7 agosto, 2020
Ordenan detención domiciliaria contra Diego Cadena, uno de los abogados de Álvaro Uribe
El Juzgado 35 con función de Control de Garantías ordenó detención domiciliaria contra el abogado Diego Cadena, investigado por la presunta manipulación de testigos en el proceso que tiene al senador Álvaro Uribe Vélez en casa por cárcel.
El abogado Cadena deberá firmar un acta de compromiso en el que se establece comparecer ante los requerimientos de la justicia, y permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.
La determinación no cobija al otro jurista Juan José Salazar, que también está vinculado en el proceso. Sin embargo, el penalista seguirá bajo investigación y deberá comparecer ante las autoridades cuando sea requerido. El delegado de la Fiscalía apeló la decisión.
Lo que dijo la Fiscalía es que los abogados habían ofrecido dinero y asesorías jurídicas a cambio de que exparamilitares condenados cambiaran los testimonios rendidos ante la Corte Suprema de Justicia que vinculan al senador Uribe con el paramilitarismo.
El juzgado en su decisión final aseguró que “se puede inferir que sí hubo un ofrecimiento de dinero. Para el despacho no resulta de recibo que se trataba de viáticos”, esta aseveración la hizo el juez debido a que Cadena ha hecho mención que el dinero entregado a Vélez ha sido producto de “ayudas humanitarias y viáticos”.
Los abogados Cadena y Salazar han mencionado que luego de realizar la entrega de dinero se produjo una presunta extorsión por parte del confeso exparamilitar, situación que para la Fiscalía resultó cuestionable debido a que no denunciaron tal delito.
El delegado de la Rama Judicial también le reprochó la omisión de Cadena en ese caso y, por su parte, le recordó que lleva ejerciendo como abogado penalista desde hace 10 años por lo que le es reprochable que incurriera en acciones irregulares como lo fue “falsear elementos y engañar a la Corte Suprema de Justicia”.
La investigación
El fiscal Daniel Hernández expuso en audiencia de imputación de cargos, ante el juzgado que la investigación se remonta a julio de 2017, cuando Cadena abordó a Carlos Enrique Vélez, confeso paramilitar condenado y preso en la cárcel de Palmira, para ofrecerle $200 millones a cambio de que anunciara ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda lo había buscado previamente y le había solicitado cambiar la versión de la declaración que iba a entregar contra el también senador Uribe Vélez.
“De los $200 millones, solo se hizo entrega de $48 millones con el fin de que Vélez declarara falsamente ante la Corte Suprema de Justicia, y cambiara su versión respecto de que el senador Iván Cepeda lo había abordado para que cambiara su versión sobre el senador Uribe Vélez”, señaló el fiscal.
Hernández reseñó que la investigación hecha por el ente acusador da cuenta que estaban frente a una “división de trabajo” por parte de Cadena y Salazar, con el que pretendían enmarcar unos hechos de soborno.
Otro suceso que relató el fiscal vincula al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien según el delegado del ente acusador, también fue abordado en febrero de 2018, para ofrecerle apoyos y asesorías jurídicas con el fin de que este declarara de la misma manera como se lo ofrecieron a Vélez.
“A raíz de esto se desprenden actividades encaminadas a generar engaños en contra de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los dos ciudadanos. Para surtir estos efectos, el doctor Cadena se presentó con documentos realizados con su membrete, en el cual únicamente necesitaba la firma de los exparamilitares”, reseñó el fiscal.
Sin embargo, lo que expuso Hernández es que era extraño que dos personas que no se conocían que estaban en cárceles totalmente diferentes, fueran abordados bajo los mismos parámetros que, presuntamente, fraguó Cadena para que el proceso de Uribe Vélez saliera bien librado.
Lo que dijo el fiscal es que pese a que el abogado Cadena quien, presuntamente, llegó con documentos membretados para que estos fueran firmados, los condenados se rehusaron a hacerlo y, por su parte, reseñaron que los documentos, con testimonios falsos, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia hechas a mano, e indujo en error al alto tribunal.
El fiscal explicó que el error al que indujeron a la Corte es porque, inicialmente, se adelantaba una investigación en contra del senador Cepeda por tales hechos, sin embargo, al corroborar que la información carecía de pruebas, el alto tribunal determinó cerrar el proceso investigativo contra el senador del Polo Democrático y avanzar otro contra el senador Uribe.
No obstante, lo que reprocha el fiscal es que los abogados Cadena y Salazar tenía conocimiento que sus actuaciones estaban fuera de lo enmarcado en lo legal.
“Doctor Cadena, doctor Salazar estos hechos que le acabo de narrar los encuadra en dos escenarios judiciales: el de soborno en concurso con fraude procesal. Ustedes sabían y conocían que le estaban pagando 48 millones con el fin de que atestiguaran falsamente. Ustedes con su actuar violentaron el bien jurídico contra la eficacia, sin que existiera justa causa. No se ha podido vislumbrar en el proceso la causa por la que lo hicieron”, argumentó el fiscal.
De acuerdo con Hernández, para la época de los hechos, hasta agosto de 2018 los abogados tenían capacidad en su actuar y determinación. “Reitera este despacho: decidieron cometer la falta. Ustedes son abogados para ustedes era conocible saber que el ofrecer sumas para que una persona declare falsamente es un delito, ustedes sabían y conocían que eso es un delito en el territorio nacional”, reseñó el fiscal en la audiencia.
Por estos hechos, el delegado del ente acusador decidió endilgarle los delitos de soborno y fraude procesal.
El País
Uribe pide publicar su expediente para mostrar su inocencia
La defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el abogado Jaime Granados, solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que haga público todo su expediente por el proceso que se lleva a cabo por presunta manipulación de testigos.
“En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor”, indicó a través de un comunicado Granados.
En ese sentido, el abogado manifestó que pese a que la reserva sumarial se da, entre otras razones, para proteger el principio de presunción de inocencia, el Senador Uribe Vélez pidió levantar esta restricción para conocer todos los detalles del caso por el que se encuentra privado de la libertad.
“Álvaro Uribe Vélez, fiel a su forma de actuar, solicita por intermedio mío, de la manera más respetuosa y acomedida, que se levante la reserva sumarial de todo el proceso en su contra, esto con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder”.
Según indicó el abogado, la intensión de esta solicitud es buscar “aportar la mayor transparencia posible a este caso, que por su connotación política se ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica”.
El Nuevo Siglo
Centro Democrático desautoriza vaca para Uribe
El Centro Democrático desautoriza recolecciones de fondos de cualquier tipo a favor del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, a quien la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento domiciliaria el pasado 4 de agosto. Esto, a raíz de la propuesta del representante Edward Rodríguez, de esa colectividad, de convocar a una vaca para Uribe.
Según manifestó la organización política, rechaza esa y otras publicaciones en redes sociales que se hagan con el fin de “cubrir o sufragar gastos del partido o de procesos jurídicos de nuestro presidente y fundador”. En ese sentido, comunicó que cualquier persona que se presente como promotor de dicha idea “no lo está haciendo en representación de los intereses de la colectividad, ni del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo el Centro Democrático a la opinión pública.
De igual forma, dejó en claro que quien sea militante y promueva una vaca para el senador hoy detenido por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, el partido “tomará decisiones judiciales y disciplinarias propias de estos asuntos y denunciará estas conductas a las autoridades correspondientes”, expresó la colectividad en un comunicado firmado por Nubia Stella Martínez, directora nacional del Centro Democrático.
Sobre esto, cabe recordar que el pasado 5 de agosto el representante Edward Rodríguez manifestó por medio de su Twitter que, supuestamente, la Corte Suprema de Justicia le habría puesto una caución de 100 salarios mínimos al senador Uribe. Por lo que propuso: “Sugiero que hagamos una donaton cívica que para que por lo menos pueda estar casa. ¿Me ayudan?”, escribió.
No obstante, a su propuesta le cayeron bastantes críticas en esa red social y este jueves trinó que la retiraba. “Los invito a que cada uno de nosotros nos convirtamos en veedor cívico y activo para evitar que se siga politizando la justicia en contra de Álvaro Uribe Vélez”.
El Espectador
Iván Cepeda: “Se derrumbó el mito de que un expresidente no podía ser privado de la libertad en Colombia”
El senador Iván Cepeda sufrió en carne propia las derivaciones del caso judicial que culminó con la prisión domiciliaria preventiva del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. En 2012, Uribe denunció a Cepeda luego de que éste visitara a varios detenidos en cárceles del país, como parte de su activa militancia por la búsqueda de la paz en un territorio diezmado por el conflicto armado. El exmandatario enjuició en aquel entonces al dirigente de izquierda por considerar que “manipulaba testigos” para complicar su situación. Pero se dio vuelta la tortilla, Uribe pasó a ser investigado y ahora permanece detenido por los delitos de fraude procesal y soborno, a la espera del juicio.
Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Estudió filosofía en Bulgaria pero creció en el exilio entre Checoslovaquia y Cuba. Su padre Manuel Cepeda fue un dirigente de izquierda que llegó a ser congresista por la Unión Patriótica y fue asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares. Su madre, la líder sucreña Yira Castro, fue concejala de Bogotá por la Unión Nacional de Oposición. A finales de 2009, Cepeda decidió dar el salto de la militancia territorial a la política y fue electo diputado. Desde 2014, es senador del Polo Democrático Alternativo y desde allí pone en agenda diversos temas vinculados a los derechos humanos. En diálogo con Página/12, el reconocido dirigente celebra el reciente fallo de la Corte Suprema de Colombia aunque lo toma “con toda tranquilidad”, y asegura que la detención del expresidente “derrumba un mito” enquistado en el país.
-¿Cómo reacciona a la decisión de la Corte de dictarle detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe?
– Mi reacción pasa por dos planos distintos. En primer lugar, me atañe directamente después de este largo proceso judicial abierto a raíz de una denuncia penal que Uribe formuló en mi contra. Después de estos ocho años en los que ha habido tantos montajes en mi contra, falsos testigos, intentos por llevarme a una condena judicial, creo que es muy importante que la justicia llegue a esta decisión. Nos aproximamos a un llamamiento a juicio y también por lo tanto es necesario en este estadio del proceso dictar una medida que implique la privación de la libertad del senador y expresidente. Asumo esta decisión de la justicia con toda tranquilidad, no es concluyente pero le otorgo un segundo significado que me trasciende y es un significado político innegable. Y es que en Colombia existía hasta el martes una especie de convicción o tabú con relación al hecho de que un expresidente, un hombre poderoso e influyente no podía ser llamado por la justicia, mucho menos privado de la libertad. El martes ese mito fue derrumbado por la Corte Suprema.
– ¿Hay otros procesos judiciales abiertos actualmente contra Uribe?
– Bueno, en la Comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes hay más de 250 denuncias. El problema es que ese es un órgano que solo opera para el período en el cual Uribe fue presidente (2002-2010), y es un órgano político esencialmente inoperante. Se ha llamado la “Comisión de Absoluciones”, para que usted se dé una idea de qué tan inoperante es. Existen decenas de procesos que están en otras instancias e incluso en la misma Corte Suprema, que tienen que ver con delitos que presuntamente se habrían cometido cuando no era presidente, y esos procesos también son importantes y por delitos muy graves. Ahora bien, lo que ocurrió esta semana tiene un efecto adicional que es que esos procesos pueden llegar a activarse de una manera muy seria.
– ¿Le llama la atención la postura del presidente Iván Duque? Salió a defender públicamente a Uribe antes y después de la decisión de la Corte.
– El mundo político de Duque se circunscribe a ese partido del cual es jefe Álvaro Uribe (Centro Democrático), que tiene una estructura de partido caudillista. Si el caudillo es interpelado como lo está siendo hoy, obviamente toda esa estructura política se conmociona. Creo que el presidente Duque está siendo afectado de forma directa por esa situación. Ahora, él podría desmarcarse pero no ha optado por eso. El presidente no tiene por qué estar expresando ante los medios de comunicación y en cadena nacional cuáles son sus simpatías, cómo cree que debiera actuar la Corte Suprema, cuál sería la mejor decisión que debiera tomar. Ese no es el rol de un jefe de Estado. Por eso, desde la orilla de la oposición le pedimos que respete a la justicia.
– De acuerdo a cifras de la Fiscalía de Colombia, en los últimos cuatro años fueron asesinados 349 líderes sociales. ¿En qué situación se encuentra el Acuerdo de Paz?
– Ahora que se hace un balance de dos años de gobierno del presidente Duque, es importante que ese balance pase por asuntos como éste que son centrales. La pregunta es por qué están asesinando a todos estos dirigentes en los territorios rurales del país. Sencillamente porque no se ha procedido a cumplir y a implementar en debida forma el Acuerdo. Se mantiene el mismo esquema anterior, y es creer que el Estado va a resolver los problemas simplemente enviando unidades militares a estos territorios, continuando esa guerra que se ha perdido hace décadas, que es la guerra contra el narcotráfico. El Estado colombiano sigue alimentando esa máquina de guerra. Los líderes sociales defienden la reforma agraria, la sustitución de los cultivos, la justicia, en suma todo lo que ha previsto el Acuerdo de Paz y es por eso que las organizaciones narcotraficantes, grupos paramilitares y también disidencias de la guerrilla de FARC están actuando en contra de estos líderes con la omisión absoluta del Estado.
– Usted forma parte del Grupo de Puebla. ¿Cómo analiza el presente de la región? ¿Le preocupa que confluyan en el continente tantas expresiones de derecha?
– Hay una radiografía que tiene luces y sombras. Por supuesto que esta emergencia sanitaria está siendo utilizada para un estado de excepción que le hace un gravísimo daño a cualquier expresión democrática. Hay países en los cuales la actuación de los presidentes convertidos en poderes autocráticos ha generado verdaderos ataques contra la población. Por otro lado vemos que hay una estructura de oportunidad en esta crisis, para que se produzcan movilizaciones ciudadanas que den al traste con ese tipo de tendencias autoritarias. Hay que recordar que pocos meses antes de la pandemia había una ola de movilización en la región muy importante. Francamente yo no creo que eso vaya ahora a terminar. Por el contrario, una vez que pase esta pandemia y deje como uno de sus efectos la crisis recesiva de la economía que puede tener repercusiones gravísimas, lo que va a suscitar es una movilización formidable que debe traducirse en cambios democráticos y sociales importantes.
– Estamos a dos años de los próximos comicios en Colombia. ¿Qué cree que le falta a la izquierda de su país para imponerse en elecciones presidenciales?
– Yo creo que el ingrediente es articular esas fuerzas que hay hoy, hacer que entren en una coalición porque ya existen en Colombia las fuerzas sociales y políticas necesarias para producir un cambio. El asunto radica en que puedan unirse y articularse, coordinarse para poder no solamente producir un resultado electoral sino un programa de gobierno, un pacto social histórico que nos permita llegar a la paz total, a un estado democrático y a un proyecto económico que sea al mismo tiempo productivo, que tenga un importante componente de equidad social y luche por evitar los peores efectos del cambio climático.
Página 12
Ordenan detención domiciliaria contra Diego Cadena, uno de los abogados de Álvaro Uribe
El Juzgado 35 con función de Control de Garantías ordenó detención domiciliaria contra el abogado Diego Cadena, investigado por la presunta manipulación de testigos en el proceso que tiene al senador Álvaro Uribe Vélez en casa por cárcel.
El abogado Cadena deberá firmar un acta de compromiso en el que se establece comparecer ante los requerimientos de la justicia, y permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.
La determinación no cobija al otro jurista Juan José Salazar, que también está vinculado en el proceso. Sin embargo, el penalista seguirá bajo investigación y deberá comparecer ante las autoridades cuando sea requerido. El delegado de la Fiscalía apeló la decisión.
Lo que dijo la Fiscalía es que los abogados habían ofrecido dinero y asesorías jurídicas a cambio de que exparamilitares condenados cambiaran los testimonios rendidos ante la Corte Suprema de Justicia que vinculan al senador Uribe con el paramilitarismo.
El juzgado en su decisión final aseguró que “se puede inferir que sí hubo un ofrecimiento de dinero. Para el despacho no resulta de recibo que se trataba de viáticos”, esta aseveración la hizo el juez debido a que Cadena ha hecho mención que el dinero entregado a Vélez ha sido producto de “ayudas humanitarias y viáticos”.
Los abogados Cadena y Salazar han mencionado que luego de realizar la entrega de dinero se produjo una presunta extorsión por parte del confeso exparamilitar, situación que para la Fiscalía resultó cuestionable debido a que no denunciaron tal delito.
El delegado de la Rama Judicial también le reprochó la omisión de Cadena en ese caso y, por su parte, le recordó que lleva ejerciendo como abogado penalista desde hace 10 años por lo que le es reprochable que incurriera en acciones irregulares como lo fue “falsear elementos y engañar a la Corte Suprema de Justicia”.
La investigación
El fiscal Daniel Hernández expuso en audiencia de imputación de cargos, ante el juzgado que la investigación se remonta a julio de 2017, cuando Cadena abordó a Carlos Enrique Vélez, confeso paramilitar condenado y preso en la cárcel de Palmira, para ofrecerle $200 millones a cambio de que anunciara ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda lo había buscado previamente y le había solicitado cambiar la versión de la declaración que iba a entregar contra el también senador Uribe Vélez.
“De los $200 millones, solo se hizo entrega de $48 millones con el fin de que Vélez declarara falsamente ante la Corte Suprema de Justicia, y cambiara su versión respecto de que el senador Iván Cepeda lo había abordado para que cambiara su versión sobre el senador Uribe Vélez”, señaló el fiscal.
Hernández reseñó que la investigación hecha por el ente acusador da cuenta que estaban frente a una “división de trabajo” por parte de Cadena y Salazar, con el que pretendían enmarcar unos hechos de soborno.
Otro suceso que relató el fiscal vincula al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien según el delegado del ente acusador, también fue abordado en febrero de 2018, para ofrecerle apoyos y asesorías jurídicas con el fin de que este declarara de la misma manera como se lo ofrecieron a Vélez.
“A raíz de esto se desprenden actividades encaminadas a generar engaños en contra de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los dos ciudadanos. Para surtir estos efectos, el doctor Cadena se presentó con documentos realizados con su membrete, en el cual únicamente necesitaba la firma de los exparamilitares”, reseñó el fiscal.
Sin embargo, lo que expuso Hernández es que era extraño que dos personas que no se conocían que estaban en cárceles totalmente diferentes, fueran abordados bajo los mismos parámetros que, presuntamente, fraguó Cadena para que el proceso de Uribe Vélez saliera bien librado.
Lo que dijo el fiscal es que pese a que el abogado Cadena quien, presuntamente, llegó con documentos membretados para que estos fueran firmados, los condenados se rehusaron a hacerlo y, por su parte, reseñaron que los documentos, con testimonios falsos, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia hechas a mano, e indujo en error al alto tribunal.
El fiscal explicó que el error al que indujeron a la Corte es porque, inicialmente, se adelantaba una investigación en contra del senador Cepeda por tales hechos, sin embargo, al corroborar que la información carecía de pruebas, el alto tribunal determinó cerrar el proceso investigativo contra el senador del Polo Democrático y avanzar otro contra el senador Uribe.
No obstante, lo que reprocha el fiscal es que los abogados Cadena y Salazar tenía conocimiento que sus actuaciones estaban fuera de lo enmarcado en lo legal.
“Doctor Cadena, doctor Salazar estos hechos que le acabo de narrar los encuadra en dos escenarios judiciales: el de soborno en concurso con fraude procesal. Ustedes sabían y conocían que le estaban pagando 48 millones con el fin de que atestiguaran falsamente. Ustedes con su actuar violentaron el bien jurídico contra la eficacia, sin que existiera justa causa. No se ha podido vislumbrar en el proceso la causa por la que lo hicieron”, argumentó el fiscal.
De acuerdo con Hernández, para la época de los hechos, hasta agosto de 2018 los abogados tenían capacidad en su actuar y determinación. “Reitera este despacho: decidieron cometer la falta. Ustedes son abogados para ustedes era conocible saber que el ofrecer sumas para que una persona declare falsamente es un delito, ustedes sabían y conocían que eso es un delito en el territorio nacional”, reseñó el fiscal en la audiencia.
Por estos hechos, el delegado del ente acusador decidió endilgarle los delitos de soborno y fraude procesal.
El País
Uribe pide publicar su expediente para mostrar su inocencia
La defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el abogado Jaime Granados, solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que haga público todo su expediente por el proceso que se lleva a cabo por presunta manipulación de testigos.
“En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor”, indicó a través de un comunicado Granados.
En ese sentido, el abogado manifestó que pese a que la reserva sumarial se da, entre otras razones, para proteger el principio de presunción de inocencia, el Senador Uribe Vélez pidió levantar esta restricción para conocer todos los detalles del caso por el que se encuentra privado de la libertad.
“Álvaro Uribe Vélez, fiel a su forma de actuar, solicita por intermedio mío, de la manera más respetuosa y acomedida, que se levante la reserva sumarial de todo el proceso en su contra, esto con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder”.
Según indicó el abogado, la intensión de esta solicitud es buscar “aportar la mayor transparencia posible a este caso, que por su connotación política se ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica”.
El Nuevo Siglo
Centro Democrático desautoriza vaca para Uribe
El Centro Democrático desautoriza recolecciones de fondos de cualquier tipo a favor del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, a quien la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento domiciliaria el pasado 4 de agosto. Esto, a raíz de la propuesta del representante Edward Rodríguez, de esa colectividad, de convocar a una vaca para Uribe.
Según manifestó la organización política, rechaza esa y otras publicaciones en redes sociales que se hagan con el fin de “cubrir o sufragar gastos del partido o de procesos jurídicos de nuestro presidente y fundador”. En ese sentido, comunicó que cualquier persona que se presente como promotor de dicha idea “no lo está haciendo en representación de los intereses de la colectividad, ni del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo el Centro Democrático a la opinión pública.
De igual forma, dejó en claro que quien sea militante y promueva una vaca para el senador hoy detenido por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, el partido “tomará decisiones judiciales y disciplinarias propias de estos asuntos y denunciará estas conductas a las autoridades correspondientes”, expresó la colectividad en un comunicado firmado por Nubia Stella Martínez, directora nacional del Centro Democrático.
Sobre esto, cabe recordar que el pasado 5 de agosto el representante Edward Rodríguez manifestó por medio de su Twitter que, supuestamente, la Corte Suprema de Justicia le habría puesto una caución de 100 salarios mínimos al senador Uribe. Por lo que propuso: “Sugiero que hagamos una donaton cívica que para que por lo menos pueda estar casa. ¿Me ayudan?”, escribió.
No obstante, a su propuesta le cayeron bastantes críticas en esa red social y este jueves trinó que la retiraba. “Los invito a que cada uno de nosotros nos convirtamos en veedor cívico y activo para evitar que se siga politizando la justicia en contra de Álvaro Uribe Vélez”.
El Espectador
Iván Cepeda: “Se derrumbó el mito de que un expresidente no podía ser privado de la libertad en Colombia”
El senador Iván Cepeda sufrió en carne propia las derivaciones del caso judicial que culminó con la prisión domiciliaria preventiva del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. En 2012, Uribe denunció a Cepeda luego de que éste visitara a varios detenidos en cárceles del país, como parte de su activa militancia por la búsqueda de la paz en un territorio diezmado por el conflicto armado. El exmandatario enjuició en aquel entonces al dirigente de izquierda por considerar que “manipulaba testigos” para complicar su situación. Pero se dio vuelta la tortilla, Uribe pasó a ser investigado y ahora permanece detenido por los delitos de fraude procesal y soborno, a la espera del juicio.
Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Estudió filosofía en Bulgaria pero creció en el exilio entre Checoslovaquia y Cuba. Su padre Manuel Cepeda fue un dirigente de izquierda que llegó a ser congresista por la Unión Patriótica y fue asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares. Su madre, la líder sucreña Yira Castro, fue concejala de Bogotá por la Unión Nacional de Oposición. A finales de 2009, Cepeda decidió dar el salto de la militancia territorial a la política y fue electo diputado. Desde 2014, es senador del Polo Democrático Alternativo y desde allí pone en agenda diversos temas vinculados a los derechos humanos. En diálogo con Página/12, el reconocido dirigente celebra el reciente fallo de la Corte Suprema de Colombia aunque lo toma “con toda tranquilidad”, y asegura que la detención del expresidente “derrumba un mito” enquistado en el país.
-¿Cómo reacciona a la decisión de la Corte de dictarle detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe?
– Mi reacción pasa por dos planos distintos. En primer lugar, me atañe directamente después de este largo proceso judicial abierto a raíz de una denuncia penal que Uribe formuló en mi contra. Después de estos ocho años en los que ha habido tantos montajes en mi contra, falsos testigos, intentos por llevarme a una condena judicial, creo que es muy importante que la justicia llegue a esta decisión. Nos aproximamos a un llamamiento a juicio y también por lo tanto es necesario en este estadio del proceso dictar una medida que implique la privación de la libertad del senador y expresidente. Asumo esta decisión de la justicia con toda tranquilidad, no es concluyente pero le otorgo un segundo significado que me trasciende y es un significado político innegable. Y es que en Colombia existía hasta el martes una especie de convicción o tabú con relación al hecho de que un expresidente, un hombre poderoso e influyente no podía ser llamado por la justicia, mucho menos privado de la libertad. El martes ese mito fue derrumbado por la Corte Suprema.
– ¿Hay otros procesos judiciales abiertos actualmente contra Uribe?
– Bueno, en la Comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes hay más de 250 denuncias. El problema es que ese es un órgano que solo opera para el período en el cual Uribe fue presidente (2002-2010), y es un órgano político esencialmente inoperante. Se ha llamado la “Comisión de Absoluciones”, para que usted se dé una idea de qué tan inoperante es. Existen decenas de procesos que están en otras instancias e incluso en la misma Corte Suprema, que tienen que ver con delitos que presuntamente se habrían cometido cuando no era presidente, y esos procesos también son importantes y por delitos muy graves. Ahora bien, lo que ocurrió esta semana tiene un efecto adicional que es que esos procesos pueden llegar a activarse de una manera muy seria.
– ¿Le llama la atención la postura del presidente Iván Duque? Salió a defender públicamente a Uribe antes y después de la decisión de la Corte.
– El mundo político de Duque se circunscribe a ese partido del cual es jefe Álvaro Uribe (Centro Democrático), que tiene una estructura de partido caudillista. Si el caudillo es interpelado como lo está siendo hoy, obviamente toda esa estructura política se conmociona. Creo que el presidente Duque está siendo afectado de forma directa por esa situación. Ahora, él podría desmarcarse pero no ha optado por eso. El presidente no tiene por qué estar expresando ante los medios de comunicación y en cadena nacional cuáles son sus simpatías, cómo cree que debiera actuar la Corte Suprema, cuál sería la mejor decisión que debiera tomar. Ese no es el rol de un jefe de Estado. Por eso, desde la orilla de la oposición le pedimos que respete a la justicia.
– De acuerdo a cifras de la Fiscalía de Colombia, en los últimos cuatro años fueron asesinados 349 líderes sociales. ¿En qué situación se encuentra el Acuerdo de Paz?
– Ahora que se hace un balance de dos años de gobierno del presidente Duque, es importante que ese balance pase por asuntos como éste que son centrales. La pregunta es por qué están asesinando a todos estos dirigentes en los territorios rurales del país. Sencillamente porque no se ha procedido a cumplir y a implementar en debida forma el Acuerdo. Se mantiene el mismo esquema anterior, y es creer que el Estado va a resolver los problemas simplemente enviando unidades militares a estos territorios, continuando esa guerra que se ha perdido hace décadas, que es la guerra contra el narcotráfico. El Estado colombiano sigue alimentando esa máquina de guerra. Los líderes sociales defienden la reforma agraria, la sustitución de los cultivos, la justicia, en suma todo lo que ha previsto el Acuerdo de Paz y es por eso que las organizaciones narcotraficantes, grupos paramilitares y también disidencias de la guerrilla de FARC están actuando en contra de estos líderes con la omisión absoluta del Estado.
– Usted forma parte del Grupo de Puebla. ¿Cómo analiza el presente de la región? ¿Le preocupa que confluyan en el continente tantas expresiones de derecha?
– Hay una radiografía que tiene luces y sombras. Por supuesto que esta emergencia sanitaria está siendo utilizada para un estado de excepción que le hace un gravísimo daño a cualquier expresión democrática. Hay países en los cuales la actuación de los presidentes convertidos en poderes autocráticos ha generado verdaderos ataques contra la población. Por otro lado vemos que hay una estructura de oportunidad en esta crisis, para que se produzcan movilizaciones ciudadanas que den al traste con ese tipo de tendencias autoritarias. Hay que recordar que pocos meses antes de la pandemia había una ola de movilización en la región muy importante. Francamente yo no creo que eso vaya ahora a terminar. Por el contrario, una vez que pase esta pandemia y deje como uno de sus efectos la crisis recesiva de la economía que puede tener repercusiones gravísimas, lo que va a suscitar es una movilización formidable que debe traducirse en cambios democráticos y sociales importantes.
– Estamos a dos años de los próximos comicios en Colombia. ¿Qué cree que le falta a la izquierda de su país para imponerse en elecciones presidenciales?
– Yo creo que el ingrediente es articular esas fuerzas que hay hoy, hacer que entren en una coalición porque ya existen en Colombia las fuerzas sociales y políticas necesarias para producir un cambio. El asunto radica en que puedan unirse y articularse, coordinarse para poder no solamente producir un resultado electoral sino un programa de gobierno, un pacto social histórico que nos permita llegar a la paz total, a un estado democrático y a un proyecto económico que sea al mismo tiempo productivo, que tenga un importante componente de equidad social y luche por evitar los peores efectos del cambio climático.
Página 12
