Resumen Latinoamericano/ 06 de Mayo 2016 .-
Aunque aún deben ser aprobadas por la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y posteriormente firmadas por el presidente Barack Obama, parece una cuestión de mero trámite que la “Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela” (la primera ley de sanciones ejecutada contra el país a finales de diciembre del año 2014) sea prolongada hasta el año 2019.
El mito de que las sanciones no afectan al país
El mito de que las sanciones no afectan al país
Los medios corporativos y sus antenas repetidoras a nivel local (La Patilla, El Nacional, etc.) hacen un impresionante esfuerzo por hacer ver que las sanciones contra altos funcionarios del Gobierno venezolano no tienen como objetivo afectar al país. Sin embargo, cuando se realiza un breve paneo de las figuras que han sido sancionadas y que sin lugar a dudas mantendrán dicho estatus en esta nueva ronda de agresiones, nos encontramos con importantes cuadros del chavismo (Henry Rangel Silva, gobernador del estado Trujillo), miembros del alto mando militar (General Antonio Benavides, jefe de la REDI Guayana) y pilares del aparato de seguridad del Estado (general Gustavo González López, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz).
Justo cuando los actores políticos del Comando Sur en Venezuela (la MUD) elevan el perfil de la Asamblea Nacional con el único objetivo de desconocer(nacional e internacionalmente) a las legítimas autoridades del Estado venezolano y por elevación a sus principales dirigentes, aparece una nueva ronda de sanciones para brindar todos los apoyos jurídicos, políticos y diplomáticos necesarios para promover un aislamiento entre el chavismo y sus dirigentes: factor indispensable para que la maniobra del revocatorio pueda adquirir el chucuto y falseado matiz de la “unidad nacional”.
Una (nueva) incursión tan abierta dentro del escenario político nacional por parte del gobierno de Estados Unidos y su aparataje de política exterior sólo tiene un objetivo a corto plazo: incrementar el escenario de inestabilidad política a favor de la mediocre casta política opositora.
Porque así como el Decreto Obama es el soporte legal para que a Venezuela le sean embargados bienes petroleros de Pdvsa en Estados Unidos, las sanciones del Congreso de Estados Unidos son también el soporte para blindar y legitimar cualquier acción violenta en la calle promovida por los actores de la MUD.
Aprovechar el empujón de Brasil y el reacomodo de la OEA
La necesidad de aplicar la Carta Democrática de la OEA en contra de Venezuela, planificada por el Comando Sur de Estados Unidos en llave con Luis Almagro según la Operación Freedom-2, funciona en sí misma como una báscula para calibrar la ofensiva diplomática que desde la OEA se articula en torno a Venezuela.
Que este proyecto de sanciones aparezca justamente después del envión producido por el golpe parlamentario en Brasil, que a su vez forma parte de una maniobra a gran escala para restarle margen y capacidad de influencia a frentes de poder regional como Unasur, Mercosur, Alba y Celac, define una de sus características fundamentales: disciplinar y replegar a países aliados hacia la órbita de Washington en la región para que voten por la aplicación de dicho instrumento en el momento oportuno, con el cual se buscará una mayor intensidad en la “estrategia de cerco y asfixia” internacional contra Venezuela.
No los llame políticos, llámelos empleados de bancos y corporaciones
Es falso que los principales promotores de este proyecto de sanciones (senador Marco Rubio, representante Paul Ryan, representante Ed Royce y senador Bob Menéndez), quieran aplicarlo por su preocupación por los “derechos humanos” en Venezuela. Porque si así fuera, entonces Hillary Clinton, John McCain y la embajadora gringa ante la ONU, Samantha Power, ya tendrían 350 cadenas perpetuas y un pase libre a la silla eléctrica por el apoyo abierto al Estado Islámico, por la cruenta invasión a Libia y por la guerra poco civil que ya ha cobrado más de 200 mil muertos en Siria.
Detrás de cada político estadounidense que impulsa este proyecto de sanciones no están sus buenas intenciones, sino los grandes grupos empresariales e importantes bancos que pagan sus campañas electorales para que, una vez encaramados en el poder, hagan cumplir sus objetivos estratégicos: en este caso, abrir todas las opciones y posibilidades para destituir al chavismo del poder por vía del asedio internacional.
Vamos uno por uno:
El congresista republicano Paul Ryan, quien se reunió con Lilian Tintori para generar presión desde la Cámara de Representantes para la puesta en marcha del proyecto de sanciones, tiene como principales financistas a Pfizer (una de las empresas que más ha afectado el abastecimiento de medicinas en Venezuela) y el fondo de capital privado Blackstone Group, que según el portal International Business Times y Reuters, afronta dos procesos judicialespor entidades reguladoras del Gobierno estadounidense por estafar a cientos de inversores a partir de la disminución unilateral de precios de bonos y activos controlados por Blackstone Group. Es decir, par de grupos empresariales mafiosos, tras bastidores, utilizan a su cantera de políticos para asediar internacionalmente a Venezuela. Blackstone Group también le brinda apoyo financiero a Hillary Clinton.
Por su parte el representante Ed Royce, quien se reunió con Luis Florido and Company, es financiado por AES Corporation. Nada más y nada menos que laempresa transnacional propietaria del sistema eléctrico nacional del país antes de la nacionalización realizada por el Comandante Chávez que dio nacimiento a Corpoelec. La agenda de la “crisis eléctrica” y su exacerbación mediática como parte de la “crisis humanitaria”, también tiene sus nexos corporativos y figuras políticas en Estados Unidos. No de gratis AES Corporation mueve sus piezas para intentar capturar su negocio y plantearse como la única “alternativa” a la crisis eléctrica.
El banco más importante de Wall Street y uno de los grandes responsables de la crisis financiera global del año 2008, Goldman Sachs, financia al jefe político de María Corina Machado, Marco Rubio. A Bob Menéndez, en cambio, lo financia Norpac: una de las principales empresas de exportación agroalimentaria de Estados Unidos. La guerra financiera contra el país y el relato de la “crisis alimentaria”, tiene sus patrocinantes directos más allá de nuestras fronteras. Estas empresas y bancos, principales interesados en que el chavismo salga del poder, utilizan las sanciones como estrategia de negocios para agarrar el palco principal cuando el anhelado festín de la privatización comience a reventar la piñata de la renta petrolera. Bajo esta lógica procedimental, es que la petrolera gringa Chevron financió directamente las primeras sanciones contra Venezuela a finales del año 2014.
Pero que grandes empresas mafiosas y bancos que han quebrado el sistema financiero global en varias oportunidades utilicen la política exterior estadounidense para imponer sus intereses privados en Venezuela, no califica como un acto de injerencia o corrupción. El sistema legal gringo legalizó estas prácticas para sofisticar sus procedimientos y métodos de intervención. Todo se vale en un mundo diseñado por organizaciones criminales para su propio beneficio.
FUENTE: MISIONVERDAD
