IÑAKI MAKAZAGA San Salvador 7 MAY 2015
El cambio de mentalidad de la población campesina pasa por buscar alternativas a la pobreza exigiendo que se cumplan sus derechos. / I.M.
Más de 49 organizaciones campesinas de la región cafetalera de Usulután en El Salvador se han unido para poner en marcha el primero Observatorio Ciudadano del país para la defensa del Medio Ambiente ante la impunidad con la que operan las empresas y multinacionales. En tan solo cuatro años, han conseguido paralizar la actividad de tres empresas, impulsar la creación de una unidad de medio ambiente en sus alcaldías y, sobre todo, generar un fuerte vínculo entre todos ellos. “Hemos pasado de ser solo víctimas de nuestra pobreza a ser protagonistas de nuestro cambio”, señala Germán Meléndez, líder campesino y miembro del Observatorio.
El cambio de mentalidad ha llegado tras años de capacitaciones, reuniones y puestas en común. La ONGD Solidaridad Internacional – Nazioarteko Elkartasuna les ha acompañado en este proceso junto con la Fundación local Redes con el objetivo de fortalecer las asociaciones y crear nuevos cauces de participación en las municipalidades de Berlín y Alegría. En total, representan a más de 30.000 personas asentadas en la zona y que han pasado de ser campesinos a auténticos líderes políticos.
“Antes nos decían que el invierno había sido malo porque Dios lo había querido y agachábamos todos la cabeza. Ahora ya no: son las malas prácticas de las multinacionales las que están acabando con nuestras vidas”. Germán Meléndez lo tiene claro a sus 34 años. En una ocasión ha intentado viajar de forma ilegal hasta los Estados Unidos para salir de la pobreza. Tras 12 días de viaje, fue deportado en la frontera.
“La única alternativa a la pobreza no puede ser huir como ilegal a Estados Unidos. Para destruir el sueño americano necesitamos construir el sueño salvadoreño”. Un sueño por el que trabaja ahora como líder del Observatorio, a la vez que espera la llamada para acudir a trabajar por cinco dólares diarios en las tierras de los terratenientes del café. En esta zona más del 75% de la tierra está en manos de los cafetaleros.
La única alternativa a la pobreza no puede ser huir como ilegal a Estados Unidos
Germán Melénde, campesino salvadoreño de 34 años
La Empresa Alubia se topó con este sueño. Se había asentado junto al único manantial del que viven 97 familias del Cantón Talpetate del Municipio de Berlín. Los campesinos acudieron a la alcaldía y a la unidad de Medio Ambiente para denunciar a la compañía ante el descenso del caudal del río. “Al final, descubrimos que estaban embotellando agua del manantial para venderla en la capital y que tenían contactos directos con miembros del Gobierno para conseguir las licencias de explotación. En esta zona, sin agua estamos muertos”, señala Gregorio Flores, líder también del Observatorio y representante de la comunidad campesina del asentamiento río Los Bueyes.
Dos años tardaron en conseguir que la empresa parara su actividad. No bastaron las denuncias ante la Municipalidad, ni el Ministerio de Medio Ambiente. “Conseguimos que se marcharan no tanto porque se lo impidiera las leyes, sino porque perforaron tanto el pozo de agua que se les hundió toda la maquinaria”. En esos dos años, la comunidad de Flores recibió “amenazas de muerte, provocaciones por parte de la empresa de seguridad que vigilaba la finca e incluso denuncias falsas por daños contra su maquinaria”, según relatan sus vecinos.
“Todos hemos vivido una guerra en este país. Este asentamiento pertenece a un frente de la guerrilla. Ahora no se trata de usar la violencia, sino de hacer cumplir las leyes”, aseguran impotentes de la impunidad con la que operan las empresas.
Tras la marcha de Alubia, ha llegado Alba Alimentos, de capital venezolano. “Compartimos el ideario de esta cooperativa de un gobierno de izquierdas, pero no sus formas”. A los pocos meses de llegar, detectaron “talas indiscriminadas en sus campos y obras para cambiar el curso del río para que bañara también sus terrenos”, dicen. Han puesto una denuncia ante la embajada de Venezuela y pronto llegarán nuevas movilizaciones.
“Somos 97 familias a varias horas del centro urbano más cercano, pero a través del Observatorio nos sentimos fuertes y arropados”, asegura uno de sus miembros. Saben que bastará una llamada de teléfono para que se desplacen hasta su asentamientos cientos de campesinos para paralizar una tala, pedir explicaciones a los empresarios o acompañarles ante las amenazas.
El reto de Juan Ángel Vázquez es más complicado. El pasado 7 de enero, un nuevo escape de gases de la empresa geotérmica La Geo provocó que 65 personas de su comunidad recibieran atención médica. Incluso su hija y su mujer tuvieron que pasar la noche en el centro de salud más cercano por mareos, vómitos y fiebres altas. “No hace falta ser científico para saber que la actividad de esta empresa contamina”. Sin embargo, las denuncias no causan ningún efecto. El 15% del territorio pertenece a esta empresa con 33 pozos activos y presente en la región desde los años 90.
Vázquez coordina los trabajos para detallar todos los focos contaminantes, tanto en tierras comunales como en las de la propia. “No pararemos hasta conseguir que nos atiendan, cumplan los compromisos sociales y tomen todas las medidas de seguridad necesarias para que podamos vivir en nuestras casas sin miedo a morir contaminados”, asegura.
El primer éxito de esta lucha ha llegado en Berlín. La alcaldía ha firmado un acuerdo para no permitir la creación de ningún pozo nuevo. Vázquez sabe que en el municipio de Alegría hará falta realizar más movilizaciones para impedir que sigan empobreciendo sus tierras. “No queremos proyectos que conlleven nuestra muerte”. El reto de construir “el sueño salvadoreño” continúa en manos de la población campesina.
Lideresas contra la violencia
“Mi marido decidió abandonarme cuando seguí con mi formación como lideresa”. Ena G. representa a 33 familias de su comunidad. Durante los últimos cuatro años ha participado en el primer Observatorio ciudadano del país para coordinar de forma directa sus demandas en la región de Usulután. Y las alcaldías se coordinan ahora con ella para dar vida a la Unidad de Género para explicar las leyes contra la violencia a todas las mujeres de su asentamiento.
A medida que Ena G. conocía mejor las leyes, peor era su matrimonio. “Mi marido me abandonó porque no quería que le denunciara más. Las agresiones continuaban y las denuncias también”. Ahora acuden a ella otras mujeres que desean reencauzar sus vidas.
Desde la Municipalidad de Berlín, el área de Género, trabaja de forma directa con las lideresas campesinas. La responsable, Magalí Bermúdez, hace suyas las demandas. Acaba de pedir el cierre de 15 cantinas a menos de 100 metros de escuelas e Iglesias en contra de lo que marca la ley. Y a la vez, trabaja con los diferentes agentes sociales, policía, personal médico y funcionarios para que cumplan con las leyes. “La policía se empeña en mediar ante los casos de violencia machista cuando lo que tiene que hacer es detener al agresor”.
Bermúdez remarca siempre la palabra ley porque es su gran frustración. “Contamos con las leyes pero falta que las mujeres las conozcan y que las instituciones las cumplan”. Por eso, ve necesario cada vez más la involucración de las mujeres en las organizaciones campesinas para que rompan la impunidad. “En el instituto hay más de 10 menores embarazadas. Y cada vez son más, las que se acercan a la oficina para denunciar violaciones en el marco familiar. Necesitamos más mujeres lideresas que hagan ver que es posible salir de los círculos de violencia en el que viven muchas mujeres”.
