El Gobierno Nacional y las Farc anunciaron los ajustes del nuevo acuerdo de paz, el entusiasmo es grande. Sin embargo, aún no se sabe a ciencia cierta las implicaciones de esta nueva ruta para la paz.
14 NOV, 2016
El Espectador le presenta cuáles fueron las modificaciones que acordaron los negociadores del proceso.
Bienes de las Farc y reparación
La guerrilla de las Farc declararán y entregarán todos sus bienes y dinero para reparar a las víctimas, confesando así sus fortunas ilegales. Hasta el momento las Farc habían negado este punto que es de suma importancia básicamente por dos cosas: al confesar en dónde están sus riquezas generan confianza, especialmente en los damnificados directos. Esto deberá darse antes de que las Farc entreguen las armas.
Tierras y propiedad privada
Se ratificó respeto a propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente. Así se responde a una de las preocupaciones planteadas por el expresidente Uribe y empresarios agrícolas que temían por una eventual reforma agraria que afectara la propiedad sobre los predios.
La Jurisdicción Especial de Paz
Será manejada a través de la justicia penal colombiana. Además, su vigencia será hasta por 10 años, pero solo recibirá solicitudes de investigación en los primeros dos. Inclusive otra de las razones por las cuales se quiso acortar el tiempo de estas peticiones, fue para evitar la futura aparición de testigos falsos en los diferentes casos.
Este punto fue uno de los más criticados por la oposición ya que veían inviable el hecho de que quienes estuvieran juzgando a los guerrilleros y demás partícipes del conflicto armado en Colombia, fueran jueces extranjeros. Se pudo arreglar que aunque sí habrá participación de expertos que tendrán como objetivo ayudar con temas sensibles como la justicia transicional. La Corte Constitucional será la instancia de cierre pues allá se definirán las acciones de tutela que se presenten contra las decisiones del Tribunal para la Paz.
Había preocupación entre los empresarios de que se desatara una posible cacería de brujas en la aplicación de la justicia transicional. Ese temor se disipó, los empresarios que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria.
Pena de restricción efectiva de la movilidad
Quienes confiesen delitos de guerra obtendrán el beneficio de la no privación de la libertad. En el documento se aclara que aunque reciban este beneficio, estas tendrán que mantenerse en las zonas veredales de desmovilización, acordadas previamente. Si por algún motivo los condenados necesitan salir de esas áreas, deberán tener autorización. Por otro lado, se mantiene la sanción de hasta 20 años de prisión para quienes no colaboren.
Participación en política
Todos los miembros de las Farc podrán ser elegidos políticamente. Este punto es tal vez el que más ha generado controversia. Esta organización guerrillera no podrá presentar candidatos para las 16 circunscripciones especiales de paz en zonas de conflicto. El único punto que no tuvo cambio fue el las curules asignadas a las Farc, serán cinco en Senado y cinco en Cámara. Sin embargo, se harán contar, los candidatos tendrán que someterse al veredicto de las urnas.
Enfoque de género
Significa un reconocimiento a las mujeres como víctimas del conflicto y así garantizarles sus derechos. Nada tiene que ver con algún tipo de ideología o dictadura de la población LGBTI que se venía manifestando. En el contenido del acuerdo se aclara que se deben respetar los derechos de las minorías.
Narcotráfico
Se analizarán caso por caso. Antes de que algún guerrillero pueda recibir indulto o amnistía, así sea por el delito de narcotráfico, que por ley está conexo a la rebelión, tendrá que someterse a una detallada inspección para ver si puede obtener alguno de estos beneficios. De esta manera se atribuirían responsabilidades y se evitaría que la delincuencia común quiera terminar beneficiada con el acuerdo.
Justicia para miembros de las Fuerzas Militares y de Policía
Se planteó una fórmula que garantiza a soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. Tendrán todos los beneficios que la justicia transicional les brinda a los guerrilleros que dejen las armas, sin equipararlos con esta fuerza insurgente como planteaban los promotores del No.
Sostenibilidad fiscal
Nadie tiene claro a cuánto puede equivaler la inversión estatal en la etapa del posconflicto. La propuesta de paz es ambiciosa y requiere millonarias inversiones públicas en las regiones. Por eso, para garantizar la solidez de las finanzas del Estado se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal y así no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno.
El Espectador
