Los desafíos de la legalización : la mirada internacional
Ago 14, 2017
Un mes antes de que se implementara el expendio en farmacias, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) elaboró un informe sobre cuáles podrían ser los desafíos que se le presentarían a Uruguay con respecto a la implementación de la Ley 19.172.
La investigación se denomina “Entendiendo la regulación. Un análisis de la Ley histórica sobre cannabis en Uruguay” y fue realizada por Geoff Ramsey. Según el informe, es demasiado pronto para sacar conclusiones finales respecto a si la Ley está alcanzando todos sus objetivos pero estipula que tendrá que pasar un largo período de tiempo para que el mercado legal madure y demuestre viabilidad. “Aun así, una mirada a la implementación de la Ley revela algunos primeros obstáculos aparentes que las autoridades deben tener en cuenta para que la medida logre los objetivos de la Ley. El estudio y la evaluación de estos obstáculos son vitales para el futuro del experimento de cannabis del país”.
Asimismo, se estipula que afortunadamente, para las autoridades uruguayas, la normativa cuenta con una flexibilidad considerable en su normativa como son, por ejemplo, las regulaciones relativas al precio del cannabis comercial y la exclusividad mutua de los tres métodos de acceso. “Como consecuencia de esta flexibilidad, el gobierno puede tomar ventaja de su poder para ajustar las normas que rigen al reciente mercado de cannabis legal de acuerdo con los nuevos conocimientos obtenidos del monitoreo y la evaluación”.
Considerar la exclusividad de accesos y el precio único
En el informe se advierte que Uruguay debería reconsiderar su insistencia en la exclusividad mutua de los métodos de acceso al cannabis así como el precio único para todas las cepas de cannabis comercial. “En función de los hallazgos de las actividades de monitoreo, algunos de los cambios necesarios pueden requerir la intervención del Parlamento, por lo que la mayoría gobernante del Frente Amplio tendrá que estar preparada para asumir un debate político más matizado sobre la Ley del cannabis en el futuro”.
Además, se considera que el gobierno debe asegurar que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) tenga suficiente capacidad institucional para regular y controlar el mercado legal de cannabis. “Bajo el nuevo presupuesto, el IRCCA recibirá cerca de US$ 518.220 anuales, pero complementará sus fondos con los pagos por licencias de las empresas productoras de cannabis comercial para la venta en farmacias. Este ingreso complementario se debería utilizar para abordar las necesidades del IRCCA en cuanto a contratación de personal y financiación para garantizar el cumplimiento de las restricciones al cultivo doméstico y los clubes de cannabis”.
Campañas educativas y planes de precio único
Otro aspecto que se señala es que es necesario aumentar los fondos para las campañas educativas respecto a los detalles de la Ley así como también sobre los riesgos que implica para la salud el consumo de cannabis. “Una cantidad considerable de los fondos para las campañas de prevención en Uruguay proviene de fondos incautados.
En los diez primeros meses de 2015, las autoridades uruguayas incautaron el equivalente de más de US$ 1.250.00 solamente en efectivo. Suponiendo que se respeten las libertades civiles de las personas afectadas por la incautación, estos recursos tienen un gran potencial para las actividades de educación pública, y no solo deberían asignarse a la campaña Todo consumo de drogas tiene riesgos, sino también a nuevas medidas que puedan educar a la población sobre los detalles de la Ley”.
Asimismo, la investigación afirma que es importante que se determinen planes para el precio único del cannabis, independiente de cuál sea su potencia, para que sean competitivos con el mercado ilegal. Cabe mencionar que esta medida ya ha sido alcanzada por el gobierno.
Otras medidas
En el informe se estipula que es necesario capacitar a los policías en el nuevo protocolo del Ministerio del Interior. “Los nuevos informes del aumento de incautaciones de plantas, así como las quejas de los organizadores de clubes de cannabis de intervención no justificada de la policía, son señales de que el protocolo policial debe estar más institucionalizado”.
Según la investigación, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, debe convertirlo en prioridad para la Policía Nacional uruguaya y ejercer presión a la policía de los 19 departamentos para que eduque a su fuerza de trabajo respecto a las nuevas normas que rigen los encuentros de la policía con los cultivadores de cannabis.
Además, se afirma que el Ministerio de Salud Pública debe mejorar el acceso de los pacientes al cannabis medicinal. “Actualmente, solo los pacientes que reciben permiso especial para la importación de cannabis medicinal de parte de especialistas con licencia y el MSP pueden recibir medicación. Si bien hay planes para desarrollar tanto un sistema de mercado médico y prescripción local, estos elementos deben aplicarse tan pronto como sea posible para garantizar el acceso a la atención necesaria”.
También se indica que las autoridades deben publicar indicadores de impacto de todas las áreas políticas afectadas por la Ley, antes y durante la venta comercial. “El despliegue de la venta de cannabis comercial tiene mayor potencial para alterar el mercado de cannabis en Uruguay que los cultivadores domésticos y los clubes de cannabis. Esto implicará el comienzo de la prueba de uno de los objetivos centrales de la ley: desactivar el mercado negro del cannabis”.
Por último, se advierte que se debe permitir a los investigadores realizar análisis, independientemente de los impactos sociales, económicos y de salud que genera la Ley. Se afirma que es necesario que los científicos puedan acceder y verificar los datos oficiales. “Sin importar cuándo se publique el informe del equipo de monitoreo y evaluación del MSP, e independientemente de su contenido, el gobierno de Vázquez debería fomentar el trabajo de los investigadores independientes.
Su labor representa una oportunidad crucial para el gobierno en cuanto a identificar las deficiencias iniciales en la implementación que tendrán que corregirse en los meses y años venideros. Debido a su carácter histórico, la regulación del cannabis será objeto del escrutinio público. Aprovechar y fomentar las evaluaciones independientes de la implementación aumentará la probabilidad de que el debate público sobre los impactos de la Ley se desarrolle sobre la base de investigaciones y pruebas científicas sólidas”.
Ago 14, 2017
Un mes antes de que se implementara el expendio en farmacias, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) elaboró un informe sobre cuáles podrían ser los desafíos que se le presentarían a Uruguay con respecto a la implementación de la Ley 19.172.
La investigación se denomina “Entendiendo la regulación. Un análisis de la Ley histórica sobre cannabis en Uruguay” y fue realizada por Geoff Ramsey. Según el informe, es demasiado pronto para sacar conclusiones finales respecto a si la Ley está alcanzando todos sus objetivos pero estipula que tendrá que pasar un largo período de tiempo para que el mercado legal madure y demuestre viabilidad. “Aun así, una mirada a la implementación de la Ley revela algunos primeros obstáculos aparentes que las autoridades deben tener en cuenta para que la medida logre los objetivos de la Ley. El estudio y la evaluación de estos obstáculos son vitales para el futuro del experimento de cannabis del país”.
Asimismo, se estipula que afortunadamente, para las autoridades uruguayas, la normativa cuenta con una flexibilidad considerable en su normativa como son, por ejemplo, las regulaciones relativas al precio del cannabis comercial y la exclusividad mutua de los tres métodos de acceso. “Como consecuencia de esta flexibilidad, el gobierno puede tomar ventaja de su poder para ajustar las normas que rigen al reciente mercado de cannabis legal de acuerdo con los nuevos conocimientos obtenidos del monitoreo y la evaluación”.
Considerar la exclusividad de accesos y el precio único
En el informe se advierte que Uruguay debería reconsiderar su insistencia en la exclusividad mutua de los métodos de acceso al cannabis así como el precio único para todas las cepas de cannabis comercial. “En función de los hallazgos de las actividades de monitoreo, algunos de los cambios necesarios pueden requerir la intervención del Parlamento, por lo que la mayoría gobernante del Frente Amplio tendrá que estar preparada para asumir un debate político más matizado sobre la Ley del cannabis en el futuro”.
Además, se considera que el gobierno debe asegurar que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) tenga suficiente capacidad institucional para regular y controlar el mercado legal de cannabis. “Bajo el nuevo presupuesto, el IRCCA recibirá cerca de US$ 518.220 anuales, pero complementará sus fondos con los pagos por licencias de las empresas productoras de cannabis comercial para la venta en farmacias. Este ingreso complementario se debería utilizar para abordar las necesidades del IRCCA en cuanto a contratación de personal y financiación para garantizar el cumplimiento de las restricciones al cultivo doméstico y los clubes de cannabis”.
Campañas educativas y planes de precio único
Otro aspecto que se señala es que es necesario aumentar los fondos para las campañas educativas respecto a los detalles de la Ley así como también sobre los riesgos que implica para la salud el consumo de cannabis. “Una cantidad considerable de los fondos para las campañas de prevención en Uruguay proviene de fondos incautados.
En los diez primeros meses de 2015, las autoridades uruguayas incautaron el equivalente de más de US$ 1.250.00 solamente en efectivo. Suponiendo que se respeten las libertades civiles de las personas afectadas por la incautación, estos recursos tienen un gran potencial para las actividades de educación pública, y no solo deberían asignarse a la campaña Todo consumo de drogas tiene riesgos, sino también a nuevas medidas que puedan educar a la población sobre los detalles de la Ley”.
Asimismo, la investigación afirma que es importante que se determinen planes para el precio único del cannabis, independiente de cuál sea su potencia, para que sean competitivos con el mercado ilegal. Cabe mencionar que esta medida ya ha sido alcanzada por el gobierno.
Otras medidas
En el informe se estipula que es necesario capacitar a los policías en el nuevo protocolo del Ministerio del Interior. “Los nuevos informes del aumento de incautaciones de plantas, así como las quejas de los organizadores de clubes de cannabis de intervención no justificada de la policía, son señales de que el protocolo policial debe estar más institucionalizado”.
Según la investigación, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, debe convertirlo en prioridad para la Policía Nacional uruguaya y ejercer presión a la policía de los 19 departamentos para que eduque a su fuerza de trabajo respecto a las nuevas normas que rigen los encuentros de la policía con los cultivadores de cannabis.
Además, se afirma que el Ministerio de Salud Pública debe mejorar el acceso de los pacientes al cannabis medicinal. “Actualmente, solo los pacientes que reciben permiso especial para la importación de cannabis medicinal de parte de especialistas con licencia y el MSP pueden recibir medicación. Si bien hay planes para desarrollar tanto un sistema de mercado médico y prescripción local, estos elementos deben aplicarse tan pronto como sea posible para garantizar el acceso a la atención necesaria”.
También se indica que las autoridades deben publicar indicadores de impacto de todas las áreas políticas afectadas por la Ley, antes y durante la venta comercial. “El despliegue de la venta de cannabis comercial tiene mayor potencial para alterar el mercado de cannabis en Uruguay que los cultivadores domésticos y los clubes de cannabis. Esto implicará el comienzo de la prueba de uno de los objetivos centrales de la ley: desactivar el mercado negro del cannabis”.
Por último, se advierte que se debe permitir a los investigadores realizar análisis, independientemente de los impactos sociales, económicos y de salud que genera la Ley. Se afirma que es necesario que los científicos puedan acceder y verificar los datos oficiales. “Sin importar cuándo se publique el informe del equipo de monitoreo y evaluación del MSP, e independientemente de su contenido, el gobierno de Vázquez debería fomentar el trabajo de los investigadores independientes.
Su labor representa una oportunidad crucial para el gobierno en cuanto a identificar las deficiencias iniciales en la implementación que tendrán que corregirse en los meses y años venideros. Debido a su carácter histórico, la regulación del cannabis será objeto del escrutinio público. Aprovechar y fomentar las evaluaciones independientes de la implementación aumentará la probabilidad de que el debate público sobre los impactos de la Ley se desarrolle sobre la base de investigaciones y pruebas científicas sólidas”.
