uruguay
La actualización ideológica va, se conoce el primer documento que elaboró comisión del Frente Amplio.
Esta primavera encontrará al Frente Amplio debatiendo en un congreso de actualización ideológica. El Congreso está integrado por los delegados de los Comités de Base más los integrantes del Plenario Nacional. Se conoce el primer documento aún en su fase de borrador.
Este documento no es el definitivo, ni será el único. La Comisión dedicada al tema, la integran Ernesto Agazzi del MPP, Yerú Pardiñas, del Partido socialista, Leonardo de León de la 711, Sergio Prato, por la bases de Montevideo, entre otros.
Texto del documento borrador
Comisión de Actualización Ideológica del Frente Amplio
Revisión 8 agosto 2016
Contenido
Presentación
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Los valores comunes sobre los que desarrollamos nuestra acción política
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Uruguay en un mundo globalizado
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Desarrollo sustentable.
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Estado, mercado y sociedad.
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Poder y gobierno. La institucionalidad democrática.
Presentación
(Se revisará al final)
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El VII congreso del F.A., "Hugo Cores", en Noviembre de 2013, resolvió que es necesario profundizar la idea de actualización ideológica en esta etapa del Uruguay, dando respuesta a planteos realizados en su seno que no constituían los asuntos centrales de su convocatoria, pero que son importantísimos para la orientación política del Frente,
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Históricamente esta necesidad emergió en múltiples oportunidades de Congresos, debates de ideas, discusiones de Bases programáticas, balances, en las que analizamos nuestra historia desde la fundación del F.A., en 1971, hasta nuestros días.
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Todos nuestros documentos y acuerdos constituyen el derrotero de la construcción de nuestro pensamiento histórico, y son prueba de nuestra identidad, que estuvo cimentada en los valores centrales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia.
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Todas las declaraciones públicas, acuerdos, manifiestos, y compromisos asumidos por el Frente desde su nacimiento fueron expresiones en el sentido de sumar fuerzas para iniciar un proceso de volver a los valores que inspiraron el proceso revolucionario Artiguista. Al conmemorar los 200 años del aquella etapa fundacional de la Patria, es oportuno retomar el análisis de los mismos y actualizarlos, como debe hacerse permanentemente al ir evolucionando el Mundo, la Región y nuestro País, incluso como consecuencia de los 10 años de gobiernos Frenteamplistas.
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Apoyados en esos valores centrales es que hemos delineado la construcción de un nuevo Uruguay, que está basado en valores sólidos, definidos, que vienen de nuestra historia y hacia los cuales deseamos avanzar.
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Es ese conjunto de valores que nos identifican en los que hemos centrado nuestra identidad con los que definimos todas nuestras expresiones políticas.
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Nuestras ideas han sido superar las desigualdades lacerantes que nos ha dejado un País gobernado por una minoría privilegiada, recuperar la democracia luego de la dictadura civico-militar que avasalló las Instituciones y los Derechos Humanos pretendiendo ahogar los cambios políticos y sociales inevitables en el Uruguay, que en la última etapa, a través de la concepción neoliberal, instaló un sistema financiero parasitario, especulativo, vaciador de bancos, organizador de quiebras y miseria de las mayorías.
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Para ello definimos conducir un proceso político de reorganización nacional en todos los órdenes, en la economía, en los derechos de los trabajadores, en la inserción internacional, en una nueva agenda de Derechos, en modificaciones institucionales imprescindibles, en la modernización de los Servicios públicos, en el acceso a la la educación, la salud, la tierra para familias rurales, la investigación y la innovación, en atender los problemas ambientales, y múltiples aspectos más.
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Este es el proceso político de cambios que se inició con el acceso del F.A. al Gobierno Nacional y a varios Gobiernos Departamentales.
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Se inició así un proceso de Desarrollo con los rasgos distintivos propios del tiempo histórico en que se inscribe, como lo son siempre todos los procesos de desarrollo.
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En nuestras condiciones el mismo estuvo pautado por la profunda crisis económica, social y política que le precedió, por la voluntad de las mayorías de superarla, por las características de nuestra inserción internacional, nuestros recursos productivos, los niveles de inversión posibles, nuestras capacidades productivas, tecnológicas y científicas, las capacidades de nuestros trabajadores y empresarios, y el desarrollo institucional del Estado para las transformaciones.
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Los rasgos distintivos de nuestro desarrollo es que se asientan en una construcción de cambios estructurales, con disminución de las desigualdades existentes, y en un clima de libertad. No se trata simplemente de aumentar el PBI per cápita sino de una construcción dinámica que mejore nuestras capacidades productivas, tecnológicas, sociales, institucionales, culturales y organizativas que nos permitan avanzar hacia mayores niveles de bienestar.
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Pero éste desarrollo, construido sobre la base de los valores históricos del Frente Amplio, que son los que nos caracterizaron desde nuestros orígenes, es un proceso que va más allá de coyunturas , y que nutrido por la experiencia histórica de nuestro pueblo y la visión que tenemos de nosotros mismos, estimulará el camino de construcción de una sociedad más justa.
Capítulo I: Los valores comunes sobre los que desarrollamos nuestra acción política
(Texto aprobado en Comisión el 11 de julio de 2016)
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Los valores en los que se asienta una sociedad constituyen los pilares de la misma. ¿Cuáles son los valores sustantivos que nos congregan como frenteamplistas, nos convocan a la construcción del futuro y nos permiten ajustar la visión o imagen objetivo a la cual nos orientamos y el camino a recorrer para hacerla realidad?
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La libertad, la igualdad, el trabajo, la justicia, la solidaridad, la democracia y la paz constituyen valores sobre los cuales esta fuerza política ha asentado su pensamiento histórico, su identidad e incluso ha justificado su razón de ser anti-oligárquica y anti-imperialista.
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(se eliminó)
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La libertad que permite la participación libre y responsable de personas y grupos en el quehacer individual y colectivo. Libertad que reconoce la existencia de diferentes visiones culturales, religiosas, ideológicas en una misma sociedad y del derecho a organizarse y expresarse socialmente. La libertad es un valor de alta jerarquía, ni inalienable ni relativizable, ya que constituye un pilar básico del ser humano y de las sociedades más desarrolladas y más humanas. Constituye un valor central, orientador del sistema de ideas del pensamiento frenteamplista.
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La formación y distribución de conocimiento y capacidades en las personas, tanto en una dimensión individual como social e institucional, la creación y el fortalecimiento de vínculos, asociaciones y redes, la equidad y la distribución del ingreso, son componentes imprescindibles para avanzar en igualdad. La incorporación del análisis de las desigualdades y de acciones transversales referidas a la equidad de género, inter-generacional, étnico-racial, por orientación sexual, lugar de nacimiento o residencia, resulta ser un factor imprescindible en los procesos de desarrollo. Las reformas de una serie de servicios sociales universales, así como la dimensión promocional de algunas políticas públicas en materia de ingresos, servicios y derechos, desarrolladas por este proyecto político, han sido un primer escalón en el camino de la integración social.
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Es necesario continuar este proceso apuntando a la consolidación de bienes públicos de sostenida calidad que favorezcan la igualdad de oportunidades. Asegurando esto, deben desarrollarse estrategias específicas que posibiliten el acceso diferencial hacia bienes públicos como proceso de discriminación positiva para obtener igualdad en los resultados. En este marco, mejorar la distribución del ingreso - como lo han hecho los gobiernos del Frente Amplio - es un requisito para disminuir las distancias entre los distintos estratos sociales y favorecer la cohesión.
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En esta dirección es necesario invertir en distintas áreas estratégicas, una de las cuales es la educación. La educación universal de la población, diversificada en múltiples ofertas de calidad, jugará un rol determinante del desarrollo. El desarrollo demanda, para el logro de sus diversas dimensiones, una educación y formación especializada creciente. La educación primaria y media constituye un paso necesario e imprescindible que debe ser acompañado por una educación terciaria y universitaria de alta calidad, a la que todos puedan acceder. Por ello la formación cultural y educativa requerirá un enorme esfuerzo institucional en pos de un desarrollo integral de nuestra sociedad y metas estratégicas que la sociedad deberá definir con transparencia y precisión, en el marco de un sistema educativo amplio, diverso y acorde a las exigencias de una sociedad democrática..
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Las transferencias monetarias y otras políticas asistenciales contribuyen sustantivamente en la mejora de las condiciones de vida de las personas y familias cuando éstas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, efectiva o potencial. Pero la equidad se asienta en un sistema de protección social con sólidos componentes universales y una red de asistencia articulada con aquellos, pues la base de la igualdad está en la construcción de capacidades individuales y sociales en las dimensiones humana y social y en el desarrollo de capacidades institucionales.
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Los trabajadores y las trabajadoras afectados por procesos de desestructuración social y exclusión laboral, perdieron información, contactos, relaciones laborales, así como la pertenencia a instituciones o asociaciones tales como sindicatos o cooperativas y el vínculo con los sistemas de seguridad social y laboral de los trabajadores formales.
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Reivindicamos y jerarquizamos el trabajo digno y creativo como valor principal del desarrollo humano; creación y recreación de la persona humana.
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Por ende, es un valor central que fundamenta y explica la necesaria construcción de capacidades individuales y sociales, de superación individual y aporte a la sociedad. Hablamos de desarrollo cuando este proceso de contribución al esfuerzo social se realiza en marcos crecientes de equidad, justicia y participación en las decisiones colectivas, y con la correspondiente y justa retribución. Y particularmente, cuando este esfuerzo se traduce en formas de superación personal, de construcción de proyectos de vida, de realización personal y comunitaria. En definitiva, de la felicidad de los seres humanos, objetivo central de cualquier proceso de desarrollo.
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La justicia social supone, inequívocamente, la superación de la pobreza en sus múltiples dimensiones y de las desigualdades estructurales, en el marco de sociedades capitalistas basadas en diferentes grados de explotación y marginación social. De allí que su superación se vincula con el desarrollo del potencial humano y social de la población así como con la construcción de las condiciones materiales que lo hagan posible.
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No hay desarrollo sin abatimiento sustantivo de las desigualdades, reconociendo que éstas se potencian en su interrelacionamiento. La justicia social requiere más igualdad y comunidad, donde la reciprocidad y el compromiso comunitario vayan más allá de las lógicas de mercado y la codicia, promoviendo valores solidarios de cooperación e integración.
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La construcción de justicia social demanda la legitimación de un marco de convivencia que se reafirma permanentemente, pues toda sociedad, aún en estadios avanzados de desarrollo y equidad, siempre constituye una estructura humana conflictiva y de intereses diversos.
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Para que ello sea posible en el actual momento histórico y en el horizonte temporal de mediano plazo definido, se requiere la construcción y consolidación de una nueva Matriz de Protección Social cuyo propósito es asegurar el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes del país en condiciones de equidad; garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a trabajo digno, servicios sociales universales y prestaciones sociales de calidad; y promover la cohesión social. Para cumplir con estas finalidades, la matriz de protección social debe incluir componentes universales de alta calidad (sistemas de salud, educación, vivienda y hábitat, trabajo y empleo, seguridad social, cultura y comunicación social, etc.) acompañados de una red de asistencia e integración social, destinada a atender y combatir las desigualdades y vulneraciones a los derechos articulando fuertemente con los componentes universales.
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La confianza colectiva en la construcción del futuro, y la confianza en la convivencia social, son valores muy relevantes en procesos de transformación y construcción del futuro. La confianza se construye en base al diálogo y la canalización institucionalizada de las contradicciones e intereses sociales en juego. Lo cual, a su vez, se constituye en nueva fuente de confianza y base del diálogo. Y, finalmente, en sustento del establecimiento de valores de solidaridad en la construcción colectiva de la sociedad.
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La solidaridad implica reconocerse uno mismo en el otro y tener una actitud de comprensión y apoyo a los demás; especialmente con los más vulnerables y aquellos que la sociedad menos ha promovido y apoyado. La solidaridad política constituye un valor que orienta la visión programática y estratégica de la fuerza que integramos. La solidaridad se confronta cotidianamente en la lucha con antivalores. Es confrontar con las visiones individualistas y los enfoques económicos neoliberales, que marcaron la impronta del Uruguay en el pasado reciente y que aún constituyen enfoques dominantes en muchas sociedades de la región y el mundo.
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La consolidación y ampliación paulatina de áreas solidarias y cooperativas de organización en las diversas esferas de la vida económica, social y cultural, constituyen parte de esta visión del desarrollo, basada en múltiples y disímiles modelos de organización de la producción y las actividades sociales.
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Ello permite avanzar en la más plena inclusión social, entendida como una forma de restañar las heridas que ha dejado la fragmentación territorial y socio-económica del Uruguay en las personas y grupos de la sociedad más perjudicados por las dinámicas socio-económicas excluyentes de fines del siglo pasado y principios de éste. Dicha inclusión debe darse a través de, no sólo la igualdad de oportunidades para todas y todos, sino también en la igualdad en los resultados alcanzados en función de los esfuerzos realizados.
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Aspiramos a una sociedad donde la paz sea un valor aceptado, y por lo tanto un objetivo a construir perseverantemente. El diálogo es la forma principal para enfrentar los conflictos y que éstos se enmarquen en la institucionalidad y reglas de juego democráticos. Se trata de construir relaciones solidarias y promover formas de relacionamiento acordadas o incluso consensuadas acerca de los objetivos de transformación social y los medios para alcanzarlos.
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La democracia
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La democracia a la que aspiramos confía en la sensatez del pueblo, en su participación libre y responsable, en el pluralismo, que conforma un pacto recíproco de respeto a pesar del conflicto y que promueve y protege los derechos humanos en todas sus dimensiones.
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(se eliminó)
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Una democracia en la que el pueblo participa libre y responsablemente - no sólo mediante el sufragio - a través de una pluralidad libre de partidos políticos, surgidos de distintas interpretaciones y valoraciones de la realidad social, así como a través de múltiples organizaciones sociales y grupos intermedios. Una democracia viva y real con participación efectiva del pueblo en la cosa pública. La vitalidad de la democracia se expresa asimismo en la existencia libre de organizaciones sociales, barriales, comunitarias, sindicales, gremiales, estudiantiles, de defensa de derechos, entre otras, participando activamente en la construcción de ciudadanía.
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El pluralismo debe reflejarse en la aceptación plena, en igualdad de condiciones, de la existencia de distintas corrientes políticas, religiosas, ideológicas, culturales y sociales, y de su derecho a organizarse, cultivar y difundir sus valores.
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Las instituciones democráticas formales no pueden sostenerse sino existen también costumbres, valores, conductas, que las sustenten, donde se reconoce el arbitraje superior del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, en un marco de amplias libertades y pluralismo y, sobre esas bases, institucionaliza los caminos para acceder al poder y limitar el uso del mismo por quienes han llegado a él.
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La democracia debe contener, y no como simple formalidad sino como compromiso por el cual trabajar, una agenda de derechos que, por otra parte, está claramente establecida en el capítulo correspondiente de la Constitución de la República. En la defensa de tales derechos políticos y sociales nació nuestra fuerza política, el Frente Amplio. Ellos conforman un aspecto sustancial de su pensamiento, reiteradamente expresado en los documentos políticos y programáticos de nuestro Frente Amplio, desde su nacimiento hasta hoy.
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En el sentido antes expresado, el Frente Amplio definió en 1984 su orientación a la construcción de una democracia auténtica que sea sustento de toda la sociedad uruguaya, que se apoyará en la iniciativa y la participación populares, que conformarán la sustancia con que se llenarán y fortalecerán las formas y los mecanismos institucionales; promoverá el control permanente que la ciudadanía debe ejercer sobre las grandes definiciones nacionales, ampliando la utilización de institutos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, y la vigorización de otros mecanismos para el ejercicio de la democracia directa; y defenderá un sistema político basado en la pluralidad de partidos que aseguren el acceso de la voluntad popular a la estructura de poder expresada en el Estado y la consagración de una legislación electoral que garantice el referido acceso, eliminando todos aquellos factores que tradicionalmente lo han obstaculizado o distorsionado (Bases programáticas de la unidad, 1984).
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La experiencia de lucha de nuestra historia reciente nos fue enseñando que aspectos esenciales de la institucionalidad democrática, aquellos referidos a los ideales de libertad que le son intrínsecos, como la libre expresión del pensamiento, el pleno funcionamiento de los partidos y organizaciones sociales, y el régimen electoral que regula la renovación de los órganos constitucionales de gobierno.
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Los derechos humanos
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Como esencia del reconocimiento del valor de las personas actuando en sociedad, no cabe duda acerca de la fortaleza de asentar un proyecto de país en torno a los derechos humanos: los derechos civiles y políticos, con el principio de libertad como columna central de todos ellos; los derechos económicos, sociales y culturales, vinculados con el principio de igualdad; los derechos de los pueblos, vinculados al principio de solidaridad; y los derechos de las generaciones futuras, vinculados a la conservación ambiental.
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Todos los derechos humanos requieren la afirmación indeclinable de su validez y perdurabilidad, y constituyen hoy, más que nunca, una afirmación de la fuerza política en su visión de desarrollo.
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Todos los derechos humanos, sean los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión; los económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; los derechos de los pueblos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación; los derechos de las generaciones futuras a recibir un planeta no contaminado y biológicamente diverso, son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Así, el avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera que la privación de uno de ellos afecta a los demás.
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Las personas tienen derechos, los cuales están unidos a las responsabilidades que demanda la vida en sociedad, para convivir en un estadio de creciente satisfacción colectiva, de superación personal y social.
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No existe desarrollo, sin un acendrado respeto por los Derechos Humanos, garantizados por las estructuras productivas, sociales, políticas, culturales y los acuerdos jurídicos establecidos en el pleno ejercicio de la democracia y el estado de derecho.
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Corresponsabilidad social y convivencia
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En el mediano y largo plazo se requiere construir asimismo la corresponsabilidad social del desarrollo. El desarrollo no es responsabilidad exclusiva del Estado o de un sector social, por el contrario éste es el producto del esfuerzo conjunto de los trabajadores, las empresas, el Estado y todas las instituciones y actores sociales. Es una responsabilidad que debería abarcar a todos los ciudadanos y a la sociedad en sus más diversos espacios y formas de organización. Ello implica valores, cultura y educación sobre la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de una sociedad más desarrollada, justa y democrática.
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Hay que desarrollar y regular aspectos relativos a las normas de convivencia, sistemas de estímulos y desestímulos, y en todo lo que atañe a las formas de vivir en sociedad de y para todos los ciudadanos.
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Los derechos y los esfuerzos por su consecución en forma de políticas públicas, como delas contribuciones sectoriales, grupales e institucionales, ameritan en contrapartida un esfuerzo similar y balanceado de obligaciones individuales, colectivas y nacionales. No hay derechos sin obligaciones.
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Una convivencia integradora, democrática, exige cuestionar en profundidad la violencia en el ámbito doméstico, en el deporte, en el tránsito, en la comunidad, defendiendo el derecho a la seguridad ciudadana como un valor de toda la sociedad a construir entre múltiples actores.
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El concepto de corresponsabilidad y la visión democrática y solidaria de la sociedad, se contradicen con el enfoque de la autorregulación y el corporativismo, como enfoque de gestión y participación social. El interés parcial de grupos de presión y la obtención inmediatista de beneficios, no constituyen parte de un enfoque global de desarrollo y transformación estructural de largo plazo, basado en los valores estratégicos antes definidos y en una visión colectiva e imagen de largo plazo, propias de los partidos políticos, aunque no exclusiva de ellos.
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Las fuerzas sociales son asimismo protagonistas relevantes de las transformaciones progresistas. La creación de un entramado social con redes más densas, integradoras y solidarias es parte de la estrategia y del objetivo. Asumiendo en forma individual y colectiva el justo y necesario equilibrio entre los Derechos y las Obligaciones.
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Transparencia y ética de gestión
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La confianza y la cohesión social deben cultivarse en todos los ámbitos, pero uno de sus pilares está en los espacios de gestión y administración de las cuestiones colectivas. Latransparencia y la ética de gestión constituyen un perfil distintivo de una fuerza de izquierda, que promueve un cambio de valores identificado con visiones culturales de servicio, honestidad, compromiso y gestión cuidadosa de los asuntos públicos. La cuestión pública demanda una ética renovada y cuidadosa de la administración del poder. El abuso y la utilización del mismo para el beneficio personal, son contrarios a la ética así entendida.
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Este conjunto de valores centrales que aspiramos caractericen la sociedad en el mediano plazo, requieren un conjunto de instituciones y relaciones sociales diferentes a las actuales. Los nuevos marcos jurídico-institucionales a construir deberán velar por la jerarquización de los valores enunciados y su promoción permanente, como parte de la cultura colectiva. Los valores sociales se construyen o destruyen, se profundizan o banalizan, dependiendo de la profundidad de su arraigo en la subjetividad y principios colectivos, pero también en los marcos jurídicos e institucionales que determinan o condicionan los comportamientos individuales y grupales. Ello demandará múltiples y progresivas modificaciones en la institucionalidad.
Capítulo II: Uruguay en un mundo globalizado
(Texto aprobado en Comisión el 1 de agosto de 2016)
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Nos proponemos contribuir a la creación de una comunidad internacional más justa y solidaria, la nación como proyecto y proceso integrador de la sociedad, ya que nuestra viabilidad cómo país está vinculado a la inserción regional y mundial.
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Los efectos devastadores que tiene la mundialización capitalista sobre la vida de millones de seres humanos, así como el cambio climático del planeta originado en formas de producción y consumo determinadas por la lógica de acumulación de capital en la etapa actual de predominio del capital financiero y desregulación de los mercados está demostrando la necesidad ineludible de generar las condiciones para la superación de las actuales formas de producción social.
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La actual crisis del capitalismo es una crisis de vasta escala que, centrada en los países más desarrollados, afecta los aspectos básicos de la economía política del sistema: crisis ambiental, energética, alimentaria, económica. Se expresa en el desarrollo de la revolución tecnológica (microelectrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, nanotecnología), lleva implícito un cambio acelerado en la composición del capital, el proceso de globalización agudiza el rol de las transnacionales, el neoliberalismo como estrategia global del capital para sostener su tasa de ganancia reduce y afecta negativamente las condiciones del trabajo, de vida de los trabajadores y los pueblos.
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El contexto internacional de la primera década del siglo XXI muestra una fuerte modificación estructural que configura un nuevo escenario global; la hegemonía norteamericana en lo militar y comunicacional y una multipolaridad asimétrica en lo económico y comercial. El poderío militar de las grandes potencias, en un planeta donde ha seguido aumentando la pobreza, junto al recrudecimiento de las acciones de carácter terrorista, constituye un factor de peligro para la paz mundial.
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La gran crisis financiera desatada en el 2008, con epicentro en Estados Unidos, es la más profunda y se vislumbra como la más prolongada que ha sufrido el mundo desde la gran depresión de 1929, afecta intensamente los niveles de producción, los ingresos y los puestos de trabajo. Esta crisis plantea un recrudecimiento de las contradicciones entre capital y trabajo que se manifiesta en distintos niveles de la economía; entre el capital financiero y el productivo; entre las necesidades de regulación de los Estados y del capital especulativo que busca mantener la tasa de ganancia de las clases dominantes transfiriendo sus pérdidas a los trabajadores de sus propios países y del mundo entero. Esto claramente se nota en las soluciones que en la Unión Europea se vienen aplicando en contra de los logros históricos de los trabajadores.
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Nuestro país en este mundo globalizado apuesta a la integración regional y no sólo en lo económico. Más allá de ser fundamental desde ese ángulo, para países cuya pequeñez territorial, demográfica y económica, como es nuestro caso -donde se nos dificulta la competitividad en aquellos productos con mayor grado de industrialización- nos resulta imprescindible lograr convenios de complementación productiva que permitan contar con las posibilidades de acceder de manera conjunta a los mercados del mundo, además del propio mercado regional, de por sí muy importante.
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Se hace necesario intercambiar experiencias, conocernos mejor, y consolidar un bloque latinoamericano que se transforme en un actor importante en la defensa de la paz, el medio ambiente, la soberanía y el principio de la autodeterminación de las naciones, así como la solución negociada de los conflictos internacionales.
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La política es necesaria como capacidad de lograr acuerdos amplios, sólidos y de largo plazo en beneficio del interés general, y nuestro Frente Amplio debe ser una fiel expresión de ello. Junto con la política, la democracia, como forma de gestionar la política, como forma de organización, funcionamiento y estado de la sociedad. Democracia radicalmente comprometida con la libertad, el pluralismo y la igualdad, que posibilite los consensos básicos para cumplir con dichas premisas.
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La democracia como condición del progreso. Bajo esta consigna es que debemos aportar a la construcción de la integración regional y mundial, mejorando para nuestros pueblos la globalización, en definitiva cambiándole fuertemente el contenido y por ende las consecuencias.
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En todos nuestros acuerdos de integración la democracia y la soberanía deben ser impulsadas. Un gobierno de izquierda no puede ser indiferente al tipo de sistema de gobierno de los potenciales aliados en el mundo.
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Ese cambio de contenido de la globalización debe estar vinculado al internacionalismo como acción de los pueblos, implica que la preocupación por el mundo va más allá de la apertura comercial al mercado globalizado y que la solidaridad internacional con los pueblos del mundo (no sólo con los de nuestra región) es clave a la hora de definir una política de izquierda en materia internacional. Esto va de la mano con una cooperación internacional horizontal sur - sur, sin asimetrías de nuevo tipo.
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Nuestra lucha por la paz y la seguridad internacional supone siempre condenar las intervenciones unilaterales o multilaterales que se apartan de la construcción de un esquema de seguridad colectiva del que todos somos responsables. Los problemas globales del ambiente no se resuelven en acuerdos entre los principales actores internacionales. No es posible establecer reglas más justas de comercio internacional a nivel global a través de la imposición de unos pocos. Se debe aportar al largo, laborioso y legitimo camino de la negociación multilateral en todos los organismos regionales e internacionales a los que Uruguay pertenece.
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Nuestra conducta internacional debe contribuir a la construcción de un derecho internacional más justo y a la ampliación de su aplicación. La observancia del derecho internacional va de la mano de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo.
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La izquierda es global o no es. Las izquierdas latinoamericanas no pueden quedar encerradas en sí mismas; las experiencias de las izquierdas europeas, las viejas y las nuevas izquierdas europeas, no deben ser dejadas de lado; los movimientos globales de emancipación forman parte de la tradición de la izquierda; lo que pasa en el África subsahariana, el Magreb y el Cercano y Medio Oriente, el mundo eslavo, el Asia meridional o el Lejano Oriente es parte también de nuestras preocupaciones como izquierda, y estas preocupaciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir nuestra política exterior. La solidaridad con los pueblos del mundo no puede estar geográficamente direccionada.
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Una política de izquierda, frenteamplista, debe ser parte primordial del proceso de desarrollo sustentable del país inserto en el mundo; es una política pública de alta relevancia, y siempre debe estar al servicio de la gente, con la gente y para la gente.
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La integración regional y la construcción de un orden internacional más justo. Los procesos de integración en la región tienen dos enemigos: las posturas nacionalistas de corta mira y los actores extra-regionales que prefieren la inexistencia de un bloque fuerte y unido en la esfera internacional. La integración no se construye desde la ampliación de la nación, no es para tener una nación más grande que debemos integrarnos; se construye desde la república, desde una concepción radical de republicanismo, donde las instituciones supranacionales deben tener cada vez más peso y relevancia.
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La priorización por la región debe estar enmarcada en la asunción de la relevancia estratégica que para el país tiene la promoción de las relaciones Sur-Sur, no solamente basadas en aspectos económico-comerciales sino también políticos. La política exterior del Uruguay debe tener como prioritarias las relaciones complejas y diversas con los socios del Mercosur; el asumir como un desafío propio la difícil articulación entre los distintos procesos integracionistas que se están dando dentro del continente, con sus solapamientos y sus complementariedades; las dificultades para el cumplimiento mínimo de los acuerdos del Mercosur; así como la vocación, aún no totalmente satisfecha, de que nuestros países tengan una efectiva y activa agenda externa como bloque, con especial énfasis con los países y regiones del Sur. Esta perspectiva debe apuntar a sostener y profundizar la integración latinoamericana que aún se encuentra débil y fuertemente jaqueada por intereses dominantes de la política internacional de las grandes potencias
Texto del documento borrador
Los valores comunes sobre los que desarrollamos nuestra acción política
Uruguay en un mundo globalizado
Desarrollo sustentable.
Estado, mercado y sociedad.
Poder y gobierno. La institucionalidad democrática.
El VII congreso del F.A., "Hugo Cores", en Noviembre de 2013, resolvió que es necesario profundizar la idea de actualización ideológica en esta etapa del Uruguay, dando respuesta a planteos realizados en su seno que no constituían los asuntos centrales de su convocatoria, pero que son importantísimos para la orientación política del Frente,
Históricamente esta necesidad emergió en múltiples oportunidades de Congresos, debates de ideas, discusiones de Bases programáticas, balances, en las que analizamos nuestra historia desde la fundación del F.A., en 1971, hasta nuestros días.
Todos nuestros documentos y acuerdos constituyen el derrotero de la construcción de nuestro pensamiento histórico, y son prueba de nuestra identidad, que estuvo cimentada en los valores centrales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia.
Todas las declaraciones públicas, acuerdos, manifiestos, y compromisos asumidos por el Frente desde su nacimiento fueron expresiones en el sentido de sumar fuerzas para iniciar un proceso de volver a los valores que inspiraron el proceso revolucionario Artiguista. Al conmemorar los 200 años del aquella etapa fundacional de la Patria, es oportuno retomar el análisis de los mismos y actualizarlos, como debe hacerse permanentemente al ir evolucionando el Mundo, la Región y nuestro País, incluso como consecuencia de los 10 años de gobiernos Frenteamplistas.
Apoyados en esos valores centrales es que hemos delineado la construcción de un nuevo Uruguay, que está basado en valores sólidos, definidos, que vienen de nuestra historia y hacia los cuales deseamos avanzar.
Es ese conjunto de valores que nos identifican en los que hemos centrado nuestra identidad con los que definimos todas nuestras expresiones políticas.
Nuestras ideas han sido superar las desigualdades lacerantes que nos ha dejado un País gobernado por una minoría privilegiada, recuperar la democracia luego de la dictadura civico-militar que avasalló las Instituciones y los Derechos Humanos pretendiendo ahogar los cambios políticos y sociales inevitables en el Uruguay, que en la última etapa, a través de la concepción neoliberal, instaló un sistema financiero parasitario, especulativo, vaciador de bancos, organizador de quiebras y miseria de las mayorías.
Para ello definimos conducir un proceso político de reorganización nacional en todos los órdenes, en la economía, en los derechos de los trabajadores, en la inserción internacional, en una nueva agenda de Derechos, en modificaciones institucionales imprescindibles, en la modernización de los Servicios públicos, en el acceso a la la educación, la salud, la tierra para familias rurales, la investigación y la innovación, en atender los problemas ambientales, y múltiples aspectos más.
Este es el proceso político de cambios que se inició con el acceso del F.A. al Gobierno Nacional y a varios Gobiernos Departamentales.
Se inició así un proceso de Desarrollo con los rasgos distintivos propios del tiempo histórico en que se inscribe, como lo son siempre todos los procesos de desarrollo.
En nuestras condiciones el mismo estuvo pautado por la profunda crisis económica, social y política que le precedió, por la voluntad de las mayorías de superarla, por las características de nuestra inserción internacional, nuestros recursos productivos, los niveles de inversión posibles, nuestras capacidades productivas, tecnológicas y científicas, las capacidades de nuestros trabajadores y empresarios, y el desarrollo institucional del Estado para las transformaciones.
Los rasgos distintivos de nuestro desarrollo es que se asientan en una construcción de cambios estructurales, con disminución de las desigualdades existentes, y en un clima de libertad. No se trata simplemente de aumentar el PBI per cápita sino de una construcción dinámica que mejore nuestras capacidades productivas, tecnológicas, sociales, institucionales, culturales y organizativas que nos permitan avanzar hacia mayores niveles de bienestar.
Pero éste desarrollo, construido sobre la base de los valores históricos del Frente Amplio, que son los que nos caracterizaron desde nuestros orígenes, es un proceso que va más allá de coyunturas , y que nutrido por la experiencia histórica de nuestro pueblo y la visión que tenemos de nosotros mismos, estimulará el camino de construcción de una sociedad más justa.
Los valores en los que se asienta una sociedad constituyen los pilares de la misma. ¿Cuáles son los valores sustantivos que nos congregan como frenteamplistas, nos convocan a la construcción del futuro y nos permiten ajustar la visión o imagen objetivo a la cual nos orientamos y el camino a recorrer para hacerla realidad?
La libertad, la igualdad, el trabajo, la justicia, la solidaridad, la democracia y la paz constituyen valores sobre los cuales esta fuerza política ha asentado su pensamiento histórico, su identidad e incluso ha justificado su razón de ser anti-oligárquica y anti-imperialista.
(se eliminó)
La libertad que permite la participación libre y responsable de personas y grupos en el quehacer individual y colectivo. Libertad que reconoce la existencia de diferentes visiones culturales, religiosas, ideológicas en una misma sociedad y del derecho a organizarse y expresarse socialmente. La libertad es un valor de alta jerarquía, ni inalienable ni relativizable, ya que constituye un pilar básico del ser humano y de las sociedades más desarrolladas y más humanas. Constituye un valor central, orientador del sistema de ideas del pensamiento frenteamplista.
La formación y distribución de conocimiento y capacidades en las personas, tanto en una dimensión individual como social e institucional, la creación y el fortalecimiento de vínculos, asociaciones y redes, la equidad y la distribución del ingreso, son componentes imprescindibles para avanzar en igualdad. La incorporación del análisis de las desigualdades y de acciones transversales referidas a la equidad de género, inter-generacional, étnico-racial, por orientación sexual, lugar de nacimiento o residencia, resulta ser un factor imprescindible en los procesos de desarrollo. Las reformas de una serie de servicios sociales universales, así como la dimensión promocional de algunas políticas públicas en materia de ingresos, servicios y derechos, desarrolladas por este proyecto político, han sido un primer escalón en el camino de la integración social.
Es necesario continuar este proceso apuntando a la consolidación de bienes públicos de sostenida calidad que favorezcan la igualdad de oportunidades. Asegurando esto, deben desarrollarse estrategias específicas que posibiliten el acceso diferencial hacia bienes públicos como proceso de discriminación positiva para obtener igualdad en los resultados. En este marco, mejorar la distribución del ingreso - como lo han hecho los gobiernos del Frente Amplio - es un requisito para disminuir las distancias entre los distintos estratos sociales y favorecer la cohesión.
En esta dirección es necesario invertir en distintas áreas estratégicas, una de las cuales es la educación. La educación universal de la población, diversificada en múltiples ofertas de calidad, jugará un rol determinante del desarrollo. El desarrollo demanda, para el logro de sus diversas dimensiones, una educación y formación especializada creciente. La educación primaria y media constituye un paso necesario e imprescindible que debe ser acompañado por una educación terciaria y universitaria de alta calidad, a la que todos puedan acceder. Por ello la formación cultural y educativa requerirá un enorme esfuerzo institucional en pos de un desarrollo integral de nuestra sociedad y metas estratégicas que la sociedad deberá definir con transparencia y precisión, en el marco de un sistema educativo amplio, diverso y acorde a las exigencias de una sociedad democrática..
Las transferencias monetarias y otras políticas asistenciales contribuyen sustantivamente en la mejora de las condiciones de vida de las personas y familias cuando éstas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, efectiva o potencial. Pero la equidad se asienta en un sistema de protección social con sólidos componentes universales y una red de asistencia articulada con aquellos, pues la base de la igualdad está en la construcción de capacidades individuales y sociales en las dimensiones humana y social y en el desarrollo de capacidades institucionales.
Los trabajadores y las trabajadoras afectados por procesos de desestructuración social y exclusión laboral, perdieron información, contactos, relaciones laborales, así como la pertenencia a instituciones o asociaciones tales como sindicatos o cooperativas y el vínculo con los sistemas de seguridad social y laboral de los trabajadores formales.
Reivindicamos y jerarquizamos el trabajo digno y creativo como valor principal del desarrollo humano; creación y recreación de la persona humana.
Por ende, es un valor central que fundamenta y explica la necesaria construcción de capacidades individuales y sociales, de superación individual y aporte a la sociedad. Hablamos de desarrollo cuando este proceso de contribución al esfuerzo social se realiza en marcos crecientes de equidad, justicia y participación en las decisiones colectivas, y con la correspondiente y justa retribución. Y particularmente, cuando este esfuerzo se traduce en formas de superación personal, de construcción de proyectos de vida, de realización personal y comunitaria. En definitiva, de la felicidad de los seres humanos, objetivo central de cualquier proceso de desarrollo.
La justicia social supone, inequívocamente, la superación de la pobreza en sus múltiples dimensiones y de las desigualdades estructurales, en el marco de sociedades capitalistas basadas en diferentes grados de explotación y marginación social. De allí que su superación se vincula con el desarrollo del potencial humano y social de la población así como con la construcción de las condiciones materiales que lo hagan posible.
No hay desarrollo sin abatimiento sustantivo de las desigualdades, reconociendo que éstas se potencian en su interrelacionamiento. La justicia social requiere más igualdad y comunidad, donde la reciprocidad y el compromiso comunitario vayan más allá de las lógicas de mercado y la codicia, promoviendo valores solidarios de cooperación e integración.
La construcción de justicia social demanda la legitimación de un marco de convivencia que se reafirma permanentemente, pues toda sociedad, aún en estadios avanzados de desarrollo y equidad, siempre constituye una estructura humana conflictiva y de intereses diversos.
Para que ello sea posible en el actual momento histórico y en el horizonte temporal de mediano plazo definido, se requiere la construcción y consolidación de una nueva Matriz de Protección Social cuyo propósito es asegurar el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes del país en condiciones de equidad; garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a trabajo digno, servicios sociales universales y prestaciones sociales de calidad; y promover la cohesión social. Para cumplir con estas finalidades, la matriz de protección social debe incluir componentes universales de alta calidad (sistemas de salud, educación, vivienda y hábitat, trabajo y empleo, seguridad social, cultura y comunicación social, etc.) acompañados de una red de asistencia e integración social, destinada a atender y combatir las desigualdades y vulneraciones a los derechos articulando fuertemente con los componentes universales.
La confianza colectiva en la construcción del futuro, y la confianza en la convivencia social, son valores muy relevantes en procesos de transformación y construcción del futuro. La confianza se construye en base al diálogo y la canalización institucionalizada de las contradicciones e intereses sociales en juego. Lo cual, a su vez, se constituye en nueva fuente de confianza y base del diálogo. Y, finalmente, en sustento del establecimiento de valores de solidaridad en la construcción colectiva de la sociedad.
La solidaridad implica reconocerse uno mismo en el otro y tener una actitud de comprensión y apoyo a los demás; especialmente con los más vulnerables y aquellos que la sociedad menos ha promovido y apoyado. La solidaridad política constituye un valor que orienta la visión programática y estratégica de la fuerza que integramos. La solidaridad se confronta cotidianamente en la lucha con antivalores. Es confrontar con las visiones individualistas y los enfoques económicos neoliberales, que marcaron la impronta del Uruguay en el pasado reciente y que aún constituyen enfoques dominantes en muchas sociedades de la región y el mundo.
La consolidación y ampliación paulatina de áreas solidarias y cooperativas de organización en las diversas esferas de la vida económica, social y cultural, constituyen parte de esta visión del desarrollo, basada en múltiples y disímiles modelos de organización de la producción y las actividades sociales.
Ello permite avanzar en la más plena inclusión social, entendida como una forma de restañar las heridas que ha dejado la fragmentación territorial y socio-económica del Uruguay en las personas y grupos de la sociedad más perjudicados por las dinámicas socio-económicas excluyentes de fines del siglo pasado y principios de éste. Dicha inclusión debe darse a través de, no sólo la igualdad de oportunidades para todas y todos, sino también en la igualdad en los resultados alcanzados en función de los esfuerzos realizados.
Aspiramos a una sociedad donde la paz sea un valor aceptado, y por lo tanto un objetivo a construir perseverantemente. El diálogo es la forma principal para enfrentar los conflictos y que éstos se enmarquen en la institucionalidad y reglas de juego democráticos. Se trata de construir relaciones solidarias y promover formas de relacionamiento acordadas o incluso consensuadas acerca de los objetivos de transformación social y los medios para alcanzarlos.
La democracia
La democracia a la que aspiramos confía en la sensatez del pueblo, en su participación libre y responsable, en el pluralismo, que conforma un pacto recíproco de respeto a pesar del conflicto y que promueve y protege los derechos humanos en todas sus dimensiones.
(se eliminó)
Una democracia en la que el pueblo participa libre y responsablemente - no sólo mediante el sufragio - a través de una pluralidad libre de partidos políticos, surgidos de distintas interpretaciones y valoraciones de la realidad social, así como a través de múltiples organizaciones sociales y grupos intermedios. Una democracia viva y real con participación efectiva del pueblo en la cosa pública. La vitalidad de la democracia se expresa asimismo en la existencia libre de organizaciones sociales, barriales, comunitarias, sindicales, gremiales, estudiantiles, de defensa de derechos, entre otras, participando activamente en la construcción de ciudadanía.
El pluralismo debe reflejarse en la aceptación plena, en igualdad de condiciones, de la existencia de distintas corrientes políticas, religiosas, ideológicas, culturales y sociales, y de su derecho a organizarse, cultivar y difundir sus valores.
Las instituciones democráticas formales no pueden sostenerse sino existen también costumbres, valores, conductas, que las sustenten, donde se reconoce el arbitraje superior del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, en un marco de amplias libertades y pluralismo y, sobre esas bases, institucionaliza los caminos para acceder al poder y limitar el uso del mismo por quienes han llegado a él.
La democracia debe contener, y no como simple formalidad sino como compromiso por el cual trabajar, una agenda de derechos que, por otra parte, está claramente establecida en el capítulo correspondiente de la Constitución de la República. En la defensa de tales derechos políticos y sociales nació nuestra fuerza política, el Frente Amplio. Ellos conforman un aspecto sustancial de su pensamiento, reiteradamente expresado en los documentos políticos y programáticos de nuestro Frente Amplio, desde su nacimiento hasta hoy.
En el sentido antes expresado, el Frente Amplio definió en 1984 su orientación a la construcción de una democracia auténtica que sea sustento de toda la sociedad uruguaya, que se apoyará en la iniciativa y la participación populares, que conformarán la sustancia con que se llenarán y fortalecerán las formas y los mecanismos institucionales; promoverá el control permanente que la ciudadanía debe ejercer sobre las grandes definiciones nacionales, ampliando la utilización de institutos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, y la vigorización de otros mecanismos para el ejercicio de la democracia directa; y defenderá un sistema político basado en la pluralidad de partidos que aseguren el acceso de la voluntad popular a la estructura de poder expresada en el Estado y la consagración de una legislación electoral que garantice el referido acceso, eliminando todos aquellos factores que tradicionalmente lo han obstaculizado o distorsionado (Bases programáticas de la unidad, 1984).
La experiencia de lucha de nuestra historia reciente nos fue enseñando que aspectos esenciales de la institucionalidad democrática, aquellos referidos a los ideales de libertad que le son intrínsecos, como la libre expresión del pensamiento, el pleno funcionamiento de los partidos y organizaciones sociales, y el régimen electoral que regula la renovación de los órganos constitucionales de gobierno.
Los derechos humanos
Como esencia del reconocimiento del valor de las personas actuando en sociedad, no cabe duda acerca de la fortaleza de asentar un proyecto de país en torno a los derechos humanos: los derechos civiles y políticos, con el principio de libertad como columna central de todos ellos; los derechos económicos, sociales y culturales, vinculados con el principio de igualdad; los derechos de los pueblos, vinculados al principio de solidaridad; y los derechos de las generaciones futuras, vinculados a la conservación ambiental.
Todos los derechos humanos requieren la afirmación indeclinable de su validez y perdurabilidad, y constituyen hoy, más que nunca, una afirmación de la fuerza política en su visión de desarrollo.
Todos los derechos humanos, sean los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión; los económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; los derechos de los pueblos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación; los derechos de las generaciones futuras a recibir un planeta no contaminado y biológicamente diverso, son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Así, el avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera que la privación de uno de ellos afecta a los demás.
Las personas tienen derechos, los cuales están unidos a las responsabilidades que demanda la vida en sociedad, para convivir en un estadio de creciente satisfacción colectiva, de superación personal y social.
No existe desarrollo, sin un acendrado respeto por los Derechos Humanos, garantizados por las estructuras productivas, sociales, políticas, culturales y los acuerdos jurídicos establecidos en el pleno ejercicio de la democracia y el estado de derecho.
Corresponsabilidad social y convivencia
En el mediano y largo plazo se requiere construir asimismo la corresponsabilidad social del desarrollo. El desarrollo no es responsabilidad exclusiva del Estado o de un sector social, por el contrario éste es el producto del esfuerzo conjunto de los trabajadores, las empresas, el Estado y todas las instituciones y actores sociales. Es una responsabilidad que debería abarcar a todos los ciudadanos y a la sociedad en sus más diversos espacios y formas de organización. Ello implica valores, cultura y educación sobre la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de una sociedad más desarrollada, justa y democrática.
Hay que desarrollar y regular aspectos relativos a las normas de convivencia, sistemas de estímulos y desestímulos, y en todo lo que atañe a las formas de vivir en sociedad de y para todos los ciudadanos.
Los derechos y los esfuerzos por su consecución en forma de políticas públicas, como delas contribuciones sectoriales, grupales e institucionales, ameritan en contrapartida un esfuerzo similar y balanceado de obligaciones individuales, colectivas y nacionales. No hay derechos sin obligaciones.
Una convivencia integradora, democrática, exige cuestionar en profundidad la violencia en el ámbito doméstico, en el deporte, en el tránsito, en la comunidad, defendiendo el derecho a la seguridad ciudadana como un valor de toda la sociedad a construir entre múltiples actores.
El concepto de corresponsabilidad y la visión democrática y solidaria de la sociedad, se contradicen con el enfoque de la autorregulación y el corporativismo, como enfoque de gestión y participación social. El interés parcial de grupos de presión y la obtención inmediatista de beneficios, no constituyen parte de un enfoque global de desarrollo y transformación estructural de largo plazo, basado en los valores estratégicos antes definidos y en una visión colectiva e imagen de largo plazo, propias de los partidos políticos, aunque no exclusiva de ellos.
Las fuerzas sociales son asimismo protagonistas relevantes de las transformaciones progresistas. La creación de un entramado social con redes más densas, integradoras y solidarias es parte de la estrategia y del objetivo. Asumiendo en forma individual y colectiva el justo y necesario equilibrio entre los Derechos y las Obligaciones.
Transparencia y ética de gestión
La confianza y la cohesión social deben cultivarse en todos los ámbitos, pero uno de sus pilares está en los espacios de gestión y administración de las cuestiones colectivas. Latransparencia y la ética de gestión constituyen un perfil distintivo de una fuerza de izquierda, que promueve un cambio de valores identificado con visiones culturales de servicio, honestidad, compromiso y gestión cuidadosa de los asuntos públicos. La cuestión pública demanda una ética renovada y cuidadosa de la administración del poder. El abuso y la utilización del mismo para el beneficio personal, son contrarios a la ética así entendida.
Este conjunto de valores centrales que aspiramos caractericen la sociedad en el mediano plazo, requieren un conjunto de instituciones y relaciones sociales diferentes a las actuales. Los nuevos marcos jurídico-institucionales a construir deberán velar por la jerarquización de los valores enunciados y su promoción permanente, como parte de la cultura colectiva. Los valores sociales se construyen o destruyen, se profundizan o banalizan, dependiendo de la profundidad de su arraigo en la subjetividad y principios colectivos, pero también en los marcos jurídicos e institucionales que determinan o condicionan los comportamientos individuales y grupales. Ello demandará múltiples y progresivas modificaciones en la institucionalidad.
Nos proponemos contribuir a la creación de una comunidad internacional más justa y solidaria, la nación como proyecto y proceso integrador de la sociedad, ya que nuestra viabilidad cómo país está vinculado a la inserción regional y mundial.
Los efectos devastadores que tiene la mundialización capitalista sobre la vida de millones de seres humanos, así como el cambio climático del planeta originado en formas de producción y consumo determinadas por la lógica de acumulación de capital en la etapa actual de predominio del capital financiero y desregulación de los mercados está demostrando la necesidad ineludible de generar las condiciones para la superación de las actuales formas de producción social.
La actual crisis del capitalismo es una crisis de vasta escala que, centrada en los países más desarrollados, afecta los aspectos básicos de la economía política del sistema: crisis ambiental, energética, alimentaria, económica. Se expresa en el desarrollo de la revolución tecnológica (microelectrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, nanotecnología), lleva implícito un cambio acelerado en la composición del capital, el proceso de globalización agudiza el rol de las transnacionales, el neoliberalismo como estrategia global del capital para sostener su tasa de ganancia reduce y afecta negativamente las condiciones del trabajo, de vida de los trabajadores y los pueblos.
El contexto internacional de la primera década del siglo XXI muestra una fuerte modificación estructural que configura un nuevo escenario global; la hegemonía norteamericana en lo militar y comunicacional y una multipolaridad asimétrica en lo económico y comercial. El poderío militar de las grandes potencias, en un planeta donde ha seguido aumentando la pobreza, junto al recrudecimiento de las acciones de carácter terrorista, constituye un factor de peligro para la paz mundial.
La gran crisis financiera desatada en el 2008, con epicentro en Estados Unidos, es la más profunda y se vislumbra como la más prolongada que ha sufrido el mundo desde la gran depresión de 1929, afecta intensamente los niveles de producción, los ingresos y los puestos de trabajo. Esta crisis plantea un recrudecimiento de las contradicciones entre capital y trabajo que se manifiesta en distintos niveles de la economía; entre el capital financiero y el productivo; entre las necesidades de regulación de los Estados y del capital especulativo que busca mantener la tasa de ganancia de las clases dominantes transfiriendo sus pérdidas a los trabajadores de sus propios países y del mundo entero. Esto claramente se nota en las soluciones que en la Unión Europea se vienen aplicando en contra de los logros históricos de los trabajadores.
Nuestro país en este mundo globalizado apuesta a la integración regional y no sólo en lo económico. Más allá de ser fundamental desde ese ángulo, para países cuya pequeñez territorial, demográfica y económica, como es nuestro caso -donde se nos dificulta la competitividad en aquellos productos con mayor grado de industrialización- nos resulta imprescindible lograr convenios de complementación productiva que permitan contar con las posibilidades de acceder de manera conjunta a los mercados del mundo, además del propio mercado regional, de por sí muy importante.
Se hace necesario intercambiar experiencias, conocernos mejor, y consolidar un bloque latinoamericano que se transforme en un actor importante en la defensa de la paz, el medio ambiente, la soberanía y el principio de la autodeterminación de las naciones, así como la solución negociada de los conflictos internacionales.
La política es necesaria como capacidad de lograr acuerdos amplios, sólidos y de largo plazo en beneficio del interés general, y nuestro Frente Amplio debe ser una fiel expresión de ello. Junto con la política, la democracia, como forma de gestionar la política, como forma de organización, funcionamiento y estado de la sociedad. Democracia radicalmente comprometida con la libertad, el pluralismo y la igualdad, que posibilite los consensos básicos para cumplir con dichas premisas.
La democracia como condición del progreso. Bajo esta consigna es que debemos aportar a la construcción de la integración regional y mundial, mejorando para nuestros pueblos la globalización, en definitiva cambiándole fuertemente el contenido y por ende las consecuencias.
En todos nuestros acuerdos de integración la democracia y la soberanía deben ser impulsadas. Un gobierno de izquierda no puede ser indiferente al tipo de sistema de gobierno de los potenciales aliados en el mundo.
Ese cambio de contenido de la globalización debe estar vinculado al internacionalismo como acción de los pueblos, implica que la preocupación por el mundo va más allá de la apertura comercial al mercado globalizado y que la solidaridad internacional con los pueblos del mundo (no sólo con los de nuestra región) es clave a la hora de definir una política de izquierda en materia internacional. Esto va de la mano con una cooperación internacional horizontal sur - sur, sin asimetrías de nuevo tipo.
Nuestra lucha por la paz y la seguridad internacional supone siempre condenar las intervenciones unilaterales o multilaterales que se apartan de la construcción de un esquema de seguridad colectiva del que todos somos responsables. Los problemas globales del ambiente no se resuelven en acuerdos entre los principales actores internacionales. No es posible establecer reglas más justas de comercio internacional a nivel global a través de la imposición de unos pocos. Se debe aportar al largo, laborioso y legitimo camino de la negociación multilateral en todos los organismos regionales e internacionales a los que Uruguay pertenece.
Nuestra conducta internacional debe contribuir a la construcción de un derecho internacional más justo y a la ampliación de su aplicación. La observancia del derecho internacional va de la mano de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo.
La izquierda es global o no es. Las izquierdas latinoamericanas no pueden quedar encerradas en sí mismas; las experiencias de las izquierdas europeas, las viejas y las nuevas izquierdas europeas, no deben ser dejadas de lado; los movimientos globales de emancipación forman parte de la tradición de la izquierda; lo que pasa en el África subsahariana, el Magreb y el Cercano y Medio Oriente, el mundo eslavo, el Asia meridional o el Lejano Oriente es parte también de nuestras preocupaciones como izquierda, y estas preocupaciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir nuestra política exterior. La solidaridad con los pueblos del mundo no puede estar geográficamente direccionada.
Una política de izquierda, frenteamplista, debe ser parte primordial del proceso de desarrollo sustentable del país inserto en el mundo; es una política pública de alta relevancia, y siempre debe estar al servicio de la gente, con la gente y para la gente.
La integración regional y la construcción de un orden internacional más justo. Los procesos de integración en la región tienen dos enemigos: las posturas nacionalistas de corta mira y los actores extra-regionales que prefieren la inexistencia de un bloque fuerte y unido en la esfera internacional. La integración no se construye desde la ampliación de la nación, no es para tener una nación más grande que debemos integrarnos; se construye desde la república, desde una concepción radical de republicanismo, donde las instituciones supranacionales deben tener cada vez más peso y relevancia.
La priorización por la región debe estar enmarcada en la asunción de la relevancia estratégica que para el país tiene la promoción de las relaciones Sur-Sur, no solamente basadas en aspectos económico-comerciales sino también políticos. La política exterior del Uruguay debe tener como prioritarias las relaciones complejas y diversas con los socios del Mercosur; el asumir como un desafío propio la difícil articulación entre los distintos procesos integracionistas que se están dando dentro del continente, con sus solapamientos y sus complementariedades; las dificultades para el cumplimiento mínimo de los acuerdos del Mercosur; así como la vocación, aún no totalmente satisfecha, de que nuestros países tengan una efectiva y activa agenda externa como bloque, con especial énfasis con los países y regiones del Sur. Esta perspectiva debe apuntar a sostener y profundizar la integración latinoamericana que aún se encuentra débil y fuertemente jaqueada por intereses dominantes de la política internacional de las grandes potencias
