griesa aceptara esta imposición, el Gobierno de Mauricio Macri podría emitir deuda soberana en Nueva York sin los peligros de embargos y declaraciones de ilegalidad por parte del juez. La tasa de interés bajaría, se supone, en no menos de dos puntos porcentuales y llegaría a un dígito en dólares en Wall Street.
Otro tema que deberá resolver rápidamente el Gobierno de Macri es si mantiene a los abogados Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman como los responsables del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) para seguir llevando adelante el caso y, eventualmente, las negociaciones. En algún momento, a mediados de 2006, Prat Gay no estaba muy convencido de la profesionalidad de los dos abogados y la capacidad del estudio para llevar adelante el conflicto, que ya se pensaba de como de muy larga duración.
Si bien la reunión del lunes no era el momento para discutir el tema, el monto alarmó al enviado; tanto por la oportunidad para que se lo expusiera como por el voltaje del número. Si bien no hay cálculos desde el macrismo aceitados sobre la deuda, hasta último momento tanto Alfonso Prat Gay como Federico Sturzenegger estimaban que el nivel no debería haber llegado a los u$s 8.000 millones. Este número surgiría de sumar los u$s 1.330 millones originales que reclamaban NML Elliott, Aurelius y compañía, más la deuda pedida (y reconocida por el juez) de parte de los fondos buitre de segunda generación o "me too", los que no se deberían ubicar entre los u$s 5.000 y u$s 6.000 millones.
Sucede que si se tuviera en cuenta el dinero expuesto por Pollack, ese monto deberá ser tomado como la deuda total de partida sin haber ingresado en los canjes de 2005 y 2010, y cuyos reclamantes llegaron oficialmente ante el juzgado de Griesa para ser incluidos en el juicio contra la Argentina en todos los momentos del caso. A este monto tendrían que sumarse los intereses aplicados por Griesa, más las multas, punitorios y gastos por el juicio, los que deberían ser afrontados totalmente por la Argentina al haber perdido el pleito. Así, la deuda total alcanzaría, y quizá supere, los u$s 15.000 millones.
Desde el costado argentino se considera que todo es negociable y que no es el momento de protestar estimaciones; las que, además, no son oficiales, sino consideradas como el "reclamo" de los bondholders.
Lo importante para Caputo de lo que sucedió el lunes es dejarle claro a Pollack que el país rescata su misión y lo considera importante para lograr que se abran negociaciones con los acreedores. Una posición diametralmente opuesta a la que había tomado el Gobierno de Cristina de Kirchner ante Pollack, cuando luego de la negociación fallida de junio de 2014 en el bufete del "special master", consideró a través de Axel Kicillof que el "special master" habría mostrado demasiada parcialidad a favor de los fondos buitre y debía ser reemplazado por Griesa. Algo que obviamente nunca sucedió. La confirmación por parte de Macri de la función mediadora del norteamericano fue tomada como un gesto de buena fe por parte del abogado.
Tanto Caputo como Pollack ahora esperan la próxima audiencia ante Griesa con los fondos buitre para que los próximos movimientos comiencen a tomar forma. Será el 17 de diciembre cuando el juez cite a las partes para hablar de uno de los capítulos abiertos del "juicio del siglo", la declaración de ilegalidad de la emisión de u$s 1.550 millones del Bonar 24 en abril pasado. Será la primera audiencia fijada por el magistrado ya con Macri como presidente en funciones y responsable máximo de las negociaciones con los acreedores.
Si bien el evento tiene este tema como objetivo central, la idea es que Pollack le transmita al juez antes de la audiencia las noticias que le trajo Caputo sobre la nueva posición de la Argentina con el cambio de Gobierno y la muy posible reanudación oficial de las negociaciones entre las partes. Será luego decisión de Griesa si acepta en ese marco el pedido de reanudar el dialogo entre las partes en el bufete de Pollack, y, lo más importante para la Argentina, que el juez acepte considerar la aplicación de la cláusula "stay" desde el mismo inicio del diálogo con los holdouts.
Para Prat Gay esta decisión es fundamental. Si Griesa aceptara esta imposición, el Gobierno de Mauricio Macri podría emitir deuda soberana en Nueva York sin los peligros de embargos y declaraciones de ilegalidad por parte del juez. La tasa de interés bajaría, se supone, en no menos de dos puntos porcentuales y llegaría a un dígito en dólares en Wall Street.
Otro tema que deberá resolver rápidamente el Gobierno de Macri es si mantiene a los abogados Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman como los responsables del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) para seguir llevando adelante el caso y, eventualmente, las negociaciones. En algún momento, a mediados de 2006, Prat Gay no estaba muy convencido de la profesionalidad de los dos abogados y la capacidad del estudio para llevar adelante el conflicto, que ya se pensaba de como de muy larga duración.
