MEXICO
Lo hacen de nuevo: marchan miles contra el gasolinazo en al menos 14 estados
23 ENE, 2017
Miles de ciudadanos salieron nuevamente este domingo a las calles de esta capital y en al menos 14 entidades para manifestarse contra el aumento en los precios de las gasolinas.
Las marchas y protestas tuvieron lugar en Veracruz, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Chihuahua, Puebla, Michoacán, Baja California, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Sonora.
En esta capital los inconformes marcharon sobre el Paseo de la Reforma hacia el Zócalo, en una movilización que partió del Monumento a la Independencia.
Tras concluir la manifestación en la Plaza de la Constitución, unos dos mil inconformes se encaminaron a la Cámara de diputados para protestar contra el gasolinazo.
Proceso
El gasolinazo no le pega a la clase política, que está en la cúspide de la injusticia y avaricia: Arquidiócesis
El Gobierno de México justifica que el incremento al precio de los combustibles y a otros impuestos es por el bienestar de la economía familiar, sin embargo, los únicos que no se ven afectado son legisladores y funcionarios, criticó este día la Arquidiócesis de México.
En su editorial dominical publicada en Desde la Fe, la Iglesia católica refirió que los aumentos impuestos por el Gobierno de Enrique Peña Nieto han impactado de manera directa en la economía de millones de familias que viven al día con salarios de hambre.
“La actual administración ha asegurado que [con dichos aumentos] hay una recuperación del poder de compra, pero la realidad indica lo contrario”.
Y aunque “las autoridades argumentan que las medidas son dolorosas, pero necesarias para el futuro, (…) hay privilegiados a los que el gasolinazo hace lo que al viento a Juárez”
“Un ejemplo es el fracaso del presupuesto base cero para partir de las necesidades reales de cada ramo y asignar recursos de manera justa y transparente. No obstante, la clase política y la burocracia (…) han echado mano del dinero de forma oscura [y] con criterios opacos para gastar más de lo asignado”
“La clase política se encuentra en la cúspide de esta pirámide de injusticia y avaricia; son éstos los que aderezan el discurso con un poco de demagogia populista y juran que es tiempo de amarrarse el cinturón para demostrar la austeridad urgente de estos tiempos”.
La Arquidiócesis insiste que ante estos desfalcos por parte del Gobierno mexicano es necesario “revisar y ajustar lo necesario, eliminar lo no funcional y aplicar correctamente los recursos donde es urgente”.
Por ejemplo, señalan, estudiar el presupuesto destinado a una “errática Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, (…) acabar con sueldazos de (…) los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (…) reducir el indecente financiamiento público de los partidos políticos [y] acabar con las inmorales prebendas de diputados, senadores y de todos aquéllos para quienes el gasolinazo es sólo noticia”.
Urgen a los mexicanos para que ejerzan los valores de la solidaridad y subsidiariedad para combatir “la corrupción y el enriquecimiento indebido”, ya que sólo han provocado “el hartazgo y el enojo de los ciudadanos de a pie”.
“Los mexicanos no están dispuestos a seguir pagando sacrificios cuando una minoría está apoltronada en la cima del poder, viendo cómo el barco hace agua”, concluyen.
Sin Embargo
El Gobierno de México justifica que el incremento al precio de los combustibles y a otros impuestos es por el bienestar de la economía familiar, sin embargo, los únicos que no se ven afectado son legisladores y funcionarios, criticó este día la Arquidiócesis de México.
En su editorial dominical publicada en Desde la Fe, la Iglesia católica refirió que los aumentos impuestos por el Gobierno de Enrique Peña Nieto han impactado de manera directa en la economía de millones de familias que viven al día con salarios de hambre.
“La actual administración ha asegurado que [con dichos aumentos] hay una recuperación del poder de compra, pero la realidad indica lo contrario”.
Y aunque “las autoridades argumentan que las medidas son dolorosas, pero necesarias para el futuro, (…) hay privilegiados a los que el gasolinazo hace lo que al viento a Juárez”
“Un ejemplo es el fracaso del presupuesto base cero para partir de las necesidades reales de cada ramo y asignar recursos de manera justa y transparente. No obstante, la clase política y la burocracia (…) han echado mano del dinero de forma oscura [y] con criterios opacos para gastar más de lo asignado”
“La clase política se encuentra en la cúspide de esta pirámide de injusticia y avaricia; son éstos los que aderezan el discurso con un poco de demagogia populista y juran que es tiempo de amarrarse el cinturón para demostrar la austeridad urgente de estos tiempos”.
La Arquidiócesis insiste que ante estos desfalcos por parte del Gobierno mexicano es necesario “revisar y ajustar lo necesario, eliminar lo no funcional y aplicar correctamente los recursos donde es urgente”.
Por ejemplo, señalan, estudiar el presupuesto destinado a una “errática Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, (…) acabar con sueldazos de (…) los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (…) reducir el indecente financiamiento público de los partidos políticos [y] acabar con las inmorales prebendas de diputados, senadores y de todos aquéllos para quienes el gasolinazo es sólo noticia”.
Urgen a los mexicanos para que ejerzan los valores de la solidaridad y subsidiariedad para combatir “la corrupción y el enriquecimiento indebido”, ya que sólo han provocado “el hartazgo y el enojo de los ciudadanos de a pie”.
“Los mexicanos no están dispuestos a seguir pagando sacrificios cuando una minoría está apoltronada en la cima del poder, viendo cómo el barco hace agua”, concluyen.
Sin Embargo
Recortes y austeridad – Editorial de la Arquidiócesis de México
El incremento en el precio de los combustibles –con la consecuente espiral inflacionaria que ya comienza a verse reflejada en los insumos de la canasta básica–, y el aumento de impuestos locales y municipales –como el “predialazo escondido” que deben pagar quienes viven en la Ciudad de México– han impactado de manera directa en la economía de millones de familias que viven al día con salarios de hambre.
Si bien las autoridades aseguran que hay una recuperación del poder de compra, la realidad indica lo contrario. En los últimos tres años, los productos básicos subieron cerca del 27 por ciento, y el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó en 11 por ciento. Esto sin duda se agravará por eventuales incrementos a los combustibles y energéticos indispensables en los hogares –gas LP y electricidad– sujetos a las leyes de la oferta y la demanda.
Las autoridades argumentan que las medidas son dolorosas, pero necesarias para el futuro, si no se quieren eliminar programas de desarrollo, servicios públicos de salud y de seguridad social. No obstante, hay privilegiados a los que el gasolinazo hace lo que al viento a Juárez: la clase política se encuentra en la cúspide de esta pirámide de injusticia y avaricia; son éstos los que aderezan el discurso con un poco de demagogia populista y juran que es tiempo de amarrarse el cinturón para demostrar la austeridad urgente de estos tiempos.
La cruda por la ausencia de la embriaguez petrolera nos despierta a la realidad de cómo se vinieron manejando los recursos públicos aprobados presupuesto tras presupuesto. Un ejemplo es el fracaso del presupuesto base cero para partir de las necesidades reales de cada ramo y asignar recursos de manera justa y transparente. No obstante, la clase política y la burocracia instaladas en las estructuras del poder han echado mano del dinero de forma oscura, con criterios opacos para gastar más de lo asignado, generándose el endeudamiento impagable, o bien, por subejercicios sin justificación. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2014 “los recursos no aplicados al 31 de diciembre de ese año, ascendieron a 63,607.2 mdp, lo cual implica el incumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de los recursos”. ¿Dónde queda ese dinero? ¿Quién lo sustrajo? ¿En qué rubros queda perdido? ¿Qué bolsillos engrosaron? ¿A quiénes beneficiaron de manera ilícita? ¿Qué se dejó de pagar?
Los tres poderes de la Unión han anunciado medidas para reducir el gasto y generar ahorro. Todos los mexicanos esperamos que sean acciones efectivas y no sólo paliativos cosméticos sin resultados reales y transparentes. Revisar y ajustar lo necesario, eliminar lo no funcional y aplicar correctamente los recursos donde es urgente. Analizar, por ejemplo, los dineros destinados a una errática Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República que, en todo el gobierno federal, goza de un presupuesto de casi 2 mil mdp para dañar la imagen presidencial con retóricas desafiantes; acabar con sueldazos de casi medio millón de pesos mensuales de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de prestaciones y privilegios; reducir el indecente financiamiento público de los partidos políticos que en el 2017 se repartieron la nada despreciable cantidad de 4 mil millones; acabar con las inmorales prebendas de diputados, senadores y de todos aquéllos para quienes el gasolinazo es sólo noticia en la sección de política de cualquier diario nacional.
Solidaridad y subsidiariedad son los valores urgentes que México requiere ante la corrupción y el enriquecimiento indebido, lo que incrementa el hartazgo y el enojo de los ciudadanos de a pie. Los mexicanos no están dispuestos a seguir pagando sacrificios cuando una minoría está apoltronada en la cima del poder, viendo cómo el barco hace agua. La hipoteca social que se genera es enorme, es necesario contrarrestar la demagogia, perseguir la corrupción y actuar con responsabilidad antes de que el curso de la historia socave lo que tanto trabajo ha costado al pueblo de México: estabilidad y paz social.
Desde la fe
El incremento en el precio de los combustibles –con la consecuente espiral inflacionaria que ya comienza a verse reflejada en los insumos de la canasta básica–, y el aumento de impuestos locales y municipales –como el “predialazo escondido” que deben pagar quienes viven en la Ciudad de México– han impactado de manera directa en la economía de millones de familias que viven al día con salarios de hambre.
Si bien las autoridades aseguran que hay una recuperación del poder de compra, la realidad indica lo contrario. En los últimos tres años, los productos básicos subieron cerca del 27 por ciento, y el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó en 11 por ciento. Esto sin duda se agravará por eventuales incrementos a los combustibles y energéticos indispensables en los hogares –gas LP y electricidad– sujetos a las leyes de la oferta y la demanda.
Las autoridades argumentan que las medidas son dolorosas, pero necesarias para el futuro, si no se quieren eliminar programas de desarrollo, servicios públicos de salud y de seguridad social. No obstante, hay privilegiados a los que el gasolinazo hace lo que al viento a Juárez: la clase política se encuentra en la cúspide de esta pirámide de injusticia y avaricia; son éstos los que aderezan el discurso con un poco de demagogia populista y juran que es tiempo de amarrarse el cinturón para demostrar la austeridad urgente de estos tiempos.
La cruda por la ausencia de la embriaguez petrolera nos despierta a la realidad de cómo se vinieron manejando los recursos públicos aprobados presupuesto tras presupuesto. Un ejemplo es el fracaso del presupuesto base cero para partir de las necesidades reales de cada ramo y asignar recursos de manera justa y transparente. No obstante, la clase política y la burocracia instaladas en las estructuras del poder han echado mano del dinero de forma oscura, con criterios opacos para gastar más de lo asignado, generándose el endeudamiento impagable, o bien, por subejercicios sin justificación. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2014 “los recursos no aplicados al 31 de diciembre de ese año, ascendieron a 63,607.2 mdp, lo cual implica el incumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de los recursos”. ¿Dónde queda ese dinero? ¿Quién lo sustrajo? ¿En qué rubros queda perdido? ¿Qué bolsillos engrosaron? ¿A quiénes beneficiaron de manera ilícita? ¿Qué se dejó de pagar?
Los tres poderes de la Unión han anunciado medidas para reducir el gasto y generar ahorro. Todos los mexicanos esperamos que sean acciones efectivas y no sólo paliativos cosméticos sin resultados reales y transparentes. Revisar y ajustar lo necesario, eliminar lo no funcional y aplicar correctamente los recursos donde es urgente. Analizar, por ejemplo, los dineros destinados a una errática Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República que, en todo el gobierno federal, goza de un presupuesto de casi 2 mil mdp para dañar la imagen presidencial con retóricas desafiantes; acabar con sueldazos de casi medio millón de pesos mensuales de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de prestaciones y privilegios; reducir el indecente financiamiento público de los partidos políticos que en el 2017 se repartieron la nada despreciable cantidad de 4 mil millones; acabar con las inmorales prebendas de diputados, senadores y de todos aquéllos para quienes el gasolinazo es sólo noticia en la sección de política de cualquier diario nacional.
Solidaridad y subsidiariedad son los valores urgentes que México requiere ante la corrupción y el enriquecimiento indebido, lo que incrementa el hartazgo y el enojo de los ciudadanos de a pie. Los mexicanos no están dispuestos a seguir pagando sacrificios cuando una minoría está apoltronada en la cima del poder, viendo cómo el barco hace agua. La hipoteca social que se genera es enorme, es necesario contrarrestar la demagogia, perseguir la corrupción y actuar con responsabilidad antes de que el curso de la historia socave lo que tanto trabajo ha costado al pueblo de México: estabilidad y paz social.
Desde la fe
