OTHER NEWS (por Bryan Avelar* – El PAÍS América)
15.07.2024
Imagen: Presidencia de El Salvador
La organización Cristosal investigó durante dos años 265 muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción. Al menos cuatro niñas y niños han muerto y otros 176 han quedado en la orfandad por las medidas represivas contra las pandillas emprendidas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Esos son algunos de los principales hallazgos del más reciente informe elaborado por Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos en El Salvador.
El informe, hecho público este miércoles, es el resumen de dos años de trabajo realizado por la organización durante los que investigó 265 muertes de personas detenidas bajo el llamado régimen de excepción. Cuatro de las víctimas mortales son niños y niñas, 244 son hombres y 17 mujeres. Para la investigación, la organización se basó en relatos de cientos de familiares de las víctimas, documentos judiciales y peritajes médico-forenses. La investigación identificó que, del total de personas fallecidas en prisión, 106 tenían hijos e hijas, dejando como consecuencia a 176 menores de edad en la orfandad.
Sobre los bebés muertos bajo custodia del Estado, el informe de Cristosal asegura que dos de estos -un niño y una niña- convivieron con sus madres en prisión -la legislación salvadoreña permite a las madres privadas de libertad tener a sus hijos consigo mientras estos tengan menos de cinco años- donde enfermaron y luego fueron entregados a sus familiares, pero fallecieron a los pocos días de salir del centro penal. Otros dos murieron luego de que sus madres sufrieran abortos espontáneos "probablemente producidos por falta de atención prenatal o porque la cárcel es una institución que vulnera derechos esenciales como la alimentación, la salubridad, la salud y hasta el derecho a respirar libremente", dice el documento.
EL PAÍS buscó una respuesta del Gobierno salvadoreño ante los señalamientos; sin embargo, el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a los mensajes. En ocasiones anteriores, funcionarios del Ejecutivo de Bukele como el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, o el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán, han negado las muertes bajo custodia del Estado o han señalado que se trata de "muertes naturales".
El informe publicado por Cristosal relata el caso de Dina Hernández, una mujer de 28 años, activista de derechos humanos y capturada en marzo de 2024 durante su semana 35 de gestación. Hernández fue acusada por el delito de Agrupaciones Ilícitas. Tras 24 horas de ser capturada, un juez ordenó pornerla en libertad, pero las autoridades penitenciarias incumplieron la orden y ese mismo día se la acusaron de otro delito. Luego de tres semanas en prisión, la familia de la joven supo que la hija que gestaba había muerto y solo pudo recoger el cadáver. "La familia no tiene información sobre las condiciones de salud de Dina y desconoce si ha recibido atención posnatal", señala el documento.
Un informe anterior publicado por Cristosal el año pasado revelaba la muerte de las primeras 153 muertes de prisioneros en las cárceles de Bukele. En aquel primer documento, la organización señaló que decenas de los cuerpos tenían signos de haber sido torturados o estrangulados. El informe publicado este miércoles suma 112 casos más.
"El informe demuestra con pruebas abundantes e innegable las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos durante el estado de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, violaciones a debido proceso, las torturas y muertes de personas en custodia del Estado y su grave impacto en las familias más pobres del país, en particular mujeres, niños y niñas", dijo a El País Noah Bulock, director de Cristosal.
De acuerdo con el informe, aún es imposible estimar exactitud el "costo humano" del llamado "modelo Bukele de seguridad"; sin embargo, las investigaciones permiten demostrar que cientos de personas inocentes han tenido impactos irreversibles en su vida debido a torturas o tratos crueles.
Para Zaira Navas, jefa jurídica de la organización y una de las coordinadoras de la investigación, este documento revela un nuevo ángulo de los efectos negativos de la medida particularmente en la vida de las mujeres. "Son ellas quienes tienen que asumir la búsqueda de la justicia y sobre todo son las que asumen el cuidado de niños y niñas y responsables de proveer a las miles de familias que han sido impactadas por el régimen de excepción", dijo Navas a EL PAÍS.
Sobre este punto, el documento detalla que se tomó una muestra de 110 entrevistas y se analizaron 7.742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, lo que permitió detectar que, en muchos casos, los que agentes de la autoridad han abusado de niñas y adolescentes con impunidad aprovechándose del poder que les otorga el régimen de excepción y en ocasiones han abusado sexualmente a mujeres dentro de la prisión.
Aunque el Gobierno mantiene ocultas las cifras exactas de segregación por sexo de las más de 79.000 personas detenidas, Cristosal estima a partir de las denuncias recibidas que un 15% son mujeres y un 1.5% son niñas, niños y adolescentes.
En cuanto a la afectación en menores de edad, la organización detectó "reiteradas violaciones a los derechos" que van desde el abandono obligado cuando los padres de estos son enviados a prisión hasta afectaciones secundarias como el abandono escolar producto de "secuelas psicológicas o falta de recursos materiales o alimentarios para continuar con los estudios".
Bukele y el régimen de excepción como solución a todo
El régimen de excepción es la medida más brutal emprendida por el Gobierno salvadoreño en contra de las pandillas iniciado el en marzo de 2022 luego de que las pandillas asesinaran a 87 personas en un fin de semana producto de la ruptura del pacto que estas mantenían con el gobierno de Bukele. Desde entonces, el Ejecutivo reaccionó capturando a cualquiera que tuviera o fuera sospechoso de tener relación con las pandillas, llevándose a miles de inocentes a su paso. La medida ha logrado desarticular a las pandillas al punto de que luego de tener control casi total sobre el territorio nacional, ahora huyen y se esconden dentro y fuera del país.
Tras el éxito de la medida frente a las pandillas, muchos políticos de países vecinos como Guatemala, Costa Rica, México e incluso Argentina han expresado intenciones de imitar lo que han llamado "el modelo Bukele". Sin embargo, omiten señalar que el éxito de la medida radica en que el mandatario salvadoreño se hizo con el control de los tres poderes del Estado, lo que le permite tener el control del sistema de justicia completo. Bukele se reeligió violando la Constitución y tomó posesión de su segundo mandato -ahora inconstitucional- el pasado 1 de junio con niveles de popularidad por arriba del 80%.
El modelo punitivo del mandatario ha llegado a tal punto que la semana pasada salió en cadena nacional amenazando a empresarios con "tomar medidas" si los precios de los alimentos seguían subiendo. "Así como se lo dijimos a las pandillas, ahora se lo decimos a ustedes: paren de abusar o no se quejen después", dijo.
El Salvador posee desde marzo de 2022 un estado de derecho roto donde las principales garantías constitucionales, como la presunción de inocencia o el derecho a un juicio justo, están suspendidas de facto en nombre de la seguridad. También cuenta con un sistema de justicia hecho a la medida del régimen de excepción donde los jueces han perdido su independencia. El costo humano de esta política es alto: 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024. Estas muertes, a su vez, han dejado al menos a 176 hijas o hijos en orfandad; mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62,022 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años.
Lo anterior forma parte de los hallazgos del último informe de Cristosal: "El silencio no es opción: Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción", que también demuestra cómo esta suspensión de derechos afecta principalmente a personas pobres y mujeres. Ante la nula información oficial sobre el régimen de excepción, la evidencia de este documento -así como los publicados por otras organizaciones salvadoreñas- constituye un importante aporte a la búsqueda de justicia para las personas inocentes que fueron afectadas.
La evidencia presentada en la investigación es amplía: las 3,643 denuncias por abusos o violaciones de derechos recibidas por Cristosal entre marzo de 2022 y abril de 2024. También una muestra de 110 entrevistas y el análisis de 7,742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción. Así como una investigación profunda sobre 265 muertes (4 de ellas correspondientes a niñas y niños), y la sistematización y estudio de una muestra de 1,178 casos de personas detenidas en 2022. Todo esto a través de un equipo multidisciplinario que incluye a personas analistas de datos, médicas y médicos forenses, investigadoras e investigadores, abogadas y abogados, criminalistas, entre otras y otros profesionales.
Uno de los casos que ilustra la gravedad de lo denunciado es el caso de Dina Hernández, una activista de derechos humanos de 28 años que estaba embarazada de 35 semanas cuando fue detenida en marzo de este año y acusada de agrupaciones ilícitas, sin aportar pruebas de esto. Un juez le otorgó 24 horas después medidas sustitutivas, pero las autoridades penitenciarias no cumplieron la orden y ese mismo día otro tribunal ordenó su detención atribuyéndole un delito distinto. Tres semanas después su familia supo que la hija que gestaba había muerto y pudo solo recoger el cadáver. La familia no tiene información sobre las condiciones de salud de Dina y desconoce si ha recibido atención posnatal.
El estudio de más de mil casos judiciales, unido a los cientos de testimonios recogidos por Cristosal, confirma que gran parte de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes. Incluso, en algunos casos, se trata de ciudadanos y ciudadanas que fueron por años víctimas directas de la violencia ejercida en sus comunidades por las pandillas y enfrentan ahora la violencia institucional del Estado.
El documento también aborda la vulneración de los derechos humanos de las mujeres cuidadoras y buscadoras de justicia. Cristosal verificó que, tras la detención de las madres, el rol de cuidado se traslada a otras mujeres que se convierten así en proveedoras para varios niños, niñas y adolescentes o todo un grupo familiar, con un alto costo para su propia salud física y mental, o para su proyecto de vida. Esta carga profundiza las inequidades sociales, impide a las mujeres alcanzar su autonomía económica y las expone a más pobreza.
Cristosal llama al Estado salvadoreño a responder por todos estos señalamientos, garantizar justicia y reparación para las víctimas bajo custodia del Estado. También pide la liberación y reparación de las personas inocentes capturadas y que cumpla su papel con las niñas y niños en orfandad por estas políticas. Asimismo, exige justicia para las víctimas de las pandillas, quienes merecen conocer a los responsables a través de la identificación individual de sus actos.
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