Otro de los imputados es el reducidor de autos Carlos Telleldín -quien habría aportado el vehículo que se utilizó para hacer estallar la mutual judía-, acusado de haber recibido u$s 400 mil provenientes de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cambio de cambiar su declaración involucrando en el atentado al personal de la Policía Bonaerense, en particular de las Brigadas de Investigaciones II de Lanús y XVI de Vicente López. Esos miembros de la fuerza señalados finalmente resultaron absueltos por estos hechos.
También se encuentran involucrados los exfiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, el extitular de la DAIA, Rubén Beraja, y el exjefe de la policía metropolitana Jorge "Fino" Palacios, entre otros.
El proceso que comenzará el próximo 6 de agosto, y que tendrá audiencias semanales, será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 2, presidido por Jorge Gorini, e integrado por los jueces Néstor Costabel y Karina Perilli, con Domingo Altieri, como cuarto juez. Participarán los representantes de la fiscalía, las querellas de familiares y del Estado y las defensas de los acusados, según publica en su edición impresa de este domingo Ámbito Financiero.
Días atrás, el tribunal determinó que los familiares y las víctimas del atentado y los expolicías falsamente involucrados serán los primeros en brindar su testimonio y el cronograma se completará según la sucesión cronológica de los hechos recopilados por Galeano, mientras tuvo a cargo la instrucción de la causa.
La causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA empezó hace 15 años, cuando uno de los prosecretarios del juzgado federal que llevaba a adelante la causa, Claudio Lifschitz, reveló que el ex juez Galeano y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado "plantar" la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses como autores del atentado donde murieron 85 personas.
Luego de que el expediente pasara por las manos de varios jueces de instrucción y camaristas, apartados por propia decisión y otros recusados por las partes, finalmente en 2005 cayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien elevó a juicio una primera parte de esta investigación.
Se espera que durante el proceso se conozcan nuevos detalles de, por ejemplo, el desvío de la llamada "pista Siria" y del pago a Telleldín para que involucre a los efectivos de la Policía bonaerense.
El Ministerio de Justicia de la Nación tomó la trama ventilada por Lifschitz para presentar la denuncia, que involucra al gobierno de Carlos Menem, y en especial a la ex SIDE como el brazo ejecutor que "habría ocultado y erradicado pruebas en torno a la presencia de unos ciudadanos iraníes en la Argentina".
Una segunda parte del procesamiento indica que, orquestada (o gestionada) por Menem, a través de su hermano Munir, el objetivo era desviar la mira de la llamada "pista siria", que tiene entre sus hacedores al ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul. Y a Jorge "Fino" Palacios, como uno de los artífices de la operación.
Palacios, designado en 1997 frente a la Unidad Antiterrorista, había actuado desde un comienzo en la causa, y es investigado por haber dado aviso a Kanoore Edul de un allanamiento en su domicilio, que finalmente resultó infructuoso para la investigación.
Mientras tanto, otros tramos de la causa continúan aún en instrucción. Lijo dispuso en dos oportunidades los sobreseimientos del por entonces ministro del Interior del gobierno, Carlos Corach, cuatro secretarios de Galeano, al momento de los hechos, y a otros imputados, entre los que figuran el actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez y abogados y policías de la Bonaerense que habrían colaborado en el encubrimiento. Sin embargo, en diciembre del año pasado, la Cámara del Crimen revirtió los sobreseimientos.
