EXPRESO PREOCUPACION POR DENUNCIAS DE AUSENCIA DE GARANTIAS AL DEBIDO PROCESO
La CIDH cuestionó la remoción de Dilma en Brasil
En una nota oficial, la entidad admitió que la figura del juicio político existe en la legislación de varios países latinoamericanos, pero señaló que todo procedimiento sancionatorio debe contar con las garantías mínimas del debido proceso.
Simpatizantes de la presidenta electa Dilma Rousseff protestaron en contra de su destitución en San Pablo.
Imagen: AFP
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación ante las denuncias de irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso en la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. En una nota oficial, la entidad bajo la órbita de la OEA admitió que la figura del juicio político existe en la legislación de varios países latinoamericanos pero señaló que todo procedimiento sancionatorio debe contar con las garantías mínimas del debido proceso. “El respeto a esas garantías mínimas posee particular relevancia en aquellos asuntos que versan sobre funcionarios públicos elegidos por voto popular, como es el caso de la presidenta Dilma Rousseff’’, dice el comunicado.
El pasado miércoles, el Senado brasileño selló la destitución de Rousseff (que había sido elegida en 2010 y reelegida en 2014) alegando la realización de operaciones fiscales y crediticias oficiales sin aprobación del poder legislativo. De acuerdo con la CIDH la destitución de la ex presidenta ocurrió a través de un juicio político sobre el cual se han planteado cuestionamientos respecto a las garantías del debido proceso. “Ante los cuestionamientos sobre faltas al debido proceso, la CIDH considera de especial importancia la observancia que las autoridades competentes del Poder Judicial de Brasil proporcionen a este caso’’, señaló la entidad.
Además, los órganos de supervisión internacional también están atentos al caso, así como a las posibles repercusiones que el proceso de destitución tiene en los derechos de Rousseff y en la sociedad brasileña. En este sentido, la CIDH tiene bajo su análisis una solicitud de medida cautelar y una petición, que continúan su curso regular.
Por su parte, Rousseff comunicó que abandonará Brasilia para instalarse en Porto Alegre (sur), desde donde hará oposición al gobierno del presidente Michel Temer. “No me quedaré en Brasilia e iré a Porto Alegre’’, dijo a corresponsales extranjeros la ex mandataria de izquierda, precisando que se mudará del Distrito Federal a principios de la próxima semana. A su vez, anunció que prepara dos nuevos recursos que serán presentados la semana próxima ante el Tribunal Supremo. “Lo que caracteriza a todo este proceso es su inmensa fragilidad jurídica y su impacto político”, dijo Rousseff junto a su abogado, José Eduardo Cardozo, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Cardozo precisó que los dos nuevos recursos estarán centrados en que, según su opinión, no se respetó el derecho al debido proceso en el Senado, que actuó como tribunal, y en lo que calificó de “ausencia de justa causa”. En el primer caso, citó como ejemplo de violaciones al derecho del debido proceso el hecho de que varios senadores declararon su intención de condenar incluso antes de la fase de producción de pruebas, lo cual aseguró que viola todas las normas jurídicas. Sobre las supuestas irregularidades fiscales que justificaron la acusación y la posterior condena, Cardozo insistió en que son sólo un pretexto y no constituyen los presupuestos jurídicos que la Constitución y las leyes contemplan para destituir a un mandatario.
Los recursos que presentará la defensa de Rousseff se sumarán a una apelación entregada al Tribunal Supremo. Esa apelación exige la anulación de la votación que condenó a la ex presidenta, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la condena. Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se definen los “delitos de responsabilidad” que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Además, la ex mandataria denunció ayer que el gobierno de Temer, al que volvió a calificar de golpista, puso en marcha un proyecto de represión a las manifestaciones populares para evitar protestas generadas por su destitución. “Está en marcha una grande represión a las manifestaciones”, dijo Rousseff en la conferencia de prensa en Brasilia. Los simpatizantes de la ex presidenta volvieron a salir a las calles de San Pablo, la mayor ciudad del país, en otra jornada de manifestaciones. La céntrica Avenida Paulista, conocida como el “corazón financiero” de Brasil y que se ha convertido en el escenario de las principales manifestaciones sociales y celebraciones deportivas del país, fue ayer el epicentro de una concentración a favor de Rousseff. En ese contexto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Pablo rechazó un pedido de autorización para una manifestación a favor de Rousseff el próximo domingo. Alegó que la Avenida Paulista será ocupada durante el paso de la antorcha paraolímpica.
Sin embargo, para el nuevo presidente Michel Temer, Brasil ha pasado la página tras un período que calificó como de turbulencias políticas, según afirmó ayer en China. “Hemos padecido turbulencias políticas y económicas, recesión, pero ya se ha pasado esta página’’ aseguró Temer ante la prensa, tras una rápida escala en Shanghai, antes de la cumbre del G20 en Hangzhiu (este). “Brasil deja resueltamente atrás toda la inestabilidad económica y política que padeció en los últimos años’’, insistió.
