GAZA (Uypress)-13.07.2024
Foto: Sputnik
Después de una semana de ataques, las fuerzas israelíes se retiraron del barrio industrial Tal al Hawa, en la ciudad de Gaza. Las autoridades de la Franja de Gaza comunicaron que una vez que pudieron ingresar a la zona, encontraron allí 60 cadáveres, informaron las agencias Efe y Europa Press, y consigna La Diaria.
La ofensiva dejó "familias enteras" bajo los escombros de los bombardeos aéreos con los que las fuerzas israelíes apoyaban a sus tropas terrestres, según un comunicado de las autoridades locales, que pertenecen a Hamas.
A lo largo de nueve meses de ofensiva en la Franja de Gaza, más de 500 familias palestinas fueron eliminadas por completo, informó esta semana a Efe el jefe del comité de documentación y seguimiento de la Defensa Civil de Gaza, Muhamad al Mughir.
Un ejemplo que citó es el de la familia Salem, de la ciudad de Gaza. Un bombardeo en el barrio Sheij Radwan mató a 85 de sus integrantes. Otros familiares que habían huido del lugar, murieron en los ataques en Rimal y Tal al Hawa.
Según el seguimiento que hacen las autoridades locales, y que es desafiado por los desplazamientos de la población y el número creciente de muertos y heridos, otro ataque militar, que se extendió durante varios días de junio en el campo de refugiados de Nuseirat, eliminó por completo a 12 familias palestinas.
Desde el 7 de octubre murieron en la Franja de Gaza más de 38.300 personas, y más de 88.200 sufrieron heridas. El Ministerio de Salud local estima que otros miles de personas quedaron sepultadas bajo los escombros.
Los militares israelíes también se retiraron el viernes de la sede de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza, y comunicaron que se enfrentaron allí con combatientes de Hamas que guardaban armamento en el edificio. En un comunicado, el ejército volvió a acusar a la UNRWA de "mantener el silencio" mientras milicianos usan su infraestructura.
En enero, Israel manifestó que 12 trabajadores de la UNRWA eran combatientes de Hamas y que algunos de ellos habían participado en los ataques del 7 de octubre en los que murieron 1.200 personas.
En respuesta, 16 países dejaron de financiar a esta agencia que trabaja con la población palestina desplazada en varios países de la región. Entre los gobiernos que adoptaron esa decisión se cuentan los de Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá y Reino Unido, que son los principales aportantes a la UNRWA.
Sin embargo, las acusaciones no fueron probadas, y la ONU sigue procesando una investigación interna sobre esos empleados señalados, que fueron desvinculados de la UNRWA.
Este viernes, después de que tuviera lugar una conferencia de donantes en Nueva York, todos los países que habían congelado sus aportes decidieron retomarlos, excepto Estados Unidos y Reino Unido. En el caso del gobierno británico, está evaluando la posibilidad de volver a brindar financiación, informó el titular de la UNRWA, Philippe Lazzarini. "Creo que hoy hemos recibido un mensaje poderoso de solidaridad", afirmó.
Otros frentes
En plenas negociaciones para alcanzar un acuerdo entre Israel y Hamas, los ataques continúan en Rafah y Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, al tiempo que el gobierno israelí avanza en la colonización en otro territorio palestino, Cisjordania.
La organización civil israelí Paz Ahora denunció que este año la expansión de las colonias israelíes en Cisjordania llegó a cifras récord desde los Acuerdos de Oslo de 1993, y que Israel "expropió" días atrás unas 6.600 hectáreas en esa región para legalizar un asentamiento de colonos llamado Evyatar.
Ese asentamiento ilegal se instaló por primera vez en 2013 y fue destruido varias veces. Pero el 28 de junio el Gabinete de Seguridad decidió legalizarlo, informó Efe.
"El lunes, el Custodio de Propiedades Gubernamentales y Abandonadas firmó una declaración designando aproximadamente 66 dunams [6.640 hectáreas] de tierra en las aldeas de Beita y Qabalan como tierras estatales", manifestó Paz Ahora en un comunicado. Señaló que "toda esta declaración de tierras estatales es esencialmente una expropiación ilegal, según el derecho internacional".
Además, la semana pasada, las autoridades israelíes legalizaron otras tres colonias y aprobaron la construcción de 5.295 nuevas viviendas en asentamientos en diferentes zonas de la Cisjordania ocupada.
La Corte Internacional de Justicia anunció que el próximo viernes responderá a una petición de la Asamblea General de la ONU presentada en 2022 y emitirá su opinión sobre las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.
Para emitir esa opinión, la corte de La Haya debe considerar el derecho internacional, las normas referidas a derechos humanos y las resoluciones de la ONU vinculadas al caso.
La pregunta que debe responder es la siguiente: "¿Cuáles son las consecuencias legales derivadas de la violación continua por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la adopción de legislación y medidas discriminatorias relacionadas?".
Israel decidió no participar en las consultas que hizo la Corte Internacional de Justicia para emitir su pronunciamiento. Según informó Europa Press, el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, argumentó que el gobierno "no reconoce la legitimidad" de este proceso que, a su entender, favorece al "discurso político que intenta imponer la Autoridad Palestina".
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La ofensiva dejó "familias enteras" bajo los escombros de los bombardeos aéreos con los que las fuerzas israelíes apoyaban a sus tropas terrestres, según un comunicado de las autoridades locales, que pertenecen a Hamas.
A lo largo de nueve meses de ofensiva en la Franja de Gaza, más de 500 familias palestinas fueron eliminadas por completo, informó esta semana a Efe el jefe del comité de documentación y seguimiento de la Defensa Civil de Gaza, Muhamad al Mughir.
Un ejemplo que citó es el de la familia Salem, de la ciudad de Gaza. Un bombardeo en el barrio Sheij Radwan mató a 85 de sus integrantes. Otros familiares que habían huido del lugar, murieron en los ataques en Rimal y Tal al Hawa.
Según el seguimiento que hacen las autoridades locales, y que es desafiado por los desplazamientos de la población y el número creciente de muertos y heridos, otro ataque militar, que se extendió durante varios días de junio en el campo de refugiados de Nuseirat, eliminó por completo a 12 familias palestinas.
Desde el 7 de octubre murieron en la Franja de Gaza más de 38.300 personas, y más de 88.200 sufrieron heridas. El Ministerio de Salud local estima que otros miles de personas quedaron sepultadas bajo los escombros.
Los militares israelíes también se retiraron el viernes de la sede de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza, y comunicaron que se enfrentaron allí con combatientes de Hamas que guardaban armamento en el edificio. En un comunicado, el ejército volvió a acusar a la UNRWA de "mantener el silencio" mientras milicianos usan su infraestructura.
En enero, Israel manifestó que 12 trabajadores de la UNRWA eran combatientes de Hamas y que algunos de ellos habían participado en los ataques del 7 de octubre en los que murieron 1.200 personas.
En respuesta, 16 países dejaron de financiar a esta agencia que trabaja con la población palestina desplazada en varios países de la región. Entre los gobiernos que adoptaron esa decisión se cuentan los de Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá y Reino Unido, que son los principales aportantes a la UNRWA.
Sin embargo, las acusaciones no fueron probadas, y la ONU sigue procesando una investigación interna sobre esos empleados señalados, que fueron desvinculados de la UNRWA.
Este viernes, después de que tuviera lugar una conferencia de donantes en Nueva York, todos los países que habían congelado sus aportes decidieron retomarlos, excepto Estados Unidos y Reino Unido. En el caso del gobierno británico, está evaluando la posibilidad de volver a brindar financiación, informó el titular de la UNRWA, Philippe Lazzarini. "Creo que hoy hemos recibido un mensaje poderoso de solidaridad", afirmó.
Otros frentes
En plenas negociaciones para alcanzar un acuerdo entre Israel y Hamas, los ataques continúan en Rafah y Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, al tiempo que el gobierno israelí avanza en la colonización en otro territorio palestino, Cisjordania.
La organización civil israelí Paz Ahora denunció que este año la expansión de las colonias israelíes en Cisjordania llegó a cifras récord desde los Acuerdos de Oslo de 1993, y que Israel "expropió" días atrás unas 6.600 hectáreas en esa región para legalizar un asentamiento de colonos llamado Evyatar.
Ese asentamiento ilegal se instaló por primera vez en 2013 y fue destruido varias veces. Pero el 28 de junio el Gabinete de Seguridad decidió legalizarlo, informó Efe.
"El lunes, el Custodio de Propiedades Gubernamentales y Abandonadas firmó una declaración designando aproximadamente 66 dunams [6.640 hectáreas] de tierra en las aldeas de Beita y Qabalan como tierras estatales", manifestó Paz Ahora en un comunicado. Señaló que "toda esta declaración de tierras estatales es esencialmente una expropiación ilegal, según el derecho internacional".
Además, la semana pasada, las autoridades israelíes legalizaron otras tres colonias y aprobaron la construcción de 5.295 nuevas viviendas en asentamientos en diferentes zonas de la Cisjordania ocupada.
La Corte Internacional de Justicia anunció que el próximo viernes responderá a una petición de la Asamblea General de la ONU presentada en 2022 y emitirá su opinión sobre las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.
Para emitir esa opinión, la corte de La Haya debe considerar el derecho internacional, las normas referidas a derechos humanos y las resoluciones de la ONU vinculadas al caso.
La pregunta que debe responder es la siguiente: "¿Cuáles son las consecuencias legales derivadas de la violación continua por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la adopción de legislación y medidas discriminatorias relacionadas?".
Israel decidió no participar en las consultas que hizo la Corte Internacional de Justicia para emitir su pronunciamiento. Según informó Europa Press, el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, argumentó que el gobierno "no reconoce la legitimidad" de este proceso que, a su entender, favorece al "discurso político que intenta imponer la Autoridad Palestina".
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