Viernes 04 • Diciembre • 2015
El fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, aseguró ayer que en el país no existe una política pública de seguridad porque no existe conjugación entre los cuatro elementos esenciales para que se desarrolle: prevención del delito, conjuración, investigación y represión, y persecución penal. También afirmó que en la utilización de las medidas privativas de libertad se violan los derechos humanos. La sensación de inseguridad persiste porque hay un “dolor social sin gestionar, que genera bronca, impotencia, hasta ganas de vengarse, y eso provoca la sensación de impunidad”, dijo.
Ayer se llevó a cabo la charla “¿Qué es la seguridad? Posibles caminos”, convocada por profesionales que participaron en el movimiento No a la Baja y pretenden problematizar y proponer alternativas en materia de seguridad. El panel estaba integrado por el director del Consejo Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Matías Rodríguez, la presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Graciela Barrera, el investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales Sebastián Aguiar, y Díaz.
El fiscal de Corte se refirió al actual proceso penal inquisitivo uruguayo, que implica que el juez investigue y no sea imparcial, aunque por definición debe ser “independiente para juzgar”. El sistema evita que sean imparciales, sostuvo, y argumentó con cifras: “98% de las sentencias son de condena. ¿Los fiscales son tan magníficos que logran siempre la condena? No, es porque el partido está ganado de antemano”. Díaz considera que si la única respuesta que tiene el sistema es la imputación, es porque “ha fracasado rotundamente”. La tasa de encarcelados oscila entre los 312 y 320 cada 100.000 habitantes; es más alta que la de Colombia. Señaló que en 2013 se presentaron 200.000 denuncias en las sedes policiales. De ésas sólo 44.000 llegaron al sistema judicial, de las que 9.127 terminaron en autos de imputación.
Díaz recordó que aunque vivimos campañas de “orden y mando” en la década de 1990, en que se crearon y tipificaron delitos para encarcelar, el problema de la seguridad no desapareció. Es más, se triplicó la población carcelaria. “Después, cuando se pensó que las raíces estaban en la pobreza y la indigencia, se atacaron esos puntos. Pero nos dimos cuenta de que aunque haya bajado la pobreza y casi desaparecido la indigencia, el problema continúa. No hay una política pública de seguridad”. Su conclusión es que el proceso penal “ha fracasado estrepitosamente”, principalmente frente a la víctima; no la ampara y está concebida como un sujeto de prueba, no como una persona de derecho.
Por otro lado, advirtió que el otro “gran fracaso” del sistema penal es que 64% de las personas privadas de libertad están sin sentencia en cárceles en condiciones no adecuadas. Esto implica que se pena antes de investigar, y que la prisión preventiva es utilizada como castigo anticipado. “En Uruguay estamos violando derechos humanos, porque las medidas anticipadas están prohibidas”. “Meter un individuo preso es un acto de violencia estatal, se hace legalmente, bien, pero la prisión preventiva solamente puede tener un objetivo cautelar: para que no se fugue, no destruya la prueba, y se proteja a la víctima. Toda la doctrina te dice [que por este último punto se encarcela], pero la realidad es que hemos habilitado otros medios, por ejemplo, en violencia doméstica”, que no se utilizan como se debería. Hay muchas medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad, aseguró el fiscal. Y aclaró que no son “medidas como pintar la calle” o de trabajo comunitario, porque no son cautelares, sino penas.
Qué dicen las letras
Desde la academia, el sociólogo Sebastián Aguiar sostuvo que se ha investigado mucho y se ha detectado una “fractura social sin precedentes”, caracterizada por la hostilidad. Al respecto dijo que hay indicadores que muestran que los uruguayos prefieren a un extranjero parecido antes que al Otro, el diferente a mí: ésa es, dijo, “la tónica dominante de la vida urbana”. Señaló que, por ejemplo, la posibilidad de que una persona mayor de edad y nivel económico alto se encuentre durante su circulación diaria con un joven de clase social baja es sólo de 3%. La fractura está en el territorio. También indicó que cuando se habla de juventud, la conversación se desplaza “demasiado rápido” al tema de la seguridad. “Se apunta y criminaliza a los jóvenes”. Aguiar aseguró que hay un serio problema con el sistema político porque no tiene respuestas, “una omisión que no podemos perdonar”. Es imprescindible exigir medidas “inmediatas y maduras” para generar soluciones alternativas, pero, advirtió: “No ésas del populismo conservador,popcorn, que no complejizan”.
