Por Carlos Noriega
12 de julio de 2024
"Castillo no debería ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Castillo”, declaró el abogado de la mandataria en una entrevista televisiva.
El expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde su destitución en diciembre de 2022, ha encontrado un inesperado defensor en el proceso judicial que se le sigue por rebelión, cargo por el cual fue destituido por el Congreso. Su nuevo aliado jurídico ha salido nada menos que del entorno de la presidenta Dina Boluarte, quien sustituyó en el cargo a Castillo y ha hecho de los ataques al exmandatario una constante. Reiteradamente, Boluarte ha acusado a su antecesor en el cargo, de quien fue vicepresidenta, de rebelión y de golpista.
El abogado de Boluarte ha sorprendido a todos declarando que el juicio a Castillo por rebelión no tiene sustento. El letrado Juan Carlos Portugal fue incluso más allá: aseguró que Castillo es víctima de una persecución y debería seguir siendo el presidente de la República. Una declaración que coincide con la defensa legal de Castillo y cuestiona la legalidad de la presidencia de Boluarte, a quien el jurista defiende en un proceso por lavado de activos.
“En mi opinión, es una postura académica, no hubo rebelión dentro de la exactitud o tipicidad que exige el delito de rebelión, y me parece que se ha forzado esa figura para generar una persecución contra él (Castillo). El expresidente Castillo no debería ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Castillo”, declaró el abogado de Boluarte en una entrevista en un programa de televisión. Palabras que sorprendieron y removieron el ambiente político y jurídico.
Castillo fue destituido por el Congreso y apresado luego que diera un sorpresivo mensaje al país en el que anunció el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias, algo que la Constitución no le permitía hacer. El Congreso, controlado por la oposición de derecha y extrema derecha, buscaba sacarlo de la presidencia desde que había asumido en julio de 2021. Por este frustrado intento de cerrar el Parlamento, Castillo está siendo procesado por el delito de rebelión y se encuentra con prisión preventiva. La Fiscalía pide 34 años de prisión. Tiene abierto otro proceso por presunta corrupción.
La defensa legal del expresidenta alega que no se ha configurado el delito de rebelión por el que se le acusa porque este delito tiene como requisito un levantamiento en armas, lo que no ocurrió. Nadie siguió la orden dada por Castillo en ese discurso televisado en el que anunció el cierre del Congreso, ni militares ni policías se movilizaron, el entonces presidente se quedó solo y fue apresado. Los abogados de Castillo señalan que todo se limitó a un discurso político sin consecuencias, por lo que no hay delito. También argumentan que el Congreso destituyó a Castillo sin respetar el procedimiento constitucional y el reglamento parlamentario, por lo que esa destitución es ilegal y debe ser repuesto en el cargo.
La Fiscalía indica que el mensaje de Castillo fue una orden que violaba la Constitución y que su fracaso no lo exime de responsabilidad. El gobierno y la mayoría parlamentaria respaldan la acusación fiscal y defienden el proceso parlamentario exprés de destitución del expresidente, que ha sido avalado por los jueces. Pero ahora el abogado de la presidenta Boluarte se ha alineado con la defensa jurídica de Castillo.
Sobre estas sorpresivas declaraciones del abogado la presidenta peruana, PáginaI12 conversó con el abogado argentino Guido Croxatto, quien comparte con Eugenio Zaffaroni la defensa legal de Castillo por la acusación de rebelión y han llevado su caso a instancias internacionales. “Cuando el abogado de Boluarte reconoce que Castillo debería seguir gobernando dice lo que jurídicamente corresponde, porque su destitución fue inconstitucional y su detención arbitraria. Reconoce lo que todavía no reconoce el Poder Judicial peruano, que está cooptado por el fujimorismo. El abogado de Boluarte se escuda señalando que lo que dice es una visión académica, con lo que está reconociendo implícitamente que el derecho en Perú funciona a nivel académico de una forma y a nivel político de otra, pero en las democracias serias no existe esa diferencia, es un solo derecho. Si la opinión académica es que la destitución de Castillo es nula, la opinión política debe ser la misma”, señaló Croxatto.
Guido Croxatto estima que la sorpresiva declaración del abogado de Boluarte es una estrategia de defensa “interesante” para eludir una posible condena internacional por la destitución de Castillo, que califica como ilegal. “Con Zaffaroni vamos a presentar una demanda ante el sistema interamericano centrada en la nulidad procesal de la destitución de Castillo, que tiene muchas perspectivas de éxito. Puede parecer que esta declaración de su abogado va en contra de Boluarte y la está hundiendo, pero creo que es una estrategia de defensa coordinada con ella para tratar de salvarla de una condena a nivel internacional, diciendo que los responsable del golpe contra Castillo son los congresistas que lo destituyeron ilegalmente y los jueces que avalaron ese procedimiento, y que Boluarte, que ella no tiene que ver con eso. Es un intento de resguardo de un gobierno que se desmorona”.
