Eloy Osvaldo Proaño
On Mar 12, 2024
En sus primeros cien días de gobierno, el derechista presidente ecuatoriano Daniel Novoa no ha alogrado ponele freno a a la grave crisis de inseguridad que vive el país, a pesar de la declaración del estado de excepción y del conflicto armado interno a nivel nacional, ya que la ola de secuestros y extorsiones continúan aumentando.
Mientras, un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos expresan su preocupación por la violencia que atraviesa al país y lamentan que el duscurso de la “bukelización” está calando con una visiópn meramente punitivista y cortoplacista, sin profundizar en las causas detrás de la criminalidad. Noboa compara su «Plan Fénix» con el «Plan Control Territorial» de su par de El Salvador, Nayib Bukele, quien declaró el estado de emergencia para combatir a las pandillas en marzo de 2022.
Nadia Rivadeneira, del colectivo Mujeres de Frente, sostiene que «se está desencadenando una guerra contra las personas empobrecidas y racializadas. Hablamos de más cárceles y de más penas», señaló, y cuestionó la visión de aumentar la población penitenciaria sin pensar en la reconstrucción del tejido social.
Pese a la promocionada política represiva de Noboa, entre enero y el 10 de marzo, la cifra de casos de extorsiones y secuestros ha llegado a 1.543, y en el caso de la ciudad portuaria de Guayaquil, una de las más castigadas por la espiral de violencia, se ha quintuplicado respecto al mismo periodo del año pasado, informó Ecuavisa. Las estadísticas oficiales precisan que en el mismo período del año pasado la cifra de secuestros y extorsiones había llegado a 120, pero este año ese volumen trepó a 618.
Según las autoridades, los delincuentes que secuestran o extorsionan exigen a cambio sumas que van entre 2.000 y 200.000 dólares por cada víctima. El jefe policial de la Zona 8, Víctor Herrera, aseguró que muchos de los detenidos por este tipo de delitos son reincidentes y se lamentó de que varios de ellos hayan abandonado pronto las prisiones y vuelvan a integrar las bandas criminales.
Fito, el líder de Los Choneros
Dos grandes bandas criminales -Los Choneros y Los Lobos- operan en alianza con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses que disputan el mercado de drogas de Ecuador hacia Estados Unidos y Europa Occidental.
La violencia de las bandas criminales en las calles está relacionada con la violencia dentro de las cárceles, donde el hacinamiento y la falta de control estatal han permitido a los miembros de las bandas criminales llevar a cabo 14 masacres que han cobrado la vida de más de 600 personas desde 2019, según la organización no gubernamental Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
El hacinamiento tiene su origen en políticas punitivas contra las drogas, las demoras en la concesión de beneficios penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva. Los guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener la violencia..
El abogado Fernando Bastias, miembro del CDH de Guayaquil, señaló que las decisiones del presidente Noboa no son innovadoras sino que siguen la misma lógica de gobiernos anteriores: «promover la actuación punitiva del Estado y posicionarla como la única forma de solucionar la criminalidad a través del marketing».
«No existe ahora un plan o una política pública de lucha contra la criminalidad con presupuesto y articulación entre las distintas funciones del Estado. El presidente está vendiendo una serie de insumos mediáticos sobre detenciones, sobre brutalidad, sobre ira, sobre fuerza, pero eso no combate al crimen», añadió.
Según distintas ONGs, las denuncias de abusos militares se multiplican desde que Noboa declaró al país en conflicto armado interno y movilizó a sus tropas en calles y cárceles.
Dos grandes bandas criminales -Los Choneros y Los Lobos- operan en alianza con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses que disputan el mercado de drogas de Ecuador hacia Estados Unidos y Europa Occidental.
La violencia de las bandas criminales en las calles está relacionada con la violencia dentro de las cárceles, donde el hacinamiento y la falta de control estatal han permitido a los miembros de las bandas criminales llevar a cabo 14 masacres que han cobrado la vida de más de 600 personas desde 2019, según la organización no gubernamental Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
El hacinamiento tiene su origen en políticas punitivas contra las drogas, las demoras en la concesión de beneficios penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva. Los guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener la violencia..
El abogado Fernando Bastias, miembro del CDH de Guayaquil, señaló que las decisiones del presidente Noboa no son innovadoras sino que siguen la misma lógica de gobiernos anteriores: «promover la actuación punitiva del Estado y posicionarla como la única forma de solucionar la criminalidad a través del marketing».
«No existe ahora un plan o una política pública de lucha contra la criminalidad con presupuesto y articulación entre las distintas funciones del Estado. El presidente está vendiendo una serie de insumos mediáticos sobre detenciones, sobre brutalidad, sobre ira, sobre fuerza, pero eso no combate al crimen», añadió.
Según distintas ONGs, las denuncias de abusos militares se multiplican desde que Noboa declaró al país en conflicto armado interno y movilizó a sus tropas en calles y cárceles.
La agencia francesa de noticias AFP analizó 18 videos que circularon en redes sociales entre el 11 de enero y el 4 de febrero en distintas provincias. Al menos en diez verificados se ven abusos como golpizas en las calles durante el toque de queda nocturno. Dentro de las cárceles se registran humillaciones o estallidos de bombas de gas lacrimógeno muy cerca del rostro de presos semidesnudos e inmovilizados.
Durante una audiencia apoyada por el CDH para que 18 detenidos accedieran a atención médica, algunos relataron torturas incluso con descargas eléctricas. Un juez dictaminó que hubo vulneraciones a derechos y ordenó resarcirlas. Para la Comisión la militarización de las cárceles donde murieron más de 460 reclusos desde 2021 oculta una deuda pendiente: la depuración de la fuerza pública, salpicada por escándalos de corrupción, violaciones de derechos humanos y narcotráfico.
El modelo Bukele
Las dos nuevas cárceles que Noboa prevé construir en el país -en la provincia costera de Santa Elena y en la amazónica de Pastaza- bajo un modelo similar al de Bukele tendrán un costo de 125 millones de dólares. Cada una estará diseñada para albergar a 736 reos, a dferencia de los 40 mil reclusos que el gobierno salvadoreño asegura que entran en su famosa penitenciaría para pandilleros Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Lo que está pasando en El Salvador es «un régimen antidemocrático que como toda política punitiva, tiene efectos sensoriales temporales», advierte Bastias, “por lo que sería un grave error transpolar ese modelo a la realidad ecuatoriana”.
Recuerda que la Constitución prohíbe cualquier tipo de tortura, trato cruel, inhumano y degradante contra personas privadas de libertad , señala que la forma de gestionar los centros penitenciarios tiene que estar basada en la dignidad humana, y advierte que la política del control de los centros penitenciarios no debe basarse en un discurso punitivo o que atente contra la dignidad de alguien. Controlar las prisiones es garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad», explicó Bastias.
La organización de derechos humanos WOLA realizó un profundo análisis tratando de explicar por qué Ecuador no debería imitar el modelo Bukele. En él señala que en diciembre de 2023 la población total de las 36 cárceles de Ecuador era de 30.804 personas, menos del 0,2 por ciento de los habitantes del país, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Si Ecuador buscara emular la tasa de encarcelamiento del 1,6 por ciento de El Salvador, la población carcelaria de Ecuador se multiplicaría por más de nueve, hasta alcanzar 288 mil detenidos. Eso equivaldría a encarcelar a toda la población de una ciudad ecuatoriana mediana como Manta, de acuerdo al análisis de los investigadores Adam Isacson y John Walsh, quienes destacan que El Salvador tiene un territorio muy pequeño a comparación de Ecuador, lo que facilita el control territorial.
El informe de WOLA destaca que las estructuras de las violentas pandillas de El Salvador «forman parte principalmente de dos redes, MS-13 y Barrio 18″, «no tienen jerarquías rígidas y se han organizado en células semiautónomas o chicas». El 9 de enero el presidente Noboa mencionó a 22 bandas del crimen organizado activas en el país, que disponen de fuentes de riqueza mucho más grandes que las de El Salvador.
La organización de derechos humanos WOLA realizó un profundo análisis tratando de explicar por qué Ecuador no debería imitar el modelo Bukele. En él señala que en diciembre de 2023 la población total de las 36 cárceles de Ecuador era de 30.804 personas, menos del 0,2 por ciento de los habitantes del país, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Si Ecuador buscara emular la tasa de encarcelamiento del 1,6 por ciento de El Salvador, la población carcelaria de Ecuador se multiplicaría por más de nueve, hasta alcanzar 288 mil detenidos. Eso equivaldría a encarcelar a toda la población de una ciudad ecuatoriana mediana como Manta, de acuerdo al análisis de los investigadores Adam Isacson y John Walsh, quienes destacan que El Salvador tiene un territorio muy pequeño a comparación de Ecuador, lo que facilita el control territorial.
El informe de WOLA destaca que las estructuras de las violentas pandillas de El Salvador «forman parte principalmente de dos redes, MS-13 y Barrio 18″, «no tienen jerarquías rígidas y se han organizado en células semiautónomas o chicas». El 9 de enero el presidente Noboa mencionó a 22 bandas del crimen organizado activas en el país, que disponen de fuentes de riqueza mucho más grandes que las de El Salvador.
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El abogado Bastias cuestiona asimismo la legalidad de que las Fuerzas Armadas tengan el control de las cárceles de Ecuador sin un plazo definido. «Ya van más de siete estados de excepción desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso, y lo que hemos visto es que la situación continúa igual”.
Añade que “la droga, las armas y los celulares con las que extorsionan a las personas fuera de la prisión, ingresan por la puerta grande de las instituciones públicas. Las Fuerzas Armadas no tienen ni la competencia ni la formación para gestionar los centros penitenciarios».
Las grandes mafias
Las mafias intermedian diferentes actividades económicas, y la relación con el Estado se expresa en todas las áreas: políticas, jurídicas, sociales. El Caso Purga, al igual que el Caso Metástasis, tiene como centro la función judicial y varios personajes políticos, en relación directa con imputados por narcotráfico del Clan Norero.
Los últimos Estados de Excepción, han sido dispuestos para el conflicto interno y bandas “terroristas”, sin embargo, en Ecuador existen mafias de décadas, Carteles de la Corrupción, señala Jaime Chuchuca Serrano.
El Caso Purga investiga la trama de corrupción y narcotráfico, donde se identifica como cabecillas a Pablo Muentes (ex asambleísta por el Partido Social Cristiano), Fabiola Gallardo (ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas) y Johan Marfetán (Juez), así como una decena de jueces y exjueces. También se encuentra procesada la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano.
Desde la izquierda: la fiscal del Guayas Yanina Villagómez es investigada por el caso Metástasis y la jueza Fabiola Gallardo por Purga.
Al igual que en el Caso Metástasis, hay una clara dirección política, por incluir a parte de la mafia y excluir a otra. Los socialcristianos tienen una larga trayectoria en el manejo de la justicia del país, a través de los repartos con los distintos gobiernos; su relación con la justicia incluye las fuerzas armadas y tanques de guerra que el gobierno de Febres Cordero dirigió contra las Cortes en 1984.
Por ejemplo, señala Chuchuca, es notable cómo no se vinculó desde el inicio a María Josefa Coronel (del grupo Teleamazonas) aunque fue presidenta de la judicatura del Guayas; se salvan funcionarios del gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso; los abogados defensores del asambleísta socialcristiano Pablo Muentes, que lograron una sentencia por 3,9 millones de dólares contra el Banco del Pacífico.
La formación de los casos, son simples delimitaciones metodológicas, y están repletas de arbitrariedades. El Caso Encuentro trató de librar de responsabilidades al gobierno de Lasso, mientras que el Caso León de Troya y Gran Padrino (periodístico) lo vinculaba directamente con la mafia albanesa. Está claro, que la fiscalía tiene el poder sobre los procesos.
En 2018 y 2020, Leandro Norero fue declarado inocente de narcotráfico por un Tribunal de El Oro, y todos callaron: gobiernos, fiscales y medios.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Al igual que en el Caso Metástasis, hay una clara dirección política, por incluir a parte de la mafia y excluir a otra. Los socialcristianos tienen una larga trayectoria en el manejo de la justicia del país, a través de los repartos con los distintos gobiernos; su relación con la justicia incluye las fuerzas armadas y tanques de guerra que el gobierno de Febres Cordero dirigió contra las Cortes en 1984.
Por ejemplo, señala Chuchuca, es notable cómo no se vinculó desde el inicio a María Josefa Coronel (del grupo Teleamazonas) aunque fue presidenta de la judicatura del Guayas; se salvan funcionarios del gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso; los abogados defensores del asambleísta socialcristiano Pablo Muentes, que lograron una sentencia por 3,9 millones de dólares contra el Banco del Pacífico.
La formación de los casos, son simples delimitaciones metodológicas, y están repletas de arbitrariedades. El Caso Encuentro trató de librar de responsabilidades al gobierno de Lasso, mientras que el Caso León de Troya y Gran Padrino (periodístico) lo vinculaba directamente con la mafia albanesa. Está claro, que la fiscalía tiene el poder sobre los procesos.
En 2018 y 2020, Leandro Norero fue declarado inocente de narcotráfico por un Tribunal de El Oro, y todos callaron: gobiernos, fiscales y medios.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
