El FA repudió "golpe" en Brasil; grupo de Michelini se opuso a la declaración. En la Mesa Política hubo diferencias acerca de la destitución de Dilma Rousseff
Septiembre 2, 2016
La discusión sobre los alcances de la destitución de la presidenta brasilera Dilma Rousseff aterrizó ste viernes en la Mesa Política del Frente Amplio que debatió -de la misma manera que había ocurrido en el seno del Poder Ejecutivo- si en el país norteño hubo o no un golpe de Estado.El órgano de dirección frenteamplista decidió por mayoría redactar una declaración en la que se habla de "golpe parlamentario", pero el delegado del Nuevo Espacio, Carlos Calvo, se abstuvo de votar el documento aduciendo que lo ocurrido en Brasil fue decidido por el Parlamento.
"Técnicamente no se puede hablar de golpe de Estado. Además, los legisladores que resolvieron la destitución también fueron elegidos por millones de personas", dijo el delegado del grupo que encabeza el senador Rafael Michelini.
El resto de los sectores abonó la tesis del golpe. El delegado de la Liga Federal, José Maldonado, dijo durante el encuentro que al Partido de los Trabajadores de Brasil le pasará algo parecido con lo que le ocurrió al ya fallecido senador frenteamplista, Germán Araújo, quien fue destituido de su banca en 1989. "Germán volvió al Parlamento y el 90% de los senadores que lo sacaron no fueron reelectos", sostuvo Maldonado.
También en el Poder Ejecutivo hubo una discusión interna acerca de cómo pararse ante la destitución de Rousseff. En la Cancillería eran proclives a expresar su preocupación ante los hechos pero sin calificar lo sucedido. Pero, tras la intervención del presidente Tabaré Vázquez, se le agregó un último párrafo en el que se indica que "más allá de la legalidad invocada, el gobierno uruguayo considera una profunda injusticia dicha destitución" de Rousseff.
"Ilegítimo"En tanto, la Mesa Política del Frente Amplio expresó su rechazo ante lo que considera un golpe parlamentario. "El mecanismo de juicio político en un régimen presidencialista requiere no sólo cumplir aspectos formales, sino fundamentalmente con aspectos sustanciales como es el sostener una acusación por delito o crimen de responsabilidad", dice la declaración.
Para el Frente Amplio "está claramente demostrado" quej desde que Rousseff resultó nuevamente electa "las fuerzas conservadoras expresadas en su sistema político, en el sector empresarial, en los medios de comunicación y en la institucionalidad brasileña, han llevado adelante una campaña dirigida a desplazarla" del poder.
La coalición de izquierda sostiene que el mecanismo utilizado por el Parlamento del país vecino "golpea fuertemente a la democracia brasileña", y advierte que los sectores "conservadores actuaron de la misma forma en Honduras en 2009 y Paraguay en 2012. Asimismo, consideran "ilegítimo" al gobierno que ahora encabeza Michel Temer.
La discusión sobre los alcances de la destitución de la presidenta brasilera Dilma Rousseff aterrizó ste viernes en la Mesa Política del Frente Amplio que debatió -de la misma manera que había ocurrido en el seno del Poder Ejecutivo- si en el país norteño hubo o no un golpe de Estado.El órgano de dirección frenteamplista decidió por mayoría redactar una declaración en la que se habla de "golpe parlamentario", pero el delegado del Nuevo Espacio, Carlos Calvo, se abstuvo de votar el documento aduciendo que lo ocurrido en Brasil fue decidido por el Parlamento.
"Técnicamente no se puede hablar de golpe de Estado. Además, los legisladores que resolvieron la destitución también fueron elegidos por millones de personas", dijo el delegado del grupo que encabeza el senador Rafael Michelini.
El resto de los sectores abonó la tesis del golpe. El delegado de la Liga Federal, José Maldonado, dijo durante el encuentro que al Partido de los Trabajadores de Brasil le pasará algo parecido con lo que le ocurrió al ya fallecido senador frenteamplista, Germán Araújo, quien fue destituido de su banca en 1989. "Germán volvió al Parlamento y el 90% de los senadores que lo sacaron no fueron reelectos", sostuvo Maldonado.
También en el Poder Ejecutivo hubo una discusión interna acerca de cómo pararse ante la destitución de Rousseff. En la Cancillería eran proclives a expresar su preocupación ante los hechos pero sin calificar lo sucedido. Pero, tras la intervención del presidente Tabaré Vázquez, se le agregó un último párrafo en el que se indica que "más allá de la legalidad invocada, el gobierno uruguayo considera una profunda injusticia dicha destitución" de Rousseff.
"Ilegítimo"En tanto, la Mesa Política del Frente Amplio expresó su rechazo ante lo que considera un golpe parlamentario. "El mecanismo de juicio político en un régimen presidencialista requiere no sólo cumplir aspectos formales, sino fundamentalmente con aspectos sustanciales como es el sostener una acusación por delito o crimen de responsabilidad", dice la declaración.
Para el Frente Amplio "está claramente demostrado" quej desde que Rousseff resultó nuevamente electa "las fuerzas conservadoras expresadas en su sistema político, en el sector empresarial, en los medios de comunicación y en la institucionalidad brasileña, han llevado adelante una campaña dirigida a desplazarla" del poder.
La coalición de izquierda sostiene que el mecanismo utilizado por el Parlamento del país vecino "golpea fuertemente a la democracia brasileña", y advierte que los sectores "conservadores actuaron de la misma forma en Honduras en 2009 y Paraguay en 2012. Asimismo, consideran "ilegítimo" al gobierno que ahora encabeza Michel Temer.
PREPARANDO EL TERRENO EN URUGUAY
Baja el apoyo de los uruguayos a la democracia y 71% pide "mano dura"
El informe mide también el nivel de autoritarismo en las sociedades latinoamericanas
El apoyo a la democracia tuvo una "caída abrupta" de ocho puntos porcentuales en Uruguay entre 2015 y 2016, según reporta el Latinobarómetro difundido este viernes: 68% contestó que sí a la afirmación "la democracia es preferible ante cualquier otra forma de gobierno". El resto respondieron que "da lo mismo un gobierno democrático o uno autoritario" o que "en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático".
El año pasado 76% de los uruguayos respalda la democracia y en el año 2009 lo hacía 82%
"Uruguay ha sido históricamente el país de América Latina donde el apoyo a la democracia es más alto, por lo que esta caída abrupta llama doblemente la atención. En 2016 Uruguay alcanza su punto más bajo en el apoyo a la democracia en 21 años (68%). Habrá que mirar en detalle la evolución de ese país para comprender las causas de este fenómeno", señala el reporte realizado por la Corporación Latinobarómetro y que mide desde 1995 no sólo la democracia sino también la libertad, el orden, el autoritarismo y los pedidos de "mano dura" por parte de la población de toda América Latina.
El trabajo, que en Uruguay fue realizado por la consultora Equipos, también mide el autoritarismo. El 41% de los uruguayos contestó que "no le importa si un gobierno no es democrático si resuelve los problemas", 10 puntos más que hace ocho años. Ante la misma pregunta, en 2008, 31% contestó que estaba de acuerdo con esa afirmación y en 2004, 32,5%.
Otro dato que revela el informe son los pedidos de "mano dura" en distintas partes de la región. "Hay demanda de mano dura no sólo en Centroamérica, donde se registra un alto grado de autoritarismo político, sino también en países del Cono Sur", dice el informe. La lista la lidera República Dominicana, donde 82% de la población lo pide.
Pero Uruguay el salto es enorme. En 2016 71% respondió que "no viene mal". En 2004, 45,8% creían eso y 45,9% consideraba que "no es buena" la mano dura. En 1995, el indicador era aún más bajo: solo 32,2% creía que "no viene mal" la mano dura. Por tanto en 21 años el salto es de 39 puntos porcentuales.
El estudio también analiza la dicotomía que se plantean las sociedades entre "orden" y "libertad". Si se toma el promedio de toda América Latina, "en la última década ha disminuido desde el 60% (2006) al 52% en 2016 la demanda por una sociedad ordenada a costa de la disminución de libertades.
Pero en Uruguay es al revés: hoy 58% prioriza el orden (10 puntos más que hace 10 años). Este año, 39% dijo que prefiere vivir "en una sociedad donde se respeten todos los derechos y libertades, aunque haya algún desorden". En 2006, 46% prefería eso
