La transnacional canadiense Infinito Gold podrá perder sus propiedades en Crucitas de San Carlos, tras perder dos juicios contra ambientalistas en los tribunales de Justicia de Costa Rica.
El Juzgado Primero Civil ordenó el embargo de las propiedades en Crucitas, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua, donde la empresa pretendía construir una mina de oro a cielo abierto.
El proyecto, que contaba con el respaldo del gobierno del ex presidente Oscar Arias, por medio de un decreto que la declaraba de interés público y conveniencia nacional, cayó debido a múltiples ilegalidades, incluyendo el decreto.
Las seis fincas propiedad de la minera Infinito Gold deberán responder por no hacer frente a una deuda de ¢118 millones a los profesores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Nicolás Boeglin y Jorge Arturo Lobo, como parte de las costas de un juicio que perdió la transnacional por supuesta difamación.
La transnacional, propiedad de Ron Maniz, un mecenas canadiense que financia proyectos ambientales, ética periodística y diversas actividades culturales, acusó a los profesores por declaraciones que dieron en el documental El oro de los tontos, y exigía una indemnización de ¢500 millones.
El abogado Jorge Arturo Valverde, representante de los universitarios y ambientalistas, dijo que la notificación del embargo fue enviada este viernes por el Juzgado Primero Civil. La decisión del Juez Froylán Alvarado Zelaya fue dictada el pasado 24 de setiembre a las nueve horas.
Valverde explicó que en el caso de Boeglin la suma adeudada es de ¢55 millones, mientras que la de Lobo es de ¢53 millones, a lo que se suman honorarios, para sumar los ¢118 millones.
Valverde indicó que seguirán con el trámite hasta que las deudas sean canceladas, y en caso de que la transnacional incumpla, los terrenos serán rematados.
Cabe recordar que Infinito Gold demandó al Estado de de Costa Rica por $94 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington por la anulación de los permisos para construir la mina de oro.
Los permisos ilegales para construir la mina fueron anulados por el Tribunal Contencioso Administrativo noviembre del 2010, y la sentencia fue ratificada el 30 de noviembre del 2011 por la Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia.
Según la empresa, desde 1995 había invertido unos 127 millones de dólares en Costa Rica, donde esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los diez años que preveía la concesión.
