Miguel Alba - Responsable de fiscalidad y sector privado de Oxfam Intermón
16/01/2017
Vivimos en un mundo cada vez más desigual. Lamentablemente, y aunque cada vez se habla más de la desigualdad incluso en entornos menos propicios a ello, la deriva económica global sigue ahondando en mayores diferencias entre una élite privilegiada y el resto de la población. Desde 2015, sólo el 1% posee más riqueza que el resto de planeta. Ya en 2010, eran tan sólo 388 personas las que concentraban riqueza; en 2014 eran 62 y en 2015 ya sólo 8 personas, todos ellos hombres, tienen lo mismo que el 50% más pobre, 3.600 millones de personas.
Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son las causas de esta galopante desigualdad y profundamente injusta? Sin duda, las claves residen en gran medida en el modelo económico imperante. Asistimos a una fase del capitalismo guiada por un cortoplacismo salvaje: las grandes empresas quieren obtener mayores rentabilidades en plazos más cortos. Y todo ello para distribuir dividendos cada vez mayores, primando la concentración de riqueza de las grandes fortunas e ignorando la posibilidad de utilizar esos beneficios para mejorar las condiciones de productores y trabajadores o invirtiendo en infraestructuras o innovación. En esta lógica de veneración del beneficio a ultranza, se sacrifican los salarios de los trabajadores de nivel bajo o medio, y todo vale para pagar menos impuestos, con niveles rampantes de evasión y elusión fiscal y una utilización vergonzosa de paraísos fiscales.
En España, las cosas no son muy diferentes. Desde que estalló la crisis, es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad, 20 veces más que el promedio de países de nuestro entorno. Sin embargo, la desigualdad en España no es el resultado de la crisis económica. En el último año, España experimentó una de las tasas de crecimiento más altas de Europa; a pesar de ello, este crecimiento está muy lejos de ser inclusivo. Ahora mismo el 10% más rico concentra más riqueza que todo el resto de la población española. Afinando un poco más, llegamos a que únicamente tres personas, las más ricas de nuestro país, tienen lo mismo que el 30% de población con menor riqueza, esto es 14,2 millones de personas, equivalente a la población conjunta de Cataluña y Madrid. Además, en el último año estas tres personas han visto su riqueza crecer ligeramente, un 3%, mientras que la del 30% se redujo en una tercera parte.
Estos datos retratan a un país que avanza a dos velocidades. Por un lado los más ricos, que cada vez acaparan más riqueza; y por otro todo el resto, que ven cómo se intensifica la caída de sus ingresos, sobre todo en las capas más bajas. En definitiva, el incipiente crecimiento económico que nuestro país está experimentando en los últimos años sigue beneficiando a quienes más tienen.
Y esta desigualdad no se limita a una concentración de la riqueza, sino que tienen su reverso en un incremento de la pobreza en nuestro país. A día de hoy, uno de cada tres españoles se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. La crudeza y duración de la crisis ha sido tal que a principios de 2015, más de 770.000 familias en España, no percibían ningún ingreso: ni por trabajo, ni por prestaciones de la Seguridad Social, ni por desempleo.
Desde luego que las altas cotas de paro tienen mucho que ver con ello. Hemos conseguido pasar de un paro del 26,1% del 2013 a 22,1% a finales del 2015, aunque en gran parte a costa de un aumento vertiginoso de la precariedad y de un grave deterioro de las condiciones laborales. Y es que tener trabajo en España ya no garantiza no caer en la pobreza. Ahora mismo, el 13,2% de trabajadores de nuestro país no cuentan con ingresos suficientes como para satisfacer sus necesidades básicas. Este hecho no sólo se explica por una precarización creciente, sino también por unas caídas continuas y catastróficas en los salarios más bajos. Así, entre 2008 y 2014 el salario del 10% de la población que menos cobra se redujo en un 28%.
Esta desigualdad de partida, la que la mera actividad económica genera, no se consigue compensar con las principales herramientas de redistribución, en parte porque no se recauda lo suficiente para invertir en políticas sociales: España recauda 6,3 puntos menos que la media europea, pero también porque el esfuerzo recaudatorio se centra en los ciudadanos, quienes aportan un 84% del total de recaudación tributaria y no en las empresas que aportan un 13%.
Es precisamente esta baja contribución de las empresas la que lastra el total de la recaudación en nuestro país. Así, de las principales figuras tributarias, IRPF e IVA están al mismo nivel o por encima de lo que recaudaban antes de la crisis; sin embargo, el impuesto de Sociedades está a la mitad del nivel pre-crisis, cuando llevamos ya un par de años asistiendo a crecimientos en los beneficios empresariales.
A esto se suma el desafortunado papel que juegan los paraísos fiscales, ya que comprobamos que los 15 más agresivos del mundo para la tributación empresarial atraen el doble de inversión española que toda América Latina o 43 veces más que China, y podemos cifrar en torno a 1.550 millones de euros las pérdidas fiscales provocadas por la utilización de estos territorios para canalizar la inversión directa hacia España.
Ante este panorama, es necesario promover una economía para el 99% de la población, que responda a las necesidades de las personas, y no de ese 1% privilegiado. Por ello, estimamos imprescindible que se garantice un salario digno, se refuerce la progresividad del sistema tributario, luchando de forma contundente con la evasión y elusión fiscal y se aseguren unos presupuestos públicos que prioricen a los más vulnerables.
La desigualdad no es inevitable, es fruto de un sistema económico injusto diseñado y promovido por determinados dirigentes y empresas. Hay que apostar por otra forma de economía, que esté al servicio de las personas y sus necesidades, que esta economía es posible y que se irá imponiendo cuanta más gente y más empresas se comprometan con ella, la pongan en marcha y alcen la voz para exigirla.
16/01/2017
Vivimos en un mundo cada vez más desigual. Lamentablemente, y aunque cada vez se habla más de la desigualdad incluso en entornos menos propicios a ello, la deriva económica global sigue ahondando en mayores diferencias entre una élite privilegiada y el resto de la población. Desde 2015, sólo el 1% posee más riqueza que el resto de planeta. Ya en 2010, eran tan sólo 388 personas las que concentraban riqueza; en 2014 eran 62 y en 2015 ya sólo 8 personas, todos ellos hombres, tienen lo mismo que el 50% más pobre, 3.600 millones de personas.
Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son las causas de esta galopante desigualdad y profundamente injusta? Sin duda, las claves residen en gran medida en el modelo económico imperante. Asistimos a una fase del capitalismo guiada por un cortoplacismo salvaje: las grandes empresas quieren obtener mayores rentabilidades en plazos más cortos. Y todo ello para distribuir dividendos cada vez mayores, primando la concentración de riqueza de las grandes fortunas e ignorando la posibilidad de utilizar esos beneficios para mejorar las condiciones de productores y trabajadores o invirtiendo en infraestructuras o innovación. En esta lógica de veneración del beneficio a ultranza, se sacrifican los salarios de los trabajadores de nivel bajo o medio, y todo vale para pagar menos impuestos, con niveles rampantes de evasión y elusión fiscal y una utilización vergonzosa de paraísos fiscales.
En España, las cosas no son muy diferentes. Desde que estalló la crisis, es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad, 20 veces más que el promedio de países de nuestro entorno. Sin embargo, la desigualdad en España no es el resultado de la crisis económica. En el último año, España experimentó una de las tasas de crecimiento más altas de Europa; a pesar de ello, este crecimiento está muy lejos de ser inclusivo. Ahora mismo el 10% más rico concentra más riqueza que todo el resto de la población española. Afinando un poco más, llegamos a que únicamente tres personas, las más ricas de nuestro país, tienen lo mismo que el 30% de población con menor riqueza, esto es 14,2 millones de personas, equivalente a la población conjunta de Cataluña y Madrid. Además, en el último año estas tres personas han visto su riqueza crecer ligeramente, un 3%, mientras que la del 30% se redujo en una tercera parte.
Estos datos retratan a un país que avanza a dos velocidades. Por un lado los más ricos, que cada vez acaparan más riqueza; y por otro todo el resto, que ven cómo se intensifica la caída de sus ingresos, sobre todo en las capas más bajas. En definitiva, el incipiente crecimiento económico que nuestro país está experimentando en los últimos años sigue beneficiando a quienes más tienen.
Y esta desigualdad no se limita a una concentración de la riqueza, sino que tienen su reverso en un incremento de la pobreza en nuestro país. A día de hoy, uno de cada tres españoles se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. La crudeza y duración de la crisis ha sido tal que a principios de 2015, más de 770.000 familias en España, no percibían ningún ingreso: ni por trabajo, ni por prestaciones de la Seguridad Social, ni por desempleo.
Desde luego que las altas cotas de paro tienen mucho que ver con ello. Hemos conseguido pasar de un paro del 26,1% del 2013 a 22,1% a finales del 2015, aunque en gran parte a costa de un aumento vertiginoso de la precariedad y de un grave deterioro de las condiciones laborales. Y es que tener trabajo en España ya no garantiza no caer en la pobreza. Ahora mismo, el 13,2% de trabajadores de nuestro país no cuentan con ingresos suficientes como para satisfacer sus necesidades básicas. Este hecho no sólo se explica por una precarización creciente, sino también por unas caídas continuas y catastróficas en los salarios más bajos. Así, entre 2008 y 2014 el salario del 10% de la población que menos cobra se redujo en un 28%.
Esta desigualdad de partida, la que la mera actividad económica genera, no se consigue compensar con las principales herramientas de redistribución, en parte porque no se recauda lo suficiente para invertir en políticas sociales: España recauda 6,3 puntos menos que la media europea, pero también porque el esfuerzo recaudatorio se centra en los ciudadanos, quienes aportan un 84% del total de recaudación tributaria y no en las empresas que aportan un 13%.
Es precisamente esta baja contribución de las empresas la que lastra el total de la recaudación en nuestro país. Así, de las principales figuras tributarias, IRPF e IVA están al mismo nivel o por encima de lo que recaudaban antes de la crisis; sin embargo, el impuesto de Sociedades está a la mitad del nivel pre-crisis, cuando llevamos ya un par de años asistiendo a crecimientos en los beneficios empresariales.
A esto se suma el desafortunado papel que juegan los paraísos fiscales, ya que comprobamos que los 15 más agresivos del mundo para la tributación empresarial atraen el doble de inversión española que toda América Latina o 43 veces más que China, y podemos cifrar en torno a 1.550 millones de euros las pérdidas fiscales provocadas por la utilización de estos territorios para canalizar la inversión directa hacia España.
Ante este panorama, es necesario promover una economía para el 99% de la población, que responda a las necesidades de las personas, y no de ese 1% privilegiado. Por ello, estimamos imprescindible que se garantice un salario digno, se refuerce la progresividad del sistema tributario, luchando de forma contundente con la evasión y elusión fiscal y se aseguren unos presupuestos públicos que prioricen a los más vulnerables.
La desigualdad no es inevitable, es fruto de un sistema económico injusto diseñado y promovido por determinados dirigentes y empresas. Hay que apostar por otra forma de economía, que esté al servicio de las personas y sus necesidades, que esta economía es posible y que se irá imponiendo cuanta más gente y más empresas se comprometan con ella, la pongan en marcha y alcen la voz para exigirla.
