MARCELO FALAK
Editor jefe de Mundo
Michel Temer.
Las noticias sobre Brasil que monopolizan los titulares en nuestro país se vinculan fundamentalmente con su crisis institucional, la que parece no tener fin a la vista. Sin embargo, otras, que modifican la estructura productiva del vecino y que resultan mucho más transcendentes para nuestro futuro, pasan más desapercibidas.Estas se vinculan con las reformas estructurales que el Gobierno de Michel Temer logró hacer aprobar en el Congreso o las que está a punto de imponer, como la previsional. Concentrémonos en las que ya rigen.
Una de ellas es la fiscal, que establece el congelamiento del gasto público en términos reales (solo podrá ser ajustado de acuerdo con la inflación) por diez años, prorrogables por diez más. Esta supone un ajuste muy fuerte de largo plazo si se tiene en cuenta el crecimiento de la población, que no tendrá contrapartidas equivalentes en términos de empleo público, atención sanitaria y servicios de educación, por ejemplo.
La otra es la laboral, que da vuelta el marco jurídico legado por el varguismo y que, entre muchas otras disposiciones, hace primar los acuerdos en las empresas por encima de los de cada sector a nivel nacional.
Así, las unidades productivas podrán negociar con sus empleados y hacer valer en los tribunales condiciones mucho más flexibles, desde salarios (que se podrán pactar a la baja) hasta jornada de trabajo, pasando por funciones, tiempos de descanso, francos y división de las vacaciones en hasta tres partes. Esto, sumado a la cancelación de la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores a los sindicatos, reducirá enormemente el poder de esas organizaciones.
Michel Temer.
Las noticias sobre Brasil que monopolizan los titulares en nuestro país se vinculan fundamentalmente con su crisis institucional, la que parece no tener fin a la vista. Sin embargo, otras, que modifican la estructura productiva del vecino y que resultan mucho más transcendentes para nuestro futuro, pasan más desapercibidas.Estas se vinculan con las reformas estructurales que el Gobierno de Michel Temer logró hacer aprobar en el Congreso o las que está a punto de imponer, como la previsional. Concentrémonos en las que ya rigen.
Una de ellas es la fiscal, que establece el congelamiento del gasto público en términos reales (solo podrá ser ajustado de acuerdo con la inflación) por diez años, prorrogables por diez más. Esta supone un ajuste muy fuerte de largo plazo si se tiene en cuenta el crecimiento de la población, que no tendrá contrapartidas equivalentes en términos de empleo público, atención sanitaria y servicios de educación, por ejemplo.
La otra es la laboral, que da vuelta el marco jurídico legado por el varguismo y que, entre muchas otras disposiciones, hace primar los acuerdos en las empresas por encima de los de cada sector a nivel nacional.
Así, las unidades productivas podrán negociar con sus empleados y hacer valer en los tribunales condiciones mucho más flexibles, desde salarios (que se podrán pactar a la baja) hasta jornada de trabajo, pasando por funciones, tiempos de descanso, francos y división de las vacaciones en hasta tres partes. Esto, sumado a la cancelación de la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores a los sindicatos, reducirá enormemente el poder de esas organizaciones.
Un buen resumen de estos cambios, que comenzarán a regir dentro de 120 días, puede encontrarse esta nota publicada por ámbito.com el pasado miércoles: Los principales cambios para los trabajadores y empresas en Brasil con la nueva ley.
A la reforma laboral se suma otra, anterior, que generalizó a todas las tareas, incluyendo las que hacen a las funciones núcleo, la posibilidad de las empresas de tercerizar el trabajo. La crisis institucional, el descrédito profundo del Gobierno y del Congreso que llevaron adelante esas medidas y el tenor desconocido de una campaña electoral para la presidencial de octubre del año que viene son elementos que hacen dudar de la perdurabilidad de esas reformas, que son muy resistidas en amplios sectores de la sociedad brasileña.
Sin embargo, las mismas también tienen sus defensores, entre los que hay que contar nada menos que a la totalidad del empresariado de ese país, desde el comercial, al industrial y al financiero. Y, en concreto, ya rigen, algo de lo que no puede dejar de tomar nota la Argentina.
Nuestro país está virando hacia un nuevo régimen económico, signado por una apertura comercial que tomará velocidad desde fines de este año y por la búsqueda de reemplazar al consumo por la inversión como motor del crecimiento.
Brasil es, en ese contexto, mucho más que un socio comercial privilegiado. Es, también, un competidor fuerte a la hora de buscar inversiones internacionales, que si no "llueven" no es precisamente por el nombre de los candidatos que animarán las próximas elecciones legislativas sino por las actuales condiciones de la demanda y por los costos tributarios y laborales que el país ofrece en comparación con competidores potentes como Brasil.
Ya trasciende que, después de los comicios de octubre próximo, el Gobierno de Mauricio Macri pondrá en marcha un amplio proceso de blanqueo laboral, que presentará como necesario en un país en el que más de un tercio de la población trabaja en la informalidad. El mismo, inevitablemente, estará acompañado de una reforma de cuño flexibilizador, con foco en las cargas sociales, el empleo joven y en convenios colectivos que la Casa Rosada y el Ministerio de Hacienda consideran disfuncionales al cambio de régimen económico que se busca.
Lo dicho: Brasil algún día normalizará su vida política e institucional y, si las reformas sobreviven hasta ese momento, emergerá con un panorama económico muy diferente. Su situación fiscal le permitirá reducir la carga tributaria a las empresas y los cambios en el régimen laboral, en un contexto de casi catorce millones de desempleados, irán generando un abaratamiento de la mano de obra. Una Argentina de economía más abierta y que buscará atraer a los mismos capitales que Brasil se replanteará entonces qué es lo que tiene para ofrecerles. No por nada el propio Presidente acaba de decir que "los impuestos nos están matando a los argentinos".
Los diálogos con referentes sindicales sobre una renegociación de convenios ya están en marcha, aunque queda por verse si el espíritu de cooperación de aquellos persistirá cuando se conozcan los resultados del 22O y en momentos en que las tensiones laborales hacen que las bases comiencen a sobrepasar a más de uno de ellos.
Allí y aquí la política moldeará el futuro próximo.
A la reforma laboral se suma otra, anterior, que generalizó a todas las tareas, incluyendo las que hacen a las funciones núcleo, la posibilidad de las empresas de tercerizar el trabajo. La crisis institucional, el descrédito profundo del Gobierno y del Congreso que llevaron adelante esas medidas y el tenor desconocido de una campaña electoral para la presidencial de octubre del año que viene son elementos que hacen dudar de la perdurabilidad de esas reformas, que son muy resistidas en amplios sectores de la sociedad brasileña.
Sin embargo, las mismas también tienen sus defensores, entre los que hay que contar nada menos que a la totalidad del empresariado de ese país, desde el comercial, al industrial y al financiero. Y, en concreto, ya rigen, algo de lo que no puede dejar de tomar nota la Argentina.
Nuestro país está virando hacia un nuevo régimen económico, signado por una apertura comercial que tomará velocidad desde fines de este año y por la búsqueda de reemplazar al consumo por la inversión como motor del crecimiento.
Brasil es, en ese contexto, mucho más que un socio comercial privilegiado. Es, también, un competidor fuerte a la hora de buscar inversiones internacionales, que si no "llueven" no es precisamente por el nombre de los candidatos que animarán las próximas elecciones legislativas sino por las actuales condiciones de la demanda y por los costos tributarios y laborales que el país ofrece en comparación con competidores potentes como Brasil.
Ya trasciende que, después de los comicios de octubre próximo, el Gobierno de Mauricio Macri pondrá en marcha un amplio proceso de blanqueo laboral, que presentará como necesario en un país en el que más de un tercio de la población trabaja en la informalidad. El mismo, inevitablemente, estará acompañado de una reforma de cuño flexibilizador, con foco en las cargas sociales, el empleo joven y en convenios colectivos que la Casa Rosada y el Ministerio de Hacienda consideran disfuncionales al cambio de régimen económico que se busca.
Lo dicho: Brasil algún día normalizará su vida política e institucional y, si las reformas sobreviven hasta ese momento, emergerá con un panorama económico muy diferente. Su situación fiscal le permitirá reducir la carga tributaria a las empresas y los cambios en el régimen laboral, en un contexto de casi catorce millones de desempleados, irán generando un abaratamiento de la mano de obra. Una Argentina de economía más abierta y que buscará atraer a los mismos capitales que Brasil se replanteará entonces qué es lo que tiene para ofrecerles. No por nada el propio Presidente acaba de decir que "los impuestos nos están matando a los argentinos".
Los diálogos con referentes sindicales sobre una renegociación de convenios ya están en marcha, aunque queda por verse si el espíritu de cooperación de aquellos persistirá cuando se conozcan los resultados del 22O y en momentos en que las tensiones laborales hacen que las bases comiencen a sobrepasar a más de uno de ellos.
Allí y aquí la política moldeará el futuro próximo.
