El ministro de Trabajo asistió a la misa por el represor de la ESMA Miguel Angel Egea, involucrado en reducir los bienes que robaban a los secuestrados en la ESMA. Fue pocas horas antes de la gran concentración obrera del viernes.
Por Alejandra Dandan
A horas del comienzo de la primera movilización que logró reunir por primera vez en la calle a las cinco centrales obreras en medio de la ola de más de 140 mil despidos en el país, el ministro de Trabajo Jorge Triaca llegaba a la Iglesia del Socorro sobre la calle Juncal al 800. A las 17.45 se hacía una misa a un mes de la muerte de Miguel Angel Egea, un socio de los Grupos de Tareas de la ESMA, de Ricardo Cavallo y de Jorge Radice, imputado en la causa por el Robo de Bienes por parte de los marinos a los desaparecidos y a quien Eduardo Luis Duhalde asoció a los integrantes de los grupos de la derecha peronista de la ciudad de Córdoba en el Comando Libertadores de América, junto a Héctor Vergez y al brigadier Raúl Lacabanne. El ministro Triaca había firmado un mes antes una de las cinco escasas condolencias que recibió Miguel Angel Egea el día de su muerte en la sección de avisos fúnebres del diario La Nación.
Egea murió en Miami, en el simbólico 24 de marzo de 2016 cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado. Triaca hijo firmó el saludo junto a su esposa y su madre. “EGEA, Miguel A., q.e.p.d. – A un mes de su partida, se celebrará una misa en su memoria el jueves 28, a las 17.45, en la iglesia del Socorro, Juncal 880”, publicó la sección de avisos fúnebres del diario La Nación el martes pasado. Un mes antes, el mismo diario publicó sólo cinco avisos con la noticia de su muerte. Como los diarios no salieron el 25 de marzo, los avisos se publicaron el día 26. El primer aviso llevó la firma de su esposa Bárbara Franz, una norteamericana, que aparece como apoderada de varias empresas vinculadas a la ESMA. Y el segundo aviso está firmado por el actual ministro de Trabajo y su entorno familiar. “EGEA, Miguel A. – Rezamos una oración en tu memoria y acompañamos a Bárbara en este profundo dolor. Adriana, Cecilia y Jorge Triaca”. Cecilia se llama la esposa del ministro y Adriana se llama su madre.
En la tarde del jueves cuando todo el gobierno estaba conmocionado por el impacto que podía llegar a tener la convocatoria del viernes, el ministro Triaca se presentó a la hora señalada en la puerta de la Iglesia del Socorro a conmemorar la memoria de su amigo. Para entonces, el PJ capital anunciaba su adhesión a la convocatoria de los gremios y el senador de Cambiemos Federico Pinedo, presidente del Senado, había reiterado el rechazo del macrismo a la ley antidespidos y confesaba “estamos en el peor momento de este Gobierno”. Ya de nochecita, el ministro permaneció en la puerta junto a un pequeño grupo de personas.
Egea murió en Miami, en el simbólico 24 de marzo de 2016 cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado. Triaca hijo firmó el saludo junto a su esposa y su madre. “EGEA, Miguel A., q.e.p.d. – A un mes de su partida, se celebrará una misa en su memoria el jueves 28, a las 17.45, en la iglesia del Socorro, Juncal 880”, publicó la sección de avisos fúnebres del diario La Nación el martes pasado. Un mes antes, el mismo diario publicó sólo cinco avisos con la noticia de su muerte. Como los diarios no salieron el 25 de marzo, los avisos se publicaron el día 26. El primer aviso llevó la firma de su esposa Bárbara Franz, una norteamericana, que aparece como apoderada de varias empresas vinculadas a la ESMA. Y el segundo aviso está firmado por el actual ministro de Trabajo y su entorno familiar. “EGEA, Miguel A. – Rezamos una oración en tu memoria y acompañamos a Bárbara en este profundo dolor. Adriana, Cecilia y Jorge Triaca”. Cecilia se llama la esposa del ministro y Adriana se llama su madre.
En la tarde del jueves cuando todo el gobierno estaba conmocionado por el impacto que podía llegar a tener la convocatoria del viernes, el ministro Triaca se presentó a la hora señalada en la puerta de la Iglesia del Socorro a conmemorar la memoria de su amigo. Para entonces, el PJ capital anunciaba su adhesión a la convocatoria de los gremios y el senador de Cambiemos Federico Pinedo, presidente del Senado, había reiterado el rechazo del macrismo a la ley antidespidos y confesaba “estamos en el peor momento de este Gobierno”. Ya de nochecita, el ministro permaneció en la puerta junto a un pequeño grupo de personas.
El otro
Menos conocida es la historia de Egea pese a que su nombre fue denunciado de modo constante en investigaciones periodistas ligadas al robo de bienes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno de los hombres que comenzó a denunciarlo es el ahora fallecido Luis Eduardo Duhalde, primer secretario de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. Alrededor de Duhalde dicen que a partir de esa época Egea decidió mudarse a Estados Unidos, convencido de que en cualquier momento podía quedar detenido.
“El que tal vez comparta con él una copa en el Alvear Palace Hotel, por ejemplo, le resultará difícil imaginar, que este corparchón simpático y entrador, que se presenta como lobbista influyente en las más altas esferas y experto en licitaciones, es un tenebroso personaje”, dice sobre Egea un pequeño apunte de Eduardo Luis Duhalde. Una cita que adjudica, a su vez, a un “ex amigo de Egea”. “Sin embargo, si el ocasional interlocutor más adelante debiera discutir las condiciones de un eventual negocio con este cincuentón, que apenas deja entrever entre sus canas su antiguo cabello pelirrojo, descubrirá que es ‘un duro’ cuya afabilidad ha desaparecido. Si avanzando en la relación, aquel interlocutor creyera que puede confiar en él, es probable que terminara estafado, y si a su vez, intentara defraudar a Egea, no sería extraño que conociera a algunos ‘amigos’ del Colorado.”
Miguel Angel Egea está imputado en la causa de Robo de Bienes de la ESMA a cargo del juzgado de Sergio Torres. Su nombre aparece como parte de una estructura de empresas montadas por marinos del Grupo de Tareas 3.3.2, entre cuyos orígenes están las oficinas del ex almirante Emilio Massera. Esa causa tiene dos partes. Por un lado, investiga la relación entre el robo de bienes de los desaparecidos y una serie de empresas locales que están o estuvieron a nombre de los integrantes del GT. Entre ellos figuran Jorge Radice, Ricardo Cavallo, familiares de ellos y de un grupo de civiles como el de Egea que suele ser siempre el mismo.
Menos conocida es la historia de Egea pese a que su nombre fue denunciado de modo constante en investigaciones periodistas ligadas al robo de bienes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno de los hombres que comenzó a denunciarlo es el ahora fallecido Luis Eduardo Duhalde, primer secretario de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. Alrededor de Duhalde dicen que a partir de esa época Egea decidió mudarse a Estados Unidos, convencido de que en cualquier momento podía quedar detenido.
“El que tal vez comparta con él una copa en el Alvear Palace Hotel, por ejemplo, le resultará difícil imaginar, que este corparchón simpático y entrador, que se presenta como lobbista influyente en las más altas esferas y experto en licitaciones, es un tenebroso personaje”, dice sobre Egea un pequeño apunte de Eduardo Luis Duhalde. Una cita que adjudica, a su vez, a un “ex amigo de Egea”. “Sin embargo, si el ocasional interlocutor más adelante debiera discutir las condiciones de un eventual negocio con este cincuentón, que apenas deja entrever entre sus canas su antiguo cabello pelirrojo, descubrirá que es ‘un duro’ cuya afabilidad ha desaparecido. Si avanzando en la relación, aquel interlocutor creyera que puede confiar en él, es probable que terminara estafado, y si a su vez, intentara defraudar a Egea, no sería extraño que conociera a algunos ‘amigos’ del Colorado.”
Miguel Angel Egea está imputado en la causa de Robo de Bienes de la ESMA a cargo del juzgado de Sergio Torres. Su nombre aparece como parte de una estructura de empresas montadas por marinos del Grupo de Tareas 3.3.2, entre cuyos orígenes están las oficinas del ex almirante Emilio Massera. Esa causa tiene dos partes. Por un lado, investiga la relación entre el robo de bienes de los desaparecidos y una serie de empresas locales que están o estuvieron a nombre de los integrantes del GT. Entre ellos figuran Jorge Radice, Ricardo Cavallo, familiares de ellos y de un grupo de civiles como el de Egea que suele ser siempre el mismo.
Por otro lado, investiga la relación entre esas sociedades locales y otras radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes y Uruguay. Bajo la hipótesis de lavado de dinero, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en 2014 presentó al juzgado un informe en el que entendía que una serie de empresas locales con balances negativos habían recibido entre 2001 y 2013, 19.008.513 pesos. “Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos dijo la UIF en ese momento, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2”. La UIF para entonces a cargo de José Sbatella, estaba convencida que detrás de las empresas radicadas en el exterior estaban los mismos nombres de los dueños de esas sociedades en argentina.
En ese momento, pidió al Juzgado de Torres que investigara esa línea y pidió constituirse en querellante. El juzgado pidió información a Panamá. Y recibió información oficial de una de esas compañías: Adela Compañía de Inversiones (Panamá). De acuerdo al Informe de la UIF, esa compañía inyectaba dinero en otras tres radicadas en Argentina: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. El Juzgado constató en la documentación de Panamá —confirmando la hipótesis— que los integrantes del directorio son los mismos nombres de los que están radicados aquí, tal como este diario señalo en su edición del domingo pasado.
En esas sociedades está Egea como director o presidente. Y también está Norma Radice, hermana de Jorge Radice, hombre clave del robo de bienes de la ESMA. Radice fue Jefe de Operaciones del Grupos de Tareas, con una oficina propia en el pasillo de los Jefes del Centro Clandestino. Radice participaba de los operativos y tenía reputación de ser un francotirador de elite. Fue condenado a prisión perpetua en 2011, en el juicio ESMA II, por su participación en el secuestro, los tormentos y el homicidio de los doce integrantes del grupo de la iglesia Santa Cruz, así como por su colaboración en el asesinato de Rodolfo Walsh y el robo de sus bienes. En este momento se lo juzga en el Juicio ESMA Unificado que se realiza por los crímenes a 789 personas. Es uno de los imputados en Robo de Bienes. Y quien pasó a “trabajar” de la ESMA a las oficinas de Massera en la calle Cerrito 1136, cuando el jefe de la Armada se retiró para amar su proyecto político entorno al Partido para la Democracia Social con aliados de la derecha peronista. De esas oficinas surge uno de los nombres emblemáticos del “robo de bienes” como el caso Chacras de Coria, uno de los puntos de origen de la trama de empresas en investigación. Allí quedó radicado el domicilio legal de WillRi, la sociedad a través de la cual se fraguó la venta de las propiedades de una de las víctimas de la ESMA. WillRi era un juego de palabras que remitía a Francis William “El Duque” Whamond, otro miembro del “grupo de tareas, de la ESMA, muerto a fines de 2002.
Jorge Radice, su hermana Norma y Egea aparecen juntos en una enorme trama de relaciones societarias siempre denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. También está la esposa de Egea, Bárbara Franz. Entre las sociedades más conocidas, están aquellas que detectó la UIF recibiendo dinero de Panamá como Martiel S.A. También Seal Lock S.A. y Talsud S.A que combinaron en distintas épocas a otros nombres emblemáticos de la ESMA como Ricardo Cavallo y Jorge Acosta. Del universo de sociedades creadas, una de las más llamativas es Adela Compañía de Inversiones, la compañía que es investigada en Panamá. Su origen es 1966 y fue creada por un consorcio de capitales norteamericanos para inyectar dinero en las dictaduras de Cono Sur. En 1988, y en paralelo al crecimiento de las sociedades en Buenos Aires, a esa sociedad ingresaron Norma Radice y Miguel Angel Egea. Él como “presidente” de la compañía, de acuerdo a ese registro y como su “representante”. Norma Radice como parte del directorio.
En ese momento, pidió al Juzgado de Torres que investigara esa línea y pidió constituirse en querellante. El juzgado pidió información a Panamá. Y recibió información oficial de una de esas compañías: Adela Compañía de Inversiones (Panamá). De acuerdo al Informe de la UIF, esa compañía inyectaba dinero en otras tres radicadas en Argentina: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. El Juzgado constató en la documentación de Panamá —confirmando la hipótesis— que los integrantes del directorio son los mismos nombres de los que están radicados aquí, tal como este diario señalo en su edición del domingo pasado.
En esas sociedades está Egea como director o presidente. Y también está Norma Radice, hermana de Jorge Radice, hombre clave del robo de bienes de la ESMA. Radice fue Jefe de Operaciones del Grupos de Tareas, con una oficina propia en el pasillo de los Jefes del Centro Clandestino. Radice participaba de los operativos y tenía reputación de ser un francotirador de elite. Fue condenado a prisión perpetua en 2011, en el juicio ESMA II, por su participación en el secuestro, los tormentos y el homicidio de los doce integrantes del grupo de la iglesia Santa Cruz, así como por su colaboración en el asesinato de Rodolfo Walsh y el robo de sus bienes. En este momento se lo juzga en el Juicio ESMA Unificado que se realiza por los crímenes a 789 personas. Es uno de los imputados en Robo de Bienes. Y quien pasó a “trabajar” de la ESMA a las oficinas de Massera en la calle Cerrito 1136, cuando el jefe de la Armada se retiró para amar su proyecto político entorno al Partido para la Democracia Social con aliados de la derecha peronista. De esas oficinas surge uno de los nombres emblemáticos del “robo de bienes” como el caso Chacras de Coria, uno de los puntos de origen de la trama de empresas en investigación. Allí quedó radicado el domicilio legal de WillRi, la sociedad a través de la cual se fraguó la venta de las propiedades de una de las víctimas de la ESMA. WillRi era un juego de palabras que remitía a Francis William “El Duque” Whamond, otro miembro del “grupo de tareas, de la ESMA, muerto a fines de 2002.
Jorge Radice, su hermana Norma y Egea aparecen juntos en una enorme trama de relaciones societarias siempre denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. También está la esposa de Egea, Bárbara Franz. Entre las sociedades más conocidas, están aquellas que detectó la UIF recibiendo dinero de Panamá como Martiel S.A. También Seal Lock S.A. y Talsud S.A que combinaron en distintas épocas a otros nombres emblemáticos de la ESMA como Ricardo Cavallo y Jorge Acosta. Del universo de sociedades creadas, una de las más llamativas es Adela Compañía de Inversiones, la compañía que es investigada en Panamá. Su origen es 1966 y fue creada por un consorcio de capitales norteamericanos para inyectar dinero en las dictaduras de Cono Sur. En 1988, y en paralelo al crecimiento de las sociedades en Buenos Aires, a esa sociedad ingresaron Norma Radice y Miguel Angel Egea. Él como “presidente” de la compañía, de acuerdo a ese registro y como su “representante”. Norma Radice como parte del directorio.
De la Triple A a la Estrella de la Fortuna
Así se llama el documento que Eduardo Luis Duhalde escribió sobre Egea. El ex secretario de derechos humanos, lo ubica como uno de los miembros de los grupos fundadores de la Triple A en la provincia de Córdoba, precedente del Comando Libertadores de América. En los años ‘70 y ‘80 tuvo varias causas por estafa. De acuerdo al documento de Duhalde, en 1967 fue detenido por usurpación de títulos y honores art. 267; en 1974 tuvo una causa por infracción al 302 de cheque sin fondos y dos causas por estafa. En 1977, tuvo otra causa por estafa. En 1979, dos quiebras. En los ‘80 aparecen las sociedades con los marinos. En los ‘90, llega a Buenos Aires de la mano de Alberto Kohan. Según publicó este diario en 2003, “con el nacimiento del menemismo, se mudó a Capital para trabajar con Kohan en la Fundación de Estudios para la Argentina en Crecimiento y según testimonios periodísticos se lo veía con su jefe y amigo (Kohan) arriba del Menemóvil, vehículo que transportó a no pocos violadores del Código Penal, como el propio Radice”. Cuando Julio César “Chiche” Aráoz, con quien tenía relación desde Córdoba, pasó a desempeñarse como secretario de Energía en 1989, lo llevó como asesor. Egea paralelamente montó una consultora especializada en hidrocarburos en la calle Mitre al 900. Aráoz pasó de Energía a ser interventor en Tucumán y luego ministro de Salud y Acción Social, área de la que dependía Lotería Nacional. El documento de Duhalde, también dice que en 1997, pidió renovación de pasaporte y dio como referencias a Nicolás Ciccone y Hugo Budkin y declara que trabaja en Martiel S.A. Para la época comienzan los contactos con el Casino Flotante. En el año 2000, este diario preguntó por su participación en el Casino Flotante a Jorge Lima que fue vicepresidente de Lotería Nacional durante el menemismo. “A mí me lo presentaron como parte del directorio”, le dijo a Página/12.
Durante esa época, Egea también estaba detrás de una agencia de publicidad. Tenían el juego del Cash y el Loto e imprimían cartones en Ciccone.
Radiografía de un mafioso que murió impune(ARTICULO DE ARCHIVO)
Miguel Angel Egea (a) “El Colorado”, es uno de los principales socios políticos y económicos de Alberto Kohan, el ex secretario general de la Presidencia de Carlos Menem y su principal lugarteniente para las operaciones financieras que el ex Presidente necesitó y necesita mantener en secreto. Por ejemplo, la última visita de George Bush, lobbysta de los casinos que quiere instalar en la Argentina su hijo Jeb, gobernador de La Florida.
Kohan es uno de los pocos funcionarios del riñón menemista que cuenta con buenas relaciones con el gobernador Carlos Ruckauf. Sucede que ambos hacen pingües negocios con el secretario de Gobierno de la provincia (nombrado embajador plenipotenciario por Menem poco antes de resignar la Presidenca) y antes embajador en el Vaticano, Esteban “Cacho” Caselli, también conocido como “El Obispo” a causa de sus importantes relaciones con los cardenales del Vaticano. Caselli conforma desde mediados de los años ’70 (cuando ambos, auspiciados por el entonces gobernador bonaerense y ex sindicalista metalúrgico Vitorio Calabró –hoy patrón del juego en Vicente López- se desempeñaron en la intervención de la acería estatal SOMISA. Desde entonces ambos cultivaban aficiones y amistades comunes, entre éstas, con el ex almirante Emilio Eduardo Massera y con Alfredo Yabrán y Kohan.
No es un secreto que todos los mencionados tienen como hobby el tráfico de armas.
Puestos en la disyuntiva, Ruckauf y Franco rompieron con Yabrán (privilegiando sus relaciones con la Iglesia) tan pronto advirtieron que el embate frontal del entonces ministro Domingo Cavallo en el Congreso lo había herido de gravedad.
Kohan “es sigiloso, inteligente dañino”, según lo definió Zulema Yoma. Es uno de los más antiguos amigos del Presidente, hasta el punto de que, dijo la ex mujer de Menem, suele acompañar a éste “hasta el baño”.
Desde el principio de la carrera política de Menem a la Presidencia, Kohan lo secundó ocupándose de las sensibles áreas de los contactos empresarios y la recaudación de dinero. Junto con César Arias, el locutor Juan Carlos Rousselot, Rubén “El Buscapié” Cardozo, el abogado y ex periodista Carlos Cañón, el futuro tesorero de Menem y estrella del Narcogate, Mario Caserta y el sindicalista-patrón gastronómico Luis Barrionuevo, entre otros, conformaron “el círculo íntimo del ungido”, luego conocidos como “los rojo punzó”, pero que entonces eran mencionados como “Los Monstruos” o el “Grupo masserista de negocios”.
La periodista Gabriela Cerruti conoce muy bien a Kohan por haber cubierto la campaña electoral con la que Menem accedió la Presidencia y no duda en definirlo como “tan vinculado al Mosad como a la CIA” a la vez que dio fe de su acrisolada reputación de “traficante de armas, nexo con el (depuesto) gobierno dictatorial sudafricano y empresario de diamantes y piedras preciosas”.
No es de extrañar, entonces, que Kohan fuera junto a Ramón Saadi uno de los más activos lobbistas del régimen racista de Pretoria cuando éste lanzó en 1990 una campaña pro reanudación de las relaciones diplomáticas con Argentina.
Alberto Kohan era por entonces intermediario en los negocios que empresarios argentinos mantienen con Taiwán, país con el cuál, tal como sucede con Sudáfrica, Argentina no mantenía relaciones diplomáticas.
Israel, Sudáfrica y Taiwán eran estrechos aliados en diversos negocios non sanctos, desde la cooperación entre sus servicios de inteligencia (el Boss del régimen racista de Pretoria y el Mosad mantenían un fluido intercambio) hasta el tráfico de armas.
Dentro de esta sociedad Taiwan operaba como paraíso fiscal, estimándose en 1990 que atesoraba 60.000 millones de dólares provenientes del lavado del tráfico de armas y de drogas, dispuestos a ser invertidos en aquellos países que ofrezcan altas tasas de rentabilidad o facilidades para extender aquellos negocios.
La historia de Kohan, al decir de Cerruti, es “mucho más sinuosa que su biografía política”, lo que es mucho es decir.
Kohan fue secretario general del gobierno hasta que, pasado el Swiftgate (la denuncia del embajador Terence Todman de que el cuñado presidencial, Emir Yoma, intentaba coimear a un frigorífico estadounidense para destrabar un trámite gratuito) y al estallar la crisis del Golfo, Menem lo retiró del gobierno, aparentemente para que no tener que explicar sus muchos contactos con el sector carapintada del Ejército.
Aquella primera gestión como secretario general de Kohan está caracterizada por su relación con el banquero sirio-saudí llamado Gaith Pharaon, presidente del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), poco después disuelto tras haber sido hallado culpable por la justicia estadounidense y francesa de blanqueo de capitales en gran escala. Capitales provenientes del narcotráfico, el tráfico de armas y actividades terroristas. Esta relación eprovoca sus actuales problemas con la ley.
Kohan fue el único miembro del gabinete que estuvo presente en el anuncio de la construcción del Hotel Hyatt, a mediados de septiembre de 1989. Luego arrastró a Menem a la puesta de su piedra fundamental.
Cuando la jueza federal María Romilda “Chuchi” Servini de Cubría tuvo en sus manos documentación sobre el BCCI secuestrada por la justicia francesa y el FBI en su central parisina, y por ende pudo ver lo que había declarado Pharaon (un hombre tan poco hipócrita que reconoció sin ambages que su banco lavaba dinero “como muchos otros”), ordenó un allanamiento en Buenos Aires. Pero al parecer el personal de la sucursal porteña del banco de Pharaon tenía el don de la clarividencia, pues cargó con carpetas de contabilidad varias camionetas que partieron raudas con destino desconocido un día antes, el 29 de julio de 1989.
Nueve años más tarde, en 1998, Kohan admitió haber “facilitado la inversión” del BCCI y agregó que, en iguales circunstancias, volvería a hacer lo mismo.
“La situación de Kohan es compleja. Gaith Pharaon tenía que pasar por él para hacer sus negocios. Sabemos que la relación entre ambos fue esencial para el banquero por el lugar que ocupaba y ocupa Kohan en el gobierno, pero todavía no hay elementos para afirmar que lo haya beneficiado en los negocios”, comentó un estrecho colaborador de la jueza.
Durante la dictadura, Kohan mantuvo estrechos vínculos con los militares que gobernaban la Argentina, fundamentalmente en Córdoba y Tucumán”, donde estaba asociado con Aníbal Fosberi, rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino, presidente de la Confederación de Universidades Privadas y uno de los gestores de la provisión de armas de Libia a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas.
La relación entre Kohan y Egea –también muy amigo de Fosberi- data desde entonces, sino de antes.
Quizá se haya iniciado en 1974, cuando Kohan trabajaba como geólogo en La Rioja y Egea fue secretario privado del interventor de la provincia de Córdoba, el brigadier retirado Raúl Lacabanne, quién accedió al cargo tras “El botonazo”: el golpe de estado policial bendecido por el presidente Perón que derrocó al gobernador legítimamente elegido un año antes, Ricardo Obregón Cano.
Egea solía pasar por entonces sus días en la Secretaría de Seguridad, donde trabó estrecha amistad con César “Chiche” Araóz, el comisario Telleldín (padre del principal detenido por la voladura de la AMIA) y el capitán del ejército Héctor Pedro Vergéz. Estos dos se aprestaban a fundar el “Comando Libertadores de América”, versión cordobesa de la Triple A.
Los años ’80 encontraron a Egea convertido en el próspero dueño de una empresa de exportaciones e importaciones con filial en Miami, actividades en la que se asoció con un marino que llegaría a la jefatura del arma con el rango de almirante, Rubén Franco, suegro de Alberto Kohan.
Franco le presentó a Egea en París a un jefe montonero exiliado, Rodolfo Galimberti.
En 1987, Egea incorporó como mano derecha en sus negocios a Jorge Radice (a) Ruger o Gabriel, quién había sido uno de los jefes operativos del “grupo de tareas” de la ESMA, con quién se asociaría en la firma Martiel SA. Egea se asoció también con Galimberti.
“En los ’70, Egea pertenecía a la derecha peronista; luego se sumo a las estructuras de la dictadura militar y cuando llegaban las elecciones de 1989 invirtió en Carlos Menem a través de sus contactos con Kohan”, sintetizó la trayectoria de Egea el periodista Omar Lavieri.
Convertido en acérrimo menemista, Egea se lanzó a acrecentar sus negocios, algunas veces al margen de la legalidad. Así, fue procesado por haber “olvidado” invertir en los astilleros Altilsur las gruesas sumas de dinero que recibió del gobierno en concepto de pre y postfinanciación de exportaciones, y también por el vaciamiento de financieras en las que los depositantes quedaron culo p’al norte.
Además del secretario general de la Presidencia argentina, Egea estaba asociado con Paulo, “PC” Farías, el tesorero del presidente brasileño, Fernando Collor de Melo. Al ser defenestrado éste por el Congreso, PC Farías debió darse a la fuga, ocasión en que se habría refugiado en la quinta cordobesa de Egea en Los Cocos (antes de marcharse a Tailandia, donde Farías fue capturado por Interpol y deportado a Brasil, donde obtuvo su libertad bajo fianza y fue asesinado poco después, junto a una joven amante circunstancial, en un hotel de Pernambuco).
En cuanto a Radice, otrora killer y cerebro financiero de Massera (planificó como esquilmar prolijamente las propiedades mendocinas de la familia Cerrutti y organizó una inmobiliaria para vender las propiedades de los desaparecidos), se transformó de inmediato en inseparable compañero de Il Condottiero Galimberti.
Radice se asocio con Egea en Martiel SA, empresa que junto a Ciccone Calcográfica y la norteamericana Congent, logró a fines de 1995 ser designada por el gobierno chino para imprimir los pasaportes de la República Popular ex maoísta hasta el 2010, un contrato, se anunció por entonces, por valor de unos 1.500 millones de dólares.
Según un informe curiosamente difundido por la SIDE y al parecer elaborado por la Gendarmería, Radice, a pesar de estar retirado, integraba una larga lista de militares y policías que eran mensualmente estimulados económicamente por Alfredo Yabrán.
Esto coincide con lo afirmado por el escribano Wenceslao Bunge, ex apoderado del fallecido Yabrán a Página/12 (del 6.2.00, pág. 11). Según Bunge, el negocio fue armado por el propio Yabrán. “El armó el negocio de hacerles pasaportes a los chinos, en sociedad con un chino. Le ganan a todo el mundo y firman un contrato para hacer 100 millones de pasaportes el primer año, con un total de 1900 millones de pasaportes ¡a 15 dólares cada uno! Alfredo era un tipo de esos que sale uno en diez millones…”. Es decir, de acuerdo con Bunge, el de hacer pasaportes chinos era un negocio no de 1.500 millones de dólares, sino de 28.500 millones, lo que no es una diferencia menor.
Lo cierto es que Egea, Radice y Galimberti se convirtieron en socios en diversos emprendimientos. Galimberti y Radice se asociaron primero con el teniente coronel Rico, y luego se integraron en la Fundación de Estudios para la Argentina en Crecimiento (FEPAC), cuyo presidente era Alberto Kohan.
En la FEPAC se nuclearon otros militares masseristas y carapintadas que conformaron una “Comisión de Defensa” que fue el principal medio de ingreso de los viejos masseristas al menemismo que se aprestaba a acceder al poder, como el capitán (R) Horacio Estrada.
Por fin, en una pirueta que ningún funambulista podría igualar, Galimberti se asoció con el empresario Jorge Born (de quién había sido carcelero cuando en 1974 los Montoneros lo secuestraron junto a su hermano Juan) y con el fiscal Juan Martín Romero, alías “El Potro”, que lo había perseguido por ese delito durante años.
Según persistentes rumores, Galimberti se encargó durante el primer lustro de los ’90 de muchas “operaciones especiales” de la SIDE. Scotland Yard sospecha que pudo haber organizado la postura de una bomba que estalló en Londres muy poco después que la AMIA fuera volada (julio de 1994).
Lo cierto es que Galimberti terminó asociándose con Alejandro Mc Farlaine, yerno del jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, para explotar en beneficio propio el sistema de llamadas telefónicas destinadas a la beneficencia pública, particularmente las cursadas al programa “Hola, Susana” de la popular ex vedette Susana Jiménez, razón por la que se encuentran hoy todos procesados.
Poco después del atentado a la AMIA, Galimberti se dejó ver conduciendo un Porsche valuado en 180 mil dólares en su rutina de ir a disparar con armas cortas y largas al Tiro Federal. Para entonces era vox populi que se había convertido en un exitoso traficante de armas, representante de la Giat francesa y sus filiales belgas
Tras años de cultivar un bajo perfil, Kohan regresó por la puerta grande a la secretaría general de la Presidencia en 1996, tan pronto como Eduardo Bauzá, su principal rival, la hubo abandonado.
Menem sostuvo a Kohan en el cargo a pesar de sus obvias responsabilidades políticas en el “caso IBM” y en la exportación clandestina de armas argentinas a Ecuador mientras tropas de este país combatían con las de Perú en la Amazonia por un viejo pleito de límites fronterizos, conflicto del que Argentina era árbitro y garante de la paz.
El responsable visible de este envío, Diego Palleros, un coronel retirado que se enriqueció siendo interventor de la obra social de los trabajadores gastronómicos (en sociedad con el “recontralcahuete de Menem” Luis Barrionuevo) huyó a Singapur, desde donde protestó que los embarques habían estado “desde el principio en conocimiento de las más altas autoridades del gobierno argentino”, las que, además, habían ejercido “un estricto control” sobre el material exportado. Cuando se le preguntó a qué altos funcionarios se refería, Palleros dijo que a “la Secretaría de la Presidencia de la Nación”. Es decir, a Kohan.
Otro de los protagonistas de la venta de armas a Ecuador fue el capitán de navío (R) Horacio Pedro Estrada, un aviador militar que participó en el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 (segundo gobierno de Juan Perón, al que se buscaba matar).
De la misma promoción que Emilio Eduardo Massera y Jacinto Chamorro, Estrada secundó a ambos con el alías de “Humberto” en la conversión de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en un centro clandestino de detención tan pronto se ejecutó el golpe militar de marzo de 1976.
Antes, en 1977, el capitán Estrada fue destinado a la agregaduría naval en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Allí se convirtió en un experto traficante de armas y se relacionó con el Mosad.
Regresó al país en 1979, época en que fue designado jefe del grupo de tareas de la ESMA.
Detenidos-desaparecidos que trabajaban en condiciones de esclavitud en el laboratorio fotográfico y en la imprenta de la ESMA recuerdan que fue Estrada quién pidió que se le confeccionaran dos pasaportes argentinos –uno con el nombre real y otro con falsa identidad– para Licio Gelli, el capo de la Logia Propaganda Due (P-2) que también integraba el almirante Massera. Y también recuerdan que les encargó la confección de 10.000 pasaportes en blanco para su venta en el mercado negro, operación que ellos sabotearon haciendo una marca de agua que con el tiempo se borraba, lo que impidió su comercialización.
Cuando estalló la Guerra de las Malvinas, Estrada, ya retirado, intentó proveer de armamento israelí a la Marina. Y aunque cuando se produjo el reestablecimiento democrático, fue acusado de 25 delitos. Pero fue desprocesado en 1987 por la Ley de Obediencia Debida.
Durante esos años Estrada siguió intentando proveer de aviones israelíes a la Marina, probablemente en sociedad con el traficante sirio Monzer al Kassar, que hacía lo mismo con la Fuerza Aérea.
Estrada, un viejo gorila, no tuvo problemas en ingresar al menemismo en 1987 de la mano de uno de sus subordinados en la ESMA, el killer de Massera, Jorge Radice, quién se había vinculado con el futuro presidente de los argentinos a través de Alberto Kohan, a quién conocía de los tiempos en que en Sudáfrica hizo sus primeros pininos como traficante de armas.
Así fue como en 1989 Estrada participó activamente en la campaña Menem desde la Fundación para la Argentina en Crecimiento (FEPAC) de Kohan, un fanático de las oportunidades comerciales que brindaba el régimen del apartheid. Tras el triunfo, volvió a su habitual perfil bajo, el que mejor cuadra a un experto traficante de armas. Hasta que, después de seis años, se supo que había supervisado el envio de armas hacia Ecuador en la pista de Ezeiza. En ese acto, Estrada representaba a los compradores y también a la SIDE, de la que percibía un sueldo. Según Cavallo, Estrada trabajaba también para Yabrán.
El contrabando de armas hacia Ecuador desde Ezeiza fue el objeto de una denuncia presentada en 1995 por el abogado Ricardo Monner Sans, que desencadenó las investigaciones sobre otros envíos de armas y explosivos, mayores y sistemáticos, hacia Croacia, envuelta en guerra contra los restos de la Federación Yugoeslava (Serbia y Montenegro), conflicto en que tropas argentinas oficiaban de pacificadoras bajo la bandera de las Naciones Unidas.
Las investigaciones provocaron el procesamiento del ministro de Defensa, Oscar Camilión, por haber omitido denunciar los embarques. Otros procesados fueron el ex interventor en Fabricaciones Militares, el coronel Luis Sarlenga (riojano e íntimo del presidente Menem), el ex jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Juan Paulik y el coronel Alberto De la Vega.
Las ventas hacia Ecuador se habían hecho bajo el amparo de un decreto reservado (secreto) de ese mismo año, 1995, que autorizaban la venta a Venezuela, un destino falso.
Las ventas hacia Croacia se habían iniciado en 1991, con dos decretos firmados por Menem, el entonces ministro de Defensa, Erman González, el canciller Di Tella y el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Dichos decretos autorizaban a vender las armas respectivamente a Bolivia y Panamá, país éste que carecía de fuerzas armadas.
El embarque supuestamente destinado a Bolivia nunca fue enviado, suspendiéndose por causas que aún se ignoran. El periodista Jorge Urien Berri afirmó (en La Nación del 20.8.98) que dicho envío comenzó a ser gestionado por el Ministerio de Defensa en 1990, so pretexto de una venta a la empresa boliviana Cofadena y que recién se firmó en 1992 “tras un curso accidentado y ocho intentos del Ministerio de Economía para frenarlo”. Ese decreto autorizaba a vender a Bolivia 18 cañones Citer de 155 milímetros, 8.500 fusiles FAL, minas y pistolas.
En enero de 1995 Menem firmó un nuevo decreto que autorizaba la venta de similar armamento (los 18 cañones Citer y 8.000 FAL) a Venezuela. En esta oportunidad , las armas zarparon hacia Croacia por la terminal 6 del Puerto Nuevo. Que se sepa, era el séptimo embarque de armas con ese mismo destino desde 1991.
Cañones y fusiles provenían de los arsenales del Ejército argentino. El fiscal Carlos Stornelli pidió que se considerara imputados en este tráfico al ex interventor de Fabricaciones Militares y actual viceministro de Defensa, Jorge Pereyra de Olazábal, al abogado Nicolás Ignacio Granillo Ocampo, hermano del actual ministro de Justicia, y al ex vicencanciller y actual diputado Juan Carlos Olima.
El juez federal Jorge Urso, que investiga la posibilidad de que altos funcionarios públicos hayan conformado una asociación ilícita, convirtiéndose en una banda criminal que adulteraba documentos públicos para hacer posible estos envíos, citó a declarar a Estrada el viernes 21 de agosto de 1998.
Tres días más tarde, el lunes 24, Estrada murió a causa de un disparo de una pistola calibre 380 en su occipucio izquierdo, cerca de la nuca. Se lo encontró en pijama, derrengado sobre su escritorio, con la pistola cerca de su mano derecha. Sobre el escritorio se encontraba otra pistola, 9 mm, con su cargador completo. Sobre el televisor se apilaba una colección de videos pornográficos. El departamento estaba cerrado, por lo que la doméstica que lo limpiaba llamó el martes por la mañana a la ex mujer del marido, quién, cerrajero mediante, encontró el cadáver.
Estrada era diestro y sabía tirar con ambas manos pero no era acróbata. El disparo sobre la parte trasera del occipucio izquierdo es, aún, una terrible incógnita.
Al dar la noticia de la muerte de Estrada y las circunstancias que la envolvieron en Página/12, la periodista Susana Viau destacó que “algunos de sus ex compañeros de arma recordaron ayer que en los últimos encuentros habían notado a Estrada ‘acosado’ y furioso con un alto funcionario del gobierno al que definía como ‘más peligroso que Satanás’”.
Resulta obvio que se refería a Kohan.
A mediados de 1990, Puerto Iguazú fue noticia al trascender que en un predio de 400 hectáreas se proyectaba la construcción de un complejo hotelero, salas de juego y campos de golf, mediante millonarios aportes provenientes del emirato de Qatar. Los emires, afirmaban los diarios, tenían otros proyectos muy ambiciosos: crear una banca off shore o zona franca bancaria -al estilo Tánger, Bahamas y Gran Caimán- tal como había prometido en plena campaña electoral Carlos Menem en Posadas. Por entonces se mencionaba como promotor del proyecto al financista Héctor “El Pájaro” Villalón.
Por fin, fue el Colorado Egea el promotor del desembarco en Puerto Iguazú del Grupo Mirage, liderado por Stephen Winnieg, dueño del Golden Nugt, el hotel de Las Vegas donde se rodó gran parte del film “Propuesta indecente”. Winnieg era considerado por el autor de la saga de “El Padrino”, Mario Puzzo, un experto en “buscar nuevos mercados en el exterior, destinados a operaciones financieras off shore”.
Winnieg se mostraba muy interesado en instalar un casino allí y en el delta bonaerense, interés que se acrecentó cuando desembarcó en la triple frontera el rival grupo alemán Baden Baden.
El semanario “trespuntos” publicó un largo artículo sobre los avatares de este proyecto.
Miguel Angel Egea (a) “El Colorado”, es uno de los principales socios políticos y económicos de Alberto Kohan, el ex secretario general de la Presidencia de Carlos Menem y su principal lugarteniente para las operaciones financieras que el ex Presidente necesitó y necesita mantener en secreto. Por ejemplo, la última visita de George Bush, lobbysta de los casinos que quiere instalar en la Argentina su hijo Jeb, gobernador de La Florida.
Kohan es uno de los pocos funcionarios del riñón menemista que cuenta con buenas relaciones con el gobernador Carlos Ruckauf. Sucede que ambos hacen pingües negocios con el secretario de Gobierno de la provincia (nombrado embajador plenipotenciario por Menem poco antes de resignar la Presidenca) y antes embajador en el Vaticano, Esteban “Cacho” Caselli, también conocido como “El Obispo” a causa de sus importantes relaciones con los cardenales del Vaticano. Caselli conforma desde mediados de los años ’70 (cuando ambos, auspiciados por el entonces gobernador bonaerense y ex sindicalista metalúrgico Vitorio Calabró –hoy patrón del juego en Vicente López- se desempeñaron en la intervención de la acería estatal SOMISA. Desde entonces ambos cultivaban aficiones y amistades comunes, entre éstas, con el ex almirante Emilio Eduardo Massera y con Alfredo Yabrán y Kohan.
No es un secreto que todos los mencionados tienen como hobby el tráfico de armas.
Puestos en la disyuntiva, Ruckauf y Franco rompieron con Yabrán (privilegiando sus relaciones con la Iglesia) tan pronto advirtieron que el embate frontal del entonces ministro Domingo Cavallo en el Congreso lo había herido de gravedad.
Kohan “es sigiloso, inteligente dañino”, según lo definió Zulema Yoma. Es uno de los más antiguos amigos del Presidente, hasta el punto de que, dijo la ex mujer de Menem, suele acompañar a éste “hasta el baño”.
Desde el principio de la carrera política de Menem a la Presidencia, Kohan lo secundó ocupándose de las sensibles áreas de los contactos empresarios y la recaudación de dinero. Junto con César Arias, el locutor Juan Carlos Rousselot, Rubén “El Buscapié” Cardozo, el abogado y ex periodista Carlos Cañón, el futuro tesorero de Menem y estrella del Narcogate, Mario Caserta y el sindicalista-patrón gastronómico Luis Barrionuevo, entre otros, conformaron “el círculo íntimo del ungido”, luego conocidos como “los rojo punzó”, pero que entonces eran mencionados como “Los Monstruos” o el “Grupo masserista de negocios”.
La periodista Gabriela Cerruti conoce muy bien a Kohan por haber cubierto la campaña electoral con la que Menem accedió la Presidencia y no duda en definirlo como “tan vinculado al Mosad como a la CIA” a la vez que dio fe de su acrisolada reputación de “traficante de armas, nexo con el (depuesto) gobierno dictatorial sudafricano y empresario de diamantes y piedras preciosas”.
No es de extrañar, entonces, que Kohan fuera junto a Ramón Saadi uno de los más activos lobbistas del régimen racista de Pretoria cuando éste lanzó en 1990 una campaña pro reanudación de las relaciones diplomáticas con Argentina.
Alberto Kohan era por entonces intermediario en los negocios que empresarios argentinos mantienen con Taiwán, país con el cuál, tal como sucede con Sudáfrica, Argentina no mantenía relaciones diplomáticas.
Israel, Sudáfrica y Taiwán eran estrechos aliados en diversos negocios non sanctos, desde la cooperación entre sus servicios de inteligencia (el Boss del régimen racista de Pretoria y el Mosad mantenían un fluido intercambio) hasta el tráfico de armas.
Dentro de esta sociedad Taiwan operaba como paraíso fiscal, estimándose en 1990 que atesoraba 60.000 millones de dólares provenientes del lavado del tráfico de armas y de drogas, dispuestos a ser invertidos en aquellos países que ofrezcan altas tasas de rentabilidad o facilidades para extender aquellos negocios.
La historia de Kohan, al decir de Cerruti, es “mucho más sinuosa que su biografía política”, lo que es mucho es decir.
Kohan fue secretario general del gobierno hasta que, pasado el Swiftgate (la denuncia del embajador Terence Todman de que el cuñado presidencial, Emir Yoma, intentaba coimear a un frigorífico estadounidense para destrabar un trámite gratuito) y al estallar la crisis del Golfo, Menem lo retiró del gobierno, aparentemente para que no tener que explicar sus muchos contactos con el sector carapintada del Ejército.
Aquella primera gestión como secretario general de Kohan está caracterizada por su relación con el banquero sirio-saudí llamado Gaith Pharaon, presidente del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), poco después disuelto tras haber sido hallado culpable por la justicia estadounidense y francesa de blanqueo de capitales en gran escala. Capitales provenientes del narcotráfico, el tráfico de armas y actividades terroristas. Esta relación eprovoca sus actuales problemas con la ley.
Kohan fue el único miembro del gabinete que estuvo presente en el anuncio de la construcción del Hotel Hyatt, a mediados de septiembre de 1989. Luego arrastró a Menem a la puesta de su piedra fundamental.
Cuando la jueza federal María Romilda “Chuchi” Servini de Cubría tuvo en sus manos documentación sobre el BCCI secuestrada por la justicia francesa y el FBI en su central parisina, y por ende pudo ver lo que había declarado Pharaon (un hombre tan poco hipócrita que reconoció sin ambages que su banco lavaba dinero “como muchos otros”), ordenó un allanamiento en Buenos Aires. Pero al parecer el personal de la sucursal porteña del banco de Pharaon tenía el don de la clarividencia, pues cargó con carpetas de contabilidad varias camionetas que partieron raudas con destino desconocido un día antes, el 29 de julio de 1989.
Nueve años más tarde, en 1998, Kohan admitió haber “facilitado la inversión” del BCCI y agregó que, en iguales circunstancias, volvería a hacer lo mismo.
“La situación de Kohan es compleja. Gaith Pharaon tenía que pasar por él para hacer sus negocios. Sabemos que la relación entre ambos fue esencial para el banquero por el lugar que ocupaba y ocupa Kohan en el gobierno, pero todavía no hay elementos para afirmar que lo haya beneficiado en los negocios”, comentó un estrecho colaborador de la jueza.
Durante la dictadura, Kohan mantuvo estrechos vínculos con los militares que gobernaban la Argentina, fundamentalmente en Córdoba y Tucumán”, donde estaba asociado con Aníbal Fosberi, rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino, presidente de la Confederación de Universidades Privadas y uno de los gestores de la provisión de armas de Libia a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas.
La relación entre Kohan y Egea –también muy amigo de Fosberi- data desde entonces, sino de antes.
Quizá se haya iniciado en 1974, cuando Kohan trabajaba como geólogo en La Rioja y Egea fue secretario privado del interventor de la provincia de Córdoba, el brigadier retirado Raúl Lacabanne, quién accedió al cargo tras “El botonazo”: el golpe de estado policial bendecido por el presidente Perón que derrocó al gobernador legítimamente elegido un año antes, Ricardo Obregón Cano.
Egea solía pasar por entonces sus días en la Secretaría de Seguridad, donde trabó estrecha amistad con César “Chiche” Araóz, el comisario Telleldín (padre del principal detenido por la voladura de la AMIA) y el capitán del ejército Héctor Pedro Vergéz. Estos dos se aprestaban a fundar el “Comando Libertadores de América”, versión cordobesa de la Triple A.
Los años ’80 encontraron a Egea convertido en el próspero dueño de una empresa de exportaciones e importaciones con filial en Miami, actividades en la que se asoció con un marino que llegaría a la jefatura del arma con el rango de almirante, Rubén Franco, suegro de Alberto Kohan.
Franco le presentó a Egea en París a un jefe montonero exiliado, Rodolfo Galimberti.
En 1987, Egea incorporó como mano derecha en sus negocios a Jorge Radice (a) Ruger o Gabriel, quién había sido uno de los jefes operativos del “grupo de tareas” de la ESMA, con quién se asociaría en la firma Martiel SA. Egea se asoció también con Galimberti.
“En los ’70, Egea pertenecía a la derecha peronista; luego se sumo a las estructuras de la dictadura militar y cuando llegaban las elecciones de 1989 invirtió en Carlos Menem a través de sus contactos con Kohan”, sintetizó la trayectoria de Egea el periodista Omar Lavieri.
Convertido en acérrimo menemista, Egea se lanzó a acrecentar sus negocios, algunas veces al margen de la legalidad. Así, fue procesado por haber “olvidado” invertir en los astilleros Altilsur las gruesas sumas de dinero que recibió del gobierno en concepto de pre y postfinanciación de exportaciones, y también por el vaciamiento de financieras en las que los depositantes quedaron culo p’al norte.
Además del secretario general de la Presidencia argentina, Egea estaba asociado con Paulo, “PC” Farías, el tesorero del presidente brasileño, Fernando Collor de Melo. Al ser defenestrado éste por el Congreso, PC Farías debió darse a la fuga, ocasión en que se habría refugiado en la quinta cordobesa de Egea en Los Cocos (antes de marcharse a Tailandia, donde Farías fue capturado por Interpol y deportado a Brasil, donde obtuvo su libertad bajo fianza y fue asesinado poco después, junto a una joven amante circunstancial, en un hotel de Pernambuco).
En cuanto a Radice, otrora killer y cerebro financiero de Massera (planificó como esquilmar prolijamente las propiedades mendocinas de la familia Cerrutti y organizó una inmobiliaria para vender las propiedades de los desaparecidos), se transformó de inmediato en inseparable compañero de Il Condottiero Galimberti.
Radice se asocio con Egea en Martiel SA, empresa que junto a Ciccone Calcográfica y la norteamericana Congent, logró a fines de 1995 ser designada por el gobierno chino para imprimir los pasaportes de la República Popular ex maoísta hasta el 2010, un contrato, se anunció por entonces, por valor de unos 1.500 millones de dólares.
Según un informe curiosamente difundido por la SIDE y al parecer elaborado por la Gendarmería, Radice, a pesar de estar retirado, integraba una larga lista de militares y policías que eran mensualmente estimulados económicamente por Alfredo Yabrán.
Esto coincide con lo afirmado por el escribano Wenceslao Bunge, ex apoderado del fallecido Yabrán a Página/12 (del 6.2.00, pág. 11). Según Bunge, el negocio fue armado por el propio Yabrán. “El armó el negocio de hacerles pasaportes a los chinos, en sociedad con un chino. Le ganan a todo el mundo y firman un contrato para hacer 100 millones de pasaportes el primer año, con un total de 1900 millones de pasaportes ¡a 15 dólares cada uno! Alfredo era un tipo de esos que sale uno en diez millones…”. Es decir, de acuerdo con Bunge, el de hacer pasaportes chinos era un negocio no de 1.500 millones de dólares, sino de 28.500 millones, lo que no es una diferencia menor.
Lo cierto es que Egea, Radice y Galimberti se convirtieron en socios en diversos emprendimientos. Galimberti y Radice se asociaron primero con el teniente coronel Rico, y luego se integraron en la Fundación de Estudios para la Argentina en Crecimiento (FEPAC), cuyo presidente era Alberto Kohan.
En la FEPAC se nuclearon otros militares masseristas y carapintadas que conformaron una “Comisión de Defensa” que fue el principal medio de ingreso de los viejos masseristas al menemismo que se aprestaba a acceder al poder, como el capitán (R) Horacio Estrada.
Por fin, en una pirueta que ningún funambulista podría igualar, Galimberti se asoció con el empresario Jorge Born (de quién había sido carcelero cuando en 1974 los Montoneros lo secuestraron junto a su hermano Juan) y con el fiscal Juan Martín Romero, alías “El Potro”, que lo había perseguido por ese delito durante años.
Según persistentes rumores, Galimberti se encargó durante el primer lustro de los ’90 de muchas “operaciones especiales” de la SIDE. Scotland Yard sospecha que pudo haber organizado la postura de una bomba que estalló en Londres muy poco después que la AMIA fuera volada (julio de 1994).
Lo cierto es que Galimberti terminó asociándose con Alejandro Mc Farlaine, yerno del jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, para explotar en beneficio propio el sistema de llamadas telefónicas destinadas a la beneficencia pública, particularmente las cursadas al programa “Hola, Susana” de la popular ex vedette Susana Jiménez, razón por la que se encuentran hoy todos procesados.
Poco después del atentado a la AMIA, Galimberti se dejó ver conduciendo un Porsche valuado en 180 mil dólares en su rutina de ir a disparar con armas cortas y largas al Tiro Federal. Para entonces era vox populi que se había convertido en un exitoso traficante de armas, representante de la Giat francesa y sus filiales belgas
Tras años de cultivar un bajo perfil, Kohan regresó por la puerta grande a la secretaría general de la Presidencia en 1996, tan pronto como Eduardo Bauzá, su principal rival, la hubo abandonado.
Menem sostuvo a Kohan en el cargo a pesar de sus obvias responsabilidades políticas en el “caso IBM” y en la exportación clandestina de armas argentinas a Ecuador mientras tropas de este país combatían con las de Perú en la Amazonia por un viejo pleito de límites fronterizos, conflicto del que Argentina era árbitro y garante de la paz.
El responsable visible de este envío, Diego Palleros, un coronel retirado que se enriqueció siendo interventor de la obra social de los trabajadores gastronómicos (en sociedad con el “recontralcahuete de Menem” Luis Barrionuevo) huyó a Singapur, desde donde protestó que los embarques habían estado “desde el principio en conocimiento de las más altas autoridades del gobierno argentino”, las que, además, habían ejercido “un estricto control” sobre el material exportado. Cuando se le preguntó a qué altos funcionarios se refería, Palleros dijo que a “la Secretaría de la Presidencia de la Nación”. Es decir, a Kohan.
Otro de los protagonistas de la venta de armas a Ecuador fue el capitán de navío (R) Horacio Pedro Estrada, un aviador militar que participó en el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 (segundo gobierno de Juan Perón, al que se buscaba matar).
De la misma promoción que Emilio Eduardo Massera y Jacinto Chamorro, Estrada secundó a ambos con el alías de “Humberto” en la conversión de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en un centro clandestino de detención tan pronto se ejecutó el golpe militar de marzo de 1976.
Antes, en 1977, el capitán Estrada fue destinado a la agregaduría naval en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Allí se convirtió en un experto traficante de armas y se relacionó con el Mosad.
Regresó al país en 1979, época en que fue designado jefe del grupo de tareas de la ESMA.
Detenidos-desaparecidos que trabajaban en condiciones de esclavitud en el laboratorio fotográfico y en la imprenta de la ESMA recuerdan que fue Estrada quién pidió que se le confeccionaran dos pasaportes argentinos –uno con el nombre real y otro con falsa identidad– para Licio Gelli, el capo de la Logia Propaganda Due (P-2) que también integraba el almirante Massera. Y también recuerdan que les encargó la confección de 10.000 pasaportes en blanco para su venta en el mercado negro, operación que ellos sabotearon haciendo una marca de agua que con el tiempo se borraba, lo que impidió su comercialización.
Cuando estalló la Guerra de las Malvinas, Estrada, ya retirado, intentó proveer de armamento israelí a la Marina. Y aunque cuando se produjo el reestablecimiento democrático, fue acusado de 25 delitos. Pero fue desprocesado en 1987 por la Ley de Obediencia Debida.
Durante esos años Estrada siguió intentando proveer de aviones israelíes a la Marina, probablemente en sociedad con el traficante sirio Monzer al Kassar, que hacía lo mismo con la Fuerza Aérea.
Estrada, un viejo gorila, no tuvo problemas en ingresar al menemismo en 1987 de la mano de uno de sus subordinados en la ESMA, el killer de Massera, Jorge Radice, quién se había vinculado con el futuro presidente de los argentinos a través de Alberto Kohan, a quién conocía de los tiempos en que en Sudáfrica hizo sus primeros pininos como traficante de armas.
Así fue como en 1989 Estrada participó activamente en la campaña Menem desde la Fundación para la Argentina en Crecimiento (FEPAC) de Kohan, un fanático de las oportunidades comerciales que brindaba el régimen del apartheid. Tras el triunfo, volvió a su habitual perfil bajo, el que mejor cuadra a un experto traficante de armas. Hasta que, después de seis años, se supo que había supervisado el envio de armas hacia Ecuador en la pista de Ezeiza. En ese acto, Estrada representaba a los compradores y también a la SIDE, de la que percibía un sueldo. Según Cavallo, Estrada trabajaba también para Yabrán.
El contrabando de armas hacia Ecuador desde Ezeiza fue el objeto de una denuncia presentada en 1995 por el abogado Ricardo Monner Sans, que desencadenó las investigaciones sobre otros envíos de armas y explosivos, mayores y sistemáticos, hacia Croacia, envuelta en guerra contra los restos de la Federación Yugoeslava (Serbia y Montenegro), conflicto en que tropas argentinas oficiaban de pacificadoras bajo la bandera de las Naciones Unidas.
Las investigaciones provocaron el procesamiento del ministro de Defensa, Oscar Camilión, por haber omitido denunciar los embarques. Otros procesados fueron el ex interventor en Fabricaciones Militares, el coronel Luis Sarlenga (riojano e íntimo del presidente Menem), el ex jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Juan Paulik y el coronel Alberto De la Vega.
Las ventas hacia Ecuador se habían hecho bajo el amparo de un decreto reservado (secreto) de ese mismo año, 1995, que autorizaban la venta a Venezuela, un destino falso.
Las ventas hacia Croacia se habían iniciado en 1991, con dos decretos firmados por Menem, el entonces ministro de Defensa, Erman González, el canciller Di Tella y el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Dichos decretos autorizaban a vender las armas respectivamente a Bolivia y Panamá, país éste que carecía de fuerzas armadas.
El embarque supuestamente destinado a Bolivia nunca fue enviado, suspendiéndose por causas que aún se ignoran. El periodista Jorge Urien Berri afirmó (en La Nación del 20.8.98) que dicho envío comenzó a ser gestionado por el Ministerio de Defensa en 1990, so pretexto de una venta a la empresa boliviana Cofadena y que recién se firmó en 1992 “tras un curso accidentado y ocho intentos del Ministerio de Economía para frenarlo”. Ese decreto autorizaba a vender a Bolivia 18 cañones Citer de 155 milímetros, 8.500 fusiles FAL, minas y pistolas.
En enero de 1995 Menem firmó un nuevo decreto que autorizaba la venta de similar armamento (los 18 cañones Citer y 8.000 FAL) a Venezuela. En esta oportunidad , las armas zarparon hacia Croacia por la terminal 6 del Puerto Nuevo. Que se sepa, era el séptimo embarque de armas con ese mismo destino desde 1991.
Cañones y fusiles provenían de los arsenales del Ejército argentino. El fiscal Carlos Stornelli pidió que se considerara imputados en este tráfico al ex interventor de Fabricaciones Militares y actual viceministro de Defensa, Jorge Pereyra de Olazábal, al abogado Nicolás Ignacio Granillo Ocampo, hermano del actual ministro de Justicia, y al ex vicencanciller y actual diputado Juan Carlos Olima.
El juez federal Jorge Urso, que investiga la posibilidad de que altos funcionarios públicos hayan conformado una asociación ilícita, convirtiéndose en una banda criminal que adulteraba documentos públicos para hacer posible estos envíos, citó a declarar a Estrada el viernes 21 de agosto de 1998.
Tres días más tarde, el lunes 24, Estrada murió a causa de un disparo de una pistola calibre 380 en su occipucio izquierdo, cerca de la nuca. Se lo encontró en pijama, derrengado sobre su escritorio, con la pistola cerca de su mano derecha. Sobre el escritorio se encontraba otra pistola, 9 mm, con su cargador completo. Sobre el televisor se apilaba una colección de videos pornográficos. El departamento estaba cerrado, por lo que la doméstica que lo limpiaba llamó el martes por la mañana a la ex mujer del marido, quién, cerrajero mediante, encontró el cadáver.
Estrada era diestro y sabía tirar con ambas manos pero no era acróbata. El disparo sobre la parte trasera del occipucio izquierdo es, aún, una terrible incógnita.
Al dar la noticia de la muerte de Estrada y las circunstancias que la envolvieron en Página/12, la periodista Susana Viau destacó que “algunos de sus ex compañeros de arma recordaron ayer que en los últimos encuentros habían notado a Estrada ‘acosado’ y furioso con un alto funcionario del gobierno al que definía como ‘más peligroso que Satanás’”.
Resulta obvio que se refería a Kohan.
A mediados de 1990, Puerto Iguazú fue noticia al trascender que en un predio de 400 hectáreas se proyectaba la construcción de un complejo hotelero, salas de juego y campos de golf, mediante millonarios aportes provenientes del emirato de Qatar. Los emires, afirmaban los diarios, tenían otros proyectos muy ambiciosos: crear una banca off shore o zona franca bancaria -al estilo Tánger, Bahamas y Gran Caimán- tal como había prometido en plena campaña electoral Carlos Menem en Posadas. Por entonces se mencionaba como promotor del proyecto al financista Héctor “El Pájaro” Villalón.
Por fin, fue el Colorado Egea el promotor del desembarco en Puerto Iguazú del Grupo Mirage, liderado por Stephen Winnieg, dueño del Golden Nugt, el hotel de Las Vegas donde se rodó gran parte del film “Propuesta indecente”. Winnieg era considerado por el autor de la saga de “El Padrino”, Mario Puzzo, un experto en “buscar nuevos mercados en el exterior, destinados a operaciones financieras off shore”.
Winnieg se mostraba muy interesado en instalar un casino allí y en el delta bonaerense, interés que se acrecentó cuando desembarcó en la triple frontera el rival grupo alemán Baden Baden.
El semanario “trespuntos” publicó un largo artículo sobre los avatares de este proyecto.
