Elita Volpi, sucesora de Pablo Caram en intendencia de Artigas, indagada por “apropiación indebida” en U$S 20 millones
ARTIGAS (Uypress)23.07.2024
Foto: Elita Volpi y Pablo Caram / Clics Regionales / Artigas / Facebook
Tras la decisión de la Corte Electoral de inhabilitar a Pablo Caram para ejercer el cargo de intendente de Artigas, así como de votar o ser electo en las elecciones próximas de octubre, la titularidad de la intendencia será ejercida por la escribana Elita Volpi, la cuarta en la lista de sucesión, indagada por apropiación indebida de varias propiedades, por una cifra alrededor de U$S 20 millones luego de haber sido denunciada por una estanciera brasileña de Quaraí.
Caram fue condenado por la Justicia por el delito de omisión de denunciar delitos de funcionarios públicos, en el marco del caso del pago irregular de horas extras, monto que ascendería a 8 millones de dólares.
Su suplente era la exdiputada blanca, Valentina dos Santos, a quien también la Corte inhabilitó. La exlegisladora, que además de renunciar a su banca también lo hizo al Partido Nacional, era la primer suplente de Caram, pero no puede ejercer.
La titularidad de la intendencia será ejercida por la escribana Elita Volpi, la cuarta en la lista de sucesión, detrás de quien fuera director de Cultura de la Intendencia norteña, Augusto Rodríguez, fallecido en 2022.
Luego de que el presidente de la Junta Departamental de Artigas, Nelton Barreda, convocara a una sesión extraordinaria para este lunes a las 21 horas, se resolvió que Volpi ocupe el cargo de intendenta. Los ediles frenteamplistas no votaron la renuncia de Caram ni de la exlegisladora nacionalista por entender que la condena los inhabilitó constitucionalmente de forma inmediata para ocupar el cargo.
Pero Volpi tiene un problema: actualmente es indagada por un caso de apropiación indebida de varias propiedades, por una cifra alrededor de 20 millones de dólares, en su departamento, luego de haber sido denunciada por una estanciera brasileña de Quaraí.
El periodista de M24, Eduardo Preve, había informado en su columna de La Tapadita en Nada Que Perder, que la estanciera denunció que al morir su esposo, Volpi se acercó para ofrecer sus servicios con el propósito de ayudarla a administrar la fortuna.
La víctima indicó que luego de ello le hicieron firmar varios papeles en la que ésta cedía sus derechos de sucesión de los bienes de su marido, un estanciero brasileño.
El presidente de la Junta Departamental artiguense, el edil blanco Nelton Barreda, dijo a La Diaria que le realizó una consulta a los servicios jurídicos de la Junta para saber si Volpi estaba en condiciones de asumir. De acuerdo al informe de esa oficina, la funcionaria puede ejercer el cargo de intendenta porque si bien está indagada, "no está condenada".
El caso viene del 2020
Durante el primer año de la pandemia se hizo pública la denuncia de Marina Brasil, una mujer brasileña que dijo haber sido estafada por alguien que decía ser vidente en la ciudad de Artigas. Brasil era viuda de un poderoso estanciero de la ciudad de Quaraí. Tras la muerte de este heredó su fortuna y la vidente se había ofrecido a ayudarla en la administración.
Sobre finales de 2023 la Justicia imputó sin prisión por 180 días a una mujer de 63 años, por reiterados delitos de apropiación indebida, reiterados delitos de abigeato y reiterados delitos de falsificación ideológica por un particular y se le dispuso una restricción de acercamiento en un radio de 500 metros a la víctima y a su defensa, informaba Subrayado por aquel entonces.
También en ese tiempo el medio informaba que la investigación de la Fiscalía apuntaba a dos escribanas quienes habrían participado en los negocios y una de estas era Volpi...
SECUELAS DE LOS PASAPORTES
Rodrigo "Loly" Fontana, socio de Sebastián Marset, fue asesinado a tiros por un sicario en Santana do Livramento
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Rodrigo “Loly” Fontana, socio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue asesinado de varios disparos de arma de fuego este sábado cuando se encontraba estacionado en su camioneta afuera de un restaurante en el barrio San Francisco de la ciudad de Santana do Livramento, en la frontera con Rivera, según informó Subrayado (canal 10) El informativo accedió al video de una cámara de seguridad que muestra el momento exacto del ataque a tiros. El sicario llega en moto, efectúa varios disparos y huye del lugar.
Fontana, de 36 años, había sido extraditado desde Brasil el 23 de setiembre de 2022. Desde 2020, contaba con una requisitoria internacional de Interpol por tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos emitida a solicitud del Juzgado de Rivera de 2º turno.
En 2018, la Policía de Rivera llevó a cabo la operación "La Niña" por tráfico internacional de armas de fuego y estupefacientes, cuyo principal objetivo era Fontana. La investigación policial determinó que el hombre recibió importantes sumas de dinero a través de giros por financieras, así como de quien era su pareja. La mujer recibió cinco giros por 1.500 dólares por parte de otra persona investigada en la operación.
En setiembre de ese año, Fontana fue identificado en la calle, pero logró huir de la Policía, no sin antes perder su celular. Los investigadores periciaron el dispositivo y de ahí surgieron pruebas de negocios del hombre, referentes a drogas y armas de fuego de alto poder en Uruguay, Brasil y Paraguay.
En 2020, la Policía realizó un allanamiento en Rivera, donde se incautaron municiones, cargadores y un giroscopio.
En noviembre de ese año, desde Buenos Aires se informó a Interpol de un movimiento migratorio de salida de Argentina el 5 de enero de 2020 en un vehículo con destino a Brasil. Con esa información, Uruguay solicitó a Interpol Brasil la localización y detención del hombre para ser extraditado.
El 4 de marzo de 2021, el hombre fue detenido en Santana de Livramento, y desde entonces se inició el procedimiento para concretar la extradición la que se concretó el 23 de setiembre de 2022.
El nombre de Fontana está asociado al Primer Cartel Uruguayo (PCU), banda a quien se le adjudica el atentado que ocurrió en 2020 en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y a la amenaza que sufrió la fiscal de Estupefacientes de 1º turno, Mónica Ferrero.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
