5 agosto, 2020
Manini presentó proyecto de ley para evitar el procesamiento de militares por la dictadura
El senador Guido Manini Ríos presentó al Parlamento su anunciado proyecto de ley para reinstalar la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985) por parte de militares ahora retirados.
El objetivo del líder de Cabildo Abierto y ex comandante del Ejército es que más militares sean procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
El proyecto de ley, publicado por la periodista Patricia Madrid, y al que también tuvo acceso Subrayado, tiene siete artículos.
Los dos primeros establecen el derecho de los familiares a continuar con la búsqueda de los restos de los desaparecidos y a percibir las reparaciones económicas ya fijadas por el Estado.
Los artículos 3 y 4 restablecen la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, derogando la ley 18.831 que en el 2011 declaró a esos delitos como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
El artículo 5 establece que la única ley reconocida en el país es la aprobada en el marco de la Constitución Nacional, dejando de lado así los convenios y acuerdos internacionales suscritos y que catalogan a los delitos cometidos en la dictadura como de lesa humanidad.
El artículo 6 establece que las leyes penales no son retroactivas y el 7 mantiene todos los plazos de prescripción de los delitos vigentes en el orden jurídico nacional.
Subrayado
Bancada del FA denuncia a Manini por violar reglamento del Senado
El senador Guido Manini Ríos, con ánimos de reinstaurar la ley de caducidad, se refirió a la ley interpretativa aprobada en 2011 con los votos del Frente Amplio y en la oposición señalan que «es una violación del reglamento». Charles Carrera confirmó a LA REPÚBLICA que el próximo lunes, en la coordinación interpartidaria, la bancada realizará el planteo ante Beatriz Argimón.
Ante las pretensiones del líder de Cabildo Abierto, el diputado Daniel Gerhard dijo a LA REPÚBLICA que «no se puede esperar otra cosa de un cómplice del silencio y la impunidad», mientras que su par, Alejandro Sánchez, comentó: «pidieron el voto para solucionar problemas de empleo y seguridad, pero su verdadera prioridad era la Ley de Caducidad: eximir de culpas a la élite militar que ordenó asesinar, torturar y desaparecer uruguayos».
Tras una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, Guido Manini Ríos anunció que le propuso reinstalar la ley de caducidad, recibiendo críticas de la oposición y hasta de los propios integrantes de la coalición de gobierno.
En la pasada jornada volvió a referirse al tema indicando que la ley de caducidad «pretendió servir a la pacificación nacional después de un lamentable período de fractura y desencuentro de los orientales». Esa norma, «la más legitimada de todas nuestras leyes, fue derogada por una mayoría de un voto en el Senado en 2011, por una ley que en parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia», remarcó.
Ante esto, a su entender, esa fue la apertura para que «ciertos magistrados actuaran con total impunidad, alentados por un coro al que sólo le interesa la venganza». Además indicó que es inaceptable que se viole «descaradamente» la Constitución, y cuestionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a quienes la defienden.
«Es una violación del reglamento»
Las declaraciones del líder de Cabildo Abierto, ahora también en el Senado, generaron el rechazo inmediato de los senadores del Frente Amplio. Según informó el coordinador de bancada, Charles Carrera, a LA REPÚBLICA, en la próxima reunión de coordinación con los demás partidos, la cual preside la vicepresidenta, el FA remarcará que Manini violó el reglamento del Senado al referirse a la ley interpretativa.
«Es una violación del reglamento. El reglamento dice que no se pueden hacer alusiones personales ni políticas. Cuando se habla de una ley que votó el FA se están haciendo alusiones políticas. La próxima reunión de coordinación le haremos el planteo a Argimón y, como Frente Amplio, hacerle notar que no se puede violar el reglamento».
El malestar fue tanto en la Cámara Alta que los legisladores de Fuerza Renovadora, Mario Bergara y Liliam Kechichian, no votaron a favor de que las declaraciones de Manini Ríos fueran destinadas a diferentes órganos, lo cual por una cuestión de gentileza es habitual se discrepe o no con el contenido de los dichos.
Bergara se manifestó al respecto e indicó que «esta es una perla más de un proceso de arremetida sistemática en contra del sistema judicial, por parte de Cabildo Abierto en críticas desmedidas hacia jueces y fiscales. Cabildo Abierto propone volver a poner sobre la mesa el tema de la impunidad, en esa sistemática crítica al funcionamiento de la justicia que se hace en el marco de las leyes vigentes y que lo consideramos totalmente desmedido», dijo.
«Acusar que hay un atropello por parte de la justicia es totalmente inaceptable. Nosotros vemos una perspectiva de Cabildo Abierto de erosionar al sistema judicial en el marco de esta propuesta de volver a poner sobre la mesa la impunidad para los violadores de derechos humanos que afortunadamente el presidente aclaró que no está sobre la mesa. Y también en el marco de lo que es la discusión que está vigente sobre el desafuero del propio senador Manini», añadió el legislador.
«Cómplice de la impunidad»
Quien opinó respecto a los dichos de Guido Manini Ríos fue el diputado Daniel Gerhard, que dijo a LA REPÚBLICA: «Lo que está haciendo y diciendo el senador Manini, es exactamente lo que era esperable. No se puede esperar otra cosa de un cómplice del silencio y la impunidad, de un amigo de terroristas de Estado. Pero la Impunidad en Uruguay no comenzó con Cabildo Abierto, se sostuvo sobre buena parte de los partidos tradicionales», señaló.
A su vez el legislador comentó que «nosotros, con lo que nos costó cada pasito que se dio en verdad y justicia, no vamos a tolerar ni medio centímetro de retroceso. Ese es nuestro compromiso con el pasado y con el futuro, que no puede ser otro que el de la profundización de la democracia, y en ella no caben asesinos, torturadores, violadores paseándose por las calle y cobrando cuantiosas jubilaciones».
Por su parte, su par del MPP, Alejandro Sánchez, indicó: «Los delitos de lesa humanidad no se someten a votación. Le pidieron el voto a la gente para solucionar sus problemas de empleo y seguridad, pero su verdadera prioridad era la Ley de Caducidad: eximir de culpas a la élite militar que ordenó asesinar, torturar y desaparecer uruguayos».
La República
