OTHER NEWS (por José Graziano da Silva*) 19.03.2024
Imagen: adhoc/FOTOS/Santiago Mazzarovich
Gaza es el ejemplo más reciente destacado por los medios de comunicación de cómo la acción humana puede suponer graves riesgos para la seguridad alimentaria, pero no es el único.
Cuando se creó la FAO en 1946, se creía que la combinación de paz y abundancia de alimentos podía garantizar la seguridad alimentaria. Así, al final de la Segunda Guerra Mundial, la organización nació para promover la producción agrícola y garantizar la seguridad alimentaria para todos.
No por casualidad, en 1949, el primer director general de la FAO, John Boyd Orr, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El reconocimiento de la relación entre la paz y la disponibilidad de alimentos se vio reforzado en 1970, cuando el agrónomo Norman Borlaug, impulsor de la Revolución Verde, recibió también el Premio Nobel de la Paz.
Sin embargo, el hambre persiste. La FAO calcula que a finales de 2008 había unos 963 millones de personas desnutridas en el mundo. Nunca antes tantas personas habían comido de forma inadecuada. Otra tendencia preocupante es el aumento del número de países en situación de emergencia alimentaria. Entre 1984 y 1997 nunca hubo más de 40 en un solo año. Desde 1998 siempre ha habido más de 40.
Los datos de la FAO muestran que la acción humana es cada vez más la explicación de las emergencias alimentarias. En la década de 1980, era responsable de una media de menos de 10 emergencias al año, mientras que las causadas por catástrofes naturales casi siempre superaban las 30. Entre 2002 y 2007, la acción humana fue responsable de unas 30 emergencias alimentarias al año.
Los conflictos armados siguen siendo la causa de la inseguridad alimentaria en la mayoría de los países, sobre todo en África. Pero cada vez más lo que está detrás del hambre causada por la acción humana son los factores socioeconómicos, que pueden ser internos, como las malas políticas sociales y económicas, o externos, como los altos precios de los alimentos importados.
De una parte prácticamente insignificante en la década de 1980 en el número total de emergencias alimentarias causadas por el hombre, los factores socioeconómicos han pasado a explicar al menos una de cada cuatro emergencias desde el año 2000.
La región de América Latina y el Caribe ha vivido en paz durante décadas, con la excepción del conflicto interno en Colombia. Y, según las cifras más recientes de la FAO, tienen un excedente alimentario (excluidas las exportaciones) superior al 30%.
Tendríamos, pues, la condición necesaria -la paz- y suficiente -la producción de alimentos- para garantizar la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Sin embargo, a finales de 2007 había 51 millones de personas desnutridas en la región. En 1990, eran 52 millones.
Lo más sorprendente es que, después de haber conseguido reducir el número de personas hambrientas a 45 millones en 2005, la subida de los precios de los alimentos en 2006 y 2007 nos hizo perder casi todo ese progreso. Y es probable que la situación empeore aún más en 2008 con la crisis económica.
Que no hayamos conseguido acabar con el hambre en la región es una prueba evidente de que la paz y la producción de alimentos por sí solas no garantizan la seguridad alimentaria. Necesitamos añadir una variable para completar la ecuación: la voluntad política y la acción decidida de los gobiernos, proporcionando recursos efectivos para acabar con el hambre.
En la edición de 2008 de El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (disponible en www.rlc.fao.org), la FAO revela que de los 77 países analizados, el 16% no había tomado ninguna medida normativa para hacer frente al aumento de los precios de los alimentos. Según el documento, en América Latina y el Caribe, casi un tercio de los países no ha tomado ninguna medida reguladora en este sentido y muchos se han limitado a medidas defensivas y de emergencia, como la reducción de impuestos a la importación.
Lo que estamos haciendo para ganar la guerra contra el hambre es demasiado poco para revertir el abandono de las últimas cuatro décadas.
Desde los años 70, muchos países en desarrollo han desmantelado sus infraestructuras agrícolas y reducido la producción local de alimentos, convencidos de que era más fácil y barato comprar alimentos subvencionados a los países desarrollados en el mercado internacional.
El desarrollo de la agricultura familiar ha perdido importancia en las agendas nacionales. Se ha descartado el potencial productivo de este sector y se han convertido cada vez más en objeto de programas sociales y no de desarrollo.
Los recursos destinados a la agricultura por la cooperación internacional también disminuyeron, pasando del 17% al 3% del total entre 1980 y 2006. En términos reales, la caída fue de casi el 60%, pasando de 8.000 a 3.400 millones de dólares anuales (para acabar con el hambre necesitamos invertir 10 veces más al año).
En tiempos de crisis agudas, la ayuda internacional se ha centrado en lo inmediato: donar alimentos. Pero las emergencias se han extendido a lo largo de los años y lo que debería ser una respuesta inmediata a situaciones críticas se ha convertido en muchos casos en una solución permanente.
Pero sabemos lo que hace falta para erradicar el hambre en nuestra región y en todo el mundo. Combatir la desigualdad promoviendo políticas económicas y sociales que fomenten la inclusión y el desarrollo de los más pobres. Mejores empleos y salarios son esenciales para aumentar el acceso a los alimentos.
Apoyar la agricultura familiar para que sea sostenible y rentable. Es parte de la solución y no del problema, especialmente en una región donde la mitad de la población rural es pobre.
Asignar más recursos para garantizar el derecho a la alimentación para todos, lo que implica crear las condiciones para que todos dispongan de los medios para satisfacer sus propias necesidades alimentarias.
Y por último, reforzar el marco jurídico de la seguridad alimentaria. Actualmente, sólo Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y Venezuela cuentan con leyes que garantizan este derecho. Otros 10 países de la región están debatiendo la cuestión.
En tiempos de crisis, necesitamos proteger a los más pobres y, para ello, las leyes de seguridad alimentaria son importantes. En 2009, la FAO continuará apoyando a los países en esta materia a través de acciones como la puesta en marcha de un Frente Parlamentario Latinoamericano contra el Hambre, promovido por la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre.
Sabemos qué hacer. Ahora sólo necesitamos actuar. Y para eso, necesitamos el compromiso político que garantice los recursos necesarios para acabar con el hambre.
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*Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Artículo publicado en el Periódico Valor Econômico el 15.03.24
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