ARGENTINA :La CEOcracia regresa a los tribunales
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Por: Sebastian Abrevaya
La dirigente de cambiemos pidió investigar si Luis Sureda, Pablo Popik y Luis Barile beneficiaron a empresas petroleras en las que trabajaron antes de asumir en el Estado. Habría irregularidades con el gas para las garrafas sociales.
“Yo estoy feliz, yo mantengo una paz total”, dijo Elisa Carrió en un acto el último sábado. Al parecer, la paz le duró poco. La líder de la Coalición Cívica y principal socia de Mauricio Macri volvió a disparar contra el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren. Esta vez no le apuntó directamente a su titular sino a tres altos funcionarios bajo su mando: Luis Barile, director de Gas Licuado de Petróleo; Pablo Popik, subsecretario de Refinación, y Luis Sureda, secretario de Recursos Hidrocarburíferos. La diputada presentó una denuncia penal para que se investigue si beneficiaron a importantes empresas del sector como Pan American Engergy, Panamerican Sur y Refinol, en las cuales trabajaron algunos de ellos hasta hace poco tiempo. Como ocurre en otra causa con el ministro, que fue CEO de Shell hasta su pase a la función pública y hasta septiembre mantuvo acciones en la compañía por 16 millones de pesos, los funcionarios son señalados por “negociaciones incompatibles con la función pública”. La causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.
Las denuncias y sospechas en el ministerio que conduce Aranguren llegaron ahora a formar parte del repertorio de los propios integrantes del oficialismo. En los últimos meses el titular de la cartera de Energía había acumulado las acusaciones de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade (FpV) y del senador Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) por irregularidades en operaciones de compra de gas a Chile. A eso, se le sumaron múltiples cuestionamientos en la Oficina Anticorrupción por su doble condicción de ministro de Energía y accionista de Royal Dutch Shell. La OA, a cargo de la macrista Laura Alonso, había emitido un dictamen en el que solamente le recomendaba a Aranguren desprenderse de esos activos “para aumentar la confianza”. Finalmente el ex CEO se vio obligado a hacerlo en septiembre, en medio de la presión desatada por el tarifazo. Ya en aquel momento hasta Carrió lo había cuestionado. “Eso es conflicto de interés acá y en China”, había dicho.
Luis Sureda.La lupa recayó ahora sobre tres funcionarios que dependen de Aranguren, algunos de ellos, como Sureda, también involucrados en la causa por el gas chileno. Si bien el hecho a investigar es distinto, el delito del que se los acusa es el mismo: “negociaciones incompatibles con la función pública”. Según Carrió, Popik y Sureda, “han ocupado hasta la asunción de sus funciones en el Ministerio de Energía y Minería de Nación; cargos jerárquicos en las principales petroleras de nuestro país”. En su denuncia, la diputada explica que Sureda fue hasta 2015 vicepresidente de Pan American Energy (PAE), que a su vez comparte acciones con la compañía china Cnooc y con Bridas. Popik, en cambio, trabajó para Repsol YPF y con posterioridad ocupó distintos cargos en Exxon y Axion Energy (entre los años 2012 y 2015). Según su perfil de LinkedIn, Barile trabajó en Exxon hasta 2014 y durante más de cinco años. Al momento de asumir la función pública trabajaba como consultor en otra empresa del sector.
Según el relevamiento del Observatorio de las Elites Argentinas de la Universidad de San Martín, el ministerio que conduce Aranguren es el que tiene mayor cantidad de ex ejecutivos de empresas de primera línea vinculadas con la actividad que deberían regular. Se trata de más de la mitad de los funcionarios, cuando el promedio de la administración macrista es del 31 por ciento. Por este motivo, desde el Frente para la Victoria el diputado Guillermo Carmona presentó un proyecto para limitar la “CEOcracia” y regular situaciones en las que hubiese presunción de conflicto de intereses e incompatibilidades para la asunción, permanencia y egreso de personas del ámbito privado al público y viceversa.
La denuncia
Carrió cita dos resoluciones firmadas el 7 de junio y el 2 de agosto, según las cuales se habría beneficiado “directa y/o indirectamente” a esas tres compañías, al eximirlas de cumplir con la provisión, a precio regulado, del gas que se utiliza para producir las garrafas sociales. “El incumplimiento en el que incurrieron las empresas habría sido subsidiado con gas importado provisto por Enarsa, a través de Transportadora Gas del Sur”, dice el escrito y agrega: “esto les habría proporcionado a las beneficiadas un mayor excedente de gas licuado de petróleo, para poder exportarlo, según datos registrados en el propio Ministerio”. Carrió sostiene que los tres funcionarios “se encontrarían legalmente inhabilitados para intervenir en las actuaciones administrativas que concluyen con tales beneficios” y que “aúnque la rúbrica final pudiera haberse delegado en el propio Ministro, para –de este modo– burlar la manda judicial. La imparcialidad debe ser absoluta y real”. Además, la socia de Macri alertó que otros funcionarios fueron despedidos por haberse negado a firmar esas resoluciones, “más allá de la reincorporación de algunos de ellos”. Por último, pidió como medidas de prueba que se remitan todos los contratos firmados por esas empresas, que Laura Alonso “remita toda actuación administrativa en la que estén involucrados los denunciados” y que se cite a los funcionarios a cargo del área legal de ese ministerio, a fin de tomársele declaración testimonial.
Fuentes de PAE afirmaron que ellos ya no forman parte del mercado de garrafas y que el contrato de procesamiento que tuvieron durante 10 años con Transportadora de Gas del Sur “venció en abril de 2016”. “A partir de ese momento ya no tiene ese producto. No tiene ninguna obligación de ningún tipo. Ningún funcionario puede dispensarnos de una obligación que no tenemos”, remarcaron desde la compañía.
Por la tarde, Lilita trató de reducir el impacto político de su presentación: “mi relación con el ministro Juan José Aranguren está intacta”, afirmó con su habitual aire de inocencia. Además, se volvió a ubicar en el lugar de guardiana de la ética. “Leímos en un diario que habrían ocurrido cuestiones que violentan la Ley de Etica Pública y que podrían haber sido hechos de corrupción y lo único que hicimos fue ponerlo en conocimiento de la Justicia para que se investigue, lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo porque el delito no tiene partido ni ideología”, afirmó Carrió.
Pablo Popik.La UCR se sumó a la pelea interna
El radicalismo se sumó ayer a las críticas dentro de Cambiemos a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y aseguró que no quiere “los personajes del kirchnerismo” en el oficialismo. “Cambiemos tiene un mandato de la sociedad que hay que cuidar, sumar por sumar no es el camino ni invitar a Omar Perotti o a Florencio Randazzo, ellos trabajaron para que el presidente sea Daniel Scioli”, enfatizó el titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral. En una entrevista de fin de semana, Monzó calificó a Cambiemos como “un esquema electoral” y “de gestión”, pero que no sabía si perduraría como fuerza política. Y habló de evitar los prejuicios e ir a la búsqueda de dirigentes del peronismo, entre los que enumeró a Perotti, Randazzo, Julián Domínguez, Diego Bossio, Gabriel Katopodis y Juan Manuel Urtubey. “Hay que cumplir con el mandato de cambiar, si en el elenco siguen los mismos, ¿cuál es el cambio?”, retrucó ayer Corral. Monzó había criticado además al asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba por su vanidad y por el desconocimiento de “la política territorial”. A esas críticas también se sumó la diputada Elisa Carrió, probable candidata del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017. “A mí no me va a conducir Durán Barba, yo hago política”, dijo Carrió. Por otro lado, le apuntó a su posible rival interno, el intendente de Vicente López, Jorge Macri. “Tiene problemas de corrupción”, le lanzó. El primo del Presidente no quiso sumar elementos al creciente escándalo. “Cuando ella quiera, nos juntamos”, ofreció.
