Las multinacionales farmaceúticas cooptaron el INPI y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea será la sepultura de los laboratorios nacionales
POR ALBERTO FERRARI
(Especial para Pájaro Rojo)
Dámaso Pardo, segundo por la izquierda, en la AmCham.
El gobierno argentino rubricó recientemente con Estados Unidos un procedimiento acelerado para la aprobación de patentes conocido como PPH. También autorizó la aprobación de análisis clínicos de medicamentos de fabricación extranjera en plazos perentorios. Y se propone entregar el resto de soberanía en propiedad intelectual con un acuerdo de libre comercio con la UE. Todo redundará en un mercado monopólico con medicamentos de alto costo y a contramano de los debates y resoluciones en la OMS y Naciones Unidas.
La administración del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) está entregando todo lo que piden las multinacionales en consonancia con el pensamiento dominante hoy en el organismo, pues su presidente Dámaso Pardo, además de haber sido socio del estudio de abogados PAGBAM junto con Mariano Grondona (h) y Alfredo Martínez de Hoz (h), es miembro de la Asociación Argentina Agentes de Propiedad Intelectual (AAAPI), el lobby de los abogados que trabajan para esas multinacionales.
Esos abogados ahora están felices porque en virtud de los acuerdos firmados con Estados Unidos, se repiten los cursos de “capacitación” del personal del INPI a cargo de los “profesionales” enviados por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USTPO).
Por si faltara alguna evidencia de su favoritismo, Dámaso Pardo almorzó en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCHam) y se sacó fotos para publicar en la página web de la cámara lobbista. Lo que antes hubiese sido vergonzoso hoy es una postal social de empresarios y funcionarios.
En realidad Dámaso Pardo y la AAAPI hacen su trabajo. Lo lamentable es la poca resistencia que la cooptación del INPI ha generado en aquellos que deberían defender los intereses nacionales. Y no hablamos en defensa de laboratorios o industriales nativos. Hablamos de un mercado farmacéutico de alrededor de 7.000 millones de dólares anuales y de medicamentos de alto costo que serán patentados en el país y facturados a precios astronómicos….para quienes puedan pagarlos.
Esta avanzada del imperio ha encontrado muy poca resistencia entre los legisladores argentinos. La presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Gaillard (FpV), presentó un pedido de informes sobre los cambios en el INPI a fines del año pasado y recientemente sobre las facilidades para la aprobación de ensayos clínicos, otra demanda de las Big Pharma en Estados Unidos desde que llegó al gobierno Donald Trump, quien coherentemente colocó a un financista de Wall Street y asesor de las multinacionales farmacéuticas al frente de la FDA. Pero, en Washington todavía no cedieron. La administración de allí no es tan fácil como la de aquí.
También hubo un pedido de informes de Graciela Camaño sobre los cambios que introdujo Dámaso Pardo en las Guías de Patentabilidad vigentes desde 2010 en el Mercosur con la finalidad de evitar que los laboratorios solicitaran patentes sin altura inventiva, especialmente las “patentes de segundo uso”, utilizadas para seguir extendiendo en el tiempo la protección monopólica.
Pero las iniciativas de Gaillard y Camaño no fueron tratadas en Diputados donde el tema no parece preocupar,a pesar de que los ex ministros Ginés González García y Daniel Gollan,advirtieron sore el efecto devastador del sistema de patentes que se `pndtrá en vigor si se sigue cediendo a las demandas multinacionales. Ambos lo hiceron, por separado, recientemente durante una audiencia sobre medicamentos de alto costo realizada en la Comisión de Salud.
Cuando la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo en los 90 traró de imponer la Ley de Patentes que exigía Estados Unidos, el tema se derramó desde el Congreso Nacional a la sociedad que entendió que no se trataba de defender a unos laboratorios, sino de evitar el monopolio de mercado. Ese debate hacia afuera y sumando aliados en los colegios profesionales, los sindicatos y las asociaciones de pacientes, fue vital para ganar la batalla en la opinión pública.
Ese derrame estuvo acompañado por legisladores capaces de refutar a las multinacionales y al embajador norteamericano James Cheek y en ese debate sobresalieron los diputados Humberto Roggero, Rafael Flores, Juan Pablo Cafiero, Juan Pablo Baylac, Federico Zamora y el senador José Genoud. Se trató de un corte transversal que sumó a liberales como Zamora, radicales como Genoud y Baylac, peronistas y frepasistas. Hoy no existe tal cosa. No hay insumo político en el parlamento, pese a las advertencias de González García, Gollan y el sanitarista Jorge Rachid.
Es verdad que en los ’90 los principales laboratorios nacionales, Roemmers y Bagó, dejaron de lado sus diferencias, unificaron recursos y arrastraron al resto a una batalla que parecía desigual contra Menem, Cavallo, la Embajada y los periodistas cooptados por las multinacionales. Porque Neustadt y Grondona no fueron los únicos que ensalzaban la marcha hacia el Primer Mundo.
Hoy la resistencia brota a borbotones desde Cooperala, la cámara de los pequeños y medianos laboratorios, los primeros que serán arrasados por el vendaval pero que cuentan con recursos limitados –económicos y humanos- para enfrentar la infiltración de las multinacionales en el INPI y en el Ministerio de Producción, que también ha sido cooptado, aseguran voceros del sector.
CILFA, la principal cámara de los laboratorios nacionales, que ofició entonces de ariete, desde hace años es administrada por el grupo empresarial de Hugo Sigman, uno de los habitúes a la Casa Rosada durante el gobierno anterior que le concedió el monopolio de mercado de la vacuna de la gripe A entre 2010 y 2015. Ese monopolio se lo renovó el ministro de Salud macrista, Jorge Lemus. Donde antes había una foto con el amigo y ministro de Salud Juan Manzur, ahora está la foto con Lemus.
Sigman y Lemus, una sociedad imprevista.
Además el grupo empresario de Sigman anunció recientemente una inversión de 13 millones de euros en España, donde posee tres plantas en la provincia de León. Si en los ’90 los empresarios farmacéuticos de la burguesía nacional se la jugaron a todo o nada por preservar sus negocios, ahora hay quienes obtienen plusvalía y ganancias del mercado argentino pero las invierten en el extranjero.
Ahora viene el TLC con la UE. El presidente Macri está desesperado por firmarlo antes de fin de año. Los europeos postulan un capítulo sobre patentes, marcas, derechos industriales y normas de origen que de ser aprobado borrará a la industria nacional en pocos años. Probablemente su única opción sea comercializar medicamentos de venta libre y bajo costo mientras las multinacionales manejan los necesarios para tratamientos complejos como cáncer, sida, artritis reumatoide, hepatitis C y leucemia. Enfermedades que se cotizan en miles de dólares por paciente.
El argentino Carlos Correa, uno de los mayores expertos mundiales en propiedad intelectual y asesor de la OMS y Naciones Unidas, advierte que “la Unión Europea pretende incluir en el acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR un denso capítulo sobre propiedad intelectual que, de ser aceptado, “erosionará gravemente” la posibilidad de extender licencias obligatorias, que es una de las “flexibilidades” que los países emergentes consiguieron con el acuerdo ADPIC de la OMC durante la Ronda de Doha 2001.
“La propuesta de acuerdo de la Unión Europea –similar a las ya negociadas o presentadas a otros países- requiere, entre otras obligaciones, aumentar la duración de las patentes (que se extienden ya por 20 años), establecer nuevas formas de protección (exclusividad de uso de los datos de prueba) para los sectores de productos farmacéuticos y agroquímicos, y desconocer el uso de nombres geográficos introducidos en nuestro país hace siglos por la propia inmigración europea”, explica Correa.
“De ser aceptadas éstas y otras propuestas, se reducirá la competencia, frustrarán inversiones y encarecerán los productos en perjuicio de proveedores de salud, pacientes, agricultores y de la economía en general (reducción de empleo, aumento de precios, menor competitividad)”, completó Correa, director del Centro de Estudios Interdisciplinario de Derecho Industrial y Económico de la UBA.
A esta encrucijada el refrán “haz lo que digo pero no lo que hago” le calza justo: el Tribunal Supremo Federal alemán, en una decisión que llamó la atención, confirmó el 11 de julio una licencia obligatoria otorgada para el fármaco contra el VIH Isentress (X ZB 2/17) a favor de la norteamericana Merck (MSD), pese a la oposición del laboratorio japonés Shionogi que tenía el medicamento patentado a nivel mundial.
El Tribunal Supremo alemán sostuvo un argumento inapelable y que debería rebotar en los oídos de los legisladores, dirigentes sociales y empresarios argentinos: “es de interés público manifiesto otorgar una licencia obligatoria” porque “hay grupos de pacientes que lo necesitan para asegurar su tratamiento y garantizar su calidad. Especialmente bebés, niños menores de 12 años y mujeres embarazadas que necesitan tratamiento profiláctico”.
