11 AGO, 2016
¿Cómo sigue el juicio político a Dilma?
La votación final sobre el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff se llevará a cabo en el Senado a finales de agosto. Se requieren dos terceras partes de los senadores (54 de 81) para destituirla. Si no se logran los 54 votos se levantará la suspensión y volverá a ocupar la presidencia, en caso contrario Michel Temer continuará en el gobierno hasta el 31 de diciembre de 2018 y Dilma será suspendida por ocho años para ejercer cargos públicos.El Partido de los Trabajadores (PT) anunció tras la aprobación del informe que pide la destitución de la suspendida presidenta Dilma Rousseff que denunció ante la OEA lo que califica como un “golpe de Estado”.
La demanda fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), crítica de la forma en que desarrolla el proceso de destitución.
La decisión del PT fue anunciada después de que el pleno del Senado, en una sesión dirigida por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será realizada a fines de este mes.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda fue preparada por juristas brasileños y argentinos y exige una medida cautelar que “suspenda” el juicio político contra Rousseff, que califican de “ilegal”.
En esa denuncia, dijo Pimenta, se presenta “un conjunto de cuestiones que han sido identificadas en el trámite del proceso tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y hasta la Corte Suprema, que están en desacuerdo con tratados internacionales firmados por Brasil”.
“Vamos a pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y para se restablezca en el país la normalidad democrática”, apuntó.
El diputado insistió en que Rousseff “no cometió ningún tipo de crimen y no responde a ningún proceso penal”, por lo que el juicio en su contra tiene un carácter “exclusivamente político” que va en contra de lo establecido en la Constitución brasileña.
Brasil 247
