TRAS EL INFORME DE LA COMISION DE LA VERDAD EN BRASIL, RECLAMAN JUZGAR A LOS RESPONSABLES DE LOS CRIMENES
El investigador Marcelo Torelly afirma que le corresponde al Poder Judicial, y no al Ejecutivo, interpretar correctamente la Ley de Amnistía y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para terminar con la impunidad.
Por Mercedes López San Miguel
El informe que la Comisión de la Verdad difundió el 10 de diciembre tuvo amplia cobertura en los medios, ante una audiencia que nunca antes estuvo tan atenta por saber quiénes son con nombre y apellido los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Brasil. Los canales de televisión transmitieron documentales sobre la dictadura, entrevistaron a ex detenidos, familiares y analistas, y pasaron varias veces la imagen de la presidenta Dilma Rousseff con los ojos humedecidos al recibir el documento, ella misma víctima de las torturas. Sin embargo, la gran prensa –O Globo, Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo– dejó bien claro su rechazo a que se revise la Ley de Amnistía promulgada por el dictador João Baptista Figueiredo en 1979 y, en consecuencia, se pueda juzgar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad. El diario O Globo, que en 2013 pidió perdón por haber apoyado al régimen militar, publicó el 15 de diciembre el editorial titulado “Amplia e irrestricta”, en el que cuestiona el pedido que hace la Comisión de la Verdad de que se inculpe a los denunciados. “La amnistía fue diseñada entre militares y representantes de la oposición para pacificar el país, convirtiéndose en la expresión de un proyecto que apostó a la reconciliación.” A diferencia del resto de los países del Cono Sur, Brasil no ha encarcelado a ningún represor.
En su informe final después de dos años y siete meses de trabajo, la Comisión de la Verdad estableció que durante la última dictadura (entre 1964 y 1985) hubo un total de 434 muertos y desaparecidos e identificó a 377 personas, en su mayoría militares y policías, como responsables de esos crímenes. El trabajo señaló que no sólo se persiguió a miembros de grupos armados, sino también a críticos, académicos, religiosos, sindicalistas, campesinos y hasta militares que defendían el retorno a la democracia. A lo largo del tiempo en que la comisión investigó, las Fuerzas Armadas se negaron sistemáticamente a colaborar. Human Rights Watch (HRW) pidió que Brasil avance hacia el castigo de los culpables de delitos de lesa humanidad y recordó que 200 de los agentes acusados continúan con vida. “La Comisión de la Verdad trae una fundamental contribución al ofrecer un relato categórico, guardado durante mucho tiempo, sobre los más graves crímenes cometidos durante la dictadura”, declaró la directora de HRW en Brasil, Maria Laura Canineu. Y agregó que tan importante como eso es que la comisión allane el camino para una próxima y crucial medida que debe adoptar Brasil, que es garantizar que aquellos que cometieron atrocidades respondan ante la Justicia. Según Canineu, este documento histórico no debe ser considerado el final del proceso y su contenido debe servir para redoblar los esfuerzos para responsabilizar a los autores de esos graves crímenes.
Marcelo Torelly, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia y ex director de Memoria y Cooperación Internacional de la Comisión de Amnistía, destacó en diálogo con Página/12 el paso que significó el trabajo de la comisión creada en el gobierno de Rousseff. “La Comisión de la Verdad recopiló muchas de las violaciones a los derechos humanos de las dos comisiones anteriores (de Amnistía y de Desaparecidos), y reconoció otros crímenes como producto de su investigación. Son graves violaciones a los derechos humanos que, según el derecho internacional, no pueden recibir amnistía.” Torelly aclaró que la Comisión de la Verdad recomendó que el Poder Judicial interprete correctamente la Ley de Amnistía, cuya vigencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2010. “La comisión no cuestiona a la Ley de Amnistía como tal, una vez que ésta fue una victoria social relevante y permitió el regreso a Brasil de los exiliados y la salida de muchos militantes de la clandestinidad y fue un primer paso rumbo a la democracia. Lo que dice es que la interpretación que el Poder Judicial ha dado a la Ley, diciendo que es ‘bilateral’, es equivocada y incompatible con el derecho internacional.”
En 1995, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, se creó la Comisión sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, que reconoció que al menos 135 desaparecidos fueron asesinados por militares. En 2001, Cardoso reglamentó la Comisión de Amnistía que se encargó de documentar los casos y fijar los montos de las reparaciones a las víctimas. Posteriormente, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2010 condenó la amnistía bilateral, señalando que los crímenes de lesa humanidad, o sea los que se cometieron desde el Estado, son imprescriptibles.
Para Torelly, no le corresponde a la presidencia de la república, pero sí a los tribunales y la Corte Suprema, responder a la Comisión de la Verdad. “Después del fallo Gomes Lund de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía Federal ha iniciado 190 investigaciones criminales y está enviando denuncias a las Cortes locales. Además, el Supremo Tribunal Federal tiene dos procesos donde puede cambiar su interpretación pro impunidad. El primero es la Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF 153), donde se solicita que se compatibilice la primera decisión del Supremo, que afirma que la amnistía es bilateral, con el fallo internacional. En la segunda, la ADPF 320, se pide a la Corte que excluya del ámbito de la amnistía las graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado, otra vez citando la decisión internacional”.
La Justicia penal ya ha aceptado varias acusaciones de fiscales contra represores, pero éstas aún están en trámite o han sido rechazadas en otras instancias. Torelly se mostró entre cauteloso y escéptico. “No creo que en Brasil algún día pase lo mismo que en la Argentina, con juicios generalizados, pero quizás algo como en Chile, con una combinación entre amnistía y juicios”.
En Brasil, 50 años después del golpe de Estado, se mantiene la impunidad de los represores, pero se logró dar un paso en materia de verdad y reparación a las víctimas. La prensa dominante espera que sea el punto final, los organismos de derechos humanos reclaman que sea un punto de partida.
